FRAN DELGADO / JOAQUÍN MESEGUER

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, más conocida popularmente como GAIP, ha sido una de las instituciones de nuestro país que más ha luchado para que este derecho se abra camino a machetazos de la mejor doctrina en la selva administrativa. Y esto no podría haber sido sin el coraje e inteligencia de Elisabet Samarra, presidenta de este órgano hasta hace unos meses. Otra gran mujer cuya vida ha estado ligada a la transparencia durante esta última década.

Sin aparentes titubeos, con paso firme y argumentos de hierro ha ido forjando con su saber estar y hacer, una verdadera escuela de órganos de control. Ha sido y sigue siendo imposible saber de esta materia sin releerla una y otra vez. Gracias Elisabet por tu generosidad y el mimo con el que nos has tratado en esta entrevista.

Pregunta.-Para comenzar, cuéntanos Elisabet hasta donde se pueda contar, ¿cómo fue el ofrecimiento o el encargo para que formaras parte de lo que sería la primera Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la información de Cataluña (GAIP)?
Respuesta.-Se puede contar, sí (risas). La ley catalana prevé que el nombramiento sea por el Parlamento y fueron cinco las fuerzas políticas que propusieron una lista única, no cada uno la suya, aunque cada formación fue poniendo encima de la mesa algunos nombres. Me llamaron un fin de semana porque me conocían de haber intervenido otras veces en el Parlamento en mi condición de experta en la ley. La ley catalana procedía de una proposición a iniciativa parlamentaria, no gubernamental, y yo había comparecido un par de veces para explicar lo que estábamos haciendo con el portal de transparencia y los datos abiertos. Y así me llegó el ofrecimiento. Lo cierto es que al principio no lo entendí porque yo, que soy funcionaria de toda la vida, cuando me llamaron y me hablaron de la existencia de un órgano de garantía, cuando me dijeron que habían pensado en mí, di por supuesto que me hablaban de la Secretaría General Técnica de la Comisión. Y les dije que sí, que me hacía mucha ilusión. Luego, cuando me comentaron que tenía que presentar candidatura porque iba a haber un hearing, pensé que se estaban tomando muy en serio el puesto de Secretaría. Les dije: ‘Entonces, ¿se trataría de una comisión de servicios…?’ (risas). En ese momento me di cuenta de que lo que me estaban proponiendo era ser directamente miembro de la Comisión. Era la primera designación política de mi carrera y me hizo muchísima ilusión. Y así llegó.

P.-¿Te lo pensaste mucho? ¿Le diste muchas vueltas?
R.-Nada, nada. Si les dije que aceptaba la Secretaría General Técnica, calculad. Me hacía mucha ilusión porque llevábamos un año y pico trabajando el tema de la transparencia desde antes de la ley catalana, pero con el encargo de crear un portal de transparencia con el fin de hacer políticas de big data, de open data, y la verdad es que me estaba gustando mucho. Me parece apasionante empezar algo nuevo, siempre es bonito poner en marcha un proyecto.

Es más eficaz divulgar que determinada Administración está haciendo caso omiso de la ley que imponerle una sanción económica

P.-¿Cómo ha sido durante este tiempo la relación con los gobiernos, con las administraciones a las que controláis en el ejercicio de vuestra labor? ¿En algún momento alguien ha caído o ha estado a punto de caer en la tentación de daros alguna instrucción, de intentar presionaros, en un sentido u otro, a la hora de resolver reclamaciones?
R.-Pues no, casi ofensivamente nada. Porque una tenía muchas ganas de marcar perfil y de ponerse estupenda, pero creo que se entendió muy bien que éramos algo diferente. Además, en mi caso, venía de la carrera funcionarial y mi compañero de la carrera académica, aunque durante un tiempo fue diputado, pero hacía ya tiempo que se dedicaba a la academia. Eran perfiles bastante técnicos y se entendió bien la inexistencia de conexión con los partidos políticos. Yo creo que eso evitó muchas llamadas. En otro tipo de nombramientos es más difícil mantener esa estanqueidad, porque cuando le debes a un partido un posicionamiento concreto, la tentación de coger el teléfono es mayor. Pero tal como fueron las cosas en este primer nombramiento, que era una lista conjunta de perfiles muy técnicos, la verdad es que no hemos tenido problemas de independencia, pero sí de visibilidad. De esos, muchos. De que te que vieran, de que entendieran nuestras necesidades, de que nos procuraran medios. Pero de que trataran de influir en nosotros, la verdad es que no.

P.-¿Cómo has vivido durante todo el tiempo que has ejercido como presidenta de la GAIP la evolución de los órganos de control de la transparencia de nuestro país? ¿Ha decaído el diálogo o intercambio de experiencias entre ellos a lo largo del tiempo? Nos referimos a aquellos decálogos que aprobabais los consejos en los congresos de transparencia anuales y que, al menos, en la última edición se ha dejado de hacer. ¿Es un síntoma de que esa relación ha cambiado, no necesariamente a peor, pero que ahora es distinta, Elisabet?
R.-¿Ha cambiado? Seguro. Como decís, no necesariamente a peor, pero sí ha cambiado. Creo que al inicio, fruto de la ilusión, de nuestra propia vulnerabilidad y de las ganas de compartir experiencias para ver por dónde andábamos cada uno de nosotros, nos encontrábamos casi cada trimestre, aunque siempre en un plano horizontal, nunca vertical. También por el carácter de Esther Arizmendi y de los otros titulares de los órganos que iniciaron conmigo la andadura. Creo que el hecho de que estuviera vacante durante mucho tiempo la presidencia del Consejo, desde el tristísimo fallecimiento de Esther hasta la designación de José Luis Rodríguez, hizo que se enfriara mucho todo. Coincidió, además, con la pandemia, con problemas de funcionamiento de todos los órganos administrativos, con renovaciones que no han sido fáciles, como es el caso de Murcia o Galicia, algunas de ellas traumáticas, incluso. Los nuevos titulares que se han ido incorporando creo que no han tenido esa necesidad de relacionarse y compartir, y no me refiero solamente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sino a otros órganos autonómicos que quizá, como ya han heredado mucho savoir faire y dinámica propia, seguramente no se han visto tan llamados a vernos. Eso ha hecho que, efectivamente, las relaciones aun siendo buenas, son mucho menos frecuentes que antes. Como decíais, no voy a calificar si es bueno o malo, pero desde luego hoy se comparten menos posicionamientos desde cada órgano.

Mientras la ley de transparencia no garantice una suficiencia de medios y siga dejando en manos de los órganos controlados la capacidad de gestión de los órganos controladores, yo creo que la situación no va a cambiar

P.-Manuel Villoria comentaba, en una de las entrevistas que hemos realizado para esta serie, que falta tiempo aún para medir el impacto de las leyes y las medidas de transparencia. Hablaba del modelo catalán como un sistema holístico, cuya evaluación anual de cumplimiento, sin embargo, que todavía estaba lejos de ofrecer los resultados esperados. ¿Crees que se han cumplido las expectativas de transparencia en estos diez años? O, por el contrario, ¿crees que todavía estamos por debajo de lo que se podría esperar?
R.-¿Las expectativas de quién? Estaremos por debajo de las expectativas de los más comprometidos con la causa y, seguramente, de los propios órganos. No sé yo si por debajo de las expectativas de la ciudadanía, que creo no eran muy altas. Más bien pienso que hemos contribuido a mejorarlas. Creo que la ciudadanía tenía serias dudas de que un órgano administrativo de revisión sostenido por aquel a quien debe supervisar pudiera ser realmente independiente. La ciudadanía tiene un órgano de defensa que actúa con total imparcialidad. Si os referís a la aplicación de la ley, para los que queremos que se aplique al 100 por cien y estamos muy comprometidos con la causa, creo que no es derrotista reconocer que nos hemos quedado bastante por debajo de lo que sería deseable. Se habla mucho de cambio cultural, de cambio de paradigma y de mentalidad, y creo que no hemos llegado a tanto, más bien justitos a cumplir la ley (risas). A todo el mundo se le llena la boca diciendo que está muy a favor de la transparencia, hasta que le toca a él. Con la transparencia pasa como con la coordinación, que todo el mundo es muy partidario de ella, pero nadie quiere que le coordinen a él. Puede que estén ideológicamente muy a favor, pero no a destinar medios en cuanto les molesta y les supone alguna carga de trabajo. En entusiasmo y conexión con la propia filosofía de la transparencia, en eso creo que nos hemos quedado cortos, peligrosamente cortos, y corremos el riesgo de que pase la moda antes de que ni siquiera hayamos estado en la cresta de la ola. Ahora ya todo el mundo habla de big data y la transparencia se da como cosa superada y poco techie, poco innovadora y nada fashion. Los portales de transparencia son apenas un conglomerado de .pdfs y no mucho más. Primero tendríamos que aprobar la asignatura de facilitar información antes de plantearnos retos tan nobles como abrir los datos para conseguir grandes transformaciones.

