Miguel Ángel Gavilanes pertenece a esa joven generación de periodistas de nuestro país que echaron los dientes con la transparencia. Jóvenes, pero nada cobardes. Su pasión por la rendición de cuentas se fraguó en las filas de la mejor sociedad civil organizada, donde aprendió hábilmente las estrategias para conseguir información con alta capacidad de impacto. Conocida es la investigación que llevó a cabo sobre las inspecciones a establecimientos que sirven alimentación en la capital. Como él reconoce, no fue el primero en publicar esta información, pero nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sí lo fue con ese nivel de análisis y visualización.
Reconocido a una edad tempranísima por la Asociación de la Prensa Madrileña con el premio al Periodista Joven 2016, es imprescindible en los foros de su profesión cuando de hablar de acceso a la información se trata. Parecen premonitorios aquellos tres años que cursó de Ingeniería Técnica Aeronáutica antes de entregarse a los brazos del periodismo, porque hoy vuela muy alto y a velocidad de crucero en El Confidencial. Aun así, Miguel Ángel ha tenido la amabilidad de bajar a tierra y hacer una breve escala para charlar con nosotros.
Pregunta.-Buenas Miguel Ángel. Para empezar a calentar motores, ¿Cómo llegaste a la transparencia o cómo la transparencia llegó a ti? ¿Quién fue a quién? ¿Mahoma a la montaña o al revés? Cuéntanos.
Respuesta.-Yo creo que fue la transparencia la que llegó a mí, más que nada porque cuando recalé en Civio, tras mi paso en prácticas por El Mundo, empecé sí a trabajar en un proyecto conjunto con Access Info Europe, antes de que tuviéramos una ley de transparencia. Ese proyecto era ‘Tu derecho a saber’. Yo me encargaba de la administración del proyecto y de canalizar y ayudar a resolver problemas. Y luego ya llegó la ley. Tener esa doble experiencia, la previa y la de ver echar a andar la norma, con todos los problemas que supuso, hizo que me interesara y decidiera quedarme aquí.
Hay informaciones que, pese a tener una ley de transparencia, no conseguimos obtener
P.-Como en tu caso, hemos entrevistado ya a algunas personas que han tenido el privilegio de vivir la transparencia desde dos o más perspectivas. Ha sido el caso de Esperanza Zambrano o Vicky Anderica. A ti, en parte, te ha pasado lo mismo, ejerciendo el periodismo desde la sociedad civil y ahora en un medio de comunicación. ¿Se vive la transparencia de igual forma? ¿El impacto es diferente? ¿Los aliados y villanos son los mismos?
R.-Creo que la experiencia es diferente. Algo que me gustaba y divertía en Civio era jugar a ensanchar los límites aprovechando que aún no existía reglamento y quedaba mucho por interpretar. En muchas ocasiones, aparte de intentar conseguir algunas informaciones por primera vez, experimentaba para ver hasta dónde podía llegar la interpretación de la ley. Era curioso ver hasta dónde se podía llegar teniendo a la vista la lectura que hacíamos cada uno.
Esta experiencia era muy edificante cuando, además, un Consejo de Transparencia te daba la razón. Decías: ‘Ostras, hemos ido forzando un poco los límites de la norma y me están aceptando lo que estoy pidiendo’. Estoy pensando, por ejemplo, en las agendas, el típico tema sobre el que no había nada regulado. Hasta que fue noticia que un secretario de Estado se había reunido con el hermano de un presunto delincuente por corrupción y, en un canutazo a los periodistas, se explicó quién podía reunirse con ese alto cargo, como si fuera una especie de procedimiento administrativo, vamos a llamarlo así. Y me agarré a eso y, pese a que no existía ninguna norma en términos estrictos, el Consejo de Transparencia acabó dándome la razón.
