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La API apoya una iniciativa internacional que condena la persecución de la prensa en Rusia

El periodista de investigación el periodista de investigación Roman Anin (derecha).

El pasado 9 de abril, el periodista de investigación Roman Anin se encontraba en su apartamento de Moscú cuando un grupo de agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) irrumpió en él y lo puso patas arriba. El FSB es el cuerpo policial heredero de la KGB soviética. Los agentes se incautaron de todos sus dispositivos electrónicos y se llevaron todas sus libretas y documentación variada en papel. Tras el episodio de su casa, lo acompañaron a la redacción de IStories, un medio de periodismo de investigación fundado por este reportero de investigación, y allí los policías procedieron a un nuevo registro y más decomisos.

Esas intervenciones policiales están relacionadas con un caso judicial abierto tras la publicación de una investigación en 2016 del diario Novaya Gazeta, donde entonces trabajaba Anin. La historia narrada vinculaba la propiedad ocultada de un súperyate a Igor Sechin, anterior vicepresidente del Gobierno de Vladimir Putin y ahora presidente del gigante petrolero ruso Rosneft.

Según los abogados de Anin, hasta ahora el reportero aparece en el proceso judicial como un mero testigo, pero es muy probable que en breve pase a ser un imputado más. Resulta difícil imaginar que en otros países europeos el apartamento privado de un periodista pueda ser asaltado por fuerzas de seguridad cuando sólo es un testigo en el marco de unos hechos investigados.

Día Mundial de la libertad de prensa

El caso de acoso e intimidación a un periodista como Roman Anin es uno más entre otros muchos. Desde hace un decenio, el Gobierno de Putin está cercenando cada vez más la libertad de prensa en Rusia. Por esta razón, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por Naciones Unidas desde 1993, la API se une a una iniciativa de periodistas de investigación de todo el mundo que solicita al Gobierno ruso que ponga fin a los ataques contras los medios y reporteros y que suspenda la promulgación de leyes que restringen claramente la libertad de expresión en el país.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la API se posiciona a favor del manifiesto firmado por multitud de medios y periodistas de investigación de todo el mundo en que se pide al Kremlin que deje de acallar a los medios independientes, hechos que privan a los ciudadanos rusos de tener una información veraz y contrastada.

Los medios y periodistas que quieran unirse a esta iniciativa pueden firmar la declaración aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2CxGjPJd-lsFjc4Lq-vxWdFseeFlplGQ-saB6XbQE8M83aQ/viewform

La iniciativa del manifiesto fue ideada, entre otros, por Jelena Cosic (ICIJ), Fredrik Laurin (Sveriges Television), Stephen Grey (Reuters), Drew Sullivan y Paul Radu (OCCRP).

«Cuanto más polarizada está una sociedad, más independencia se le exige al periodismo»

Marianela Balbi, directora ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (YPIS Venezuela).

Por su interés, reproducimos la entrevista con Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), realizada por el periodista Nelson Rivera y publicada en el suplemento literario del diario ‘El Nacional’ de Venezuela.

Directora Ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad –IPYS Venezuela– desde 2012, Marianela Balbi es periodista, autora de los libros El rapto de Odalisca (2009) y Soy Bárbara, soy especial (2014), y una reconocida defensora de la libertad de prensa, por la que ha sido premiada en varias ocasiones.