P.-La ley de transparencia catalana es referente en algunos temas. Se que tú estás muy satisfecha, pero no sé hasta qué punto, y por eso quería preguntarte respecto a dos previsiones específicas de la ley. ¿Cómo calificarías la experiencia en la aplicación del procedimiento de mediación y en el informe preceptivo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) en las reclamaciones en las que el límite afectado o invocado es la protección de datos? Además de conocer tu opinión, ¿crees que habría algo que mejorar o corregir de ese procedimiento de mediación o en cuanto a ese informe que hay que recabar de la ACPD?
R.-A ver, empezamos por el procedimiento de mediación. Me parece que, desde el punto de vista de entender y avanzar en pedagogía de la transparencia, el procedimiento de mediación es único porque tiene unos tremendos efectos divulgativos. Es muy ejemplarizante porque permite que las partes puedan hablarse, entenderse, destaparse. Permite al ciudadano conocer mejor a la administración y sus limitaciones, que las tiene, muchas más de las que él sospecha, puesto que cree que tenemos unos archivos potentísimos digitalizados y no es así. Con este procedimiento, la Administración puede entender mejor cuáles son las inquietudes del ciudadano, cuáles son sus intereses, su recelos, y aprende a verificarlos. Creo que es una experiencia pedagógicamente ejemplar. Desde el punto de vista práctico es cierto que es muy costosa para el órgano de garantía porque supone duplicar prácticamente los procedimientos. La mediación está tutorizada por el propio órgano de garantía, siendo muy costoso convocar y conseguir fechas para que todos coincidan. Algunas veces se necesitan hasta tres reuniones. En términos de horas, el esfuerzo es muy grande y puede no siempre compensar a título individual. En otros casos, sí que sirve de mucho. ¿Qué podríamos modificar? Ahora mismo el procedimiento está en manos del ciudadano, es el único que puede decidir que la mediación se lleve a cabo. Creo que podría ser útil que también pudiera la Administración proponer la mediación, que no vaya siempre a rastras y como sin remedio. Incluso que la pudiera proponer el órgano de garantía. Hay casos en los que uno ve muy claro que la mediación puede servir y otros en que el ciudadano la pide y es casi imposible practicarla, porque la ley prevé que tengan que participar en ella terceros afectados y es tal el número de ellos que es un obstáculo tremendo. Por lo tanto, dejar la opción de que la mediación pudiera estar también en manos de las otras partes no estaría nada mal.

¿Aplicación de la ley? Creo que no es derrotista reconocer que nos hemos quedado bastante por debajo de lo que sería deseable

En cuanto a la participación de la ACPD en el procedimiento de reclamación, se trata de un trámite preceptivo, aunque no vinculante, en aquellos casos en los que la desestimación total o parcial del acceso viene fundada en la protección de datos personales. Es decir, en aquellos casos en que una Administración no da la información porque cree que debe prevalecer la protección de datos. En estos casos, la ACPD debe emitir informe conforme a la normativa de protección de datos en correspondencia con la ley de transparencia, pero desde aquella perspectiva. Si, además de la protección de datos, juegan otros límites como la seguridad pública, la propiedad intelectual o cualquier otro, la ACPD no entraría en ellos. El informe se centra exclusivamente en la protección de datos. El hecho de que sea preceptivo, que deba entregarse a las partes y que deba reproducirse en la resolución, hace que el órgano de garantía de transparencia y acceso a la información, si se aparta de ese criterio, cosa que puede hacer, deba motivar y fundamentar jurídicamente su posición. Creo que esto añade una garantía, da tranquilidad a los ciudadanos y, sobre todo, a las administraciones. Muchas veces éstas no dan la información por el miedo a que esto les suponga la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la ACPD. En el momento en el que el informe es favorable, o limitadamente favorable, la Administración relaja mucho sus objeciones y se alinea muy rápidamente con la resolución. Para el ciudadano también es una garantía que la desestimación no solo sea una decisión del órgano de transparencia, sino que haya una coincidencia de posturas con el órgano de protección de datos, que tiene ya mucho más ganada su reputación de independencia y autoridad, que los órganos de garantía de la transparencia. Yo creo que esto nos ha sido de mucha utilidad y sobre todo ha dado tranquilidad a los ciudadanos y a las Administraciones.

P.-Hay división de opiniones sobre la necesidad o no de un régimen sancionador en materia de transparencia. Así que, pregunta directa y al grano, ¿eres partidaria de los regímenes sancionadores en materia de transparencia? Y en caso afirmativo, ¿crees que el órgano sancionador debería ser el órgano externo de control?
R.-Sí, la ley catalana de hecho tiene régimen sancionador. En principio, parece lógico que cualquier infracción normativa tenga prevista una sanción de un tipo u otro. No soy muy partidaria de los términos en los que está ahora en la ley, que es un régimen de autosanción. El hecho de que nadie, en todo el tiempo de vigencia de la ley, se haya autoimpuesto una sanción, da una idea de la garantía que supone. Nadie tiene tendencia a autosancionarse. Por tanto, se trata más de un brindis al sol que de un régimen de garantías, de sanción, y por ello cuestiono mucho su eficacia en los términos en los que está previsto. Tampoco me atrevería a pedir, y por eso no lo hemos hecho, a que pasara a nosotros la competencia sancionadora, a los órganos de control, porque no tenemos los medios para asumirla. El procedimiento sancionador es complejísimo y requiere mucha tramitación. Es un procedimiento de alta garantía distinto al de las reclamaciones. Estamos hablando de inhabilitaciones de funcionarios y directivos y no hay manera de llevarlo adelante con la configuración actual de los órganos garantes de la transparencia. Se necesitaría otro tipo de órgano. No digo yo que no se haga, pero si se atribuye esta competencia, debería tenerse en cuenta que no puede hacerse sin una dotación adecuada de medios. Si no, será un desastre.

Tengo también la impresión de que, y esto pasa también un poquito cuando hablamos de protección de datos, donde hay, incluso, sanciones económicas, para el infractor esto no se ve realmente como una carga, porque puede asumirla. Sería más partidaria de medidas que garantizaran la entrega de información al momento. Nosotros lo poníamos en el pie de recurso: Con esta resolución, usted tiene un acto administrativo que le reconoce el derecho a obtener la información. Es un título ejecutivo con el que usted puede acudir directamente a los tribunales. Pero, claro, eso no siempre está en condiciones de hacerlo un ciudadano. Deberíamos tener legitimación nosotros para que pudiéramos exigir ante los tribunales, en nombre de ciudadanos, la entrega de esa información cuyo acceso ya hemos estimado en la resolución. Para los órganos de garantía creo que no sería una carga excesiva porque la decisión ya está motivada y razonada, a veces incluso también defendida ante los tribunales. Y, en cambio, sí sería, yo creo, una medida de garantía gratuita que, de alguna forma, cerraría el círculo. ‘Déjeme usted que yo le voy a acompañar y no me voy a quedar a la puerta de los tribunales, voy a entrar también’. Creo que eso sería mucho más sencillo y, seguramente, más eficaz.

P.-Ahí necesitarías mucho, imagino Elisabet, un cuerpo de letrados de la GAIP, casi… (risas)
R.-Bueno, no creo que fuera para tanto… porque de alguna manera ya tienes el tema estudiado y trabajado ¡Estamos hablando del incumplimiento de tus propias resoluciones! Yo creo que no sería tan complejo. Lo es mucho más iniciar un procedimiento sancionador.

El procedimiento de mediación es único porque tiene unos tremendos efectos divulgativos, pero es muy costoso para el órgano de garantía porque supone duplicar los procedimientos

P.-Imagino que las multas coercitivas también sería otra de las alternativas, porque son rápidas y también asustan…
R.-Bueno, lo que pasa es que, como os decía antes, cuando uno no se juega sus propios dineros, no sé hasta qué punto las multas son disuasorias. Y más en este tema, en el que yo creo que es más el prestigio lo que está en entredicho que lo económico. Creo que es más eficaz divulgar que determinada Administración está haciendo caso omiso de la ley, que imponerle una sanción económica, que tampoco se sabe a qué bolsillo va a tocar.