Era un reto ver hasta dónde podíamos llegar cuando no existe norma, porque no todo está regulado, pero se puede conseguir un montón de cosas que son, al final, fruto del trabajo de los empleados públicos. En el ámbito periodístico, por ejemplo, para obtener informaciones en Civio, sí que teníamos ciertos aliados y personas que estaban interesadas en las mismas temáticas que estábamos investigando. Por ejemplo, recuerdo un tema sobre el que trabajé en el ámbito de prisiones. ¿Quiénes son los actores interesados en seguridad laboral de los funcionarios de prisiones? Pues los propios sindicatos. En ese caso, ellos son unos posibles aliados a la hora de pedir información. Siempre es muy recomendable identificar quién puede ayudarte en esta tarea fuera de la Administración. Y dentro de la Administración, es muy recomendable, también, tener a alguien que te vaya contando un poco cómo se respira dentro.
P.-Algunos de tus trabajos durante la época de Civio tuvieron un gran impacto. Recordamos especialmente la investigación sobre las inspecciones sanitarias a establecimientos que servían comida en la ciudad de Madrid. Cuéntanos, por favor, ¿cómo viviste ese episodio? Porque entiendo que fue bastante movido con el impacto que tuvo, ya que, al fin y al cabo, había establecimientos de titularidad pública que servían comida, como escuelas infantiles o como residencias de personas mayores. ¿Cómo fue aquello?
R.-Prácticamente desde que entró vigor la ley de transparencia para las entidades locales empecé a pedir al Ayuntamiento de Madrid esta información. Venía al hilo de lo que ya se había publicado en otros países, como en Estados Unidos. En el estado de Nueva York hay incluso una API del departamento de sanidad. Mi obsesión era que en España pudiéramos conseguir algo así, sí o sí. ¿Qué pasó? Que se me denegó y no había ningún reglamento ni posibilidad de retorcer las cosas o los límites para conseguir un pronunciamiento favorable o así lo interpretaba yo. Yo no reclamaba, pero por una cuestión meramente periodística y es que, en el momento en el que uno reclama, llamas la atención de otras personas sobre lo que estás haciendo y no quería atraer la mirada sobre mi trabajo. Quería tener un perfil muy bajo.
Es necesario tomarse más en serio al ciudadano y entender que la información pública nos pertenece a todos, que es un bien y un servicio público más
La primera periodista, en realidad, que publicó una información así en España fue Neus Vidal en relación con las inspecciones en Barcelona. Yo seguí insistiendo varios años hasta que, por un lado, se aprobó un reglamento en Europa que hablaba de la transparencia de la actividad inspectora, lo que me ofreció más argumentos para reclamar al Consejo de Transparencia, y luego, por otro, se licitó un contrato para la gestión de expedientes informáticos en el Ayuntamiento. Al revisar los pliegos comprobamos que existía una especie de base de datos. Por tanto, había algo de lo que tirar y fue entonces cuando me lancé a presentar una reclamación. Todo eso en mitad de un carrusel de emociones porque, al obtener la información, el Ayuntamiento publicó una nota de prensa en la que relataba que una persona había tenido acceso a esta información y, claro, el perfil bajo que había estado manteniendo durante tantos años saltó por los aires y hubo que darse prisa.
Por el camino, mantuvimos una reunión con Madrid Salud, que es de las pocas veces en las que he tenido una reunión informativa para decirme qué se me iba a entregar. En esa reunión se nos comenta que parte de la información, la más negativa, la más interesante, no se iba a facilitar. Pero al final publicamos la información que conseguimos y la satisfacción de verla publicada compensó todo el trabajo de tanto tiempo. Hay otros compañeros que luego han publicado informaciones similares de otros lugares y que se han inspirado en el trabajo que hice, al igual que yo también pongo el ojo en las sentencias y resoluciones que me sirven para apoyar mis peticiones.
Y lo que decíais vosotros. Más allá de que sea superjugoso para un medio publicar un mapa de restaurantes, es mucho más importante conocer la responsabilidad de la Administración como titular de comedores públicos en los que las inspecciones están poniendo de relieve defectos… Al haber empleado tanto tiempo en la publicación de esta información, pedimos dos veces la misma información para ver si había habido una mejoría en algunos establecimientos y lo que pudimos comprobar es que había centros públicos que no mejoraban, centros de menores… y empezamos a analizar qué estaba pasando. Hablamos con los centros y con la consejería responsable. Esto sí que es un servicio público más allá de la simple curiosidad de si el restaurante de abajo tiene cucarachas o químicos almacenados. Aquí hablamos de cómo cuidamos a nuestros menores o a colectivos vulnerables, y éste es para mí también uno de los valores importantes de la información que publicamos.
