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«Tengo la sensación de que redactamos la ley que creíamos que había que hacer»

JOAQUÍN MESEGUER / FRAN DELGADO

Esperanza Zambrano es una de las protagonistas en estas fechas de aniversario de la Ley de transparencia. En ella se da una doble circunstancia que hace, también doblemente interesante, nuestra conversación con ella. Esperanza formó parte del equipo redactor del anteproyecto de ley y, una vez aprobada, pasó a integrar las filas del primer equipo de personas que pondría en marcha el órgano de control a nivel estatal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Esa doble perspectiva, la autoría de la ley y la de vigilante de su aplicación, le otorga un lugar destacado entre las voces a las que escuchar atentamente para saber más de la transparencia en nuestro país.

Ésta es la única entrevista que Esperanza ha concedido desde que abandonara la institución hace ahora tres años, lo que hace aún más especial conocer su opinión sobre lo ya conseguido y lo que resta por cumplir.

Pregunta.-Esperanza, arrancamos con una pregunta que nos gusta hacer a todas las personas entrevistadas. ¿Dónde estabas tú cuando comenzó a fraguarse la ley de transparencia allá por 2011-2012?
Respuesta.-En realidad tendría que echar la vista un poco más atrás. Yo me incorporé al Ministerio de la Presidencia, en concreto a la Dirección General de Coordinación Jurídica, en agosto de 2009. Allí había un equipillo [ojo, el diminutivo va por las pocas personas que lo conformábamos, porque era un verdadero equipazo con mayúsculas], que ya llevaba tiempo trabajando en un borrador de anteproyecto de ley de transparencia. Aquí quiero hacer una mención muy especial, totalmente merecida e inevitable, a Emilio Guichot, entonces el mayor estudioso de temas de transparencia en España. No es que ahora la transparencia sea una moda, pero es verdad que han proliferado las personas que se dedican a ella desde un punto de vista académico. Emilio llevaba investigando sobre transparencia y acceso a la información desde hace muchísimos años, aunque en esa etapa en el Ministerio de la Presidencia hizo un paréntesis en su actividad como profesor de universidad. Incorporada a la Subdirección en la que él estaba, empezamos a trabajar en el borrador que os comentaba.

En 2011, como bien sabéis, hubo una convocatoria de elecciones anticipadas y recuerdo perfectamente que fue el 29 de julio, a la altura de la convocatoria de elecciones por el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se celebró el Consejo de Ministros al que iba también el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. El proyecto, por tanto, estuvo a punto de aprobarse, pero no llegó a ver la luz. El anticipo electoral tuvo como consecuencia la disolución de las Cortes y, por lo tanto, la caída del texto. Tras la convocatoria, yo me mantuve en mi puesto en el Ministerio de la Presidencia, y uno de los primeros encargos que tuve en la nueva legislatura fue retomar el trabajo que habíamos iniciado y casi culminado, centrándonos en la transparencia y el acceso a la información pública. El añadido de buen gobierno fue posterior.

Esther Arizmendi tenía exactamente el perfil que necesitaba nuestro primer Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

P.-¡Qué curiosa la coincidencia de la convocatoria de elecciones con el envío del anteproyecto al Consejo de Ministros…!
R.-Lo podéis ver porque la referencia, imagino que se mantendrá, si mal no recuerdo era del 29 de julio de 2011.

P.-¡Qué casualidad! O fatalidad también, porque eso demoró un poco el asunto, pero quién sabe qué habría pasado de haber sido de otra forma. Nunca puede aventurarse nada.
R.-El texto anterior difería bastante. No creaba un Consejo como el actual, ya os lo adelanto. No sé si estoy haciendo spoiler o no, pero sí creaba un órgano de control ex profeso que no se preveía en la versión en la que habíamos trabajado inicialmente.

P.-Entonces, ¿a quién se encomendaba el control en aquel proyecto?
R.-Si no recuerdo mal era a una especie de comisión. Eran varias las opciones que inicialmente se barajaron y una de ellas era dotarle de competencias en esta materia a la Agencia de Protección de Datos, uniendo ambas responsabilidades, algo que ya existía por aquel entonces a nivel internacional y que hoy vemos en alguna comunidad autónoma, como por ejemplo la andaluza. En definitiva, se observaron varias opciones y, en el texto que en principio se barajaba como proyecto de ley, era una comisión.

P.-Estuviste en la cocina de la ley estatal de transparencia y luego pasaste a controlar la aplicación de la norma desde el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Qué crees que se quedó en el tintero que te habría gustado ver negro sobre blanco en la ley? ¿Y qué crees que aún resta por hacer, en concreto, por parte de los órganos de control?
R.-Yo creo que entre todos hicimos la ley que nos parecía mejor. Tened en cuenta que era la primera ley transversal en temas de transparencia y acceso a la información, ya que existía normativa sectorial que ya preveía al derecho de acceso. Pero con carácter general, como digo, ésta era la primera ley en España.

Tengo la sensación de que redactamos la ley que creíamos que había que hacer. No es mérito ni de un gobierno, ni de un equipo concreto. Éramos los que estábamos allí en el momento oportuno. No sé si es una ley más o menos ambiciosa. Creo que lo fue bastante, que fue bastante rompedora. Ahora con el tiempo es más fácil criticarla, entre comillas, incluso hacer una crítica positiva. Diez años después puedes ver las carencias, pero creo que hay más debilidades en su aplicación que en la propia redacción de la norma. Quizá falta alguna definición, alguna aclaración, pero creo que es una ley sencilla, fácil de entender, y ése era el objetivo que se pretendía.

¿Qué queda por hacer? Pues quiero pensar que mucho, porque si una ley agota toda su vigencia desde el punto de vista práctico diez años después, teniendo en cuenta todos los retos que tenemos por delante, sobre todo de implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, sería triste. Como instrumento normativo, personalmente siempre he estado satisfecha del resultado.

No considero que un régimen sancionador sea la respuesta y medicina para todos los males

P.-Sé que no vas a elegir un sitio u otro, pero para una persona como tú, que ha visto la ley desde distintas perspectivas, desde la trastienda en el proceso de elaboración de la norma, y que después te has pasado al otro flanco, que es el de aplicarla y de dar alguna que otra colleja y tirón de orejas a aquellos que no cumplen con ella, ¿qué prefieres? ¿Dónde te encuentras más cómoda?
R.-Ante todo me considero una afortunada, y os lo digo con total y absoluta sinceridad. Alguien que haya podido participar en la redacción de una ley y que haya tenido también la suerte de poder aplicarla desde el minuto uno de su entrada en vigor… No sé si hay otros casos (risas). Lo que sí me satisface es saber que soy una de esas personas, no sé si la única, pero por lo menos que lo he sido. Para mí fue una gran oportunidad como profesional y como servidora pública. Y tener la fortuna de haber trabajado con quien sabéis que para mí fue un referente y lo sigue siendo como Esther Arizmendi. Vosotros sabéis que para mí Esther es, fue…, no hablo en pasado porque para mí lo sigue siendo, una persona muy especial.

Desde la perspectiva de la elaboración de la norma, como dije antes, hay que reconocer también el trabajo hecho previamente y que a mí, personalmente, me dejó un poso que me permitió continuar con el trabajo y con esa tarea. Tener la suerte de elaborar una ley, de saber exactamente el sentido que tiene cada artículo, los debates que hubo detrás, el porqué de cada palabra y después aplicarla… para mí fue un privilegio absoluto. Si tuviera que repetir y elegir uno de los dos papeles, creo que me quedaría con el de la aplicación práctica de la norma, aunque supusiera ignorar lo que hay detrás de la norma. Eso te deja también un espacio para el estudio, la reflexión… incluso para la improvisación y la creación, porque cada día surgen casos nuevos y dices: ‘Vamos a interpretarlo de otra manera’. Para mí fue muy enriquecedora esa posibilidad de, no inventar nada porque la ley es la que es y nosotros la aplicábamos, pero sí de usar ese margen a la hora de interpretarla. ¡Estábamos ante un campo baldío! La interpretación que hiciéramos iba a ser’ ‘la buena’ hasta que no empezara a haber jurisprudencia y por eso era la que valía. Eso te da una responsabilidad tremenda. No nos lo tomábamos, por supuesto, ni muchísimo menos, a la ligera. Era un gran proceso de reflexión, con el convencimiento de que era una materia que había que introducir poco a poco en la conciencia ciudadana y sabiendo que el derecho de acceso también tiene límites. Poniéndonos también en la piel de la Administración, de cómo trabaja, no solamente ante una solicitud de acceso a la información, sino también cuando maneja información pública que puede ser solicitada o, incluso, publicada proactivamente. Recuerdo esa experiencia súper enriquecedora, con muchísima responsabilidad. Creo que fuimos también valientes. Esther lo era en ese objetivo de ir sentando las bases de una cultura de transparencia.