P.-Elisabet, ¿tienes la sensación de que la GAIP ha sido precursora en la fijación de ciertas doctrinas o criterios que luego han seguido la mayor parte o algunos de los comisionados autonómicos?
R.-Sí. Bueno, creo que porque cronológicamente fuimos el segundo órgano de control que se creó y porque hemos tenido un volumen de resoluciones muy alto. En mi época, más de 6.000. En ese número de resoluciones hay cosas muy trilladas y muy innovadoras sobre las que nos tocó pronunciarnos y sobre las que nadie había dicho nada todavía. Tengo esa constancia y, además, es de las cosas más gratificantes de toda esa etapa. Hemos tenido muchas veces la impresión de que abríamos algunas puertas que estaban hasta entonces cerradas. Esto justifica todo el esfuerzo de estos años.

P.-Sin duda. Hasta la fecha, solo el Comisionado canario ha conseguido entrar en el Estatuto de Autonomía de su Comunidad. ¿Consideras que ese reconocimiento es importante, es aconsejable, le da mayor seguridad a la institución, más fuerza o solidez a lo que hace y lo que dice?
R.-Sí, aunque no lo considero imprescindible. Creo que es mucho más urgente dotarle de medios para funcionar. Pero no hay duda de que un reconocimiento institucional contribuye mucho a que no tengas que estar suplicando por más medios. Una vez que entras a jugar en primera división, el presupuesto y los medios propios ya no se discuten. Creo que puede ser un paso, aunque solo sea para visibilizar e institucionalizar la transparencia como ha sucedido con los tribunales de cuentas o los defensores del pueblo, y para entender que no se trata de una moda.

P.-De hecho, el asunto de la falta de medios, de recursos, es una de las cosas que se vienen recogiendo en todos esos manifiestos que se llevan haciendo desde el año 2018, y parece que no cambió nada desde entonces… ¿o sí?
R.-En algunos casos sí, como es el caso de Andalucía, aunque todo sea dicho de paso puede que sea por la asunción de las competencias de protección de datos. Me habría gustado ver qué habría pasado si hubiera tenido solo la competencia en materia de derecho de acceso a la información. Pero hay muchos otros que están en una situación paupérrima. Nosotros estamos también así, pero incluso peor lo está Aragón. Baleares ya ni tiene órgano, Murcia ni te cuento… No me veo capaz de quejarme, en el sentido de que no es una situación que padezcamos en solitario, pero, precisamente porque empieza a parecer una tendencia, me resulta preocupante y habrá que ponerle remedio. Eso de dejar morir de inanición a los órganos de garantía es una cosa muy vieja y muy manida. Tampoco nos vamos aquí a rasgar las vestiduras ni a descubrir nada. Yo, como te digo, que llevo toda la vida en la Administración, algo de esto me podía imaginar. Mientras la ley de transparencia no garantice una suficiencia de medios y siga dejando en manos de los órganos controlados la capacidad de gestión de los órganos controladores, yo creo que la situación no va a cambiar.

Los tribunales están demostrando estar tremendamente alineados con la causa, tanto el TSJ de de Cataluña como el Supremo

P.-Aunque ya has comentado lo gratificante que ha sido el trabajo que has realizado en la GAIP, te quería preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cómo definirías personalmente ese periodo en que has estado al frente de la GAIP? Y, por otro, ¿cómo has vivido desde el punto de vista profesional los cambios que se han hecho, los avances que se han dado y los obstáculos a los que os habéis enfrentado?
R.-A mí me parece que, desde el punto de vista profesional e, incluso, personal, éste es el reto más grande al que me he enfrentado. Ilusionantes yo recuerdo dos épocas, ésta y otra en la que estuve en el Departamento de Interior, con toda la negociación de las competencias de la policía y de tráfico… También fue una época muy enriquecedora, pero creativamente mucho menos. Recuerdo ese 1 de diciembre de 2000 saliendo por primera vez en las fotos de tráfico a las 12 de la noche… Esa sensación de piel de gallina aún la recuerdo y la volví a tener con este nuevo reto el día que nos vimos todos y nos dijimos: ‘Vamos a empezar a ver cómo se aplica una ley de transparencia que nadie conoce. A ver cómo lo hacemos’. Y lo hemos podido hacer con mucha tranquilidad. No con muchos medios, pero sí con mucha tranquilidad, con mucha independencia. Eso es verdad. Trabajando muchísimo. No hemos tenido vacaciones ni un día, hemos continuado haciendo plenos durante agosto porque no había otra manera. Y lo he hecho con un compañero impagable que es Pep Mir, sin desmerecer a los iniciales, pero como desde 2017 hemos estado solos, los tengo menos presentes. Los últimos 5 años ha sido un mano a mano. Un viaje inmejorable que he vivido con una sensación de construir, de ir a palmo a palmo, de ir sentando las bases en algo en lo que creo a ciegas.

P.-Bueno Elisabet, para finalizar te queríamos preguntar, ¿qué consejo has dado o tan pedido o, sin pedírtelo, tú crees que debías de dar a las nuevas personas que han entrado en la GAIP, sobre los retos que seguramente tendrán que afrontar en el futuro o sobre el trabajo que les va a tocar hacer una vez que han tomado relevo de vuestra buena práctica y ejercicio.
R.-Bueno, no sé si es un consejo, pero por lo que me plantearon cuando llegaron, y lo asustados que estaban dada la carencia de medios y con el volumen de trabajo existente, quizá por todo eso, lo que les recomendé es que fueran valientes, que se olvidaran de casi todo. Que supieran levantar la vista un poquito del procedimiento y vieran el conjunto y que fueran valientes en sus planteamientos. Les animé a que no se cerraran ellos mismos las puertas. Si esto tiene que suceder, ya vendrán los tribunales a corregirles. Que abran las puertas y que circule el aire. Los tribunales están demostrando estar tremendamente alineados con la causa, tanto el Superior de Justicia de Cataluña como el Supremo, que son los dos con los que he tratado. Tienen sensibilidad en la materia y no hay que ser timoratos ni conservadores. Hay que ser valientes y hay que tirar para adelante.

P.-Es el mejor consejo, también para la vida…

JOAQUÍN MESEGUER / FRAN DELGADO

Rafael Camacho nos atiende con su amabilidad y sonrisa habitual que esconde cierto nerviosismo. Las personas que lo conocen, entre los que nos encontramos los entrevistadores, sabemos que lleva regular este tipo de cosas porque le generan algo de inquietud. A pesar de ser uno de los mayores especialistas en transparencia de nuestro país y de su brillante trayectoria, sigue viviendo con el síndrome del impostor como cuando subió el primer contenido a su scoop.it ‘Transparencia en España’. Eso se debe a su nivel de exigencia y perfeccionamiento a la hora de abordar cualquier asunto que se proponga, y la transparencia no iba a ser menos.

Fruto de ese manera y seriedad, de esa cultura del trabajo de excelencia adquirida en la universidad, se ha convertido en una referencia y una fuente indispensable a la que acudir si necesitas saber lo último que se cuece en transparencia. Politólogo, consultor, articulista, community manager y hombre orquesta en un circo de cinco pistas de las que siempre sale airoso con un éxito sobresaliente, últimamente se encuentra centrado en la lucha por el uso del lenguaje comprensible en la Administración pública. Excelente conversador, hablamos pausadamente sobre estos diez años de transparencia en nuestro país. Nosotros callamos, escuchamos y aprendemos.

Pregunta.-Buenas, Rafa. Para comenzar, una pregunta que solemos preguntar a las personas que entrevistamos, para poner un poco de contexto personal, es aquello que cantaba El último de la fila… En nuestro caso, ¿dónde estabas entonces cuando se empezaba a hablar de la ley de transparencia en España? ¿Dónde te encontrabas tú?
Respuesta.-Pues me pilló en la universidad. Estaba investigando sobre élites políticas, un tema que me atraía bastante. Me llamaban mucho la atención los flujos y relaciones que había entre las distintas familias de poder, el funcionamiento de los partidos, cómo se movían esos hilos… Estaba bastante lejos de la transparencia tal como la conozco hoy. No estaba metido en grupos de presión, ni participaba en la sociedad civil de una manera activa, ni mucho menos. Digamos que tengo una llegada tardía al mundo de la transparencia.

Si tienes convicciones democráticas es muy difícil que la idea de transparencia no te interese mucho

P.-Y, justamente, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo empiezas a relacionarte con la transparencia?
R.-Pues por uno de vosotros, precisamente. La primera vez que alguien me habló de la transparencia, en el sentido en el que la entiendo hoy, fue mi amigo Fran Delgado, que me dijo que estaba promoviendo una asociación de la sociedad civil junto con otros compañeros de facultad y otra gente vinculada al mundo universitario. Nosotros siempre hemos tenido una amistad muy fuerte y, más o menos, nos vamos contando y sabiendo del desarrollo del uno y del otro y cuando hay algo que nos interesa nos lo contamos, por si uno u otro se suma o le llama la atención. Y me cazó, me cazó. La idea de la transparencia es muy seductora. Se ha vinculado mucho a lo que acabo de comentar de cómo se maneja el poder, pero es que, aun sin eso, también sigue siendo una idea super atractiva y poderosa que llama la atención de cualquier persona que tenga interés en la política. Si tienes convicciones democráticas es muy difícil que la idea de transparencia no te interese mucho. Desde esa perspectiva, empecé uniéndome a esa asociación en una acción formativa en la que conocí a gente absolutamente espectacular. Si ya la idea de la transparencia era seductora para mí, las personas de la transparencia lo fueron aún más. Y tan atractiva fue que aquí estoy, ahí me quedé.