¿Cómo debemos entender, en nuestro tiempo, la premisa de ‘libertad de expresión’?
Cuando las condiciones democráticas de nuestro tiempo muestran sus hilachas y dejan al descubierto las debilidades de la democracia, vorazmente aprovechadas por los autoritarismos de cualquier factura ideológica, crece la importancia de la libertad de expresión como ese principio fundamental que puede asegurar que todo abuso contra cualquier otra forma de libertad, a la que aspira el ser democrático, sea conocida y se puedan cambiar las cosas. La libertad de expresión se vuelve indefectiblemente una discusión sobre la democracia, sobre la perfectibilidad de la democracia, o sobre la recuperación de la democracia, sea cual sea el escenario que nos toque vivir. Por lo tanto, es estructural a la democracia y esta no puede respirar sin aquella. Ya sea desde su naturaleza individual o colectiva, la libertad de expresión ha dejado de ser un exquisito derecho de los periodistas y de los medios, para convertirse, en lo individual, en la posibilidad garantizada de que como ser humano puedo expresar mi propia perspectiva de las cosas, aunque no le guste a los demás, puedo comunicarme con los otros, puedo debatir y deliberar para reafirmarme como persona y para ejercer plenamente, lo que creo y defiendo como mi forma de vivir. En su dimensión colectiva le otorga al ciudadano, a los grupos sociales, a todos sin exclusión, el derecho a buscar, procurar y recibir información y a estar bien informado. Cuando desde LPYS Venezuela registramos y revelamos que más de 14 millones de venezolanos viven en desiertos informativos, con un solo medio de comunicación, o sin medios de comunicación en su localidad, estamos vulnerando esta dimensión colectiva de la libertad de expresión, por ejemplo. Pero su significación va aún más allá: la libertad de expresión es la herramienta democrática clave para el ejercicio pleno y la exigencia de otros derechos fundamentales, como mi derecho a participar, a protestar, a mi libertad de culto, a mi identidad étnica; es la garantía de poder denunciar cuando se vulneran los derechos políticos y civiles, o cuando un Estado violenta derechos sociales, económicos, culturales. Si la libertad de expresión es vulnerada, es porque hay algo de esa democracia que está fallando. Los riesgos y desafíos para la libertad de expresión son reflejo de las propias debilidades de la democracia, que ya tiene que batirse contra gobiernos autoritarios (y otros en apariencia no tan autoritarios), el populismo, los peligrosos rasgos de la anti política, y las nuevas trampas de las geopolíticas actuales.

Hay quienes entienden que la libertad de expresión es la posibilidad de decir cualquier cosa. En el otro extremo están las leyes que pueden calificar a ciertas palabras o discursos, como delitos de odio. ¿Son admisibles las leyes que castigan supuestos delitos de odio?
Después de transitar por la terrible historia de Ruanda y las llamadas ‘emisoras del odio, de ver cómo los mensajes radiales y de la prensa oficial ocasionaron la muerte del 80 % de la población tutsi; luego de numerosos casos jurídicos de defensa del derecho al honor y a la intimidad, se puede afirmar que la libertad de expresión es uno de los derechos más claramente normados por la jurisprudencia nacional, interamericana y hasta por el sistema universal y la Corte Penal Internacional. Por su puesto que tiene sus límites, y existe un test tripartito que se utiliza para determinar si las restricciones a este derecho son aceptables bajo los parámetros internacionales con los que se comprometen los países. Eso sí, su conclusión debe ser clara y precisa, apegarse a la ley, excepcionales y, sobre todo, que sus objetivos no se impongan por sobre el derecho colectivo, los temas de interés público y los principios democráticos. En nombre de la libertad de expresión no puede haber propaganda de guerra ni apología al odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia; la libertad de expresión no vale para justificar una incitación directa y pública al genocidio; así como tampoco puede alegarse para los mensajes relacionados con la trata de niños, el trabajo infantil, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Estamos viendo con alarma cómo comienza a delinearse un claro patrón en gobiernos autoritarios de forzar el tema de discurso de odio e incitación a la violencia para aprobar leyes que luego utilizan de manera discrecional para perseguir y abrir juicios a disidentes, opositores, periodistas y ciudadanos en general ante cualquier discurso político y opinión, o tema de interés público, especialmente protegidos por la libertad de expresión. Con ese mecanismo, desde 2017 tenemos en Venezuela más de 34 casos de juicios contra ciudadanos y periodistas fundamentados en la normativa contra el odio; y no conforme con eso, la Asamblea Nacional ha incluido en sus 34 leyes a revisar una reforma a la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos para agregar un capítulo de control a las redes sociales y los discursos de odio y violencia que –aseguran– ellas contienen y difunden. Es cierto que la libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para invadir la intimidad ni para difamar. Para esos casos existen tribunales y mecanismos que canalizan y penalizan esas irregularidades. Ahora, estamos viendo que los funcionarios y figuras públicas son extremadamente susceptibles y no terminan de entender que al aceptar un cargo de responsabilidad pública deben desarrollar una mayor tolerancia a las críticas, a que se conozcan esos temas de interés público que sus decisiones acarrean, y que se encuentran sometidos a un escrutinio directo por parte de los ciudadanos. El control democrático de la gestión pública se hace también a través de la opinión pública, del periodismo, y eso fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Allí el Estado tiene que ser neutral, no ejercer su posición de poder y demostrar pluralismo, apertura y tolerancia, aún cuando no le gusten las informaciones desfavorables, aquellas que le ofenden, perturban o inquietan.