P.-Has comentado que hicisteis la ley que pensabais mejor en ese momento, pero recordamos que una de las cosas que sí que fue muy criticada fue la carencia de un régimen sancionador. Tenemos aún en mente que, justamente, en las primeras ocasiones que estuvimos en el Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi comentaba que ese régimen sancionador no era necesario ya que el mismo hecho de señalar una situación de incumplimiento, con el impacto reputacional que eso conlleva, haría que las propias entidades cambiaran su forma de trabajar y asumieran el cumplimiento de la ley. Ese discurso luego cambió y Esther reivindicó más tarde la competencia sancionadora para el Consejo. ¿No crees que fuisteis excesivamente bien pensados en aquel momento?
R.-No lo calificaría como bien pensado. Ese pensamiento se ve ahora quizás un poco naif con la perspectiva del tiempo. Yo no soy una defensora de la ausencia de un procedimiento sancionador, pero sí pienso que un régimen sancionador no es la respuesta y medicina para todos los males. En ese momento así lo creíamos. En cierto sentido, pienso que una buena política de transparencia de los incumplimientos, más allá de su sanción, puede facilitar mucho las cosas. El Consejo ha conseguido muchísimo sin régimen sancionador. Ha generado una especie de carrera, de competición en muchos organismos que deseaban ser calificados como los más transparentes por el prestigio reputacional que eso suponía. Pero esto es una tarea y un trabajo que debe de sostenerse en el tiempo. Al fin y al cabo, las administraciones están hechas de personas, y debemos mantener el empuje a lo largo del tiempo a la hora de cumplir con nuestras obligaciones.

Sancionar a la Administración Pública, además, desde el punto de vista jurídico, es complicado de articular. La Agencia Española de Protección de Datos, que es uno de los organismos con mayor prestigio, no solamente en España, sino a nivel internacional, precisamente también por las multas y las cuantías de las multas que impone, no sanciona pecuniariamente a las administraciones públicas, no lo prevé su normativa. No digo que no sea posible, por supuesto, porque hay otros ejemplos en los que sí se da, pero es verdad que la transparencia, por lo menos al inicio y no sé si ahora también, creo que es una cuestión que debe calar más de una forma natural que a golpe de sanción. Ésa era la intención que teníamos al inicio en el Consejo de Transparencia, la que refleja la ley, y creo que sigo pensando lo mismo, que hay que trabajar más la transparencia desde el punto de vista de su aplicación, sin un régimen sancionador.

La experiencia de vivir en primera persona la creación de un órgano es única. ¡Una época fantástica!

P.-Has hablado de esos comienzos del Consejo de Transparencia, en los que estaba todo por hacer, y ese entusiasmo de llegar allí y poner todo en marcha, pero una vez que echasteis a rodar suponemos que os encontraríais con muchísimos obstáculos
R.-Antes incluso de echar a rodar. En primer lugar, nosotros no teníamos una relación de puestos de trabajo. En la ley se preveía una estructura básica del Consejo y luego se aprueba un real decreto de desarrollo del Consejo en el que existían orgánicamente la Subdirección de Transparencia y Buen Gobierno y la Subdirección de Reclamaciones. Y punto. O sea, Esther tenía una secretaria, que era mochilera, había otra persona que también tenía mochila, es decir, venían con sus puestos de sus lugares de origen. No había nada más. Esther venía de la Dirección General de Función Pública y se manejaba mejor en estas cuestiones y empezó a ‘rapiñar’ para el Consejo puestos que estaban vacantes al estar mal retribuidos y que la gente no quería. Éramos como la pandilla basura (risas), pero con muchísima ilusión, ojo.

Ahora se cumple el aniversario de todo esto, porque yo me incorporé un 7 de enero y recuerdo que esas Navidades estaba en Sevilla, pasando con mi familia esos días, y trabajando en el plan estratégico porque Esther nos había puesto deberes. Os cuento esto, simplemente, para escenificaros la energía con la que empezamos. Hubo muchísimas dificultades, por supuesto, los bolis los íbamos cogiendo de las reuniones, apañábamos libretas… Esto duró algunas semanas. La experiencia de vivir en primera persona la creación de un órgano es única. ¡Una época fantástica!

P.-Me refería a estos obstáculos, pero también a las dificultades de hacer cumplir vuestras resoluciones. Supongo que cuando uno le pone tanto cariño e ilusión a hacer la cosas y de pronto se encuentra con que es la propia Administración la que llega y te dice que no hay nada que hacer… Recordamos vuestro primer pleito, que fue con Televisión Española. ¿Cómo se os quedaron las caras?
R.-Pues imagínate. Esther se puso iracunda, porque no nos lo esperábamos. Por supuesto, el Consejo dicta resoluciones administrativas y como resoluciones que son, pues son, lógicamente, recurribles, pero aún así no nos lo esperábamos. También nos pilló por sorpresa que la Abogacía del Estado, al defender a Radio Televisión Española y tratándose de una sociedad mercantil estatal, considerase que existía conflicto de intereses y, por ello, no podía defender al Consejo. Llegamos al absurdo de que, obviamente, quien iba a decidir interponer recurso ante la resolución del Consejo y, por lo tanto, iba a solicitar en primer lugar la asistencia de la Abogacía del Estado iba a ser el recurrente, que nunca éramos nosotros, el Consejo. Nosotros siempre nos enterábamos los últimos y, claro, el que presenta el recurso es el primero que pide a la Abogacía del Estado que le represente, con lo cual nosotros siempre íbamos ser los perjudicados en esto. Al final, el Consejo tuvo que acudir en su propia defensa con un despacho privado, con todo lo que ello supone.

Sí, nos sorprendió mucho. Pero bueno, yo también quiero verlo como algo positivo. Creo que son necesarias las sentencias en los tribunales, porque nosotros no dejábamos de ser unas personas que considerábamos que en determinada situación debía interpretarse la ley de tal forma, y así lo expresábamos en las resoluciones que dictaba el Consejo, pero, por supuesto, era una opinión perfectamente contestable y la disputa tenía que dilucidarse a través de recursos contenciosos. Creo que eso nos ha permitido tener sentencias muy interesantes del Tribunal Supremo. Creo que una pega de la ley que se ha detectado a posteriori y que podría haberse solventado es la dispersión en cuanto al órgano de conocimiento de los recursos de las resoluciones de Consejo. Sabéis que son los Jugados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, que son 12, es decir, tenemos sentencias cada una de ellas diferentes porque depende de la percepción del magistrado en cada caso. En otras materias, por ejemplo, protección de datos, la competencia recae en la Audiencia Nacional y eso permite que la interpretación sea más uniforme.

Tanto en la elaboración como para el diseño del modelo de Consejo miramos especialmente a México y a Chile

P.-Sí, esta es la decisión que se ha tomado ya recientemente a nivel normativo.
R.-Creo que la interpretación jurisprudencial es necesaria y nos ha permitido, cuando era contraria a la posición del Consejo, rectificar la interpretación o, en otros casos, confirmarla. Por supuesto, cuando era este último caso a nosotros nos daba una alegría tremenda.

P.-Esperanza, en tus numerosos viajes por otros países en tu condición de subdirectora del Consejo, ¿de qué modelos comparados o de qué otros países has tomado buena nota de su experiencia de cara a mejorar también nuestra ley estatal
R.-Tanto en la elaboración como para el diseño del modelo de Consejo que se creó, miramos a países de América Latina, que tenían una trayectoria mucho más amplia que otros más próximos desde el punto de vista geográfico. Me refiero a la Unión Europea. Digamos que estaban menos asentados o sus experiencias no encajaban tanto con lo que teníamos en mente hacer. Mirando a América Latina, son dos los modelos que más nos ayudaron a perfilar el nuestro. En primer lugar, la ley federal de acceso a la información pública de México y el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, un organismo potentísimo con una capacidad sancionadora brutal, un presupuesto increíble, una dotación magnífica. Hay que reconocer la labor que ha hecho el INAI en México. Después ese modelo, que es el federal, se replica en muchos estados, y aúna la transparencia y la protección de datos.

Y, en segundo lugar, a mí el modelo del Consejo para la Transparencia de Chile también me ha gustado siempre. Ellos han trabajado mucho desde el punto de vista de la formación, también el INAI, pero es digno de destacar toda la actividad formativa, de concienciación, de sensibilización, de monitoreo que lleva a cabo este Consejo. Lo último que supe, hace ya varios años, es que asumieron las competencias en materia de control de la actividad lobista, un registro de lobbies. Como veis, son dos modelos que conjugan dos materias muy conexas a la transparencia. Por un lado, protección de datos y, por otro, el control de los grupos de interés, que es quizás uno de los deberes más acuciantes que tenemos en España. Sí, yo referenciaría a estos dos países.

Esther Arizmendi me transmitió la sensación de estar en un proyecto muy bonito y de estar haciendo algo no sé si importante, pero sí necesario

P.-Y ya para, para terminar, una pregunta que sabemos que te emociona, porque es un recuerdo especial para Esther Arizmendi, que fue la primera presidenta del Consejo de Transparencia. ¿Qué destacarías de su perfil, incontestablemente carismático, que fuera decisivo en el arranque de este gran proyecto de transparencia en nuestro país
R.-A veces se la califica como poco rigurosa desde el punto de vista jurídico, pero Esther tenía exactamente el perfil que necesitaba nuestro primer Consejo de Transparencia. Una persona con una dedicación absoluta, con una energía brutal, aun en sus circunstancias, con unas ganas de trabajar y de dialogar con todos y que recorrió todos los organismos que pudo. Era una persona de luz. Y como tal intentaba convencer con su buen ánimo de que veníamos para ayudar, de que no íbamos con el garrote, sino que queríamos explicar de qué iba la transparencia con la intención de mejora y de colaboración absoluta. Sobre todo, ella tenía un talante y una forma de ser, de expresarse y de hacer las cosas que, creo verdaderamente, era lo que se necesitaba en ese momento. Ella puso toda su energía y toda su vitalidad en ello. Era un compromiso personal, más allá del profesional. Así, al menos, viví yo cómo ella se tomaba ese trabajo.

