Helen Darbishire es una especie de heroína de Marvel en el terreno de la transparencia mundial, no solo en nuestro país. Referente clave en el lobismo europeo, también asume importantes responsabilidades dentro de la Open Government Partnership, de la que España forma parte desde su creación en 2011.
Afincada en Madrid y ya española por los cuatro costados, su marcado acento inglés nos hace viajar mentalmente a los altos estándares anglosajones en esta materia. Hoy charlamos con ella para conocer su visión sobre la transparencia patria en lo que llevamos de siglo.
Pregunta.-Una pregunta de aperitivo que les hacemos a todos para abrir boca, Helen. ¿Dónde estabas allá por el año 2011, cuando se empezaba a hablar de tramitar una ley de transparencia en nuestro país? Estamos seguros de que ya estabas dando guerra con la transparencia, pero, por favor, cuéntanos.
Respuesta.-Cierto. De hecho, había empezado ya en 2006, cuando el 27 de septiembre de ese año fundamos la Coalición Pro-Acceso, un grupo de ONG y académicos que queríamos tener en España una ley de acceso a la información. Empezamos a hablar sobre este asunto con otras organizaciones, con representantes del Gobierno y con diputados y diputadas, aunque es cierto que no fue hasta 2011/2012 cuando avanzamos hasta tener un anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno. La primera ley española adoptada en 2013 ya tenía a sus espaldas siete años como una iniciativa que procedía claramente de la sociedad civil.
P.-Has dicho que ya estabas en esto mucho antes de 2011, pero ¿cuándo y a quién fue la primera vez que oíste hablar de transparencia? ¿Qué fue lo que escuchaste para que dijeras ‘en este tema quiero ponerme yo manos a la obra’?
R.-Lo recuerdo perfectamente. Fue en noviembre de 1993, cuando participé en un evento de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en Varsovia y un representante de algún Gobierno, no me acuerdo de cuál ni quién, hablaba de información secreta del Gobierno. Al escucharle me quedé pensando que estábamos partiendo de un muy mal paradigma porque deberíamos presumir la transparencia de toda la información en manos del Gobierno, aunque luego se puedan limitar algunas cosas. En aquel momento tomé la decisión de promover la transparencia y es lo que he hecho durante los últimos 30 años. Después de haber trabajado promoviendo leyes de transparencia en diferentes países europeos, América Latina y África, llegué a España en 2005-2006 y me di cuenta de que era uno de los últimos países europeos, el último con más de un millón de habitantes, sin una ley de transparencia, por lo que me pareció imprescindible crear un grupo de personas para exigir la adopción de una ley de transparencia aquí.
Debería presumirse la transparencia de toda la información en manos del Gobierno, aunque luego se puedan limitar algunas cosas
P.-Dentro de esa Coalición Pro-Acceso se encuentra la ONG en la que trabajas, que es Access Info Europe. ¿Cuál fue exactamente su papel en este proceso de elaboración y aprobación de la ley de transparencia en España?
R.-Access Info Europe se creó en junio de 2006 para trabajar en temas de transparencia en toda Europa y a nivel internacional. No obstante, siempre hemos tenido un enfoque especial en cuestiones de transparencia en España. De hecho, quisimos saber más sobre el estado de la transparencia presentando solicitudes de información para averiguar un poco más sobre los problemas y los retos del acceso a la información en España y las consecuencias de la falta de tener una ley de transparencia. Hablamos con otras ONG, con representantes gubernamentales y parlamentarios, para intentar animarles a alinearse con otras agencias europeas y adoptar finalmente una ley. En aquel momento el Consejo de Europa, con 46 países miembros, estaba debatiendo el Convenio de Tromsø, que se abrió para firmas en 2009 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2020, aunque ha sido ratificado por España el pasado 27 de septiembre. En España hubo que hacer un gran esfuerzo para convencer al Gobierno para que desarrollara y adoptara una ley. Primero con el Gobierno socialista, pero fue con el escándalo de los pápeles de Bárcenas, y bajo mucha presión, no sólo dentro sino también desde fuera del país, cuando el Ejecutivo de Rajoy finalmente adoptó la ley de transparencia en 2013.
P.-Con la perspectiva que ofrece una década desde la aprobación de la ley de transparencia, y viendo el desarrollo que ha tenido, ¿crees que la ley ha estado a la altura de las expectativas que se generaron en el momento de su aprobación?