P.-Hace unos días has publicado en El Confidencial un fantástico trabajo sobre el gasto en calefacción edificio a edificio. Contéstanos con sinceridad: ¿Crees que un trabajo así, con ese detalle, podría haberse hecho hace una década sin ley de transparencia en la mano?
R.-Bueno, para este trabajo no nos hemos servido de la transparencia. Esto viene de un estudio realizado por Cíclica financiado por el Ministerio de Transportes y que fue publicado por el propio ministerio. Nosotros, simplemente, obtuvimos esta información de la página web en la que se publicaron los datos y los utilizamos. Este nivel de detalle, si lo intentamos aplicar a otros casos, es muy difícil de obtener. Suele ser complicado, sobre todo cuando necesitamos una granularidad de información como ésta.
Algunas veces, cuando uno pide información con este detalle, duda que lo vaya a conseguir por los límites que impone el secreto estadístico. Hay pánico a todo lo que tenga que ver con el secreto estadístico. Éste es un freno muy importante. Siempre es delicado recopilar datos de entornos muy reducidos que puede llevar a identificar a personas concretas. Cuando una ley sectorial muy específica define qué es información y esquiva el término estadístico, todo va bien. La ley de transparencia tiene algunas lagunas y necesita algunos remiendos. Después de estos años ya hemos visto por dónde pueden saltar las costuras y hay informaciones que, pese a tener una ley de transparencia, no conseguimos obtener.
Facilitar las vías de acceso a la información es algo que se necesita para que la gente no le tenga miedo a preguntar
P.-Bueno, a colación de lo que nos estás contando, y de forma general, ¿cuáles son estas lagunas legales que has encontrado para el desempeño de tu trabajo?
R.-Puf, venía pensando que ésta podría ser una de esas ‘preguntas de examen’. Por ejemplo, para mí es importante el tema de la identificación, en el sentido de que, vale, el acceso a la información es un procedimiento administrativo y tiene que haber una serie de garantías a la hora de reclamar, pero cuando uno se identifica se puede hacer un mal uso de la información acerca de tu identidad.
¿A qué me refiero? Cuando hablaba antes de los datos de prisiones, yo me identifiqué con mi nombre y el correo que utilicé de contacto era el del periódico. Esto es, supieron que había un periodista mirando lo que pasaba ahí. Me denegaron la información que, por otro lado, el sindicato me facilitó. Al final, publiqué la información porque me la habían pasado ellos sin que yo hubiera sido capaz de obtenerla, aunque luego reclamé y me dieron la razón, pero conseguí la información cuatro meses después. Yo no digo que no haya que identificarse para que se garantice una serie de derechos del solicitante, pero debería existir un sistema de doble ciego o algo similar, en el que no se exigiera saber quién es el que está preguntando, porque no es importante, la información es pública. Todo esto, al final, también es un problema cultural.
Recordaba una ley americana que ordena que los ejecutivos dejen toda la documentación en el lugar donde han trabajado, no pueden llevársela consigo, y si lo hacen es un escandalazo. Aquí debería suceder igual. La información a la que tienen acceso los empleados públicos lo es por el puesto de trabajo que desempeñan. O porque un político ha ganado unas elecciones y son los ciudadanos los que le han puesto ahí, pero no es su información, aunque ellos hayan intervenido en que se genere. Si un albañil tiene una baja o le sale otro trabajo, deja los ladrillos donde están y continúa otro compañero. No se los lleva, no desaparecen, no tiene la propiedad sobre esos ladrillos. Debería ocurrir otro tanto en la Administración: la información es un bien común. Es habitual escuchar: ‘Es mi información. ¿Quién está preguntando y por qué?’. Tener que identificarse para preguntar es un freno. Somos humanos y todos somos celosos de nuestro trabajo. Ése sería el primer obstáculo y el más básico.