Recuerdo alguna vez, cuando yo le iba con algunos problemas: es que no llegamos a tiempo, que tenemos muchas resoluciones, muchos expedientes, y tal… y me decía: ‘Esperanza, yo quiero que aquí la gente sea feliz, que esté contenta, que quiera venir contenta a trabajar’. Eso me decía, y yo, claro, con todo mi agobio pensaba que yo muy contenta no estaba, la verdad (risas). Pero esto no lo cuento ni muchísimo menos para quitarle importancia o porque ella le quitara importancia el trabajo. Al revés, era una persona que trabajaba los fines de semana, que estaba 24/7. Ella quería que el equipo estuviera contento con lo que hacía, que se sintiera comprometido, que supiera que estaba implicado en algo bonito. Y eso fue lo que a mí me transmitió, la sensación de estar en un proyecto muy bonito, y de estar haciendo algo, no sé si importante, pero creo que sí necesario. Para mí fue una experiencia magnífica con la que me quedo.

«Con la transparencia, los ciudadanos son capaces de asumir la complejidad de interpretar las cosas con rigor»

FRAN DELGADO / JOAQUÍN MESEGUER

Kiko Llaneras es un pionero en el uso periodístico de los datos en nuestro país. Analizarlos, exponerlos y traducirlos para que pueda entenderlos la ciudadanía no es un trabajo precisamente fácil. Es ahí donde ha sacado a relucir su enorme capacidad pedagógica, que le ha hecho destacar y conseguir hacer ameno algo tan árido como la estadística.

Sus investigaciones durante la covid nos ofrecían certezas en momentos de gran incertidumbre y sus trabajos sobre encuestas electorales han sido herramientas básicas para que cualquiera pudiera acercarse al mundo de las estimaciones y predicciones de forma sencilla y comprensible.

Brillante en sus análisis, es el equilibrio perfecto entre las perspectivas ingenieril y periodística, con una cabeza que va a mil por hora y que ha puesto al servicio de la transparencia. Es nuestro Billy Beane de la transparencia.

Pregunta.-Año 2011-2012, tiempos convulsos, crisis económica, casos de corrupción, movimientos sociales y de protesta como el 15-M. Empezaba a escucharse el runrún de aprobar la primera Ley de transparencia en España. Como cantaba El Último de la Fila, ¿dónde estabas tú entonces? ¿Andabas ya metido en esta historia del periodismo de datos e investigación?
Respuesta.-Pues en 2011, 2012 no. En esa época estaba en el mundo de los blogs. En mi carrera he tenido como dos etapas. En la primera yo era profe universitario, estaba haciendo mi tesis doctoral y me dedicaba a la investigación, pero en el área de la ingeniería. Los datos sí que eran mi día a día, pero desde el lado de la investigación. En paralelo, desde 2006 o 2007 había empezado a escribir en Internet. Era el momento de los blogs, de la apertura de la comunicación social horizontal. Descubrimos que se podía escribir en internet, que cualquiera podía contar sus cosas y que cualquiera, también, las podía leer y yo, como mucha otra gente, decidí mantener uno de esos blogs. La diferencia de mi espacio en ese internet primitivo era que escribía sobre actualidad usando datos. Eran mi herramienta de trabajo. Hablaba de los problemas de entonces: de la vivienda, del euríbor, de si es mejor alquilar o comprar, o de cuándo empiezan los nuevos partidos. Hacía ver que podíamos hablar de todo esto con datos. Se podía hacer y, además, era una oportunidad porque era algo nuevo. En los medios de comunicación casi no había nada de esto porque no estaba en su tradición y por ello se podía hacer desde fuera de los medios. El mundo se había hecho abundante en datos y teníamos que descubrir qué hacer con ellos.

La desinformación se propaga mucho más en la oscuridad que en la luz. Cuantos menos datos haya, más desinformación habrá

P.-Del mundo de los datos a la transparencia. ¿En qué momento contar historias a través de los datos se convierte en una labor de aportar mayor transparencia a la gestión pública? ¿Quién fue el primero que te habló de transparencia o cuándo empiezas a ver que esto tenía alguna conexión con la transparencia pública?
R.-Yo le encuentro dos posibles orígenes. Por un lado, podíamos tener datos sobre muchas cosas y queríamos que esos datos circulasen. En ese momento, la gente que los tenía los compartía. Grandes plataformas como Facebook compartían en aquellos años datos casi libremente y, por ejemplo, te hacían un mapa de cómo eran las aficiones del fútbol en Estados Unidos calle a calle. Y unos años después, de repente, viene el momento del cierre. Seguramente a alguien se le ocurrió: ¡Ostras! igual esto es sensible y la gente no tiene por qué enterarse de que tenemos todo esto. Pero en aquel momento de ‘podemos tener datos de un montón de cosas y está bien compartirlos’, las administraciones participaron de esto porque los tenían también. Fue el momento de la oferta de los datos. Existían y de una forma casi naíf se compartían, se mostraban y a la gente le interesaban.

Y luego está el otro origen, que nace con la crisis política de 2011-2012: la rendición de cuentas. Ésta es la vía que yo creo que empujó la ley. Los políticos tenían que estar sometidos a un escrutinio público de una manera más intensa de lo que había sido hasta ese momento. La sociedad civil española se había mostrado endeble y estábamos en ese punto en que había que rendir cuentas en todos los aspectos. Y uno de ellos era el de la transparencia, que aparece muy unida a la vigilancia al poder. Debido a que mi naturaleza es más de ingeniero que de periodista, el sueldo de los políticos no habría sido el primer dataset que hubiera pensado en pedir. Quizá sí lo habría hecho un periodista que está más en el terreno de la vigilancia y este tipo de cuestiones está más en su acervo primitivo.

Yo creo que ésas fueron las dos vías. La primera, simplemente, era que había datos, eran útiles e interesantes y, por tanto, los que tuvieran las administraciones tenían que salir a la luz. Y luego, la segunda, la vía de hacer rendir cuentas a los políticos y hacerlo a través de los datos.

P.-¿Y crees que el hecho de poder ejercer el derecho de acceso a la información, tal como está contemplado, ha transformado en alguna medida la labor periodística y de investigación en España en esta primera década de Ley de transparencia?
R.-Sí. Ha sido un éxito desde muchos puntos de vista. Por un lado, porque sirvió para demostrar o poner negro sobre blanco la idea de que ser transparente es un bien público y es una obligación. Esto no es obvio ni es incontestable necesariamente, pero ejercer la transparencia es un objetivo, un propósito, es algo que las administraciones deben hacer. Sólo este mensaje, que damos por descontado a veces, sin una ley que tuviera el título ‘de transparencia’ no hubiese sido ni tan fácil ni tan evidente. Esa parte de la rendición de cuentas creo que funciona muy bien.

Las administraciones creen en muchos momentos y en muchos ámbitos que hay información que es mejor que la gente no tenga

Y luego, yendo ya al periodismo, esta última década ha sido muy fértil en datos. Nos hemos hecho con ellos por todas las vías. Gracias a la transparencia, a los datos obtenidos porque muchas administraciones los comparten en abierto con su mejor voluntad, sin ningún tipo vigilancia y porque simplemente están deseosas de mostrar la información que producen, que en muchos casos les cuesta mucho generar, y quieren que se use para cualquier fin. Y luego están los datos que vienen de otras fuentes, desde aquellos que genera algún friki en Internet y supone un trabajo ingente sin ningún tipo de contraprestación, sólo por su deseo de aportar algo en ese Internet primigenio, hasta datos que aparecen de organizaciones internacionales, de empresas que los liberan… Sí, la relación del periodismo con los datos no tiene nada que ver hoy con hace 10 años. Hemos creado formatos nuevos, empleos y perfiles nuevos. La cobertura de unas elecciones es totalmente diferente, la del deporte o una pandemia también. Los datos están en el centro. Realmente, el periodismo, en ese sentido, es irreconocible una década después.