P.-A ti se te conoce inicialmente, aunque luego has desarrollado otras facetas, por tu trabajo en Transparencia en España, que te convirtió en un imprescindible para cualquiera que quiera estar informado sobre lo que acontece en este ámbito en nuestro país. ¿Cómo surge esa idea?
R.-Pues surge para aprender. Se combinaron dos cosas. Transparencia en España fue un trabajo que entregué en el marco de un curso impartido por Acreditra como un modelo de curación de contenidos junto con la primera selección de noticias en esta materia. Suelo contar esto en charlas, especialmente cuando doy alguna clase en la universidad. La comunicación e información siempre me han gustado, y tenía un poco la espinita clavada de periodista frustrado, y todo coincidió: la deformación profesional de investigador de universidad, por un lado, con el interés por las noticias. Como dice mi pareja, que bendita paciencia la suya, cuando me interesa algo lo acabo quemando, y me tomé Transparencia en España casi como un trabajo en el que cada día tenía que publicar y mantener.

En este trabajo me encontré con que personajes muy relevantes del mundo de la transparencia, cargos políticos importantes, me empezaban a mandar mensajes por redes sociales. Fue como un «perdona… ¿hay alguien que está viendo esto de verdad?», y eso supuso para mí un estímulo. La gente que fui conociendo en este trabajo, el interés intelectual por este tema y su utilidad para mi desarrollo profesional hizo que Transparencia en España fuera mi proyecto en mis primeros años en este mundillo. Fue muchísimo tiempo dedicado a aprender y lo agradezco. Esa inversión de tiempo fue muy importante y fructífera porque me permitió conocer muchos aspectos de la transparencia, leer un montón y estar muy al tanto de la actualidad. Esto me facilitó tener muchas referencias sobre lo que se movía, dónde estaban las novedades, las mejores prácticas… Estoy muy contento con este proyecto porque creo que me ha aportado mucho.

La pandemia nos mostró lo mejor y lo peor de las posibilidades de la transparencia

P.-Además de editar Transparencia en España, otra de tus múltiples facetas es que eres articulista de la revista Haz. De hecho, tienes en esta publicación varios textos sobre uno de los momentos de crisis de la transparencia y el derecho en España en nuestro país como fue la pandemia. ¿Qué opinión te merece la gestión que se hizo de la transparencia en ese periodo?
R.-Bueno, es complejo. Es una cuestión poliédrica. Por una parte, hay que entender la enorme dificultad del momento, porque muchas veces, como observadores externos, afirmamos que las cosas no se pueden hacer así y que hay que hacerlas de otra manera. Y, por otra, cuando conoces más sobre el funcionamiento de la Administración, sobre el día a día y los pequeños detalles de los empleados y cargos públicos, ves que las cosas son a menudo complicadas y no se puede llegar a todo. Sin embargo, esto no puede servir de excusa porque son incumplimientos de la ley y porque hay una falta a un mandato democrático. La pandemia nos mostró lo mejor y lo peor de las posibilidades de la transparencia. Es cierto que hubo muchos errores. El Gobierno central era el que estaba más expuesto y fiscalizado en aquel momento. Por tanto, era normal que cometiera más errores, pero los hubo de todo tipo, unos más perdonables y otros menos. Una de las cosas que más me molestaba era la disonancia entre el discurso y la realidad. Se esforzó muchísimo el Gobierno en decir que era muy transparente y, sin embargo, en las cosas en que debía serlo le costaba mucho. Más allá del tema, por ejemplo, de aquel real decreto por el que se suspendían los plazos administrativos y que fue la semilla de todo lo que vino después en materia de transparencia y covid, luego pasaron muchas otras cosas, como la no respuesta a preguntas muy obvias como, por ejemplo, aquello de los miembros que integraban los comités de expertos, esos comités de expertos que existían y dejaban de existir. Estas cosas no son cuestión de que haya más o menos medios, de que estemos más o menos agobiados. No. Es un tema de que no estamos dispuestos del todo a decir la verdad. Asuntos como la publicación de los contratos relacionados con el covid, que costó la vida misma que llegaran a publicarse. Decían que era muy difícil conseguirlo, pero esa misma dificultad la tuvieron otros países y lo solucionaron con nota, como Portugal, por ejemplo.

Y nos dicen: ‘No, es que esta otra cultura. No, aquí no cabe esa disculpa. Ucrania, por ejemplo, en aquella época fue una referencia en cuanto a transparencia en las contrataciones. O Nueva Zelanda, que fue un ejemplo en contratación y comunicación, uno de los grandes fallos en nuestro país. En España, reconocer que no tenemos respuesta a algo parece que está prohibido para los políticos. En Nueva Zelanda o en Alemania reconocieron no tenerla y eso generó confianza en la ciudadanía, empatía, e hizo que mucha gente estuviera dispuesta a sumar, a comprender mejor la política o, incluso, a asumir los cambios de rumbo que se iban tomando en las políticas para la lucha contra el covid.

Sacar a militares, por ejemplo, en las ruedas de prensa y utilizar a algunas personas como escudo en vez de que fueran los responsables políticos quienes dieran las explicaciones… Gestionar la comunicación sobre el covid durante 24 horas siete días la semana explica mucho los errores durante los primeros meses. También hay que recordar que en España tenemos varios niveles de Administración, no solo tenemos la estatal. Las administraciones autonómicas nos dieron grandes lecciones de gestión de la transparencia en este periodo, pero también vimos algunos muy malos ejemplos, aunque no recibieron tantas críticas como el Gobierno central. Sucedieron cosas muy curiosas como Comunidades que seguían estrictamente las mismas pautas que el Gobierno, mientras que otras las adoptaban diferentes y, sin embargo, criticaban fuertemente lo que hacía el Gobierno central cuando en su comunidad se tomaban exactamente las mismas medidas, punto por punto.

Esa hipocresía me resultó bastante chocante y molesta. Y eso también es gestión política, no solo la del Gobierno central, sino también la de las comunidades. El mundo local se volcó de una manera increíble e hizo lo que podía hacer, demostrando su capacidad no tanto de transparencia, sino la fuerza del gobierno abierto como respuesta a las crisis: el valor de la participación, de la colaboración, en la búsqueda de soluciones colaborativas, la generación de redes… esa parte fue muy estimulante. El covid da para hablar horas y horas.

La confianza en las instituciones es fundamental para conseguir que la proliferación de noticias falsas sea lo más limitada posible

P.-Al final de lo que hablamos es de la transparencia como mecanismo para fortalecer la confianza en las instituciones y, sobre todo, para que los mensajes que nos llegan sean mucho más claros, que la gente pueda entenderlos, y no se trate a los ciudadanos como si fueran niños. Cuanta menos transparencia hay, más posibilidades existen, por ejemplo, de que aparezcan fenómenos como las fake news y las conspiranoias, claro…
R.-La falta de confianza generada por la comunicación del Gobierno propiciaba que esto sucediera. Y cuando hablo del Gobierno no me refiero solo al español, sino a cualquier otro en el mundo. No podemos nunca olvidar, por favor, que se llegó a decir que la lejía curaba el covid. La confianza en las instituciones es fundamental para conseguir que la proliferación de noticias falsas sea lo más limitada posible y se quede en grupúsculos, en un ámbito residual y prácticamente inevitable. No podemos conseguir que no exista algún tipo de conspiranoia, pero a lo que sí tenemos que aspirar, y es una obligación de las administraciones públicas, es a apelar a la responsabilidad y a que no se expandan.