Por otro lado, ojalá los órganos de control en materia de transparencia tuvieran capacidad de inspección. Eso sería maravilloso. Un órgano independiente que pudiera entrar en cualquier parte y abrir carpetas… En un país que ahora no recuerdo enviaron en una ocasión a un informático a revisar los logs de un fax para ver si una Administración había recibido una comunicación. Ese nivel de detalle me parece de locos, pero habla de la profesionalización del derecho a saber. Son cosas que faltan y se echan de menos. También es alucinante que aquí se pueda ignorar una resolución de un Consejo de Transparencia, dejar pasar el tiempo sin acudir al contencioso y que no pase nada. Eso es un problema. O que pase un tiempo increíble entre la presentación de una solicitud de acceso a la información y el inicio de su tramitación. La solicitud queda en un limbo temporal del que poco o nada se sabe.
Deberíamos también hablar de la transparencia por diseño. Al último a quien le oí hablar sobre ello fue al presidente del Consejo de Transparencia al poco de empezar su mandato. Esto es vital. Básicamente consistiría en que, a la hora de licitar cualquier sistema de gestión de expedientes, se exigiera como requisito que desde su diseño estuviera preparado para dar satisfacción a las exigencias de transparencia. Los pliegos deberían imponer que los sistemas fueran transparentes, que permitieran publicar por defecto y de forma automatizada, vía API, la información que se genera, que hubiera un botón aunque sea de descarga en formato .csv… Preparar los sistemas pensando en la transparencia es algo que redunda en beneficio de la propia Administración, porque ahorra tiempo en procedimientos internos y evita que tengamos que estar preguntando y que un funcionario o una funcionaria tengan que estar buscando la información para contestar. Creo que ahí es hacia donde tenemos que ir.
Lo que falta en la ciudadanía es mayor concienciación de para qué sirve el derecho de acceso
P._Para realizar todas esas investigaciones habrás presentado innumerables solicitudes de acceso. ¿Cuál fue la respuesta más extravagante o rocambolesca que has recibido para no facilitarte una información?
R.-Pues una vez me cuestionaron la seriedad de mi pregunta.
P.-¿Cómo?
R.-Sí, la seriedad de mi pregunta y la declararon abusiva. Y la pregunta era totalmente aséptica. No recuerdo exactamente cuál era, pero sí me acuerdo de la respuesta. La pregunta era algo así como: «¿Cuál es el presupuesto municipal en la limpieza de vías públicas?» o algo parecido, pero cuestionaron mi seriedad. Bueno, a ver, yo en el trato personal soy una persona con buen sentido del humor, me gusta bromear, pero en esto soy muy serio, incluso aburrido. De hecho, intento ceñirme al lenguaje funcionarial, a su idioma. Entonces, esta respuesta me sorprendió muchísimo.
P.-La transparencia, mezclada con esa labor de vigilancia que hace el periodismo, es fundamental para un correcto ejercicio de rendición de cuentas, pero también como elemento para prevenir la corrupción. ¿Hasta qué punto la unión de esas dos herramientas realmente es efectiva?
R.-Si pides vía derecho de acceso una información sobre un tema muy caliente, probablemente no vayas a conseguir toda la información que necesitas. Quiero decir, si tiene que firmar un alto cargo la resolución y ese alto cargo está protegiéndose o protegiendo a alguien, o hay alguna información sensible, puede que éste no sea el camino adecuado. Y si no hay un Consejo independiente con -ojalá tenga algún día- capacidad de inspección, pues tampoco lo vamos a conseguir.
Otra cuestión es la transparencia activa. Si hubiera unos buenos mecanismos que funcionasen bien y automáticamente, que no discriminasen sobre qué información se publica y cuál no -estoy pensando en contratos públicos-, con herramientas que identificasen banderas rojas, que estuvieran dotados de un sistema de indicios o alertas automatizadas, sería estupendo. De esto ya hay experiencias. Estoy pensando en la Oficina Antifrau de Cataluña, que tiene algunos trabajos en este tema.