El viejo censor de lápiz rojo que deambulaba por las redacciones ha dado paso a nuevas formas de censura y de limitaciones a la libertad de expresión

Sostienen los expertos que la libertad de expresión está cada día más amenazada. ¿Lo percibe usted de esa manera? Si es así, ¿qué factores lo explican?
Cuando leemos en los reportes internacionales que en el 2020 los gobiernos represivos encarcelaron al menos a 250 periodistas en todo el mundo, y que este número crece año tras año; que Jamal Khashoggi entró a la Embajada de Arabia Saudita en Estambul y fue descuartizado y desaparecido por orden del príncipe heredero saudita; que los 50 periodistas asesinados no estaban trabajando en zonas de guerra; que Zhang Zhan, la periodista china independiente que informó desde Wuhan el brote inicial de coronavirus fue condenada a 4 años de cárcel; cuando en Venezuela registramos 374 casos, que acumularon 636 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales, no podemos sino concluir que la libertad de expresión está cada día más amenazada. Mientras la impunidad de los crímenes y agresiones contra periodistas sea de 98%, seguirán ocurriendo, pues no tiene ningún costo agredir y matar a un periodista. Pero a ello debemos agregar algo más: las amenazas se han extendido, se han sofisticado y se trasvasan continuamente entre el ambiente tradicional y el digital. El viejo censor de lápiz rojo que deambulaba por las redacciones ha dado paso a nuevas formas de censura y de limitaciones a la libertad de expresión que, en América Latina, por ejemplo, se transforma en bufete de abogados solicitando remoción de contenidos en los portales informativos a nombre de sus clientes; o abriendo causas contra periodistas de investigación con multas confiscatorias, castigos desproporcionados y persecución transfronteriza. Las nuevas formas de producción y consumo de información, a través de plataformas digitales y redes sociales, ha hecho surgir nuevos y poderosos actores –como las grandes corporaciones de contenidos en línea– que rediseñan las funciones como intermediarios y asumen unilateralmente controles de contenidos que antes serían inconcebibles. Ahora, además de las clásicas amenazas como ataques, juicios, cierres, censura, también debemos monitorear las sofisticadas maneras de activar las maquinarias de desinformación, la vigilancia y el seguimiento de los ciudadanos con el uso ilegal de datos personales, las mediciones para demostrar los bloqueos y limitaciones de acceso a internet, los nuevos ataques a los sitios web, entre tantos otros.

En Venezuela y en América Latina, la defensa activa de las libertades democráticas, ha conducido a muchos periodistas a tomar posiciones que, con frecuencia, tienen un carácter político. ¿Son legítimas esas conductas? ¿Afectan al ejercicio del periodismo?
Cuanto más polarizada está una sociedad, más independencia se le exige al periodismo. El ejercicio del periodismo tiene unas funciones claras y unos principios fundamentales que son parte de su propia naturaleza, y la mejor manera de reafirmarlas es volviendo a la cartilla que nos enseñan maestros como Bill Kovach y Tom Rosenstiel en Los principios del periodismo, o como Javier Darío Restrepo. No veo a los médicos poniendo en duda el juramento hipocrático, entonces por qué debo dudar de principios como la búsqueda de la verdad, la lealtad a la audiencia o al lector, la verificación de los hechos, la independencia ante cualquier factor de poder. Por qué dejar de creer que el periodismo bien hecho es la mejor manera de romper la polarización. A los periodistas que asumen posiciones políticas por encima de su compromiso con el oficio, les debe resultar muy difícil retomar las exigencias de esas cartillas y responder sin rubor las preguntas con las que nos increpa Javier Darío Restrepo, por ejemplo: ¿busca la verdad completa para que constituya un sólido elemento de juicio en el momento de decidir? ¿Su verdad es útil para la sociedad?

¿La proliferación de periodistas actuando en las redes sociales acaso no contribuye al rompimiento de las fronteras entre verdad y falsedad, entre realidades y rumores?
De cada uno depende convertir las redes sociales en una nueva toxina tecnológica que invade el espacio público de la comunicación, o en el recurso clave para democratizar espacios inimaginables en una sociedad ávida de voces diversas y plurales. Las redes sociales tienen el poder de confiscar el diálogo, es verdad. Sobre todo, tiene en sus manos la capacidad de banalizar el debate, el intercambio de puntos de vista. Pero también es cierto que las redes sociales solo son espejos de nuestras realidades, de nuestras pasiones. No las crean, las reflejan de manera amplificada. Engullen la complejidad, porque le rehuimos a la complejidad, a los grises, y queremos seguir en el gueto de nuestras creencias. Somos nosotros quienes confundimos la línea gris que separa la libertad de expresión con la acción premeditada de la desinformación que se acomoda muy bien en las redes sociales, por ejemplo; entre verdad y mentira, entre periodismo y rumor. Las herramientas las tenemos: más periodismo. Nuestro oficio ofrece los procedimientos reales de información, metodologías y prácticas para trabajar con la verdad, y todos somos testigos de la naturaleza cada vez más sinuosa de ese término, al punto de que preferimos hablar de realidad, de hechos, de datos, para protegernos del uso malsano y resbaladizo de la verdad, y las muchas maneras en que se está utilizando para manipular elecciones, justificar ataques autoritarios y profundizar una crisis de confianza entre la sociedad y los medios en estos tiempos de post verdad.