P.-Y, en tu opinión, ¿cuál crees que es el episodio, la experiencia informativa más abominable que ha puesto en entredicho la transparencia en nuestro país?
R.-Dejadme pensar… Seguramente os diría que la pandemia, que es lo que me viene a cabeza. Esto está muy influenciado por mi biografía ya que, al final, los temas en los que he puesto mi atención son los que me van a venir a la cabeza. No es un ranking, pero sí es mi ranking. Creo que la pandemia ha sido la cara y la cruz del uso de los datos. Por un lado, ha sido alucinante que pudiéramos seguir en tiempo real una pandemia mundial, teniendo cifras globales de la incidencia de un virus y su evolución país por país. Esto no tiene precedentes y es futurista de una manera que creo que no apreciamos bien. Fue un gran éxito y se gestionó todo lo mejor que se pudo porque se usaron datos. Al mismo tiempo, hubo lagunas importantes en lo que toca a la transparencia de la que estamos hablando, de información que existía, que se recogía y que se decidió no compartir públicamente. Porque, como decía al principio, la idea de que la transparencia es buena per se no es incontestable. Las administraciones creen en muchos momentos y en muchos ámbitos que hay información que es mejor que la gente no tenga. Normalmente por su propio bien, porque creen que se van a mal interpretar, porque es muy sutil y si no se explica bien puede mandar un mensaje equivocado, porque se puede utilizar mal… Hay muchos motivos para pretender que una información es mejor que no circule, y puede ser un debate razonable, pero creo que en la pandemia hubo excesos en este sentido. Por poner ejemplos concretos, a nivel nacional no tuvimos datos de incidencia por municipios. ¿Por qué no fue posible? El acceso que tuvimos a los datos durante mucho tiempo fue, básicamente, a través de un pdf, en lugar de formatos reutilizables que pudiésemos procesar de una manera más profesional, más eficiente y mejor. Eso limitaba muchísimo el trabajo que los periodistas podíamos hacer con los datos públicos a nivel estatal.

Cuando el poder hace las cosas bien, ya se encarga de relatarlo él. La labor del periodismo es contar las lagunas

P.-Sabíamos perfectamente que ésa podía ser una de las peores experiencias, sobre todo en el manejo del volumen de datos que fue ingente. ¿Qué lecciones y aprendizajes concretos deberían de sacar las administraciones de una experiencia tan brutal como ésta?
R.-Un primer aprendizaje es que los datos importan y la gente los quiere. Mi primer mensaje, que puedo afirmar con rotundidad porque en el periódico lo aprendemos bien, es qué información quiere la gente. La pandemia nos demostró que los lectores, las audiencias generalistas querían ver la evolución de la curva en su país, en su comunidad autónoma, en su municipio, en su barrio. La gente quería esa información y no la quería muy intermediada, querían mirarla y emitir su propio juicio y juzgarla ellos mismos. Como axioma diría que los datos no sólo son valiosos, no sólo son importantes, sino que son demandados por la gente y, además, los aprecia. No quiero ser injusto con la gente que está al otro lado, que conoce mejor las dificultades de la Administración, pero creo que se necesita expertise en análisis, en datos. Muchas veces hay buena voluntad, pero falta cualificación que, por otro lado, es normal que no la haya, porque estamos hablando de perfiles nuevos y muy demandados. Es que a mí me cuesta reclutar la gente más talentosa para el periódico porque tengo recursos limitados y tengo que competir con grandes compañías y con un montón de otras circunstancias más. Entiendo la dificultad, pero para mí, probablemente, la principal lección es que necesitamos ese expertise que ahora todos sabemos que es necesario. En la Administración se necesita incorporar o renovar estos perfiles porque ya hemos visto que donde hay voluntad y cierta capacidad salen cosas muy buenas y útiles. La voluntad es lo complicado de moldear: quien la tiene no la va a perder, y quien no la tiene no la va a adquirir. Por lo menos, que donde haya voluntad haya resultados porque tienes gente capaz de transformarla en un buen uso de los datos. Mi consejo número uno es tener gente capaz de gestionar datos y pensar en datos, que es lo más difícil.

P.-¿Qué es lo más llamativo que has escuchado decir a un responsable político sobre transparencia entendida como un incordio?
R.-No se me viene a la cabeza ningún caso concreto, pero a mí algo que me irritó durante la pandemia es que mucha gente argumentaba, en público y en privado, que era contraproducente compartir muchos datos de covid, con el argumento, muchas veces, de simple autoridad: ‘No. Esta información es para los técnicos, pero que lo vea la gente no es buena idea’. Es un mensaje que he escuchado muchas veces y va contra todo lo que yo creo. Todos los abusos de poder casi siempre vienen acompañados del argumento de que es por el bien común, pero ésa es una excusa que nos puede llevar a sitios indeseables. Con la transparencia, los ciudadanos son capaces de asumir la complejidad de interpretar las cosas con rigor. Esto no quiere decir que no pueda existir mala información, mal uso de los datos, intoxicación… Esto lo hay siempre, pero la desinformación se propaga mucho más en la oscuridad que en la luz. Cuantos menos datos haya, más desinformación habrá.

P.-Ahora que hablas de los abusos de poder recordaba que Manuel Villoria, con el que coincidí en Valladolid en una charla a estudiantes, les decía «Nunca os fieis del poder. Se puede confiar en determinadas personas por su conducta, por su comportamiento, pero jamás os fieis del poder». Esa parece ser una primera regla a tener clara…
R.-El periodismo, la sociedad civil existen como contrapoderes. A veces tengo que enfrentar esta crítica: ‘Sólo habláis de lo que no funciona’. Por ejemplo y por no cambiar de tema, incluso durante la pandemia me decían que solo contábamos y poníamos énfasis en lo que se estaba haciendo mal en términos de gestión. Yo he defendido mucho el periodismo optimista, pero no en este caso. Cuando el poder hace las cosas bien, ya se encarga de relatarlo él. La labor del periodismo es contar las lagunas. No era por capricho que contásemos lo que no se estaba haciendo bien con los datos durante la pandemia. La finalidad era mejorar. Y nos decían: ‘Estáis siendo injustos con el esfuerzo de mucha gente’, y no es así. Yo reconozco el esfuerzo de un montón de gente que sé que estaba ahí, pero la labor de la sociedad civil, sobre todo en una situación de este estilo, creo que es una máxima. Y, al mismo tiempo, alguien tiene que reconocer lo que se hace bien también desde el poder. En España podemos imitar a otros sitios donde se premia y reconoce a funcionarios que han sido excepcionales en su labor, aunque ésta sea pequeña e invisible. Estados Unidos lo hace. Por ejemplo, hay historias maravillosas de gente que ha estado 30 años trabajando como funcionario creando modelos de rescate marítimo. Recuerdo esta historia de un podcast de Michael Lewis que hablaba de una persona en un lugar remoto de Estados Unidos que había enfrentado un problema al que nadie le había hincado el diente: ¿Cómo se rescata a la gente que cae al mar? No hay ninguna compañía, ninguna empresa, ni nadie cuyo negocio sea rescatar a gente que se ha perdido en el mar. Se trata de un problema sin resolver. Este funcionario de costas o algo así, no recuerdo bien, había dedicado 20 años de su vida a recoger datos sobre personas perdidas en el mar, dónde habían aparecido o se las había rescatado, cómo eran las corrientes… Todo ello para crear modelos, patrones. Tenía un modelo que luego, años después, sin que nadie fuera muy consciente de ello sirve para salvar cientos de vidas. Reconocer este tipo de labores me parece fundamental, aunque no coincida con el día a día del periodismo.

Todos los abusos de poder casi siempre vienen acompañados del argumento de que es por el bien común, pero esa es una excusa que nos puede llevar a sitios indeseables

P.-Una pregunta de carácter personal. ¿Cómo se vive el acceso a la información pública en una casa donde todos viven en parte de ella [la pareja de Kiko se dedica también al periodismo]?
R.-Pues la verdad es que es un privilegio. Tiene también sus pros y sus contras, digamos. Está muy bien compartir el trabajo con tu familia, pero el mayor problema es desconectar. Aunque hemos mejorado mucho en este sentido. Alguna vez, muy pocas, tenemos semanas un poco raras en las que los dos trabajamos en el mismo tema o investigamos la misma cuestión para medios diferentes. No sucede muchas veces que se trate de algo muy delicado, que estés buscando una exclusiva que sabes que todo el mundo está detrás de ella y, entonces, son semanas en las que hablamos menos porque sabemos que, probablemente, ambos estamos investigando sobre lo mismo. Pero pocas veces sucede. Recuerdo hace muchos años, por ejemplo, la polémica sobre la tesis de Pedro Sánchez. Había que ir a recoger la tesis, acceder a la biblioteca de la universidad y sólo se podía ir en persona [se ríe]. Pero lo normal es más bien al revés y que nos digamos: ‘¡Qué bueno esto! ¿Cómo lo habéis conseguido?’. Compartimos información con cuidado.

P.-Para acabar, aunque muchas claves ya las has ido indicando a lo largo de la entrevista, ¿cuáles crees que son realmente los retos de transparencia para que en un futuro pueda mejorar la labor periodística? Además de los formatos, que es algo muy obvio que hay que mejorar, algo concreto que dijeras ‘Ojalá esto cambiara’…
R.-Aparte de formatos reutilizables, pediría más microdatos, más acceso a datos lo más ‘brutos’ posible. No tantas tablas agregadas. Me gustaría ver más medianas. La mediana te exige tener acceso a los datos uno a uno, y así poder saber lo que le pasa al 20 % bajo, al 20 % superior… Y luego más datasets. Hay montones de datos en manos de la Administración que deberían abrirse más y más de forma rutinaria. Esto lo digo desde el periodismo, pero mi reflexión va más allá. Si los datos son tan valiosos y las administraciones tienen tantos y son un bien público, el siguiente paso es qué hacemos con ellos para conseguir algo bueno. Es decir, cómo puede la Administración explotar, usar de la manera más eficaz posible los datos que tiene, no solo para rendir cuentas, sino también para tomar mejores decisiones, para medir si sus políticas funcionan, para saber qué colectivos o qué barrios, qué lugares, qué personas son más vulnerables, e involucrar a académicos e investigadores para afrontar estas preguntas. El reto al que nos enfrentamos es ¿qué puede hacer la Administración con sus datos para mejorar la vida de sus ciudadanos?

