AdminapiNIQ2 – Asociación de Periodistas de Investigación

Ya se conocen las investigaciones ganadoras en los V Premios API

Una investigación sobre la cara oculta del control migratorio español, galardonada con el premio de la Asociación de Periodistas de Investigación en la Categoría General

El especial ‘Veneno en el grifo’ y el documental ‘Jornaleros: el mal patrón’, logran el premio API en las categorías de Periodismo de Datos y Periodismo Local

Madrid, 9 de octubre de 2025.- Una investigación de la Fundación porCausa sobre la cara oculta del control migratorio español, publicada en El Confidencial; un especial sobre las zonas de España afectadas por la contaminación por nitratos en el agua elaborado por el equipo de Datadista y difundida en elDiario.es; y un documental sobre un caso de explotación y desaparición de jornaleros migrantes en la finca de un empresario en Villacarrillo (Jaén), producido por EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, han obtenido el premio de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) al mejor Periodismo de Investigación en las categorías General, Datos y Local, respectivamente.

El jurado de la V edición de los Premios API, compuesto por el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz; el multigalardonado periodista de investigación y exvicepresidente de la API Tomás Ocaña Urwitz; el catedrático de la Universidad de Málaga Juan Francisco Gutiérrez Lozano, director además del Departamento de Periodismo de la UMA; la periodista de La Marea/Climática Ana Ordaz; y el periodista de Diario Sur Juan Cano, se reunió este miércoles para escoger a los premiados.

El jurado ha concedido el primer premio en la Categoría General al trabajo ‘Lo que la FIIAPP esconde: La ‘cara B’ del control migratorio español‘, una investigación de la Fundación porCausa, liderada por los periodistas Isabella Carril-Zerpa y José Bautista, y publicada en el diario El Confidencial. El trabajo premiado destapa cómo la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, renombrada ‘FIAP’ tras la publicación de este trabajo), dependiente del Gobierno español, ha canalizado proyectos de cooperación internacional que, en la práctica, han servido para externalizar el control migratorio hacia países africanos, con consecuencias directas sobre los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.

La investigación ha sido escogida por el jurado por su combinación de rigor documental, impacto social, metodologías múltiples, riesgo asumido por los periodistas (acceso a documentos confidenciales, fuentes sensibles), y por su capacidad para generar debate público sobre políticas de Estado que permanecen en la oscuridad, en un ejemplo del mejor periodismo, que no solo informa, sino que fiscaliza, denuncia y obliga a la rendición de cuentas.

El jurado ha destacado la amplitud documental y la metodología empleada en la investigación, basada en el análisis de más de mil contratos públicos, documentos internos de la Unión Europea y más de cincuenta entrevistas realizadas en ocho países.

La investigación combina periodismo de datos, reporterismo sobre el terreno y técnicas OSINT, lo que le confiere un valor diferencial en el tratamiento de temas de seguridad, migración y cooperación internacional. Pese a las dificultades de acceso a la información y a las negativas institucionales, el equipo logró reconstruir una red compleja de programas, empresas y gobiernos implicados en la gestión fronteriza española fuera del territorio nacional.

El reportaje revela cómo fondos públicos europeos y españoles se han destinado a equipamientos y proyectos que, en algunos casos, terminaron en manos de fuerzas represivas o incluso de grupos yihadistas, desvelando las contradicciones entre el discurso oficial de cooperación y la práctica del control migratorio. El jurado ha subrayado la dificultad y valor de este trabajo “representa la esencia del periodismo de investigación: un periodismo incómodo, documentado y comprometido con el interés público”. Asimismo, se ha valorado especialmente su enfoque humano, que pone rostro a las consecuencias de estas políticas a través de testimonios de migrantes, agentes y cooperantes, logrando que una cuestión técnica y opaca se convierta en un relato profundamente humano y accesible.

Premio API Categoría Datos

En la categoría de Periodismo de Datos, el jurado ha resuelto premiar el especial “Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable”, elaborado por el equipo de Datadista, que recopila y examina más de cinco millones de registros oficiales sobre la calidad del agua en España, procedentes del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) y de las Confederaciones Hidrográficas. Gracias a un exhaustivo trabajo de depuración y visualización de datos, el equipo de Datadista ha logrado identificar las zonas más afectadas por la contaminación por nitratos y revelar que más de un millón de personas viven en áreas donde el agua del grifo no es apta para el consumo humano.