Marianela Balbi.

En una década, las redes sociales han adquirido una presencia pública dominante e ineludible. ¿Cómo debe ser la formación de los periodistas de hoy?
Estamos de acuerdo en que vivimos bajo el dictado de nuevas realidades, y que de acuerdo con eso ningún conocimiento es capaz de contener toda la verdad, que no se puede conocer esa totalidad que significa verdad, porque solo la conocemos a través de nuestros sentidos, nuestras ideas y nuestra razón. Por eso, insisto, el periodismo tiene una manera de blindar la verdad para que deje de estar en el terreno del error, la manipulación –desinformación– o el rumor: recabar, contar y revelar la mayor pluralidad de testimonios posibles, exigirnos una diversidad de fuentes, acercarnos sin prejuicios a la mayor cantidad de puntos de vista, y buscar a través de los hechos el mayor número de certezas (certeza es aquello de lo que no podemos dudar), aferrarnos a un conocimiento demostrado, y entonces sustituir la verdad por algo menos arrogante y conformarnos con acercarnos a la realidad a través de los hechos. Javier Darío Restrepo recuerda que las verdades de los periodistas son verdades humildes de los hechos de cada día, fidelidad a los hechos. Son provisionales, nunca últimas palabras, más bien penúltimas; palabras que evolucionan, cambian, como los hechos, que también evolucionan.

¿Qué dicen las cifras sobre la persecución a los periodistas? ¿Aumentan las leyes, los juicios, las detenciones, los asesinatos? ¿Podría hacernos un resumen al respecto?
Ya sumamos 20 años de una realidad restrictiva de la libertad de expresión en Venezuela y durante este tiempo hemos acumulado todo el muestrario de violaciones, amenazas y ataques contra la prensa, los periodistas, los medios, y todo aquel que ejerza su derecho a la libertad de expresión. En Venezuela estas acciones, emprendidas desde el poder, han sido recurrentes y cada vez más intensas, y se traducen en la criminalización de medios de comunicación y de periodistas: presiones, amenazas y censura por parte de los poderes públicos; la compra de los medios más masivos por testaferros cercanos al chavismo; la asfixia y el cierre de televisiones, periódicos y radios, en especial en el interior del país; apagón de señales de televisoras extranjeras, expulsión de corresponsales, limitaciones adrede en los servicios de conexión a Internet y televisión satelital o por cable. Los efectos de esta persecución sin tregua se sienten en la existencia en Venezuela de desiertos de noticias que condenan al blackout de información local y nacional a esos millones de venezolanos que, según nuestro estudio Atlas del Silencio, realizado en 2020, viven en zonas donde no hay ningún medio local, o solo a un medio de comunicación. Esto además significa la merma de pluralidad en los medios públicos y en la falta de independencia en los grandes medios tradicionales de Venezuela, además del acoso a los periodistas y medios independientes que buscan romper la censura e investigar y cubrir temas periodísticos vetados por el poder. Eso ha conducido a que en los medios falten las voces y perspectivas diversas, tan necesarias para enriquecer la deliberación pública en cualquier sociedad democrática. En estas dos décadas, en Venezuela se diseñó un modelo de censura que se valió de la institucionalidad para prácticamente abolir la libertad de expresión inventando un absurdo marco legal, aplicando medidas administrativas de dudosa legitimidad e implementando políticas públicas cuyo único fin es alcanzar el control político e imponer la llamada “hegemonía comunicacional”. Y la principal estrategia usada para ello fue incrementar el número de medios partidarios del gobierno, de medios militantes, al tiempo que se ponían obstáculos y restricciones para la actuación de medios críticos, como ya dije antes. De ese modo, en estos veinte años de sostenida y metódica construcción de un modelo de censura, Venezuela posee un espacio público que sufre los efectos de maquinarias mediáticas de propaganda y desinformación y ello ha dejado a la gente sin referentes, en la medida en que duda de la veracidad de la información que difunde esta maquinaria y tienen serias dificultades para acceder a información confiable e independiente. La censura en Venezuela, además, ha seguido procedimientos desarrollados en otros países cuyos sistemas políticos tienen muy poco de democracia, o son democracias fallidas: me refiero a Cuba, a Rusia y a China. En efecto, Cuba enseñó al régimen venezolano a aplicar técnicas de represión de periodistas y medios de bajo impacto; China, concibió todo el sistema de uso de datos personales para el control político y social a través del Carnet de la Patria; y Rusia incluyó al estado venezolano en su aceitado aparato de desinformación. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, y podemos notar la clarísima simultaneidad del deterioro de lo que alguna vez fue una democracia y el déficit de libertad de expresión que vivimos los venezolanos hoy en día.