P.-A pesar del momento crítico del covid, nos encanta de que hables siempre de la ‘transparencia en positivo’. Gracias a esa labor informativa que llevas a cabo en Transparencia en España estás al tanto de todas las actividades y novedades que se dan en nuestro país. En este sentido, si tuvieras que destacar algunas prácticas o avances en transparencia en estos años, ¿cuáles serían, Rafa? Por hablar de ‘transparencia en positivo’…
R.-Esto me resulta superdifícil, pero creo que sí, que tengo una respuesta. Serían todas las medidas que hacen que la transparencia sea más accesible y que el control o conocimiento de la gestión de los asuntos públicos llegue a la ciudadanía. Es decir, todo lo que tenga relación con acercar las administraciones a la ciudadanía. Me refiero al lenguaje claro y a la comunicación clara, no tanto por la obsesión profesional que pueda yo tener con este tema ahora, sino porque cualquier medida que ayude a que la gente entienda para qué sirve la transparencia y su potencialidad creo que es lo de más destacable y necesario ahora. Mucho más que la automatización de la gestión de la transparencia, las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, los magníficos ejemplos de rendición de cuentas, que también los situaría en ese aspecto comunicativo. Cualquier esfuerzo que sirva para acercar y para que la gente entienda qué demonios es esto de la transferencia y para qué sirve. Porque a día de hoy, pasados 10 años, muchísima gente, independientemente de lo que digan las encuestas, sigue sin tener la más remota idea de lo que es la transparencia y, además, les importa bastante poco. Esto es así también porque la política ha perdido el interés en poner el foco en la transparencia. Esto lo he hablado con vosotros en alguna ocasión. Hubo un momento en el que era absolutamente imprescindible mencionar la transparencia cada 50 palabras en cualquier intervención pública o entrevista. Esto se ha ido diluyendo campaña tras campaña al ver que era un concepto amortizado que, prácticamente, ni sumaba ni restaba electoralmente. En cierta medida, la política se comió a la transparencia, pero la transparencia no se puede dejar de lado. Una vez que llega, es inevitable. Derogar la ley de transparencia supondría en la práctica declarar un estado dictatorial. Sería realmente muy, muy preocupante. Como esto no tiene marcha atrás, creo que es necesario que se siga avanzando en lo que tenga que ver con la cultura de la transparencia tanto a nivel interno, de las propias administraciones y políticos, como para la sociedad.

P.-La transparencia es imparable, un buen eslogan. Rafa, en esta respuesta has mencionado el asunto del lenguaje claro, algo en lo que últimamente te has especializado, reivindicando su necesidad. ¿Cuánto de necesario es el lenguaje claro y qué aporta a la transparencia?
R.-El lenguaje aporta comprensibilidad. Si no comprendes lo que te están contando, ¿para qué sirve? Piensa en cualquier cosa, por ejemplo, en una película de la que no entiendes absolutamente nada. Puedes mantener el interés un rato por empeño, un poco más por militancia quizás, por eso de que ‘esto no va a poder conmigo’, pero llega un punto en el que pierdes interés porque, simplemente, no te estás enterando. Si te acercas a la transparencia a través de un portal, por ejemplo, que es la puerta lógica, y no entiendes absolutamente nada de lo que hay ahí, ¿cuánto vas a tardar en salir? Y, sobre todo, ¿cuándo vas a volver? Nunca.

Muchísima gente sigue sin tener hoy la más remota idea de lo que es la transparencia y, además, les importa bastante poco

Si pides información a través de una solicitud de acceso y te responden en unos términos que para entenderlo necesitas un abogado al lado, posiblemente no vuelvas a hacerlo, salvo que tengas un interés muy grande en algún tema concreto. Ocurre igual en la vida normal, cuando buscas a alguien que te pueda echar una mano, o tienes que pagar los servicios de alguien que pueda ayudarte que para conseguir la respuesta que necesitas sobre un tema determinado. La transparencia no debe ser eso.

Al principio creía desde la más pura ingenuidad que iban a presentarse muchas solicitudes de acceso a la información. Ahora compruebo que se cumple de forma aplastante lo que [Emilio] Guichot decía hace 10 años y es que por muchos portales que haya y por mucho que se pueda preguntar al Gobierno, la gente no lo hace. Y es comprensible. ¿Quién lo hace? ¿Quién pide información? Personas que tienen un interés concreto y, especialmente, profesionales, ya sean académicos, investigadores o periodistas. Es normal, porque no podemos esperar que la gente se levante, con todos sus problemas y diga: ‘Venga, hoy voy a presentar una solicitud de acceso’. Pues no. Será porque tiene algún asunto concreto que le llama la atención o que le interesa. He pasado de esa nube en el que todo lo veía maravilloso a pensar que es una herramienta útil y necesaria, pero para que realmente sea así debe ser comprensible para la ciudadanía. Si no lo es, ¿cómo lo vas a usar? Decía Manuel Medina, ex director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la ley de transparencia es una ley para las personas y, si es una ley para las personas y no para los juristas, debe estar escrita en un lenguaje apto para las personas, no solo para los juristas.

P.-Hemos hablado de lenguaje claro y de transparencia en positivo, pero tampoco vamos a hacernos trampas al solitario. Hemos observado que actualmente se está produciendo, si no cierta regresión, sí una paralización de esos avances que se estaban dando en el ámbito de la transparencia. ¿A qué crees que es debido? 
R.-Totalmente. Helen Darbishire decía que todos los gobiernos, de cualquier color, han hecho grandes avances de transparencia y es verdad. Cuando recopilo buenas prácticas, o doy alguna charla, intento esforzarme en poner ejemplos de todos los partidos políticos porque creo, en esa ingenuidad que todavía mantengo, y lo he escrito incluso no hace mucho tiempo, que la transparencia no tiene color político o no tiene ideología. Quiero seguir pensando en ello, pero creo que hubo un cambio muy llamativo con los llamados ‘gobiernos del cambio’, y no me refiero solo a los que venían propiciados por Podemos, sino también por Ciudadanos, porque las nuevas formaciones políticas trajeron ciertas exigencias en materia transparencia y eso se tradujo en avances y cambios. Ahora, con la desaparición en los gobiernos de esas fuerzas políticas se están, de alguna manera, frenando esos avances en el mejor de los casos. Creo que la entrada de VOX en algunos gobiernos también tiene que ver con los pasos atrás que se han dado, aunque no es algo exclusivo de esta fuerza política. No tiene ninguna presidencia de comunidad autónoma ni ninguna mayoría parlamentaria, por lo que no se puede afirmar eso, pero sí tengo claro que el freno a la transparencia y la regresión, en algún caso tiene que ver con la caída de esos partidos de nuevo cuño y con el espíritu reformista que propugnaban desde la izquierda o del centro derecha.

Ahora mismo, lo que ha ocurrido con la ley de transparencia de Madrid llama bastante atención. Porque las leyes autonómicas vinieron para desarrollar la estatal y, de hecho, la de Madrid fue de las más valientes o de las más avanzadas en su momento, y ahora se cita la ley estatal como referencia en la que cobijarse, porque eso parece, que quieren agarrarse a ella diciendo que no están obligados a hacer más de lo que la ley estatal establece. La idea no era ésta, al contrario. Se entendía que la transparencia de las autonomías fuera más allá, y así fue en Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, como acabo de decir. O en el País Vasco, que quiere aprobar ahora la ley, aunque parece que no va a dar tiempo a que el Parlamento la saque adelante. El proyecto de ley de Castilla y León también era muy avanzado y con el cambio de gobierno, ya sin Ciudadanos, cayó en el olvido… Se trata de algo multicausal, tiene que ver con la amortización política de la transparencia, con el hecho de que no da o quita votos especialmente, al menos esa es la percepción que se puede tener. Si existiera una demanda ciudadana importante de transparencia seguramente volvería a los discursos políticos y no está siendo así.

El freno a la transparencia, y la regresión en algún caso, tiene que ver con la caída de esos partidos de nuevo cuño y con el espíritu reformista que propugnaban

P.-Si nos permites el comentario, resulta curioso que, justamente, hablábamos de que la transparencia era imparable y con el ejemplo que has puesto de Madrid no sé si se podría decir que estamos retrocediendo en el tiempo y esto marcará el camino…
R.-A lo mejor soy un ingenuo, pero creo que es una excepción y quiero pensar que no va a arrastrar a nadie más. Sin embargo, la supresión de la Oficina Antifraude de Baleares puede estar en la misma línea. Aparenta ser un envoltorio de caramelo, pero es un caramelo envenenado. El caramelo viene bajo un envoltorio precioso llamado ‘eficiencia administrativa’ y, claro, ¿quién va a estar en contra de la eficiencia y del control del gasto? Nadie. ¿Quién va a estar en contra de algo que es bueno como concepto? Nadie se va a oponer a algo que, además, es un principio general de actuación de las administraciones públicas. La cuestión es que, bajo esa supuesta eficiencia administrativa, al final lo que estás diciendo es que la transparencia es ‘antieficiente’, que lo único que hace es retrasar todo y hacerlo más difícil.