El jurado ha valorado el impacto que este tema tiene sobre la población, la exhaustiva y pormenorizada labor de documentación, la máxima calidad de las fuentes y los elementos innovadores en la narración y visualización de la historia. Los autores logran traducir información técnica en conocimiento accesible para la ciudadanía mediante mapas interactivos, gráficos y narrativas multimedia que permiten explorar el alcance del problema a escala nacional. De esta forma, consiguen convertir un problema ambiental y sanitario de enorme complejidad en una investigación de servicio público basada en el análisis masivo de datos y la evidencia científica.

Asimismo, se ha valorado el enfoque humano y territorial del trabajo, que combina el análisis de grandes bases de datos con reportajes sobre el terreno en pueblos de toda España, visibilizando las consecuencias cotidianas de la contaminación del agua en la vida de miles de personas.

Premio API Categoría Local

Finalmente, en la categoría de Periodismo Local, el jurado ha premiado el documental ‘Jornaleros: El mal patrón‘, un trabajo de la productora EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, que reconstruye la desaparición de dos jornaleros africanos durante la campaña de la aceituna en Villacarrillo (Jaén), lo que provocó la apertura de juicio a uno de los empresarios de la localidad, sin que finalmente fuera condenado.

El trabajo ha sido premiado por el jurado por abordar, a partir de unos hechos que no han sido suficientemente esclarecidos, un tema universal, de gran repercusión e impacto social. Los periodistas Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz Lucena, director y subdirectora de la obra, respectivamente, aportan entrevistas, material de archivo y testimonios inéditos, algunos de los cuales han sido considerados por el jurado de gran valor. Este documental, presentado en el Festival de Málaga y que recibió ya el premio Mirada Andaluza en el festival Alcances de Cádiz, invita a la reflexión en torno a la precariedad y vulnerabilidad de los inmigrantes que trabajan en el campo.

Los premios de la API tienen por objetivo poner en valor el magnífico esfuerzo de los periodistas de investigación y de sus trabajos a nivel estatal, local y de datos, siendo piedra fundamental de los valores democráticos.

Esta V edición y la gala de entrega de los galardones es posible gracias a la Universidad de Málaga –y en concreto al Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación–, Renfe, Minor Hotels y NSUE Studio.

Os esperamos a todos y todas en la gran fiesta anual del periodismo de investigación que en esta edición se celebra en la ciudad de Málaga.

Contacto en la API para más información: info@investigacionapi.com

La Asociación de Periodistas de Investigación expresa su preocupación por el nuevo Proyecto de Ley de Información Clasificada

Madrid, 24 de julio de 2025. La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) desea manifestar su preocupación ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Si bien valoramos que esta nueva norma suponga una actualización de la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una legislación heredada del franquismo—, consideramos que algunos de sus planteamientos pueden suponer un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de «materia clasificada».

Recordamos que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como «secreta». Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica.

Nos preocupa, además, la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones. Este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada. La libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional.

Clasificación bajo control del Ejecutivo

Otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada. Según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles —alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías.

Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional. La posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La API reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa. Es imprescindible que se garantice la protección del periodismo de investigación como herramienta esencial de control democrático, que no se penalice el trabajo de quienes informan con rigor y responsabilidad, y que la nueva legislación respete plenamente los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Lucía Muñoz Lucena, la cineasta que cambia realidades

Las historias de migrantes acusados de sedición, familias de trabajadores malagueños que se quedan en paro por la especulación urbanística o amigos de personas desaparecidas sospechosamente, se transformaron -sin saberlo aún los protagonistas- el día en el que la periodista cordobesa Lucía Muñoz Lucena conoció lo sucedido en cada uno de los tres casos.

Muñoz Lucena (miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación), junto a Sergio Rodrigo, quienes conforman las productoras de documentales EntreFronteras y AliquinDOC, han realizado tres trabajos que demuestran el valor único del buen periodismo de investigación. En 2023, fueron los creadores y subdirectores de la docuserie ‘Operación Brooklyn’, que se puede ver en RTVE Play, donde se narra cómo un avión que volaba de Casablanca a Estambul realizó un aterrizaje de emergencia por una supuesta enfermedad y, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, una veintena de ciudadanos marroquíes salieron a la carrera de la aeronave. Detenidos y encarcelados en situación de prisión preventiva, acusados de, entre otros delitos, sedición, el caso se cerró finalmente con un acuerdo judicial que deja en entredicho la investigación inicial y los errores cometidos.