En 20 años hemos acumulado todo el muestrario de violaciones, amenazas y ataques contra la prensa, los periodistas, los medios y todo aquel que ejerza su derecho a la libertad de expresión en Venezuela

¿Cree usted que el universo de los periodistas de América Latina tiene conciencia de los peligros que acechan a su profesión? ¿En qué consiste la tarea de IPYS? ¿Denunciar o también aportar otra visión del ejercicio de la profesión en nuestro tiempo?
IPYS Venezuela, en casi 20 años de existencia, ha trabajado con corresponsales en los 23 estados, y con cientos de periodistas de Caracas y de las ciudades del interior que asisten a nuestros cursos de capacitación y formación profesional en periodismo de investigación, periodismo de datos, acceso a la información pública, periodismo de excelencia, nuevas narrativas, innovación, seguridad física y digital, entre tantos otros. Ellos no solo tienen plena conciencia de que hacen periodismo en las peores condiciones posibles, remontando cada día los desafíos de la precariedad de servicios, falta de combustible para hacer coberturas, amenazas, ataques de los poderes locales [si desean oír sus testimonios, escuchen la serie de podcast Periodismo al borde en www. ipysvenezuela.org], sino que encuentran espacios para seguir formándose, creciendo, innovando, creando alianzas para protegerse y aligerar la carga. Muy pocos han abandonado el oficio y están allí a la espera de cuando sea el momento de reconstruir ese tejido comunicacional desde el periodismo local, novedoso, de calidad e independiente. Como directora ejecutiva estoy muy consciente de que a esta etapa –donde al igual que otras oenegés nos tocó la labor de ser monitores, de registrar los excesos de esa “hegemonía comunicacional”, de realizar denuncias en nuestra labor de incidencia– le debe seguir el momento y el trabajo de empujar la construcción de una comunicación democrática sobre las bases de la libertad, el pluralismo, la independencia, de servicio público y de convivencia, a fin de alcanzar el más elevado nivel de ejercicio pleno de la libertad de expresión en una nueva realidad política y social en Venezuela. El conjunto de políticas públicas que guíe el proceso de comunicación para la democracia debe impulsar la producción de nuevos medios, la diversidad, la pluralidad y excelencia. Sobre todo, debe guiarse por los estándares internacionales de comunicación incluyente, que abarca la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información pública.

¿Hacia dónde va el periodismo? ¿Está bajo riesgo? ¿Podría continuar diluyéndose por la acción de las redes sociales? Si lo comparamos con hace dos décadas, ¿hoy es más sólido o ha sufrido alguna forma de debilitamiento?
Albert Camus, en su manifiesto del año 1939, decía que son cuatro los medios y condiciones para que un periodista independiente no pierda su libertad “ante la guerra y sus servidumbres”: lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Decía que la libertad de prensa “es solo una cara más de la libertad tout court”, y la “obstinación en defenderla” obedece a que, sin ella, “no habrá forma de ganar realmente la guerra”. Quizás sin tenerlo muy consciente, los periodistas en Venezuela han seguido la lección de Camus. Los que han sido libres e independientes inventando nuevas formas de seguir haciendo periodismo, justo cuando sus medios cambiaron de dueño, los despidieron, los cerraron, los silenciaron, los amenazaron, se fueron al exilio, han escrito una época de mucho brillo para el periodismo venezolano. Han ganado premios internacionales de mucha valía, se han insertado en redes transnacionales de reporteros e investigadores, han creado sus propios emprendimientos de información, han estrechado alianzas con colegas de la región y del mundo. Ellos son espejo de las nuevas generación que sigue, obstinadamente, estudiando periodismo en las escuelas de Comunicación Social. Entonces, algo sigue pasando y mientras eso ocurra, se afrontarán los riesgos. “¿Y después de la guerra?, acaba preguntándose Camus. “Hará falta probar con un método del todo nuevo que sería la justicia y la generosidad. Pero esto solo se expresa en los corazones ya libres y los espíritus todavía clarividentes. Formar esos corazones y esas almas, o mejor despertarlos, será la tarea a la vez modesta y ambiciosa que tocará al hombre independiente. La historia tendrá o no en cuenta estos esfuerzos. Pero habrá que hacerlos”, dice Albert Camus en su manifiesto de hace 75 años.