«España ha pasado de estar en el vagón de cola a situarse entre los países que más están trabajando en transparencia en toda Europa»

JOAQUÍN MESEGUER / FRAN DELGADO

Helen Darbishire es una especie de heroína de Marvel en el terreno de la transparencia mundial, no solo en nuestro país. Referente clave en el lobismo europeo, también asume importantes responsabilidades dentro de la Open Government Partnership, de la que España forma parte desde su creación en 2011.

Afincada en Madrid y ya española por los cuatro costados, su marcado acento inglés nos hace viajar mentalmente a los altos estándares anglosajones en esta materia. Hoy charlamos con ella para conocer su visión sobre la transparencia patria en lo que llevamos de siglo.

Pregunta.-Una pregunta de aperitivo que les hacemos a todos para abrir boca, Helen. ¿Dónde estabas allá por el año 2011, cuando se empezaba a hablar de tramitar una ley de transparencia en nuestro país? Estamos seguros de que ya estabas dando guerra con la transparencia, pero, por favor, cuéntanos.
Respuesta.-Cierto. De hecho, había empezado ya en 2006, cuando el 27 de septiembre de ese año fundamos la Coalición Pro-Acceso, un grupo de ONG y académicos que queríamos tener en España una ley de acceso a la información. Empezamos a hablar sobre este asunto con otras organizaciones, con representantes del Gobierno y con diputados y diputadas, aunque es cierto que no fue hasta 2011/2012 cuando avanzamos hasta tener un anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno. La primera ley española adoptada en 2013 ya tenía a sus espaldas siete años como una iniciativa que procedía claramente de la sociedad civil.

P.-Has dicho que ya estabas en esto mucho antes de 2011, pero ¿cuándo y a quién fue la primera vez que oíste hablar de transparencia? ¿Qué fue lo que escuchaste para que dijeras ‘en este tema quiero ponerme yo manos a la obra’?
R.-Lo recuerdo perfectamente. Fue en noviembre de 1993, cuando participé en un evento de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en Varsovia y un representante de algún Gobierno, no me acuerdo de cuál ni quién, hablaba de información secreta del Gobierno. Al escucharle me quedé pensando que estábamos partiendo de un muy mal paradigma porque deberíamos presumir la transparencia de toda la información en manos del Gobierno, aunque luego se puedan limitar algunas cosas. En aquel momento tomé la decisión de promover la transparencia y es lo que he hecho durante los últimos 30 años. Después de haber trabajado promoviendo leyes de transparencia en diferentes países europeos, América Latina y África, llegué a España en 2005-2006 y me di cuenta de que era uno de los últimos países europeos, el último con más de un millón de habitantes, sin una ley de transparencia, por lo que me pareció imprescindible crear un grupo de personas para exigir la adopción de una ley de transparencia aquí.

Debería presumirse la transparencia de toda la información en manos del Gobierno, aunque luego se puedan limitar algunas cosas

P.-Dentro de esa Coalición Pro-Acceso se encuentra la ONG en la que trabajas, que es Access Info Europe. ¿Cuál fue exactamente su papel en este proceso de elaboración y aprobación de la ley de transparencia en España?
R.-Access Info Europe se creó en junio de 2006 para trabajar en temas de transparencia en toda Europa y a nivel internacional. No obstante, siempre hemos tenido un enfoque especial en cuestiones de transparencia en España. De hecho, quisimos saber más sobre el estado de la transparencia presentando solicitudes de información para averiguar un poco más sobre los problemas y los retos del acceso a la información en España y las consecuencias de la falta de tener una ley de transparencia. Hablamos con otras ONG, con representantes gubernamentales y parlamentarios, para intentar animarles a alinearse con otras agencias europeas y adoptar finalmente una ley. En aquel momento el Consejo de Europa, con 46 países miembros, estaba debatiendo el Convenio de Tromsø, que se abrió para firmas en 2009 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2020, aunque ha sido ratificado por España el pasado 27 de septiembre. En España hubo que hacer un gran esfuerzo para convencer al Gobierno para que desarrollara y adoptara una ley. Primero con el Gobierno socialista, pero fue con el escándalo de los pápeles de Bárcenas, y bajo mucha presión, no sólo dentro sino también desde fuera del país, cuando el Ejecutivo de Rajoy finalmente adoptó la ley de transparencia en 2013.

P.-Con la perspectiva que ofrece una década desde la aprobación de la ley de transparencia, y viendo el desarrollo que ha tenido, ¿crees que la ley ha estado a la altura de las expectativas que se generaron en el momento de su aprobación?
R.-La ley española no es mega impresionante, pero tampoco está tan mal. Uno de los problemas es que su aplicación se focaliza sobre todo en la Administración, dejando fuera otros poderes como el legislativo y el judicial, lo que limita evidentemente su impacto. En cuanto al capítulo de la publicación proactiva de información, las limitaciones del derecho de acceso y la necesidad de ponderación motivada cuando concurre uno de ellos en un supuesto concreto, creo que estamos bastante en línea con el Convenio de Tromsø. Aunque es una ley básica que estamos intentando mejorar en este momento, fortaleciendo por ejemplo el Consejo de Transparencia, ha sido un buen inicio para un país que estaba muy atrasado en estos temas y donde hace diez años no existía una cultura de transparencia ni en las autoridades públicas ni en el público. Cuando digo el ‘público’ hablo incluso de periodistas o de profesionales pertenecientes a otros campos. Aún no existe una cultura de transparencia, tampoco entre los funcionarios y funcionarias, de publicar, de compartir información. Cuando alguien solicita cualquier dato siempre vienen a la mente de cualquier funcionario o funcionaria preguntas del tipo: ¿quién es usted?, ¿por qué quiere la información?, ¿qué va a hacer con ella? Ésa es la reacción natural. No entienden que toda la información en manos del Gobierno debería estar publicada a excepción de la afectada por los límites legales establecidos. Sí, creo que en los últimos diez años hemos avanzado mucho en cambiar esta cultura. No estamos todavía en una situación perfecta, pero hemos progresado muchísimo y de diferentes maneras: en la implementación de la ley estatal y también con la adopción de las respectivas leyes de desarrollo en la gran mayoría de comunidades autónomas e, incluso, en Madrid a nivel de la ciudad. Esto implica que ya hay muchos funcionarios y funcionarias trabajando en transparencia y que tienen como una de sus responsabilidades tramitar solicitudes de acceso a la información, aunque no siempre el tratamiento es perfecto, ya que he recibido denegaciones de solicitudes de acceso sorprendentes. Pero sí, la sociedad sabe cada vez más que tenemos una ley de transparencia y que tienen el derecho de solicitar información, aunque aún tenemos muy pocas solicitudes en España y en otros países. Ojalá esto cambie en la próxima década.

España ha podido demostrar a otros países que está haciendo un esfuerzo enorme para ir hacia la transparencia

P.-Has comentado que te han denegado solicitudes de información que te han sorprendido. ¿Cuál ha sido la denegación de información más rocambolesca que has recibido?
R.-Bueno, no sé si es la que más, pero esta misma semana estuve hablando con un par de periodistas sobre una denegación que he recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la participación de España en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. España está elaborando un informe sobre la implementación de la convención contra la corrupción, e Irlanda y Chile, están evaluando lo que se está haciendo, que no son pocas cosas, incluso en el marco del plan de acción, para crear un Gobierno Abierto con mayor integridad. Y, en cambio, me han denegado el acceso al informe redactado por España sobre sus progresos. Me parece alucinante. Deberían de estar muy orgullosos de haber avanzado con la implementación de una convención internacional contra la corrupción, que ha sido uno de los grandes trabajos del actual Gobierno español y de los anteriores en los últimos años. Ya lo decía antes y lo vuelvo a repetir: no tenemos todavía una cultura de transparencia. Para esto tienen que servir este tipo de entrevistas. Ojalá muchas personas puedan leerla.

P.-Helen, aprovechando que eres una lobista de primer orden en materia de transparencia, muy reconocida a nivel internacional y que te relacionas con personas de todo el mundo, ¿nos podrías comentar cómo nos ven desde fuera? ¿Cuál es la imagen exterior que proyecta España en transparencia?
R.-Es una pregunta interesante. España ha avanzado mucho. Ha pasado de estar en el vagón de cola a situarse entre los países que más están trabajando en transparencia en toda Europa. Evidentemente tenemos a los países nórdicos con una tradición mucho mayor, como Suecia, que tiene una ley desde 1766, con más de 250 años a sus espaldas, y nosotros en 10 años no vamos a conseguir crear una cultura semejante. Pero comparado con otros países de Europa Occidental como Francia o Italia, Austria e, incluso, países de Europa del Este, España está avanzando bastante bien. En estos dos años los avances han ido bastante rápido y una de las señales es que, a partir del 1 de octubre de 2024, España va a ostentar la co-presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto supone que hemos demostrado al mundo todos nuestros avances y compromiso en temas de transparencia. Somos el único país europeo de la Alianza para el Gobierno Abierto que tenemos seis entidades subnacionales como miembros de esta organización. Creo que es algo que se debería dar a conocer más en nuestro país y de lo que debemos sentirnos especialmente orgullosos.