Ahora mismo, desde mi propia experiencia, las mejores banderas rojas automáticas, entre comillas, son los órganos de contratación que en sus resoluciones incluyen una cita del tipo: ‘Esto lo enviamos a la CNMC porque huele raro’. Ese olfato que tienen los empleados públicos se podría multiplicar por mil si hubiera una transparencia activa potente que se integrase en esa transparencia por diseño. Esto sería una herramienta que frenaría la corrupción, evitaría mucho chanchulleo y gente con tentaciones de engañar al sistema. Siempre habrá quien diga que hecha la ley hecha la trampa, quien conozca de qué manera se puede sortear todo esto, pero se trata de ponérselo difícil a la inmensa mayoría. La minoría que pretenda hacerlo tendrá que complicarse mucho la vida y le costará hacer trampas. Para esto es necesario mejorar la ley y los propios sistemas de gestión de información.
P.-Uno de los males sociales de hoy en día es la difusión de bulos y de las mal llamadas fake news. ¿Qué aporta el periodismo y la transparencia para paliar esta desinformación que, instrumentada políticamente, polariza y enfrenta a la sociedad?
R.-Creo que es esencial. Todos queremos acudir a la fuente original de información. Si hay datos claros y públicos sobre todos los temas que se trabajan en el sector público, la gente acudirá a ellos. Si la fuente original funciona éticamente y no retuerce la ley ni entorpece la difusión de la información, la gente va a confiar. Por el contrario, si la información que hay que publicar obligatoriamente no se publica, la gente tenderá a desconfiar y dará credibilidad a los bulos. La gente se preguntará: ‘¿Por qué publicas esto?’, ‘¿y esto otro por qué no?’. Y esa confusión contribuye mucho a que nos creamos algunos bulos. No obstante, siempre habrá personas que crean lo que desean creer con independencia de la fuente, incluso conscientes de que algo es incierto.
Desde el punto de vista del marketing político, la transparencia ha pasado de moda
Si el sistema es totalmente transparente, y no me refiero a saber el DNI o el estado civil de nadie sino a lo que debe importarnos, esto es, saber qué se hace con el dinero público, cómo se están implantando las políticas públicas, cuáles son los objetivos y previsiones… y se publica toda esa información en una web a la vista de todos, sin que nadie pueda decir: ‘Mira, yo he leído esto y tú no’, esto nos permitiría verificar qué es y qué no mentira. Esto se consigue con transparencia activa y con el comportamiento ético e intachable de quienes tienen a su cargo la publicidad de la información. Necesitamos disipar cualquier sospecha sobre su manera de actuar para que la gente confíe en las instituciones.
P.-Miguel Ángel, mucho se habla sobre la pereza y resistencia de la Administración a la hora de compartir la información que genera, pero poco se menciona el desconocimiento que aún hoy en día impera en muchos medios de comunicación sobre las herramientas que aporta la transparencia. ¿Crees que debería haber mayor formación en los medios sobre esta ley y su puesta en práctica? ¿Crees que aún se sigue confiando en exceso en el confidente, el amiguete o en los contactos en los gabinetes de comunicación, que pasan información bajo cuerda, y se menosprecian las herramientas que esta normativa aporta?
R.-Acudir a un confidente o una fuente muchas veces es la vía más rápida. Los propios gabinetes de comunicación muchas veces filtran la información porque les interesa que un medio concreto en un momento determinado la divulgue. Las relaciones con los gabinetes son líquidas. Algunas veces reparten la información entre todos para tener a todos contentos. Pero el problema es que esta información muchas veces es parcial o interesada y el buen periodista tiene que contrastarla, verificarla y contextualizarla. Es muy complicado convencer de los beneficios de la transparencia a un compañero que lleva una década trabajando así y que obtiene una información a golpe de teléfono, mientras yo me tiro un mes peleándome para que me pasen un Excel,
Hablaba Joaquín antes del desconocimiento. Hay, por una parte, sí, desconocimiento de la ley. La gente no sabe que existe el derecho de acceso y lo fácil que es ejercerlo. Es cierto que hay una serie de barreras técnicas que, a día de hoy, están casi superadas, pero que al principio eran horribles. Recuerdo pantallas de carga eternas, con claves, interfaces imposibles y demás, pero, ahora mismo, quien más o quien menos tiene un certificado digital y puede plantear preguntas en cualquier sitio.