El ejercicio de la actividad periodística al amparo de la Ley de Transparencia

Manuel Medina, ex director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Manuel Medina

Prácticamente desde su origen, las más significativas leyes de acceso a la información gubernamental han estado estrechamente vinculadas con el ejercicio del periodismo. Ya la ley estadounidense de 1966 fue en buena medida diseñada por periodistas y para periodistas, con el particular objetivo de que éstos accediesen a la información para posteriormente trasladarla a la opinión pública. Es asimismo indiscutible que la ley federal alemana (2005) difícilmente hubiese visto la luz sin el impulso y acicate de las potentes asociaciones de prensa germanas. Y, en fin, como afirmara categóricamente el periodista de la BBC Jeremy Hayes en el informe realizado sobre la Ley británica (2000) por cuenta del Instituto Reuters para el estudio del periodismo, su entrada en vigor había «cambiado el periodismo en Gran Bretaña».

No es menos cierto, sin embargo, que la operatividad real de esta legislación ha estado con frecuencia por debajo de las expectativas iniciales, terminando por generar cierta frustración entre los profesionales de los medios. Una de las principales razones de esta decepción es que dicha normativa contempla supuestos muy genéricos o amplios que permiten justificar la denegación de la información, de tal suerte que las administraciones pueden con suma facilidad escudarse en tales previsiones para desestimar las solicitudes. Como atestigua el periodista de The New York Times y premio Pulitzer David T. Barstow, un usuario asiduo de la ley estadounidense, la apelación a la misma conduce a menudo a meses de retrasos y obstrucción por parte de la Agencia interpelada, aun siendo evidente que lo solicitado es público y que un juez terminará ordenando que se proporcione la información pretendida.

Más allá de eventuales reformas normativas, parece evidente que esa tendencia que parece consustancial a las diferentes administraciones sólo puede ser eficazmente neutralizada si hay voluntad política para hacerlo. Así lo refleja la experiencia en EEUU. A partir del 1993, el Gobierno Clinton impuso un cambio de acento en la práctica seguida hasta entonces, que se proyectó especialmente en el Departamento de Justicia, desde el que Janet Reno -entre otras medidas- acordó desbloquear 500 asuntos pendientes, facilitando la información sin necesidad de entrar en batallas judiciales; y en 2009, Obama revirtió la orden de John Ashcroft –fiscal general bajo la presidencia de George Bush- en la que instaba a las autoridades administrativas a ser creativas en la interpretación expansiva de las causas de denegación de las solicitudes.

Cuando es un periodista quien recurre a la Ley de Transparencia debería ser de más estricta aplicación las causas que permiten denegar el acceso

Pero esta actitud obstruccionista -que condena a los solicitantes a un largo y costoso peregrinar en sede judicial- resulta tanto menos aceptable en sistemas de transparencia, como el nuestro, basados en la existencia de autoridades independientes de control llamadas a resolver en primera instancia las controversias. Pues parece evidente que, salvo muy contados supuestos, las decisiones acordadas por estas autoridades, no sólo independientes sino también altamente especializadas, serán técnicamente correctas.

Y aún resulta más lacerante la tendencia al obstruccionismo si, a ese sistema institucional, se añade la constatación de que, cuando es un periodista quien recurre a la Ley de Transparencia, se está en puridad ejercitando el derecho fundamental a la libertad de información consagrado en la Constitución [art. 20.1.d)], deviniendo por ende de más estricta aplicación las causas que permiten denegar el acceso. Así se desprende inequívocamente de la doctrina asumida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde la Sentencia Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría, de 8 de noviembre de 2016, viene reiteradamente afirmando que la negativa a proporcionar información a un profesional de los medios por parte de los poderes públicos puede constituir una interferencia lesiva del derecho a recibir y comunicar información garantizado en el artículo 10 del Convenio Europeo. Y ha de recordarse que, según sostiene el Tribunal Constitucional en relación con el mandato hermenéutico del artículo 10.2 CE, nuestros derechos fundamentales han de interpretarse a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