P.-Esa perspectiva exterior que nos acabas de comentar ¿coincide con la opinión que tú tienes desde dentro del país?
R.-Sí. Hay muchas cosas que podría criticar, pero creo que en los últimos 10 años los avances han sido impresionantes. Con una solicitud de acceso se puede conocer mucha información, aunque antes acabo de dar un ejemplo nefasto de gestión en este ámbito. Uno de los retos que tenemos en España es dotarnos de una estructura lo suficientemente fuerte como para asegurar que todas las entidades públicas cumplen con la Ley de transparencia. Tenemos un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que no tiene ni poderes ni recursos suficientes para promover y defender este derecho, algo que se ha propuesto solventar en la futura reforma de la ley. Por ejemplo, el Consejo debe tener la posibilidad de sancionar a los gobiernos que no cumplan con sus resoluciones. En estos momentos, esto puede suceder sin que tenga ninguna consecuencia. No necesitan ni siquiera ir a los tribunales para impugnar las decisiones del Consejo, basta con ignorarlas. Y otra cuestión que aún tenemos pendiente, y en la que se aprecia resistencia por parte del Gobierno, es reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental. En muchos países europeos, este derecho se reconoce como tal en sus constituciones, o se ha deducido gracias a la interpretación de sus altos tribunales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo ha reconocido implícitamente al establecer un vínculo entre libertad de expresión y libertad de información. Si para poder expresar nuestras opiniones necesitamos información, y si la única fuente para obtenerla es una entidad pública, la ciudadanía debe tener garantizado este derecho. Hay más de 20 fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se va ampliando progresivamente el concepto de acceso a la información. En línea con estas decisiones tenemos también las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias a nivel internacional. Algo que podría hacer el Gobierno español, y que estamos demandando desde la sociedad civil, es examinar el artículo de la Constitución (el 20) en el que se menciona la libertad de expresión para encontrar en él el encaje del derecho de acceso a la información. Lo que sí tenemos aquí es un derecho de protección de la privacidad, de los datos personales, y sería esencial tener una ley de transparencia que situara aquel derecho al mismo nivel que este. Evidentemente, el Gobierno no debe compartir la información que posee de todos nosotros, pero cuando se trata de información sobre un alto funcionario, un político o una política sobre el uso que han hecho del dinero público, deberíamos tener al alcance toda la información necesaria sin que primase la protección de datos sobre la transparencia. En resumen, necesitamos que en España se reconozca el derecho fundamental de acceso a la información.

Uno de los retos que tenemos en España es dotarnos de una estructura lo suficientemente fuerte como para asegurar que todas las entidades públicas cumplen con la ley de transparencia

P.-¿Cómo es de difícil para la sociedad civil organizada que trabaja en los temas de transparencia abrirse camino en nuestro país?
R.-Tengo que decir que cada vez es más fácil. Hace diez años, cuando intentábamos mantener reuniones con determinadas personas en La Moncloa, era muy difícil conseguirlo, era complicado levantar nuestra voz y hacer que alguien la escuchara. Ahora todo es más sencillo gracias, en parte, al trabajo del centenar de miembros de la Coalición Pro-Acceso, a fuerzas externas como la Alianza para el Gobierno Abierto y al Foro de Gobierno Abierto de España, en el que participan como miembros diferentes entidades públicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. En el Foro hay seis grupos de trabajo, más los seis gobiernos subnacionales, que tienen su propia membresía y que antes mencioné. Tenemos estructuras donde la voz de la sociedad civil es casi tan potente como la de los representantes del Gobierno. De esta manera, el Gobierno se ve más forzado a interactuar con la sociedad civil sobre estos temas, generándose un cierto hábito de diálogo hasta el punto de poder mantener reuniones informales para hablar sobre estos temas. Esto no implica que no haya más cosas por hacer, pero al menos estamos trabajando juntos y juntas para avanzar en más transparencia en España.

P.-La transparencia es un valor que está vinculado intrínsecamente a la democracia. ¿Crees que la transparencia está más conectada con algún tipo de ideología? En tu experiencia, ¿te has encontrado con gobiernos que se encuentran más prestos a colaborar en estos asuntos dependiendo de su ideología?
R.-La cuestión de si promover y reconocer derechos humanos es un asunto más de derechas, de izquierdas o de centro, no lo veo. Desde ONG como Access Info Europe, desde la sociedad civil, estamos dispuestos a hablar con cualquier partido político, aunque es cierto que no todos nos llaman. Los más extremistas nunca contestan. Cuando hay elecciones pedimos y mandamos la misma información a todos los partidos políticos: unos contestan y tenemos reuniones con ellos, otros no. Al nivel español, europeo y global, todos los partidos, ya sean de izquierdas, centro o de derechas, todos, han hecho cosas buenas por la transparencia. Es cierto que a todos los gobiernos, en general, les gusta el secretismo. Tienen sus estrategias para no compartir toda la información y hay veces en las que debe estallar un escándalo para conseguir un poco más de transparencia. Aquí debemos diferenciar entre altos cargos (políticos) y la mayoría de las personas que trabajan en entidades públicas. Muchos de ellos, de ellas, creen en la transparencia y quieren mejorar sus relaciones con el público compartiendo información. Tenemos, por ejemplo, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que recientemente ha adoptado una nueva ordenanza tipo de transparencia para sus miembros a nivel local, incluso para pueblos pequeños, con el fin de ayudarles a avanzar en transparencia. Todos los niveles de gobierno deben trabajar en este objetivo. No me gusta generalizar sobre quién lo hace bien, o quién lo hace mal. Según el nivel de gobierno ante el que nos hallemos o el tipo de información que solicitemos vamos a encontrarnos diferencias. Como activistas de la transparencia, hay muchas experiencias frustrantes, pero no representan a la transparencia en todo el país.

Hacen falta más recursos humanos y esto significa más dinero. No hay suficiente dotación de personas en toda la estructura española de la transparencia

P.-Has hablado de la necesidad del fortalecimiento del Consejo de Transparencia y de la lucha que desde la sociedad civil y la Coalición Pro- Acceso se está llevando a cabo para conseguir que el derecho de acceso se reconozca como fundamental. Además de estos dos retos esenciales, ¿en qué otros aspectos crees que deberíamos poner el foco para seguir avanzando en transparencia en nuestro país? Y, al mismo tiempo, te queríamos preguntar: ¿cuál crees que podría ser el papel de España en esa copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto?
R.-Hacen falta más recursos humanos, y esto significa más dinero. No hay suficiente dotación de personas en toda la estructura española de la transparencia. Ocurre de manera similar en muchos países. No sólo se necesita para contestar con rapidez las solicitudes, aunque eso es importante, sino especialmente para publicar más información de manera proactiva. No deberíamos como ciudadanas y ciudadanos tener que solicitar información, porque la mayoría de la relevante para nosotros debería de estar ya disponible de manera proactiva. No una vez al año o cada seis meses, sino que debería haber actualizaciones de manera continua y hacerlo en formatos y con una tecnología que garantice que la información es accesible y se puede reutilizar. En cuanto al papel de España en la copresidencia de la Alianza tenemos que recordar que de esta organización ya forman parte unos 75 miembros, que el comité directivo está compuesto de 22 personas, 11 representantes de gobiernos y otros 11 de la sociedad civil. Cada uno tiene un voto y eso es muy importante. No sabemos todavía qué representante de la sociedad civil va a compartir la presidencia con España, porque aún no ha sido elegido ¿Qué puede hacer España? Creo que promover los estándares del Gobierno Abierto de manera más amplia. Por ejemplo, vincular la transparencia con la lucha contra la corrupción, y hacerlo también con el buen gobierno y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, algo por lo que se está trabajando en nuestro país. Hemos hablado también con el Gobierno español sobre el necesario apoyo a las entidades de la sociedad civil. Es un reto a nivel europeo. Por ejemplo, Access Info Europe, la ONG que dirijo, no tiene presupuesto para lo que hace en España. Tenemos que captar proyectos fuera de la Unión Europea para tener los recursos para trabajar en ella y en España. Esto es un reto. Evidentemente, hay muchas otras prioridades en el mundo, pero, en mi opinión, fortalecer la transparencia nos ayudaría a involucrar a la sociedad en todos los debates públicos y así puede que arreglásemos muchos problemas que tenemos hoy en día. El crecimiento actual de la extrema derecha, que no son personas muy pro-transparencia, es una amenaza para la democracia y los derechos humanos, y creo que la única manera de protegernos de estas personas y de los partidos antidemocráticos es colaborando y participando más, y para ambas cosas necesitamos compartir información.

«A los partidos no les interesa nada la transparencia porque lo que se va a ver no es bueno para ellos»

Francisco Igea, parlamentario y exconsejero de Transparencia de Castilla y León.
FRAN DELGADO / JOAQUÍN MESEGUER

Francisco Igea (Valladolid, 1964), médico especialista en aparato digestivo, vio la luz de la transparencia mientras hacía colonoscopias en el Hospital Río Carrión de Palencia. La vida está llena de paradojas: una visión mística con cierto tono escatológico. Pronto empezó a evangelizar entre sus compañeros sobre esa revelación consistente en tomar decisiones a la vista de los datos y las evidencias, pero no siempre tuvo la fortuna que esperaba.