R.-La ley española no es mega impresionante, pero tampoco está tan mal. Uno de los problemas es que su aplicación se focaliza sobre todo en la Administración, dejando fuera otros poderes como el legislativo y el judicial, lo que limita evidentemente su impacto. En cuanto al capítulo de la publicación proactiva de información, las limitaciones del derecho de acceso y la necesidad de ponderación motivada cuando concurre uno de ellos en un supuesto concreto, creo que estamos bastante en línea con el Convenio de Tromsø. Aunque es una ley básica que estamos intentando mejorar en este momento, fortaleciendo por ejemplo el Consejo de Transparencia, ha sido un buen inicio para un país que estaba muy atrasado en estos temas y donde hace diez años no existía una cultura de transparencia ni en las autoridades públicas ni en el público. Cuando digo el ‘público’ hablo incluso de periodistas o de profesionales pertenecientes a otros campos. Aún no existe una cultura de transparencia, tampoco entre los funcionarios y funcionarias, de publicar, de compartir información. Cuando alguien solicita cualquier dato siempre vienen a la mente de cualquier funcionario o funcionaria preguntas del tipo: ¿quién es usted?, ¿por qué quiere la información?, ¿qué va a hacer con ella? Ésa es la reacción natural. No entienden que toda la información en manos del Gobierno debería estar publicada a excepción de la afectada por los límites legales establecidos. Sí, creo que en los últimos diez años hemos avanzado mucho en cambiar esta cultura. No estamos todavía en una situación perfecta, pero hemos progresado muchísimo y de diferentes maneras: en la implementación de la ley estatal y también con la adopción de las respectivas leyes de desarrollo en la gran mayoría de comunidades autónomas e, incluso, en Madrid a nivel de la ciudad. Esto implica que ya hay muchos funcionarios y funcionarias trabajando en transparencia y que tienen como una de sus responsabilidades tramitar solicitudes de acceso a la información, aunque no siempre el tratamiento es perfecto, ya que he recibido denegaciones de solicitudes de acceso sorprendentes. Pero sí, la sociedad sabe cada vez más que tenemos una ley de transparencia y que tienen el derecho de solicitar información, aunque aún tenemos muy pocas solicitudes en España y en otros países. Ojalá esto cambie en la próxima década.
España ha podido demostrar a otros países que está haciendo un esfuerzo enorme para ir hacia la transparencia
P.-Has comentado que te han denegado solicitudes de información que te han sorprendido. ¿Cuál ha sido la denegación de información más rocambolesca que has recibido?
R.-Bueno, no sé si es la que más, pero esta misma semana estuve hablando con un par de periodistas sobre una denegación que he recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la participación de España en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. España está elaborando un informe sobre la implementación de la convención contra la corrupción, e Irlanda y Chile, están evaluando lo que se está haciendo, que no son pocas cosas, incluso en el marco del plan de acción, para crear un Gobierno Abierto con mayor integridad. Y, en cambio, me han denegado el acceso al informe redactado por España sobre sus progresos. Me parece alucinante. Deberían de estar muy orgullosos de haber avanzado con la implementación de una convención internacional contra la corrupción, que ha sido uno de los grandes trabajos del actual Gobierno español y de los anteriores en los últimos años. Ya lo decía antes y lo vuelvo a repetir: no tenemos todavía una cultura de transparencia. Para esto tienen que servir este tipo de entrevistas. Ojalá muchas personas puedan leerla.
P.-Helen, aprovechando que eres una lobista de primer orden en materia de transparencia, muy reconocida a nivel internacional y que te relacionas con personas de todo el mundo, ¿nos podrías comentar cómo nos ven desde fuera? ¿Cuál es la imagen exterior que proyecta España en transparencia?
R.-Es una pregunta interesante. España ha avanzado mucho. Ha pasado de estar en el vagón de cola a situarse entre los países que más están trabajando en transparencia en toda Europa. Evidentemente tenemos a los países nórdicos con una tradición mucho mayor, como Suecia, que tiene una ley desde 1766, con más de 250 años a sus espaldas, y nosotros en 10 años no vamos a conseguir crear una cultura semejante. Pero comparado con otros países de Europa Occidental como Francia o Italia, Austria e, incluso, países de Europa del Este, España está avanzando bastante bien. En estos dos años los avances han ido bastante rápido y una de las señales es que, a partir del 1 de octubre de 2024, España va a ostentar la co-presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto supone que hemos demostrado al mundo todos nuestros avances y compromiso en temas de transparencia. Somos el único país europeo de la Alianza para el Gobierno Abierto que tenemos seis entidades subnacionales como miembros de esta organización. Creo que es algo que se debería dar a conocer más en nuestro país y de lo que debemos sentirnos especialmente orgullosos.