Por ejemplo, el tema de Extremadura y los altos cargos. Una cosa buena que tenía la ley extremeña respecto a otras en España era que los altos cargos tenían que pasar una comparecencia previa en el parlamento regional antes de tomar posesión. Pues eso ya ha desaparecido porque dijeron que hacía imposible que pudieran trabajar desde el día siguiente, y había que esperar una o dos semanas. Cuando escuchas este argumento piensas que es una broma porque como tal no puede ser más débil. Que no nos tomen por imbéciles. Con esa misma excusa se eliminan las oficinas antifraude o pasa a haber un único miembro en el Consejo de Transparencia de Madrid en vez de tener tres vocales. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil elegir a uno que a tres y es más rápido, pero, claro, no se trata de eso. Cuando alguien usa como argumento la eficiencia administrativa para reducir la transparencia me hace poner los pies en pared.

P.-Para terminar ya, Rafa, y al hilo de lo que estamos hablando, que parece que la transparencia ha dejado de estar de moda, recuerdo un artículo tuyo en el que decías que a la transparencia se le hace de noche. ¿Estamos a tiempo de revertir esa situación? Y, grosso modo, ¿cuáles crees que son los verdaderos retos de la transparencia en nuestro país?
R.-Sí, estamos a tiempo, sin duda. Uno de los últimos artículos que publiqué decía que la transferencia bailaba bachata porque va dando pasitos hacia delante y pasitos atrás No quiero que se piense, después de todo lo que he dicho hasta ahora, que solo vamos hacia atrás, no. También avanzamos y hay muchas cosas que lo demuestran. Esa perspectiva no debemos perderla. Por desgracia creo que los retos se parecen muy, muy mucho a los que planteaba en el primer o segundo artículo que escribí en la Revista Haz. Han pasado tres años y pico y se parecen muchísimo. No lo recuerdo exactamente, pero grosso modo, como dices, uno es el reto cultural, que las instituciones se crean la transparencia; que seamos capaces de transmitir la necesidad de transparencia y que la ciudadanía lo comprenda, que se trabaje en la formación y concienciación en integridad en las instituciones. Que sea una cuestión integral, preventiva y no correctiva, como la que procede del Derecho Penal.

Por otra parte, está el reto tecnológico, saber usar las posibilidades de la tecnología que no se están aprovechando. Sobre esto, recuerdo un artículo que escribí con la colaboración de Juan Romero Raposo, de Openkratio, que es de las personas que más admiro y menos reconocimiento tiene en materia de transparencia. Cuando hablas con él te recuerda la cantidad de cosas que podemos hacer en transparencia con ayuda de la tecnología y no se hacen todavía. Hay algunas cosas más fáciles y otras más difíciles, pero cuesta dar ese salto porque todavía, por el tema cultural, estamos en el ‘yo ya cumplo la ley y si cumplo la ley pues ya está bien’. El reto tecnológico tiene otra vertiente, el de la inteligencia artificial, en dos aspectos: uno, su uso para cuestiones de transparencia, y dos, la transparencia sobre la inteligencia artificial, que esto me preocupa mucho. Me inquietan mucho los algoritmos que deciden nuestra vida. Ahí está la batalla de Civio por destripar el algoritmo de Bosco. Creo que no falta mucho para que la inteligencia artificial responda a solicitudes de derecho de acceso a la información. Creo es algo que va a pasar más pronto que tarde y creo que se debería dejar claro en qué casos se ha utilizado esta tecnología. A lo mejor no sucede, pero creo que es de las tareas más sencillas que se puede pedir a estas inteligencias artificiales.

Los desafíos a los que nos enfrentamos en transparencia serían el reto legislativo o jurídico, el cultural y el tecnológico

Y después tenemos, quizás, el reto más importante que es el jurídico, porque ya hemos visto que la transparencia tiene que entrar con sangre, porque si no es con sangre no va a entrar. El tema de las sanciones, el cómo vamos a regular esto para que la transparencia sea realmente efectiva. Éste es otro de los puntos en los que he perdido la inocencia. Yo era de los que defendía que la transparencia con sangre no entra, siguiendo al maestro Jiménez Asensio. Luego él dio un giro y yo con él, pero bastante más tarde. Y sí, va a tener que ser con sanciones, con algún tipo de mecanismo coercitivo que acabe por hacer necesario su cumplimiento. Pero reconozco que en esto de las sanciones no dejo de dudar. Decía José Luis Rodríguez, presidente del Consejo de Transparencia, que el nivel de cumplimiento es insoportable y creo que esa palabra lo hice todo. No puede ser que no se cumplan las resoluciones de los consejos o comisionados de transparencia.

A modo de resumen, para mí los desafíos a los que nos enfrentamos en transparencia serían el reto legislativo o jurídico, el cultural y el tecnológico.

FRAN DELGADO / JOAQUÍN MESEGUER

Bajo su semblante de mujer sabia y bondadosa se esconde un animal político curtido en los estrados de la judicatura y, más tarde, en la trinchera del activismo social. Aupada desde los movimientos políticos y sociales que aparecen tras el 15-M español a la alcaldía de Madrid, impulsó durante su mandato el primer gran programa local para el desarrollo e implantación de medidas de transparencia. Aun hoy, transcurridos casi ocho años desde la aprobación de la Ordenanza de Transparencia de la ciudad de Madrid, la norma sigue siendo todo un referente a todos los niveles territoriales como paradigma del compromiso y progreso en esta materia.

Alejada del foco político, analiza su experiencia municipalista y reivindica la necesidad de la transparencia de lo cotidiano como una forma esencial de entender y hacer política para la ciudadanía. Contrario a lo que pueda parecer actualmente con la transparencia, con Manuela nada pasa de moda.

P.-Solemos preguntar a todas las personas que pasan por nuestras manos en qué estaban cuando se empezó a fraguar la actual ley de transparencia estatal en 2012, 2013. ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Se te pasaba por la cabeza estar ahí como cabeza visible de un movimiento social y político que finalmente te llevaría a ser alcaldesa de Madrid en 2015?
R.-No, la verdad, ni se me había pasado por la cabeza. He contado muchas veces que cuando me jubilé anticipadamente en la judicatura tenía muchos proyectos, pero ninguno pasaba por ser protagonista en la política. Nunca me había interesado. Me habían ofrecido, precisamente en el primer gobierno socialista, poder tener una responsabilidad política en el Ministerio del Interior y ya había dicho que no. Al contrario, lo que sí tenía era un afán muy claro de dedicarme, como persona ya jubilada, a hacer todo lo posible para conseguir que hubiera un proyecto de evaluación de las leyes. Desde muy pronto, desde que llegué a la judicatura, una de las cosas que más me sorprendió fue comprobar la gran diferencia que hay entre la letra de la ley y su cumplimiento. Tengo muchas cosas escritas de aquella época. Contacté con el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y me esforcé por interesarles en que la Sociología jurídica fuera más empírica y se trabajara mucho más en la evaluación de las leyes, es decir, en si se cumplen o no. Para mí esto era una preocupación constante.

El diálogo político solamente busca la diferenciación y, por tanto, la exclusión

P.-¿Qué importancia tuvo el compromiso del equipo que tú lideraste con la transparencia durante tu paso por el Ayuntamiento de Madrid?
R.-Bueno, fue muy intenso y a mí me pareció muy bien que fuera así. Quizá por esto que os he dicho, de que a mí lo que realmente me interesaba profundamente era saber cómo se cumplían las leyes. La transparencia no era para mí, digamos, una preocupación específica, pero creía que era un objetivo y una obligación indiscutible gobernar siempre con transparencia. De alguna manera lo daba por hecho, pero trabajando con Pablo Soto me di cuenta de que, aún así, había que construir el edificio de la transparencia ladrillo a ladrillo. Y lo apoyé sin discusión y me dejé llevar por todos aquellos del equipo que conocían, que sabían y que hacían propuestas para reformar la normativa municipal.

P.-Política y transparencia parece que son como el agua y el aceite. Hablar de transparencia política es casi un oxímoron. ¿No crees que debería reivindicarse la transparencia como un instrumento para introducir la ética en la política, en la vida pública? Tú has hecho gala de ello con un programa que tuviste en la Cadena Ser sobre este asunto…
R.-Claro. De alguna manera la transparencia es un instrumento útil, pero ¿cómo os diría…? Lo fundamental es la evaluación, porque realmente la transparencia surge ante la evidencia de que falta visibilidad de la acción política. Por eso, me parece importantísimo evaluar, para que los ciudadanos puedan conocer lo que la política consigue. Hay que practicar una política abierta que no precise un ejercicio de transparencia, sino que sea, en sí misma, la transparencia.

