La Asociación de Periodistas de Investigación (API) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) celebran los días 29 y 30 de junio el curso «Periodismo de investigación en Europa: democracia, regulación y retos transnacionales (1986–2026)», que reúne a periodistas premiados, expertos del Parlamento Europeo y académicos para analizar los grandes desafíos del oficio.

El curso, que cuenta con la colaboración del Parlamento Europeo, aborda durante dos jornadas la evolución del periodismo de investigación en un contexto europeo marcado por las amenazas híbridas, la desinformación y las transformaciones regulatorias. El programa combina ponencias, debates y una sesión práctica sobre bases de datos y herramientas europeas, además del estudio de casos reales de investigaciones transfronterizas y el papel de las redes colaborativas.

La presencia de la API en el curso es destacada, con varios de sus miembros entre los responsables de su organización y desarrollo. La dirección del curso corre a cargo de Marta Sánchez Esparza, vicepresidenta de la API y profesora de la URJC. En la apertura institucional interviene Nacho Calle, presidente de la API y subdirector de infoLibre, junto a Damián Castaño, jefe de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

La mesa sobre investigación transnacional en Europa —métodos, redes y financiación— está moderada por José Bautista, secretario general de la API y periodista de investigación (porCausa, The New York Times, Der Spiegel). En ella participa Ignacio Carrascón, miembro de la Junta Directiva de la API, periodista de investigación en infoLibre e integrante de las redes EIC, OCCRP e IE, junto a Brenda Chávez, también miembro de la API y especializada en investigaciones transfronterizas.

Asimismo, Beatriz Gálvez, miembro de la Junta Directiva de la API y periodista de RTVE especializada en investigación y datos, conversa con Pilar Requena, directora del programa Documentos TV y presidenta del comité de dirección de la Red de Periodismo de Investigación de la EBU/UER, sobre cómo se gestaron grandes investigaciones europeas que llegaron al Tribunal Penal Internacional, como el caso de los niños robados.

El programa se completa con ponencias de primer nivel sobre libertad de prensa y amenazas híbridas (Jesús Carmona, director de Medios del Parlamento Europeo), la protección de los periodistas y la regulación de la IA en la UE (Carlos Aguilar, CNMC), la lucha europea contra la desinformación (Carlos Rullián y Carlos Elías), la verificación digital (Borja Díaz-Merry, Verifica RTVE) y una sesión práctica sobre herramientas europeas al servicio de la investigación (Gonzalo Velasco, Parlamento Europeo). La clausura tendrá lugar el 30 de junio.

Dirigido a estudiantes, periodistas y profesionales de la comunicación, el curso ofrece una visión completa y actualizada del papel del periodismo de investigación en la defensa de la democracia europea. La matrícula es gratuita y se conceden 0,62 créditos ECTS.

Lugar de celebración: Edificio Gobernador (Aula 010), Calle Capitán Angosto Gómez Castrillón, s/n.

Una investigación sobre la cara oculta del control migratorio español, galardonada con el premio de la Asociación de Periodistas de Investigación en la Categoría General

El especial ‘Veneno en el grifo’ y el documental ‘Jornaleros: el mal patrón’, logran el premio API en las categorías de Periodismo de Datos y Periodismo Local

Madrid, 9 de octubre de 2025.- Una investigación de la Fundación porCausa sobre la cara oculta del control migratorio español, publicada en El Confidencial; un especial sobre las zonas de España afectadas por la contaminación por nitratos en el agua elaborado por el equipo de Datadista y difundida en elDiario.es; y un documental sobre un caso de explotación y desaparición de jornaleros migrantes en la finca de un empresario en Villacarrillo (Jaén), producido por EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, han obtenido el premio de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) al mejor Periodismo de Investigación en las categorías General, Datos y Local, respectivamente.

El jurado de la V edición de los Premios API, compuesto por el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz; el multigalardonado periodista de investigación y exvicepresidente de la API Tomás Ocaña Urwitz; el catedrático de la Universidad de Málaga Juan Francisco Gutiérrez Lozano, director además del Departamento de Periodismo de la UMA; la periodista de La Marea/Climática Ana Ordaz; y el periodista de Diario Sur Juan Cano, se reunió este miércoles para escoger a los premiados.

El jurado ha concedido el primer premio en la Categoría General al trabajo ‘Lo que la FIIAPP esconde: La ‘cara B’ del control migratorio español‘, una investigación de la Fundación porCausa, liderada por los periodistas Isabella Carril-Zerpa y José Bautista, y publicada en el diario El Confidencial. El trabajo premiado destapa cómo la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, renombrada ‘FIAP’ tras la publicación de este trabajo), dependiente del Gobierno español, ha canalizado proyectos de cooperación internacional que, en la práctica, han servido para externalizar el control migratorio hacia países africanos, con consecuencias directas sobre los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.

La investigación ha sido escogida por el jurado por su combinación de rigor documental, impacto social, metodologías múltiples, riesgo asumido por los periodistas (acceso a documentos confidenciales, fuentes sensibles), y por su capacidad para generar debate público sobre políticas de Estado que permanecen en la oscuridad, en un ejemplo del mejor periodismo, que no solo informa, sino que fiscaliza, denuncia y obliga a la rendición de cuentas.