En 2024, Muñoz Lucena y Rodrigo presentaron el documental ‘Tívoli’, en el que desgranaban la historia de los años de lucha de los antiguos trabajadores de este histórico parque de atracciones en la Costa del Sol. Su proyecto, emitido en la radiotelevisión pública andaluza, es el segundo contenido más visto de la web de Canal Sur. Recientemente, se ha anunciado que, finalmente, Tívoli volverá a abrir sus puertas.

El viernes, 21 marzo de 2025, EntreFronteras presenta en el Festival de Málaga ‘Jornaleros: El mal patrón’, un ‘true crime’ en el que se cuentan las desapariciones inquietantes -con varios años de diferencia- de dos jornaleros de origen africano acaecidas un pueblo de Jaén. Ambos casos tendrían un nexo en común: el patrón de la finca donde trabajaban. La misma semana en la que el documental se presenta en el festival malagueño, la Guardia Civil ha informado de que se ha detenido al patrón.

Ahora, la productora EntreFronteras tiene un nuevo y ambicioso proyecto: coincidiendo con el 50 aniversario de la Marcha Verde, que provocó que la provincia española del Sáhara Occidental pasara a ser territorio ocupado por el Reino de Marruecos, los cineastas han abierto una campaña de crowdfunding para poder realizar el documental ‘Aminetu’. La figura de la activista Aminetu Haidar, cuya huelga de hambre supuso la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos, es clave para entender la zigzagueante relación de los distintos gobiernos de nuestro país con los Derechos Humanos. Toda la información sobre el proyecto, que han apoyado públicamente rostros destacados del cine español como Luis Tosar y Itziar Ituño, está en el siguiente enlace: https://www.goteo.org/project/documental-aminetu

Braulio García Jaén: “El propio método periodístico puede contribuir a la resolución judicial de un caso”

MARTA S. ESPARZA

Braulio García Jaén es periodista de Investigación de El País y miembro de la API. Ha trabajado en diferentes medios, como Público, Ctxt, o Vanity Fair, y vivido en ciudades como Madrid, París y Barcelona. Investigó los excesos de la lucha contra el terrorismo islamista en España durante los años posteriores al 11M. Es autor de varios libros, como ‘El confidente y el espía’, o ‘Justicia poética’, que acaba de editarse por segunda vez, y que relata uno de los mayores errores judiciales de la historia de España. El libro es fruto de años de laboriosa investigación, financiada por el Premio Crónicas Seix Barral de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y ha tenido consecuencias a nivel judicial, logrando que el Tribunal Supremo revise la doctrina que seguía en torno a la revisión de casos donde existen dudas de la culpabilidad de los condenados.

P.- ¿Qué supone este libro dentro de tu trayectoria profesional?

‘Justicia poética’ ha supuesto para mi trayectoria dos momentos muy importantes. Fue mi bautizo profesional, la primera gran investigación, y casi también mi primer trabajo. Trabajé con una beca en la Cadena SER durante un año, pero mientras, estaba trabajando en el libro, fuera de horas de oficina. Más tarde dejé el trabajo de periodista para para centrarme en exclusiva en el libro durante tres años. Fue mi bautizo profesional o mi puesta de largo. Y ahora que se reedita, 15 años después, es un poco también una gran satisfacción personal y profesional, porque el libro está sirviendo para revocar el mayor error judicial de la democracia española. Ha tenido consecuencias en el Tribunal Supremo y espero que tenga más. Y eso está suponiendo también de alguna forma una confirmación de aquella investigación que inicié hace tantos años.

P.- ¿Qué te empujó a investigar y escribir sobre este caso?