De las cosas más interesantes que pude hacer en el Ayuntamiento de Madrid fue plantear que los propios ciudadanos que estuvieran interesados pudieran formar parte, estar presentes, en reuniones políticas del ayuntamiento. Recuerdo que, en las sesiones abiertas del pleno, cuando los ciudadanos participaban en ellas como si fueran concejales, salía a relucir muy a menudo el problema de la falta de limpieza, que todos sabemos formaba parte de la estrategia del Partido Popular para desgastarnos. Pero nosotros sabíamos que estábamos haciendo muchísimas cosas para que la limpieza mejorara en la ciudad. En uno de aquellos plenos expliqué a los ciudadanos que todas las semanas celebrábamos una reunión para evaluar la limpieza en Madrid -creo recordar que era los viernes a las 12- y que tenía mucho gusto en invitarles para que vinieran y vieran, porque yo les contaba muchas cosas y ellos no las creían.

Es un problema tremendo que la transparencia se oxide por falta de credibilidad en los datos públicos, y eso provoca ese distanciamiento en la ciudadanía. La verdad es que fue muy hermoso que a la siguiente reunión semanal de evaluación de la limpieza acudieran dos o tres vecinos. Se quedaron muy sorprendidos, porque pensaban que lo que les decía no era verdad. Se sentaron allí, les ofrecimos un café e intervinieron y dijeron cosas muy interesantes. En ese momento fui consciente de que, cuando introduces en la práctica habitual de la política la visión de las personas que están fuera de ella, siempre surge algo interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad con unas gafas, como si dijéramos, deformadas y la sociedad lo hace con las gafas del sentido común. Creo que hoy en día esto tendría que ser lo habitual, que cualquier ciudadano pudiera conectarse en streaming a cualquier reunión política, incluido el Consejo de Ministros.

Era un objetivo y una obligación indiscutible gobernar siempre con transparencia

P.-Aprovechando que, además de tu vida política, has sido muchos años magistrada y que nos has hablado, precisamente, de la evaluación de las leyes para comprobar su cumplimiento, te preguntamos: ¿cómo de importante es para ese cumplimiento el hecho de que no exista un régimen sancionador en la ley de transparencia?
R.-La verdad es que yo confío poco en los regímenes sancionadores. Se convierten en túneles sin salida, porque todo acaba en los juzgados, luego empiezan los recursos… No confío en la sanción. Confío muchísimo más en el poder de la convicción y en el establecimiento de estructuras que hagan posible el conocimiento de la política. Es preocupante que la política no haya sabido explicar que su esencia misma es la gestión. Esto lo debatíamos en muchas ocasiones en el seno de la Junta de Gobierno, en mi propio equipo. Yo hablaba de la importancia de la gestión y muchos no acababan de entender lo que quería decir porque para ellos estaban los postulados ideológicos por encima de la gestión. En fin, creo que son equivocaciones muy graves. Por supuesto que la gestión puede tener un enfoque de objetivos políticos o ideológicos dentro de las posibilidades que da el ejercicio de la política, pero la esencia es la gestión y nadie habla de ella. Los gobiernos hablan de lo que se va a hacer, de los programas, de los proyectos, pero nunca de qué ha pasado con ellos. Eso me parece absolutamente vergonzoso. Creo que nunca lo hice tan mal como en aquellos últimos debates antes de las elecciones de 2019, porque quería hablar de la gestión que habíamos hecho, pero fue imposible hacerlo. Solo había descalificaciones, mentiras… no sé. Fue dramático que no fuéramos capaces de objetivar la gestión. La mayor parte de la gente aún se pregunta qué hicimos de 2015 a 2019 y sólo va a recordar las cosas de las que la prensa se hizo eco, como Madrid Central y otros asuntos que tuvieron publicidad, pero, salvo alguna medida que, por alguna razón, no sabes por qué alcanzó repercusión, hubo cantidad de cosas de las que nadie se enteró y que fueron súper importantes, porque determinaban la robustez de un programa político que partía de una manera diferente de entender la ideología y de cómo debe ser la gestión partiendo de esas opciones diferentes que te da una manera de pensar distinto.

P.-¿Tú recuerdas haber dado un tirón de orejas a alguno de los miembros de tu equipo por no haber actuado con transparencia suficiente en algún caso concreto en el Ayuntamiento?
R.-La verdad es que soy poco partidaria de los tirones de orejas (risas). Eran muy, muy interesantes los debates que teníamos en la Junta de Gobierno, porque tenían mucha profundidad y planteábamos muchas cosas muy interesantes, aunque quizás sin ser conscientes, que definían una manera concreta de gestionar. Sí que lamenté a veces que mi equipo no practicara lo que podríamos llamar transparencia cotidiana. Les decía:’ ¿Por qué no habláis más con la gente en vuestro día a día?’. Les insistía mucho en que lleváramos una especie de bolsita con todos aquellos ceniceros que habíamos diseñado para no tirar las colillas y les decía que, cuando vieran a alguien tirar una, se acercaran a esa persona con todo respeto para decirle: ‘¿Te acabas de dar cuenta que de que acabas de tirar la colilla?’. Pero me daba cuenta de que esto no les interesaba, que les parecía peccata minuta, algo sin importancia, y para mí era todo lo contrario. No lo conseguí. Cuando les acompañaba a visitar los distritos, notaba que faltaba esa comunicación, esa disposición a hablar con cualquier persona con la que te cruzas para intercambiar opiniones. Estamos muy acostumbrados a tener una participación ciudadana muy reivindicativa, pero poco colaborativa. Y la necesitamos, cada vez lo tengo más claro.

P.-Durante tu mandato hubo bastantes críticas sobre la falta de detalle sobre un fondo que aparecía en tu declaración de bienes. Incluso hubo un pronunciamiento judicial sobre ello. Lo cierto es que comparativamente, hoy por hoy, el modelo de declaración de bienes que existe en el Ayuntamiento de Madrid es uno de los más exigentes y que aporta mayor información del panorama nacional. ¿Cómo viviste esta situación y qué opinión tienes sobre la deriva que tomó aquel asunto?
R.-Pues mirad, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Yo dedicaba apenas tiempo a estas cosas que me parecían poco importantes. Expliqué entonces que no tenía fondo alguno, pero sí unas acciones. Estaba explicado en mi declaración, y quien la leyera podía ver bien que no tenía fondo. ¿Cómo iba a hablar de un fondo que no tenía? Me hubiera encantado hablar con la persona que presentó la reclamación y haberle dicho: ‘Oiga, mire, entre usted en mi cuenta y verá que no tengo fondos’. Pero la marejada y la burocracia municipal te arrastra. Me sorprendía tremendamente tener que aclarar algo que no existe.

No confío en la sanción. Confío muchísimo más en el poder de la convicción y en el establecimiento de estructuras que hagan posible el conocimiento de la política

P.-Es verdad que durante tu mandato hubo avances muy importantes en transparencia en el Ayuntamiento muy reconocidos por diferentes instituciones e hicisteis cosas pioneras en ese momento en España. Pero no estamos muy seguros de que esos avances fueran realmente percibidos de esa misma forma por la ciudadanía. De hecho, tú has hablado de la necesidad de practicar esa especie de ‘transparencia de proximidad’ con los ciudadanos. ¿A qué crees que es debida esta situación?
R.-Yo creo que los medios de comunicación no tienen ningún interés en explicar aquello que no sea bronca. Creo que esto no se hacía antes ni tampoco ahora, ningún Gobierno que yo conozca, pero nosotros, antes de que se celebrara cada pleno mensual, hacíamos un dossier en el que dábamos todos los datos, absolutamente todos, de lo que se había hecho, de las cuestiones más sensibles como la tardanza en la gestión de licencias, el tema de la limpieza… Ningún medio de comunicación habló nunca de ello. Nunca. No les interesaba. Sólo les importaba relatar que si en el pleno alguien había dicho que yo era una tal u otras parecidas que no quiero ni repetirlas. Eso era lo único que se buscaba. Los medios de comunicación solamente buscan la bronca, solamente buscan que haya tensión. ¿Por qué sucede esto? Recuerdo que, en mis tiempos de jueza, cuando me eligieron mis compañeros decana de los juzgados de Madrid, hicimos un curso muy interesante sobre cómo gestionar la justicia y un profesor, al que adoro, Jesús Bartolomé, nos explicó que el diálogo político solamente busca la diferenciación, y, por tanto, la exclusión. El diálogo político nunca es cooperativo ni integrador. La política tiende a buscar lo que te diferencia. Esta forma de entender la democracia, por la que nos hemos dejado llevar, es una equivocación extraordinaria y está llegando a cotas irresistibles.