Luego hay una parte también de desconocimiento de cómo es la gestión interna de la transparencia y que solo lo descubres si hablas con los propios empleados públicos y que me es muy útil saber para conocer el estado de la cuestión. No me refiero tanto al alto cargo, sino al funcionario de cualquier área que te dice: ‘Puff, es que me ha llegado una petición y tengo una cantidad de trabajo brutal’, ‘No tenemos recursos’ o ‘Me pides algo que nosotros no tenemos’. Si desconoces la situación interna, no eres capaz de entender ni de empatizar. Si lo sabes, puedes decidir dónde preguntar o cómo hacerlo, porque hay dependencias que viven situaciones de cierta censura informal o presiones internas. Estas dinámicas también se dan.
También hay un cierto prejuicio de los funcionarios hacia los periodistas. Creen que queremos destruirlos y arrastrar a todo el mundo por el barro y no es así (risas), al igual que el periodismo también puede tener una imagen del funcionario equivocada. Que hablemos unos y otros en algunos foros humaniza todo mucho más, nos ponemos cara y entendemos mejor a la otra parte. Recuerdo también reuniones marcianas en las que solo escuchas: ¿Para qué quieres esto? ¿Por qué estás preguntando? ¿Qué más me quieres sacar?’. Creo que esta forma de reaccionar no es propia del funcionario público, pero sí de la idiosincrasia de la Administración.
Este desconocimiento de las personas, de la ley y sus plazos, del funcionamiento práctico, de a qué lugares acudir, dónde preguntar y demás, es algo que falta en la profesión, aunque no creo que sea imprescindible. Es decir, sí creo que es muy necesario que alguien en una redacción sepa de esto, porque al final el trabajo que hacemos en un medio de comunicación no es un trabajo estanco, vas preguntando y apoyándote en compañeros, en el expertise de los demás, en plan: ‘Oye, quiero hacer esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué vías hay?’. Es importante que alguien tenga una formación básica en estas cuestiones. Ésta es una buena oportunidad también para formar a profesionales.
Falta concienciación y un canal fácil, ágil y sencillo para pedir información
P.-Este desconocimiento que comentas y que se da en el periodismo y dentro de la Administración es extensible al resto de la ciudadanía que, actualmente, ignora su derecho a saber sobre las actuaciones públicas. Una de las cosas que permite la transparencia es que el ciudadano pueda hacer un control de la actividad pública. Si este derecho se desconoce, esta capacidad de control se pierde. Entonces, ¿qué debería hacerse para fomentar esa necesaria cultura de la transparencia en la ciudadanía? O ¿por qué el ciudadano ignora el derecho a conocer lo que pasa dentro de la Administración?
R.-Yo creo que falta concienciación sobre ciertos derechos. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de los impuestos. Cuando alguien dice que va a bajar los impuestos, esta decisión tiene un efecto muy tangible sobre el transporte público, las carreteras, los hospitales o en la calidad de la sanidad. Cuando hablamos del derecho de acceso todo se vuelve más etéreo, pero es muy necesario también conocer para qué sirve esto o lo otro y cuál es su objetivo. Una campaña muy interesante que podría hacerse sobre este derecho es: ¿para qué ha sido útil conocer algo? ¿Ha servido una información para algo más que para que un periodista publique un artículo? ¿Qué beneficios tiene para el ciudadano conocer una información? ¿Qué ha significado? ¿Qué cambios ha producido? Quizás gracias a haberse conocido una concreta información, la tala de unos árboles o el cierre de un colegio o de un servicio público finalmente se ha revertido. Conocer ese tipo de impactos o de la utilidad de este derecho en el día a día, en lo cotidiano, sería de mucha utilidad para el gran público.