P.-Esa perspectiva exterior que nos acabas de comentar ¿coincide con la opinión que tú tienes desde dentro del país?
R.-Sí. Hay muchas cosas que podría criticar, pero creo que en los últimos 10 años los avances han sido impresionantes. Con una solicitud de acceso se puede conocer mucha información, aunque antes acabo de dar un ejemplo nefasto de gestión en este ámbito. Uno de los retos que tenemos en España es dotarnos de una estructura lo suficientemente fuerte como para asegurar que todas las entidades públicas cumplen con la Ley de transparencia. Tenemos un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que no tiene ni poderes ni recursos suficientes para promover y defender este derecho, algo que se ha propuesto solventar en la futura reforma de la ley. Por ejemplo, el Consejo debe tener la posibilidad de sancionar a los gobiernos que no cumplan con sus resoluciones. En estos momentos, esto puede suceder sin que tenga ninguna consecuencia. No necesitan ni siquiera ir a los tribunales para impugnar las decisiones del Consejo, basta con ignorarlas. Y otra cuestión que aún tenemos pendiente, y en la que se aprecia resistencia por parte del Gobierno, es reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental. En muchos países europeos, este derecho se reconoce como tal en sus constituciones, o se ha deducido gracias a la interpretación de sus altos tribunales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo ha reconocido implícitamente al establecer un vínculo entre libertad de expresión y libertad de información. Si para poder expresar nuestras opiniones necesitamos información, y si la única fuente para obtenerla es una entidad pública, la ciudadanía debe tener garantizado este derecho. Hay más de 20 fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se va ampliando progresivamente el concepto de acceso a la información. En línea con estas decisiones tenemos también las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias a nivel internacional. Algo que podría hacer el Gobierno español, y que estamos demandando desde la sociedad civil, es examinar el artículo de la Constitución (el 20) en el que se menciona la libertad de expresión para encontrar en él el encaje del derecho de acceso a la información. Lo que sí tenemos aquí es un derecho de protección de la privacidad, de los datos personales, y sería esencial tener una ley de transparencia que situara aquel derecho al mismo nivel que este. Evidentemente, el Gobierno no debe compartir la información que posee de todos nosotros, pero cuando se trata de información sobre un alto funcionario, un político o una política sobre el uso que han hecho del dinero público, deberíamos tener al alcance toda la información necesaria sin que primase la protección de datos sobre la transparencia. En resumen, necesitamos que en España se reconozca el derecho fundamental de acceso a la información.
Uno de los retos que tenemos en España es dotarnos de una estructura lo suficientemente fuerte como para asegurar que todas las entidades públicas cumplen con la ley de transparencia
P.-¿Cómo es de difícil para la sociedad civil organizada que trabaja en los temas de transparencia abrirse camino en nuestro país?
R.-Tengo que decir que cada vez es más fácil. Hace diez años, cuando intentábamos mantener reuniones con determinadas personas en La Moncloa, era muy difícil conseguirlo, era complicado levantar nuestra voz y hacer que alguien la escuchara. Ahora todo es más sencillo gracias, en parte, al trabajo del centenar de miembros de la Coalición Pro-Acceso, a fuerzas externas como la Alianza para el Gobierno Abierto y al Foro de Gobierno Abierto de España, en el que participan como miembros diferentes entidades públicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. En el Foro hay seis grupos de trabajo, más los seis gobiernos subnacionales, que tienen su propia membresía y que antes mencioné. Tenemos estructuras donde la voz de la sociedad civil es casi tan potente como la de los representantes del Gobierno. De esta manera, el Gobierno se ve más forzado a interactuar con la sociedad civil sobre estos temas, generándose un cierto hábito de diálogo hasta el punto de poder mantener reuniones informales para hablar sobre estos temas. Esto no implica que no haya más cosas por hacer, pero al menos estamos trabajando juntos y juntas para avanzar en más transparencia en España.
P.-La transparencia es un valor que está vinculado intrínsecamente a la democracia. ¿Crees que la transparencia está más conectada con algún tipo de ideología? En tu experiencia, ¿te has encontrado con gobiernos que se encuentran más prestos a colaborar en estos asuntos dependiendo de su ideología?