Dos inocentes que seguían en la cárcel. Después de que el Tribunal Supremo hubiera reconocido su inocencia, siguieron cumpliendo condenas idénticas a la que fue revocada en 1997, a pesar de que en esas otras condenas tampoco había pruebas materiales contra ellos. Esto tiene que ver con la estrechez que tenía entonces el recurso de revisión, el modelo de revisión en España. El caso, que revocó el Supremo tantos años después, en junio de 2023, ha servido para fijar la jurisprudencia de ese nuevo modelo de revisión en el que ya no se les exigirá una prueba de una evidencia de la inocencia en cada uno de los casos, sino que bastará que los hechos nuevos cuestionen la consistencia de la condena, porque, de hecho, demostrar la inocencia es metafísicamente imposible. El Supremo solo aceptaba como prueba suficiente cuando se demostraba en cada uno de los casos quién era el verdadero culpable. Y eso, cuando no quedan restos de todas las violaciones, por ejemplo, es científicamente imposible. Eso es lo que me inspiró básicamente: el hecho inconcebible de que en una democracia dos inocentes siguieran en la cárcel. Y uno de ellos, de hecho, murió en la cárcel después de que se hubiera reconocido su inocencia.

P.- El caso está plagado de negligencias y prejuicios. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste durante la investigación de este libro?

El principal desafío que afronté con esta investigación sin duda era precisamente encontrar lo que exigía la ley para revisar una condena, que eran hechos nuevos que evidenciaran la inocencia. Esto, además, tiene una evidente relación con el periodismo, porque una definición de noticia podría ser hechos nuevos de interés público, ¿no? Así que me pareció que el propio método periodístico podía contribuir a una resolución judicial del caso. Y afortunadamente, en junio de 2023, en la segunda sentencia, el Tribunal Supremo revocó. Un hecho nuevo como es la existencia de un análisis de semen desconocido para el tribunal que lo condenó, sirvió para absolver en 2023. Y ese hecho nuevo lo descubrí yo como tal en mi libro y en mi investigación. Ese era sin duda el principal reto. ¿Y en la práctica, cómo se traducía eso? Bueno, había muchos casos, muchos sumarios, porque fueron todos los casos juzgados por separado y había que cruzar toda esa información para encontrar las fallas y las grietas por donde llegar a nuevos hechos. Y encontré a nuevos testigos que no habían sido llamados a declarar, muestras de semen, que no se habían analizado, otras que se habían analizado, pero no se tuvieron en cuenta. En fin. El gran reto era articular todo ese cruce de información que está en la base de cualquier verificación. Contrastar relatos y comprobarlos con los hechos a los que se refieren.

P.- ¿Cómo crees que este libro puede contribuir a la conversación sobre la Justicia y los Derechos Humanos en España?

Este libro ha servido por un lado para revocar una condena injusta y quizá sirva para revocar otras. Por otro, ha puesto sobre la mesa la inadmisibilidad del viejo modelo de revisión en España, que ha estado vigente durante más de 40 años. El modelo se reformó en 2015, pero durante años, desde 2015 en adelante, el Supremo aplicaba esa reforma de forma distinta en función de si los hechos habían tenido lugar antes de 2015 y después de 2015. Gracias a la revisión de 2023, el Supremo fijó la jurisprudencia y dijo que a partir de ahora el principio in dubio pro reo se aplica también a los condenados en firme en revisión, lo que quiere decir que la Constitución que establece que no se puede condenar a nadie si existen dudas razonables de su culpabilidad, de alguna forma también se aplica ahora en las cárceles. No puede mantenerse a nadie en la cárcel si existen dudas razonables de su culpabilidad y fundadas dudas sobre su culpabilidad. No, creo que esa es la gran aportación de este libro: que ha cuestionado el modelo de revisión que estuvo vigente en España con dos ejemplos de una gravedad altísima, que son los propios protagonistas del libro: Abderrazak Mounib, fallecido en 2000, y Hamed, que pasó 15 años en la cárcel.

P.- ¿Qué dilemas éticos afrontaste durante tu investigación?

En la primera edición, en 2010, durante el proceso de investigación, que duró varios años, me planteé muchísimo si tenía derecho, y qué derecho, a pedir a las víctimas su versión. Ya entonces concluí que sí, que tenía derecho, porque creo que es el propio derecho de las víctimas a dar su versión. Pero hubo algunas situaciones en las que me planteé si tenía derecho a insistir, porque creo que algunas de ellas estaban replanteándose muchas cosas de lo que había ocurrido. En el llamado caso de Cornellà, porque es el lugar donde tuvieron lugar las violaciones, en la primera edición hubo una de las víctimas que aceptó hablar conmigo. Y llegó a decir que, si se lo demostrarán científicamente, se replantearía su señalamiento a Ahmed como culpable. Pero cuando abordé de nuevo el caso, diez años después de que se publicara el libro, porque vi la posibilidad de que se revocara la condena de Cornellà, me planteé de nuevo si, tantos años después, tenía derecho a insistir, a volver a llamarlas y a volver a preguntar si siguen pensando lo mismo. Y gracias a que resolví que sí, que tenía derecho, porque al final considero que también es el derecho de las víctimas a poder reconsiderar su posición. Gracias a eso traté de contactarlas y gracias a eso la otra víctima de Cornellà decidió que quería contactar conmigo y me llamó y estuvimos hablando y me concedió una entrevista que se publicó en el diario El País y que me pidió expresamente. Estuvo de acuerdo expresamente en que esa entrevista se incorporara como hecho nuevo también al recurso que finalmente sirvió para revocar la condena.