Su testarudez innata le hizo perseverar en su credo hasta que pudo ponerlo en práctica como vicepresidente de la Junta de Castilla y León durante casi dos años y medio. No necesitó leyes ni reglamentos para convencerse de la importancia de la rendición de cuentas y los movimientos sociales del 15-M le pillaron con esa lección bien aprendida.

Hoy charla con nosotros para compartir sus reflexiones sobre el tiempo transcurrido en esta última década de transparencia a la española.

Pregunta.-Ciudadanos y Podemos, a pesar de sus evidentes diferencias, tienen en común en sus orígenes una apuesta por la regeneración democrática y la transparencia que, además, coincide justo en un momento posterior en el tiempo de algunos movimientos sociales que los demandaban. Ambos partidos no pasan por su mejor momento coincidiendo, quizás, con una etapa política y social en la que estos asuntos han pasado a un lugar secundario. ¿Cómo ha visto la evolución de la transparencia en la agenda política en estos 10 años? ¿Se puede establecer alguna relación en la coincidencia mencionada?
Respuesta.-Es verdad. Sí. Llega un momento en que esto no interesa a nadie. Estuve en UPyD antes de entrar en Ciudadanos y creo que el mensaje de la regeneración que suscitó el 15M, e incluso el que ya existía antes, era muy potente y consiguió movilizar a mucha gente hacia los nuevos partidos. Desgraciadamente estos partidos no consiguieron cumplir con su misión en el contexto de la evolución posterior del país. En nuestro caso -Ciudadanos- nos dejamos arrastrar al final por una deriva frentista muy marcada y fuimos incapaces de mantener la racionalidad y la templanza en la política cuando era más necesaria. Esto nos convirtió en inútiles. Ahora el debate político actual nada tiene que ver con la regeneración política, sino con un nacionalismo exacerbado, sea catalán o español, que dinamita el debate serio e inteligente sobre la regeneración, la transparencia o la evaluación de las políticas públicas. Hay que tener mucha convicción para seguir hablando de estos temas y para mantener el debate en estos términos racionales en medio de esta chifladura, con perdón. De repente te encuentras un país cuya política está completamente disociada de lo que ocurre en la calle. Vivimos en una burbuja generada, básicamente, por las redes y por los medios, un mundo en el que la gente no vive. Hay un debate muy irracional. Las personas que se dedican seriamente a la transparencia o a la evaluación de políticas públicas no están en esta batalla porque no están hechos para este tipo de polémicas. Ciertamente es un momento político muy complicado para la razón.

La política está muy desacreditada. Hoy se presupone la mentira como un arma habitual en el ejercicio de la política

P.-En esos momentos anteriores a los que se refiere vivimos un auge de transparencia que tuvo su mayor reflejo a nivel político cuando, en los contenidos de uno de los debates de las elecciones generales de 2015, uno de los bloques de materias a abordar era, concretamente, la transparencia y regeneración democrática. Sin embargo, pasado ese momento, parece que estos temas han desaparecido de la agenda política…
R.-Han desaparecido en parte porque los grandes escándalos de corrupción han desaparecido también y no han surgido otros nuevos. Una de las ventajas de los gobiernos pluripartidistas es que, en general, es más difícil que la corrupción sea galopante. Algo que hemos hecho los socios de los grandes partidos en los gobiernos es estar atentos a que ‘el otro no meta la pata’. Es más difícil hacer cosas feas cuando tienes al lado a un señor que no es de tu partido mirando atentamente. Al ser más complicado cometer actos corruptos, el foco del debate ya no se centra en la regeneración. Seguimos siendo igual de ineficientes en las políticas públicas, pero también han desaparecido los grandes escándalos de aquellos años. Hay que reconocer que se han hecho avances notables, pero no todo o todos los que se debieran.

P.-Los que nos dedicamos a esto, Francisco, tenemos muy a menudo la sensación de que, en la sociedad, no hay ningún reproche ante conductas poco transparentes a las que estamos normalmente habituados. De alguna forma parece que estamos curados de espanto. Cada día hay una sorpresa o una noticia peor que echa tierra sobre la anterior. ¿Cree que hay o habrá algún momento en el que realmente la sociedad, como tal, otorgue la importancia que se merece al hecho de comunicar con transparencia, de contar la verdad, de que los gobiernos den explicaciones sobre sus compromisos y de sus acciones tanto cuando son capaces de cumplir con su palabra como cuando no puedan hacerlo? ¿Cree que esto realmente tendrá el peso en la sociedad que algunos como usted le dan desde la política?
R.-Es complicado porque la política está muy desacreditada. Hoy se presupone la mentira como un arma habitual en el ejercicio de la política. Es muy difícil explicarle a la gente que la transparencia tiene que ver con sus intereses. Pero hay que hacerlo. La libertad es la capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Y no puedes hacerlo si te ocultan la realidad. La transparencia no solo tiene que ver con tus principios, con tus valores. Tiene que ver también con tus intereses. Siempre digo que la gente vota por esas dos razones: por sus principios y por sus intereses. Hay que explicar que un Estado corrupto y opaco es un Estado menos productivo y más pobre. En la obra Por qué fracasan las naciones se dice claramente que los estados necesitan dos cosas: educación e instituciones limpias. También hay que analizar detenidamente cuál es el papel de los medios de comunicación y de las redes, que puede llegar a ser muy tóxico en la política. Ésta es una de las cosas que a mí más me preocupa y que tiene mucho que ver con todo esto. Porque en realidad un porcentaje notable de la gente se sigue informando a través de aquellos medios que le cuentan lo que quiere oír. Todos nos sentimos cómodos en aquellos lugares donde el discurso nos complace y reafirma nuestra forma de pensar. La esencia de las redes es que yo me muevo en un ambiente donde oigo lo que quiero oír y, además, el más burro tiene más potencia de fuego. Es que es delirante. La transparencia tiene que ser capaz de entrar ahí y desmontar este sistema en el que la mayoría del universo va con la capucha puesta. ¡No lo entiendo! Cuando digo esto todos me miran y piensan que soy un liberticida. No. Di la burrada que quieras, pero por lo menos que sepamos quién eres, como hacemos los demás. Es necesaria una manera completamente distinta de orientar la política y es posible que necesitemos enfrentarnos al abismo para salir de él. Las cosas ahora están cambiando, estamos intentando reaccionar a esta situación, pero resulta muy complicado porque el nivel de descrédito de la política en España es total ahora mismo.

La transparencia no solo tiene que ver con tus principios, con tus valores. Tiene que ver también con tus intereses

P.-Castilla y León estuvo muy en el foco por sus políticas de transparencia durante el periodo de la pandemia, gracias a su apuesta por hacer pública la información. Pero también en ese momento su Gobierno decidió no hacer públicos los datos de las personas fallecidas en las residencias, decisión que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia revisó y contradijo. ¿No cree que en la decisión de la Consejería competente en personas mayores debería haber primado la transparencia? ¿No cree que debería haber luchado más por mayor transparencia en aquel caso antes que ceder por la unidad de acción del Gobierno?
R.-Creo que llevamos la presión tan lejos como fue posible. Lo llevamos tan al extremo que nos acabaron echando del Gobierno [se ríe]. Yo era de la opinión, y sigo estando convencido de ello, de que la política es el arte de lo posible. En el momento en el que llevas las polémicas a un punto imposible, ese día eres el capitán América, pero al siguiente simplemente dejas de estar presente y contigo las políticas por las que tanto habías luchado. Y ahí se acaba todo. Hay una cosa de la que aprendí mucho siendo jefe de servicio en la medicina para mi posterior vida política. Me puse tan burro que acabé dimitiendo después de una sutil amenaza de apertura de un expediente disciplinario con el que me separarían para toda la vida de la sanidad pública. Todo el mundo me dijo entonces que qué gran tipo era, pero tres años, siete años después, ¿Qué ocurrió con mi servicio? ¿Qué pasó con mis pacientes? Eso, al final, es lo que importa. No es tu honor lo importante, sino que seas capaz de mantenerte haciéndolo lo mejor posible. En mi experiencia de gobierno hubo momentos en que casi todo empezó a convertirse prácticamente imposible. Recuerdo el debate sobre la nueva ley de transparencia que propusimos. Seguro que podíamos haber hecho una mejor, pero yo lo que quería era que aquella norma saliera adelante. Al final no fue ni una cosa ni otra porque, en cuanto ese proyecto de ley y algún otro más entraron en las Cortes, el socio de gobierno decidió que por ahí no pasaba y convocó elecciones. A veces pienso: ¿Y si hubiéramos empujado más? ¡Vaya si lo hicimos! Que el director general de Transparencia firmase un informe diciendo que la información había que darla no era una broma, pero que el Gobierno central esgrimiera otro de la Abogacía del Estado que sostenía que la denegación de la información se ajustaba a la norma nos dejó KO. Éramos nosotros contra el mundo y teníamos la fuerza que teníamos, pero hicimos bastante. Es decir, respecto a la información de la pandemia, quitando la identificación del número de fallecidos en cada residencia -que por fin ahora se ha publicado-, en todo lo demás creo que fuimos lo más transparentes que se pudo, y en un momento en el que era muy difícil serlo. Pero hay más. No sólo creo que fuéramos transparentes, sino que eso ayudó a otras comunidades autónomas y a mucha gente a cambiar su visión de la política a este respecto por lo importante que era conocer la verdad en esos momentos. ¿Si me arrepiento? No sé si hubiéramos podido ir más allá de lo que fuimos. Hubo días muy duros en el Consejo de Gobierno. Siempre recuerdo una frase de un consejero que decía: «Paco, a mí me da miedo ir al Consejo de Gobierno cuando te pones así. Es que te tienen miedo físico». Bueno, el miedo les duró mientras hubo pandemia.