Hechos frente a discursos

Así, pues, dados los términos incontrovertibles de la referida doctrina de este Tribunal europeo, y a la vista de la constante interpretación del artículo 10.2 CE realizada por nuestro Tribunal Constitucional, es de prever que la totalidad de las autoridades independientes terminará asumiendo explícitamente que un periodista, al ejercitar el derecho de acceso consagrado en la ley de transparencia, está actuando bajo el amparo del derecho fundamental a la libertad de información; una posición que mantiene desde hace años el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (así, por ejemplo, en las Resoluciones 10/2017, 330/2019 y 382/2020).

Por consiguiente, en el marco jurídico descrito, debería ser excepcional impugnar ante los tribunales las decisiones que conceden el acceso, y muy especialmente cuando se trate de solitudes formuladas por periodistas. A este respecto, es de justicia reconocer que, al menos durante el tiempo que lo dirigí, tanto el Gobierno presidido por Susana Díaz como el presidido por Juan M. Moreno renunciaron a recurrir las resoluciones del Consejo que les imponían dar información. Esta actitud dice más del carácter transparente de un Ejecutivo que cuantos brillantes discursos puedan articularse pontificando sobre las bondades de la transparencia y el gobierno abierto. Frente al “flatus vocis y gesticulación”, la realidad inesquivable de los hechos.

Por el contrario, ante la práctica de un Gobierno que sistemáticamente recurre ante los tribunales las decisiones de una autoridad independiente –con la inconfesada pero evidente finalidad de dilatar la apertura de una información que necesariamente ha de dar-, resulta difícil resistirse a la tentación de recordar las palabras que escribiera James Madison hace ya casi dos siglos: «Un gobierno popular sin información popular, o carente de los medios para adquirirla, no es sino el prólogo a una farsa o a una tragedia; o quizás a ambas» (Carta a W. T. Barry, 1822).


Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, fue director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía entre 2016 y 2021.

El plazo para presentar trabajos a los I Premios de Investigación de la API se amplía un mes

La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) ha ampliado en un mes el plazo para la presentación de trabajos a la primera edición de sus premios, con los que se reconocerá a los mejores proyectos.

Concebidos como «el balón de oro de los periodistas», en el que son los propios profesionales de la información los que valoran el esfuerzo de sus compañeros, los trabajos podrán presentarse hasta el próximo día 30 de abril a través del formulario habilitado en la página Web de API.

API es la Asociación de Periodistas de Investigación, presidida por el veterano maestro de periodistas Antonio Rubio, integrada en la FAPE (la Federación de Asociaciones de Periodistas de España), y que cuenta con más de un centenar de socios.

El galardón, que aspira a ser referencia de los premios periodísticos del país, se divide en tres categorías: la general de Periodismo de Investigación, y otras dos con las que se quiere reconocer dos disciplinas a las que API tiene mucha consideración: el Periodismo de datos y el Periodismo local.

El premio cuenta con el apoyo de Google, dentro de las distintas iniciativas de apoyo a los medios de comunicación que el buscador viene realizando en los últimos tiempos, como las ayudas específicas a proyectos periodísticos para la cobertura de la pandemia del covid.

Tres categorías: general, local y datos

Premio API, Premio API Local y Premio API de datos son las tres categorías de esta primera convocatoria, cuyas bases se pueden consultar en la web de la asociación, que aceptará trabajos publicados en un medio en el año natural 2020 y que tengan relación con España.

Puede participar en los premios cualquier persona física (en su representación o en la de un equipo) mayor de 18 años que haya publicado un trabajo periodístico de investigación en español y relacionado con España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos.

Las candidaturas deberán ser presentadas a través de este enlace por un/a periodista (aunque otros profesionales pueden ganar el premio), en cualquier soporte (web, impreso, radio, audiovisual, otros) y adjuntarán una carta de motivación en la que exponer el porqué de que su trabajo sea merecedor del I Premio API.

La valoración de las propuestas se realizará en tres fases, comenzando con un examen de idoneidad, eso es, la evaluación técnica de que se cumplen las bases. A continuación, en base a los criterios prefijados, los asociados de API valorarán y seleccionarán los proyectos que llegan a la final.

Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo día 30 de abril a través del formulario habilitado en la web de la API

Por último, un jurado formado por miembros de la Junta de API, asociados y especialistas (académicos, periodistas de reconocido prestigio, etc) ajenos a la asociación, decidirán los ganadores del premio.