P-. ¿Qué consejo le darías a los periodistas jóvenes que aspiran a tener una carrera en el periodismo de investigación?

El primer consejo es que no dejen el trabajo en el que estén. Aunque quieran hacer un proyecto que ellos consideran que solo se puede hacer fuera del marco de ese trabajo, porque es mejor sacar tiempo libre de los fines de semana y robar horas de sueño que dejar tu trabajo como yo hice en 2006. Y el segundo: lo más importante es hacer agenda, conocer a gente, conocer a fuentes, ganarte su confianza y para eso es muy importante y es una ventaja estar trabajando en un medio, en una estructura, en una redacción, porque también aprendes mucho de tus compañeros y además te es más fácil llegar a las fuentes, hacer historias, como yo hice este libro.

P.- ¿Es difícil hacer investigación desde el periodismo?

La investigación ni es tan difícil ni es tan cara ni tan heroica como a menudo transmitimos. Creo que el mito del periodismo de investigación es contraproducente para el propio periodismo de investigación. Ahora todas las fuentes institucionales de todo tipo, políticas, económicas, sociales, ONGs, cualquiera de esas fuentes, tiene un gabinete de comunicación y cualquiera se dedica a producir noticias. Pero lo que puede aportar la investigación es qué son noticias, son historias que en principio o siempre, por definición, se publican contra una de las partes que le gustaría que no fuera noticia, ¿no? Ya sean pues empresas, instituciones, sistemas de todo tipo, judiciales o policiales. Creo que los medios pueden encontrar ahí una diferenciación de lo que no son, y de lo que no es estrictamente periodismo, sino que es solo comunicación. Yo creo que eso además es rentable. Hemos visto algunos casos en los que los suscriptores han llegado en un número muy significativo cuando han sido esos medios protagonistas de alguna exclusiva importante. Y eso muchas veces se nos olvida.

Así fue la ceremonia de entrega de los IV Premios API

Los Premios de la Asociación de Periodistas de Investigación se consolidan con la cuarta edición de este reconocimiento entregado por los propios compañeros de profesión a los mejores trabajos en tres categorías: general, datos y local. La gala de entrega de los premios tuvo lugar el viernes 25 de octubre y se pudo seguir en streaming.

En esta IV edición de los Premios API se han evaluado una treintena de trabajos de medios que decidieron presentarse en las diferentes categorías. En primer lugar, varios comités formados por colegas asociados llevaron a cabo una preselección de las propuestas, evaluando aspectos como la amplitud de fuentes utilizadas, la calidad narrativa, la solidez de la metodología de verificación, la repercusión y relevancia del tema para la sociedad, y la neutralidad e independencia del trabajo presentado.

Los trabajos finalistas fueron finalmente evaluados por el jurado, compuesto por destacados profesionales del periodismo y la comunicación, así como por académicos de esta área de conocimiento. El jurado estuvo presidido por el presidente de honor de la API, Antonio Rubio, y compuesto por la vicerrectora vicerrectora de Comunidad Campus, Cultura y Deporte de la URJC, Mercedes del Hoyo, la periodista, escritora y documentalista sonora Isabel Cadenas, la directora ejecutiva de la Global Investigative Journalism Network (GIJN), Emilia Díaz-Struck, y el periodista y director del medio digital El Faradio, Óscar Allende.

La gala de entrega de los premios tuvo lugar el viernes 25 de octubre en el auditorio de Caixaforum, en Paseo del Prado, 36, de Madrid y se pudo seguir en directo en streaming y sigue disponible. En la misma gala se hizo entrega también de Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdez y el Premio Lincoln. Los tres premios fueron entregados en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Investigación – COLPIN.

Inicia sesión