Hay que dotar de poder coercitivo a las leyes de transparencia, porque mientras no sea así no habrá ley ni transparencia

P.-Más allá de su labor en el Gobierno de Castilla y León, como político militante usted ha afirmado que las personas votan por sus intereses y por sus principios, que podría entenderse que son, al fin y al cabo, las cuestiones que también defienden los partidos. Entonces, quería preguntarle, aunque ya ha avanzado algo al respecto de cómo ha cambiado todo en estos años, ¿hasta qué punto cree que existe realmente un compromiso con la transparencia por parte de los partidos políticos?
R.-Mi decepción a este respecto es total. Y empezando por Ciudadanos. Militas en un partido que hace de la regeneración su bandera y te intentan dar un pucherazo en unas primarias… Estaba en el partido de la regeneración y las votaciones estaban amañadas. De traca, ¿no? Creyentes de esto hay muy pocos en política. La política ahora mismo es pura mediocridad. Los sistemas de primarias propician el cesarismo. Se elige a un líder que acaba siendo todopoderoso, del que depende toda la ejecutiva. Esto ha pasado en todos los partidos, quizás donde menos en el PP, donde se calculan equilibrios territoriales y existe una especie de contrapoderes. El sistema produce una selección inversa. Es decir, cuando tienes tipos alrededor tuyo, una ejecutiva que te debe la vida y que te aplaude sistemáticamente porque de ello depende su vida y trabajo, los más inteligentes salen corriendo del partido y solo quedan los más ‘burros’. La política se embrutece. Esto no tiene nada que ver con la transparencia, tiene que ver con la supervivencia. En los partidos ahora mismo solo quedan los supervivientes. Echas un vistazo a sus currículums, sus trayectorias profesionales y compruebas que no hay vida más allá de la política. A los partidos políticos no les interesa nada la transparencia porque lo que se va a ver no es bueno para ellos. Para apostar por esto tienes que tener un mínimo de credibilidad y en política cada vez hay menos de esto.

P.-¿Se puede entender entonces que, cuando había esa demanda de transparencia y los partidos políticos la incluían en los programas electorales y luego los distintos gobiernos proponían leyes de transparencia y los parlamentos las aprobaban, era más una cuestión estética que otra cosa? ¿Simplemente una cuestión de réditos electorales?
R.-Es una cuestión de rédito electoral en el momento en el que surgen los nuevos partidos y la transparencia se convierte en un eje de debate importante en el que tienes que competir. Una vez desaparecidos los nuevos partidos, se acaba este debate y se acaba con él el interés. ¿Cuál es el problema de la transparencia, de las leyes de transparencia? No se las ha dotado de poder coercitivo y donde no hay poder coercitivo no hay ley. Es así. Las leyes que no tienen poder coercitivo no existen, son fallidas. Bueno, existe el prurito y tal, pero ése dura dos días, no más. El único debate urgente que hay ahora mismo, desde mi punto de vista, es dotar de poder coercitivo a las leyes de transparencia, porque mientras no sea así no habrá ley ni transparencia.

Hay que apoyarse todo lo posible en el periodismo de datos. Las cifras acaban con la demagogia

P.-Y ahora Nexo…
R.-Ahora hemos creado una plataforma para intentar canalizar a esa parte de votantes de nuestro espectro que está en el descontento y en la orfandad. Ahora, políticamente, sólo hay un eje posible de cambio. Ciudadanos hizo una cosa terrible que fue matar al centro para una temporada larga. Si tú ahora te presentas en cualquier lado diciendo que eres de centro, el descojone es máximo. Otro derechista camuflado, piensa la gente. En política las cosas son lo que parecen y, cuando un partido se parece en todo al PP, el centro político va a atravesar una etapa compleja. Y, sin embargo, yo sí que creo que hay un espectro político, más hacia la izquierda que hacia el centro político, que ahora tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad en mitad de un debate en el cual la política de izquierdas, por así decirlo, socialdemócrata o progresista -llámalo como quieras-, está diluida en una batalla con el nacionalismo más cutre, carca y clerical del mundo. El nacionalismo de Neguri y de Pedralbes ahora representa a la progresía. ¿Cómo puede ser esto? Hay un espectro político con el que se puede intentar construir algo, pero ahora está muy complicado: o conmigo o contra mí. Todo son etiquetas, bandos. Y luego están los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales militan descaradamente en esto o en lo otro. No hay equilibrio ni mesura. No sé qué será de Nexo, pero nosotros vamos a intentar que haya una oferta sensata en un tiempo prudencial, aunque este país va a vivir una época muy compleja.

P.-En este escenario que está dibujando, en el que a la clase política sólo le interesa esa transparencia en la medida en la que le renta electoralmente, donde no existe un compromiso real y donde ha desaparecido incluso del debate social, ¿hacia dónde cree que podríamos avanzar en trasparencia? Y ¿cómo podría volver a ser algo realmente importante para la sociedad en nuestro país?
R.-Hay que conseguir vincular el principio con el interés. Hay que construir un mensaje político que sea capaz de transmitir que la transparencia es un asunto esencialmente de principios y de intereses. Hay que volver a intentar construir ese discurso e intentar colocarlo en el debate político. ¿Cómo se hace esto? Es muy complicado. En eso es en lo que estamos nosotros ahora, en intentar ver cómo vinculamos esto al debate, pero con tranquilidad, racionalidad, tolerancia y buen humor. Porque llega un momento que la gente se cansa de gresca y, entonces, busca la normalidad. Que cuando tengas que decidir lo hagas con criterio, con la neutralidad que ofrecen los datos. Hay que apoyarse todo lo posible en el periodismo de datos, en los profesionales que ponen los números encima de la mesa como Newtral, Civio y quien sea, y utilizar siempre en el debate los datos. En esto soy muy pesado, porque en el Parlamento, aparte de las grescas con mi amado vicepresidente, procuro poner encima de la mesa los números: esto es lo que está pasando con el paro, qué pasa con los enfermos, qué pasa con las listas, qué pasa con tal o cual. Las cifras acaban con la demagogia. Hacer política con los números dificulta que te tachen de demagogo. ¿Cuánta energía producimos? ¿Cómo la producimos? ¿Cómo está saliendo esto de caro? Y todo eso hay que intentar potenciarlo. Ahí está el camino, en abrir un debate en algún canal de comunicación donde los datos estén en el centro.

Nacho Calle, nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación

El sábado 16 de diciembre, la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) celebró su asamblea general y las elecciones para elegir la nueva junta directiva, donde recibió el respaldo de los socios y socias la candidatura liderada por Nacho Calle, jefe de Investigación del diario Público, exsubdirector de Maldita y referente del sector.

La nueva vicepresidenta de la API es Marta S. Esparza, quien hoy trabaja por la excedencia del periodismo de investigación desde el ámbito académico, tras una dilatada experiencia en medios. Se incorpora a la junta directiva José Antonio Bautista, autor de destacadas investigaciones periodísticas en varios de los medios más importantes del planeta, tales como The New York Times, WSJ o Der Spiegel. Completan la lista que ha recibido el apoyo de los y las periodistas de investigación que componen la API la especialista en fact-checking y periodismo de datos Agustina Pozzi, y el guionista de docuseries investigativas Adolfo Moreno.

Esta renovación es consecuencia de la decisión personal de dar un paso a un lado de quienes han sido, desde el nacimiento de la API hace seis años, el vicepresidente y presidente: respectivamente, el periodista de investigación ganador de tres premios Emmy Tomás Ocaña, y quien ha firmado muchas de las exclusivas más destacadas de las últimas décadas en nuestro país, Antonio Rubio. Rubio, maestro de periodistas de investigación, ha sido nombrado por la asamblea general presidente de honor de la API.

Amenazas a la libertad de prensa

El panorama del periodismo de investigación en España tiene importantes retos por delante en el marco político, legislativo e incluso judicial. La futura Ley de secretos oficiales -cuyo texto hoy vigente fue creado en el año 1968, durante la dictadura franquista- tiene un anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno que provoca la preocupación de la API, dado que contiene aspectos que minan gravemente la libertad de prensa. Otro caso que ha levantado todas las alarmas ha sido la condena, por parte de la Audiencia de Huelva, a dos años de cárcel e inhabilitación para una periodista de investigación onubense, por el hecho de haber difundido información veraz contenido en un sumario, un proceder habitual en el día a día de la profesión.

Más esperanzador de cara a 2024 es el trabajo que la API lleva tiempo desarrollando al otro lado del Atlántico. Así, los prestigiosos premios COLPIN, referentes del periodismo de investigación en Latinoamérica, se celebrarán en Madrid en octubre, y serán liderados por la API junto a los organizadores habituales de COLPIN, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

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