Para evaluar y tomar su decisión, seguirán criterios como la calidad del trabajo de investigación, hechos descubiertos y su trascendencia, la calidad narrativa, la amplitud de fuentes, las dificultades y riesgos del periodista y la honestidad e independencia del trabajo. Los trabajos ganadores recibirán una estatuilla diseñada por el escultor Utande para API. 

El Premio se fallará en el verano de 2021 y se hará público con anterioridad a la celebración de la gala de entrega, que será adaptada a la situación sanitaria.

Alfombras del poder

API es la primera Asociación de Periodistas de Investigación de España, reconocida como tal por FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Está compuesta por profesionales de diferentes medios e ideologías con una necesidad común: poner en práctica un periodismo investigativo de servicio público que sirva para levantar las alfombras del poder y remueva conciencias.

Para ello, fomentan y visibilizan las técnicas del periodismo de investigación con el objetivo de promover los más altos estándares profesionales y deontológicos en el ejercicio de nuestra profesión. Además, trabajan en estrechar los lazos que unen el periodismo y las nuevas tecnologías, para aplicarlas a sus investigaciones, dentro de un trabajo que también sirve para difundir sus aportaciones y que convierte a API en un punto de encuentro para compartir conocimientos, fuentes, ideas, consejos y proyectos.

Journalismfund lanza una nueva convocatoria de ayudas para apoyar el periodismo de investigación independiente

API Internacional

La organización sin ánimo de lucro Journalismfund.eu sigue apostando por proyectos de investigación transnacionales a través de una nueva edición del programa European Cross-Borders. Este plan, que funciona desde 2009, apoya a periodistas que quieran desarrollar investigaciones transnacionales centradas en temas europeos.

Las ayudas están dirigidas a equipos de periodistas que pertenecen, al menos, a dos países miembros del Consejo de Europa, o sea, incluso para profesionales que no viven en la Unión Europea. Cuando sea relevante para el reportaje, también se pueden aceptar miembros del equipo de otros lugares.

Para la nueva edición de su programa de becas europeas, Journalismfund.eu sigue contando con el compromiso de la Fundación Adessium y de la Open Society Foundations, que financian el programa desde su primer lanzamiento. Actualmente, el programa cuenta con el apoyo de tres nuevos socios: la Fundación Stavros Niarchos (Grecia), la Fundación Rey Balduino (Bélgica) y Fritt Ord (Noruega).

Journalismfund.eu actúa como intermediario entre los donantes y los periodistas. Todos los acuerdos estipulados salvaguardan la independencia editorial y los donantes no pueden formar parte de los jurados que conceden las subvenciones. El primer plazo de solicitud para la presentación de proyectos acaba el próximo 11 de marzo a las 12 horas.

Investigar la esclavitud moderna

Como complemento a este programa, Journalismfund.eu ha lanzado otra beca centrada en investigaciones periodísticas independientes sobre la explotación en Europa de víctimas de la trata de seres humanos y el trabajo forzoso procedentes de Asia.

El programa se dirige a equipos compuestos por, al menos, dos periodistas profesionales que viven y trabajan en Europa y/o Asia. También pueden incorporarse miembros de otros continentes, siempre que la investigación sea sobre la explotación de las víctimas asiáticas del trabajo forzoso en Europa.

Los solicitantes deben ser periodistas profesionales (prensa escrita o audiovisual). En este sentido, son imprescindibles las referencias personales y/o de trabajos anteriores. Sólo pueden solicitar becas las personas físicas.

El proyecto debe ser publicado por, al menos, dos medios de comunicación profesionales en al menos dos países diferentes. Se requiere, además, una carta de referencia de los medios de comunicación involucrados en el proyecto.

Ayuda de un mentor

La subvención está pensada para cubrir los gastos de trabajo (visas, alojamientos, traductores, solicitudes FOIA…) correspondientes a la investigación, documentación y exposición de los casos de trabajos forzosos, tanto para periodistas independientes como para periodistas en plantilla. Además, los equipos de periodistas pueden solicitar un mentor para que les ayude en el enfoque de la investigación o en el desarrollo de competencias específicas.

El primer plazo de solicitud es el 18 de marzo de 2021 a las 12 horas (mediodía, hora de Bruselas). Para este programa están previstas cuatro rondas de solicitudes con un intervalo medio de seis meses: los siguientes plazos de solicitud serán en septiembre de 2021, marzo de 2022 y septiembre de 2022.

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