El jurado ha destacado la amplitud documental y la metodología empleada en la investigación, basada en el análisis de más de mil contratos públicos, documentos internos de la Unión Europea y más de cincuenta entrevistas realizadas en ocho países.

La investigación combina periodismo de datos, reporterismo sobre el terreno y técnicas OSINT, lo que le confiere un valor diferencial en el tratamiento de temas de seguridad, migración y cooperación internacional. Pese a las dificultades de acceso a la información y a las negativas institucionales, el equipo logró reconstruir una red compleja de programas, empresas y gobiernos implicados en la gestión fronteriza española fuera del territorio nacional.

El reportaje revela cómo fondos públicos europeos y españoles se han destinado a equipamientos y proyectos que, en algunos casos, terminaron en manos de fuerzas represivas o incluso de grupos yihadistas, desvelando las contradicciones entre el discurso oficial de cooperación y la práctica del control migratorio. El jurado ha subrayado la dificultad y valor de este trabajo “representa la esencia del periodismo de investigación: un periodismo incómodo, documentado y comprometido con el interés público”. Asimismo, se ha valorado especialmente su enfoque humano, que pone rostro a las consecuencias de estas políticas a través de testimonios de migrantes, agentes y cooperantes, logrando que una cuestión técnica y opaca se convierta en un relato profundamente humano y accesible.

Premio API Categoría Datos

En la categoría de Periodismo de Datos, el jurado ha resuelto premiar el especial “Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable”, elaborado por el equipo de Datadista, que recopila y examina más de cinco millones de registros oficiales sobre la calidad del agua en España, procedentes del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) y de las Confederaciones Hidrográficas. Gracias a un exhaustivo trabajo de depuración y visualización de datos, el equipo de Datadista ha logrado identificar las zonas más afectadas por la contaminación por nitratos y revelar que más de un millón de personas viven en áreas donde el agua del grifo no es apta para el consumo humano.

El jurado ha valorado el impacto que este tema tiene sobre la población, la exhaustiva y pormenorizada labor de documentación, la máxima calidad de las fuentes y los elementos innovadores en la narración y visualización de la historia. Los autores logran traducir información técnica en conocimiento accesible para la ciudadanía mediante mapas interactivos, gráficos y narrativas multimedia que permiten explorar el alcance del problema a escala nacional. De esta forma, consiguen convertir un problema ambiental y sanitario de enorme complejidad en una investigación de servicio público basada en el análisis masivo de datos y la evidencia científica. 

Asimismo, se ha valorado el enfoque humano y territorial del trabajo, que combina el análisis de grandes bases de datos con reportajes sobre el terreno en pueblos de toda España, visibilizando las consecuencias cotidianas de la contaminación del agua en la vida de miles de personas.

Premio API Categoría Local

Finalmente, en la categoría de Periodismo Local, el jurado ha premiado el documental ‘Jornaleros: El mal patrón‘, un trabajo de la productora EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, que reconstruye la desaparición de dos jornaleros africanos durante la campaña de la aceituna en Villacarrillo (Jaén), lo que provocó la apertura de juicio a uno de los empresarios de la localidad, sin que finalmente fuera condenado. 

El trabajo ha sido premiado por el jurado por abordar, a partir de unos hechos que no han sido suficientemente esclarecidos, un tema universal, de gran repercusión e impacto social. Los periodistas Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz Lucena, director y subdirectora de la obra, respectivamente, aportan entrevistas, material de archivo y testimonios inéditos, algunos de los cuales han sido considerados por el jurado de gran valor. Este documental, presentado en el Festival de Málaga y que recibió ya el premio Mirada Andaluza en el festival Alcances de Cádiz, invita a la reflexión en torno a la precariedad y vulnerabilidad de los inmigrantes que trabajan en el campo.

Los premios de la API tienen por objetivo poner en valor el magnífico esfuerzo de los periodistas de investigación y de sus trabajos a nivel estatal, local y de datos, siendo piedra fundamental de los valores democráticos. 

Esta V edición y la gala de entrega de los galardones es posible gracias a la Universidad de Málaga –y en concreto al Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación–, Renfe, Minor Hotels y NSUE Studio.

Os esperamos a todos y todas en la gran fiesta anual del periodismo de investigación que en esta edición se celebra en la ciudad de Málaga.

Contacto en la API para más información: info@investigacionapi.com

Madrid, 24 de julio de 2025. La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) desea manifestar su preocupación ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Si bien valoramos que esta nueva norma suponga una actualización de la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una legislación heredada del franquismo—, consideramos que algunos de sus planteamientos pueden suponer un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de «materia clasificada».

Recordamos que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como «secreta». Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica.

Nos preocupa, además, la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones. Este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada. La libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional.

Clasificación bajo control del Ejecutivo

Otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada. Según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles —alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías.

Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional. La posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La API reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa. Es imprescindible que se garantice la protección del periodismo de investigación como herramienta esencial de control democrático, que no se penalice el trabajo de quienes informan con rigor y responsabilidad, y que la nueva legislación respete plenamente los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.