R.-La cuestión de si promover y reconocer derechos humanos es un asunto más de derechas, de izquierdas o de centro, no lo veo. Desde ONG como Access Info Europe, desde la sociedad civil, estamos dispuestos a hablar con cualquier partido político, aunque es cierto que no todos nos llaman. Los más extremistas nunca contestan. Cuando hay elecciones pedimos y mandamos la misma información a todos los partidos políticos: unos contestan y tenemos reuniones con ellos, otros no. Al nivel español, europeo y global, todos los partidos, ya sean de izquierdas, centro o de derechas, todos, han hecho cosas buenas por la transparencia. Es cierto que a todos los gobiernos, en general, les gusta el secretismo. Tienen sus estrategias para no compartir toda la información y hay veces en las que debe estallar un escándalo para conseguir un poco más de transparencia. Aquí debemos diferenciar entre altos cargos (políticos) y la mayoría de las personas que trabajan en entidades públicas. Muchos de ellos, de ellas, creen en la transparencia y quieren mejorar sus relaciones con el público compartiendo información. Tenemos, por ejemplo, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que recientemente ha adoptado una nueva ordenanza tipo de transparencia para sus miembros a nivel local, incluso para pueblos pequeños, con el fin de ayudarles a avanzar en transparencia. Todos los niveles de gobierno deben trabajar en este objetivo. No me gusta generalizar sobre quién lo hace bien, o quién lo hace mal. Según el nivel de gobierno ante el que nos hallemos o el tipo de información que solicitemos vamos a encontrarnos diferencias. Como activistas de la transparencia, hay muchas experiencias frustrantes, pero no representan a la transparencia en todo el país.
Hacen falta más recursos humanos y esto significa más dinero. No hay suficiente dotación de personas en toda la estructura española de la transparencia
P.-Has hablado de la necesidad del fortalecimiento del Consejo de Transparencia y de la lucha que desde la sociedad civil y la Coalición Pro- Acceso se está llevando a cabo para conseguir que el derecho de acceso se reconozca como fundamental. Además de estos dos retos esenciales, ¿en qué otros aspectos crees que deberíamos poner el foco para seguir avanzando en transparencia en nuestro país? Y, al mismo tiempo, te queríamos preguntar: ¿cuál crees que podría ser el papel de España en esa copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto?
R.-Hacen falta más recursos humanos, y esto significa más dinero. No hay suficiente dotación de personas en toda la estructura española de la transparencia. Ocurre de manera similar en muchos países. No sólo se necesita para contestar con rapidez las solicitudes, aunque eso es importante, sino especialmente para publicar más información de manera proactiva. No deberíamos como ciudadanas y ciudadanos tener que solicitar información, porque la mayoría de la relevante para nosotros debería de estar ya disponible de manera proactiva. No una vez al año o cada seis meses, sino que debería haber actualizaciones de manera continua y hacerlo en formatos y con una tecnología que garantice que la información es accesible y se puede reutilizar. En cuanto al papel de España en la copresidencia de la Alianza tenemos que recordar que de esta organización ya forman parte unos 75 miembros, que el comité directivo está compuesto de 22 personas, 11 representantes de gobiernos y otros 11 de la sociedad civil. Cada uno tiene un voto y eso es muy importante. No sabemos todavía qué representante de la sociedad civil va a compartir la presidencia con España, porque aún no ha sido elegido ¿Qué puede hacer España? Creo que promover los estándares del Gobierno Abierto de manera más amplia. Por ejemplo, vincular la transparencia con la lucha contra la corrupción, y hacerlo también con el buen gobierno y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, algo por lo que se está trabajando en nuestro país. Hemos hablado también con el Gobierno español sobre el necesario apoyo a las entidades de la sociedad civil. Es un reto a nivel europeo. Por ejemplo, Access Info Europe, la ONG que dirijo, no tiene presupuesto para lo que hace en España. Tenemos que captar proyectos fuera de la Unión Europea para tener los recursos para trabajar en ella y en España. Esto es un reto. Evidentemente, hay muchas otras prioridades en el mundo, pero, en mi opinión, fortalecer la transparencia nos ayudaría a involucrar a la sociedad en todos los debates públicos y así puede que arreglásemos muchos problemas que tenemos hoy en día. El crecimiento actual de la extrema derecha, que no son personas muy pro-transparencia, es una amenaza para la democracia y los derechos humanos, y creo que la única manera de protegernos de estas personas y de los partidos antidemocráticos es colaborando y participando más, y para ambas cosas necesitamos compartir información.