Los datos que hay disponibles hablan de que quienes más información piden suelen ser los sindicatos o empresas cuya finalidad es el uso de información pública de gran impacto en su actividad profesional, económica o sindical. Lo que falta en la ciudadanía es tener mayor conciencia de para qué sirve el derecho de acceso.
Antes dije que ejercer este derecho es muy sencillo si uno posee certificado digital, pero es cierto que un buen número de ciudadanos de a pie no tiene este tipo de herramientas. Es necesario facilitar las vías de acceso a la información para que la gente no tenga miedo a preguntar o no le dé pereza o se le quiten las ganas ante tanta letra y pase de hacerlo. También hay que presentar este derecho y la información pública de una forma atractiva. Falta concienciación y un canal fácil, ágil y sencillo para pedir información.
P.-Concienciación y marketing, ¿no? (risas)
R.-Sí, sí (risas).
P.-Para acabar, y a modo de conclusión, con carácter general y dada tu experiencia, si hicieras una valoración de esta década de ley de transparencia sería…
R.-Creo que la valoración es buena, pero insuficiente. Es decir, necesitábamos una ley así para ponernos a la altura de otros países que ya gozaban de una trayectoria larga. Era impensable estar al nivel de Suecia o al de Estados Unidos en el primer año de funcionamiento de la ley. Pero hay que tomarse más en serio la ley. Es un derecho público que, en mi opinión, debería ser fundamental, aunque eso pudiera exigir modificar la Constitución. Pero los derechos de acceso y a la participación en los asuntos públicos ya están en la Constitución.
La ley tiene cierta fatiga, hay que ir mejorándola e ir implantando ciertos cambios
Tomarse en serio este derecho pasa también, por ejemplo, por tener un reglamento que aclare esos grises que hay en la ley y que se van revelando a lo largo del tiempo. La ley tiene cierta fatiga, hay que ir mejorándola e ir implantando ciertos cambios. Hay que reforzar la independencia de los órganos, la profesionalización en el tratamiento de las solicitudes de información… Yo creo que hemos dado un buen primer paso y ahora necesitamos una segunda ola de mejora de la ley. Tengo muchas ganas de ver en qué sentido será. Espero que lo sea para mejor, aunque ha habido algunos retrocesos últimamente que deseo que sean anecdóticos. Debemos ir hacia la implantación de la ley sin peros y, sobre todo, hacia un trato a la ciudadanía como adulta que es. Hay que tomarse más en serio al ciudadano y entender que la información pública nos pertenece a todos y que es un bien y un servicio público más.
P.-La anterior era la última pregunta, pero, a colación de lo que has comentado, nos gustaría que profundizaras en los retrocesos que comentas que se han dado en los últimos tiempos. Siempre decimos que la transparencia llegó para quedarse y hubo un momento en que estuvo muy en boga, pero, últimamente, algunos aprecian pasos hacia atrás. ¿A qué crees que es debido? ¿Ya no está de moda la transparencia?
R.-Creo que sí. Desde el punto de vista del marketing político, la transparencia ha pasado de moda. Ya no es un reclamo. También es cierto que se abusó mucho del término transparencia y se crearon un montón de herramientas que, realmente, no sirvieron para mucho. Sin embargo, es cierto que la esencia, una vez pasada esa ola, siempre queda. Eso es lo bueno.
Ahora lo que queda es tomárselo en serio. ¿Ha habido pasos hacia atrás? Sí. Creo que el motivo de que haya una regresión, en un sentido incluso filosófico, tiene que ver con seguir entendiendo la información pública como algo propio. Detrás de esos pasos hacia atrás que estamos viendo en transparencia hay un cierto sentido de patrimonialización de la información pública. Algunos se preguntan por qué se da una determinada información y reaccionan queriendo restringir el derecho de acceso o queriendo atar en corto al Consejo de Transparencia, como ha sucedido en Madrid. Son casos excepcionales, porque creo que la tendencia está siendo la de progresar, la de la asentar el derecho, la de profesionalizar el acceso, y la de entender para qué sirve todo esto. En este tipo de temas siempre hay avances y pequeños retrocesos, que pueden servir para coger mayor impulso y seguir creciendo.