P.-Al hilo del papel de los medios de comunicación, recordamos que en el Ayuntamiento pusisteis en marcha una web municipal para eso, para contar todo lo que se estaban haciendo. ‘Versión Original’ era su nombre. ¿Crees que fue un error o se trató de una herramienta válida que no supo comunicarse de la manera adecuada?
R.-Creo que sí, que fue una herramienta muy válida, pero chocó al completo con los medios de comunicación. Recuerdo la cantidad de cosas que dijo contra nosotros la SER, que si era una censura previa… Nosotros solo intentábamos dar nuestra propia versión, pero hubo una reacción corporativa muy negativa por parte de los medios de la comunicación que no supimos contrarrestar.

El diálogo político nunca es cooperativo ni integrador. La política tiende a buscar lo que te diferencia

P.-A pesar de lo que estamos comentando de los medios de comunicación, creo que, en general, casi todos, menos los que nunca lo van a hacer, alabaron con carácter general el impulso a la transparencia durante tu mandato. Es verdad que, a lo mejor, estos avances se perciben más desde fuera, cuando hablamos con personas que trabajan en otros modelos comparados, pero aquí dentro también los medios de comunicación, en general, que resaltaron ese avance. Recordamos el trabajo de la Comisionada de la Memoria Histórica, que generó mucha bronca, como tú dices. Hubo muchas solicitudes de acceso a las actas, a la documentación que generó aquella comisión. ¿Cómo viste todo esto?
R.-Era lógico que se nos pidiera todo aquello, me parecía estupendo. Pero éste fue uno de los asuntos que se utilizó para suscitar confrontación y para desgastar a nuestro Gobierno. Creo que lo hicimos razonablemente bien. Crear esta comisión fue una decisión razonable, pero fue una pena que los medios de comunicación no profundizasen más en lo positivo y se centrasen exclusivamente en que el pleno iba a rechazar o no las alternativas que nosotros planteamos para los cambios de nombre de las calles. Fue una política necesaria en aquel momento. No se había cumplido la primera ley de memoria y teníamos la obligación de hacerla cumplir.

Según estoy hablando con vosotros me viene a la cabeza algo que me sorprendió mucho. Por transparencia sabéis que en las agendas poníamos todas las reuniones que íbamos tener. En cada una de ellas se generaba mucha documentación, borradores, notas que tomas, documentos que te entregan… Yo todo eso lo ponía en una carpeta, que era mi archivo personal. Cuando me marché lo dejé todo allí. Sin embargo, cuando yo llegué a la alcaldía no había ni un documento en mi despacho. Se lo habían llevado y quemado todo, hasta el punto de que no había ni siquiera un listado de las personas a las que se había llamado, ni las reuniones que estaban pendientes… Nada, no había absolutamente nada, ni un papel. Las personas de los equipos anteriores me contaron que se había quemado.

Pero yo dejé absolutamente todo y sorprende que nadie haya valorado esto. Como os dije llevábamos un dossier mensual, y ahora nadie lo hace. Tampoco nadie lo exige y no hay ningún medio de comunicación que hable de la diferencia con respecto a lo que se hacía antes. El salón donde antes se hacían las reuniones estaba hecho para que la gente se sentara y no escribiera. Yo hice un despachito con una mesa para escribir, porque cuando alguien viene a verte para plantearte algo, quiere enseñarte documentos, tomar notas, etcétera. Ahí están todas mis notas con mis dibujos, con los documentos que me entregaron y a nadie la interesa. No sé ni lo que se hizo con todo eso. Esto también tiene que ver con la transparencia. Creo que es muy importante el cumplimiento cotidiano, las actitudes, el día a día. En junio de 2015 yo llegué a un despacho absolutamente vacío, donde no había ni una simple nota. Como magistrada que se había ido moviendo de un juzgado a otro, estaba acostumbrada a que cuando llegaba a uno nuevo siempre había una persona que te contaba: ‘Mira, Manuela, esto es lo que hay. Tenemos pendiente esto, esto, lo otro…’. No sé, lo que es la vida de las instituciones. Y, sin embargo, esta especie de desierto, ese silencio… Y nadie, nadie, nadie ha valorado nada de esto. No he visto nunca ningún medio de comunicación que lo haya comentado. Silencio absoluto.

Cuando llegué no me encontré ni un documento en mi despacho. Se lo habían llevado y quemado todo

P.-Reivindicas la importancia de la ‘transparencia de las pequeñas cosas’, de proximidad. Pequeñas cosas, pero de gran calado, ¿verdad?
R.-¡Claro! Mirad, ahora tengo un programa en Radio Nacional con el que disfruto mucho, que se llama Máster en Justicia, y hablamos mucho de todas estas cosas: de las leyes, de los problemas jurídicos cotidianos de la gente, de cómo funcionan los jugados… y mirad, en muchísimas ocasiones necesitamos datos, porque no tenemos ninguno. Cuando quieres ejercer tu derecho a la transparencia, hay dificultades objetivas como es el hecho de que no existan bases de datos. Por ejemplo, me interesa muchísimo qué está pasando con todos los desahucios que están suspendidos por la vulnerabilidad de las personas afectadas, desde prácticamente 2020 y si las rentas que estas personas dejan de abonar están siendo pagadas por las Administraciones públicas, tal y como dicen los distintos decretos. Estudias los decretos y ves que mientras los desahucios están paralizados los arrendadores tienen derecho a cobrar las rentas. He preguntado en los juzgados, a amigos míos que son jueces, si reciben información sobre todo esto, y me han dicho que ninguna. No sé, yo quisiera tener esos datos, pero es que no sé ni si los datos existen.

Nosotros desde el programa hemos utilizado la transparencia para casos muy concretos, como pedir, por ejemplo, en el caso de una subasta, que nos dijeran los precios a los que se habían adjudicado los bienes, o cosas de este tipo, y la verdad es que nos respondieron bien y de manera rápida, pero luego hay otro tipo de datos que son como tan evanescentes que no sabes siquiera ni cómo pedirlos.

P.-Según has comentado, algunos medios de comunicación buscan justamente la bronca política que, además, últimamente está llegando a unos niveles que rozan lo intolerable. ¿No crees, Manuela, que la transparencia sería una herramienta que podría ayudar a mejorar ese clima político y evitar esa crispación del debate político en España en la actualidad?
R.-Estoy tan de acuerdo… Lo que me encantaría es que se publicara una evaluación de la ley de la transparencia con dos datos: uno, el de las personas que la han ejercido. Y, luego, alguna encuesta pública. El CIS nunca debería depender del Gobierno, sino del Congreso de los Diputados o ser un organismo independiente. No tiene sentido que dependa del Gobierno, siendo un organismo pensado para hacer un análisis sociológico de la realidad social.

Sería interesantísimo que se preguntara a todos los ciudadanos sobre la ley de la transparencia. Nosotros hicimos un programa en el Máster en Justicia sobre esto y fue muy gracioso porque algunas personas que lo oyeron nos llamaron y dijeron: ‘Oye, eso es fantástico’. No tenían ni idea, absolutamente ni idea de que existía una ley de transparencia. Una ley de la transparencia que la gente no conoce es como tener un restaurante en el que nadie sabe que allí se come (risas).

La reforma del CIS pasa porque sea un organismo independiente. Sería maravilloso, incluso, que el consejo responsable fuera elegido por sorteo popular para que hubiera representación de todos los espectros sociológicos, pero después tendría que ser independiente o, como mucho, depender del Congreso. Que dependa del Ejecutivo es un disparate, porque pregunta por cosas que interesan al Gobierno, pero no a la sociedad.

La transparencia es una herramienta que podría ayudar a evitar la crispación del debate político en España

P.-La Asociación Acreditra hizo un sondeo a nivel estatal y preguntó a los ciudadanos por la transparencia en dos oleadas: 2015 y 2016. Los datos que recopiló fueron interesantísimos: la gente tenía muchas expectativas puestas en la transparencia, existía un desconocimiento muy importante de la ley y la gran desconfianza que existía hacia las instituciones públicas. Ésas eran las tres grandes cosas que se extraían, fundamentalmente, del análisis de los datos de la encuesta.
R.-Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que no sabemos sumar todas las enormes e interesantísimas pulsiones de la sociedad civil. Yo, por ejemplo, no sabía de Acreditra. En cambio sí conozco a Civio, que sé que ha obtenido resoluciones muy interesantes que afectan a la apertura y la transparencia y tal.

P.-En las encuestas que llevaron a cabo el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia, la gente reconocía no saber ni que había ley de transparencia ni que había un órgano de tutela que protege este derecho. Tenemos que seguir avanzando mucho en transparencia como herramienta que obliga a explicar y contar qué se ha hecho durante un determinado tiempo con recursos que son de todos. Estamos seguros de que, con tu entrevista, Manuela, vamos a pegar algún que otro pellizco a alguno y a alguna…
R.-Muchas gracias a vosotros, espero que valga para algo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo interesante de la evaluación es que nos permite continuar haciendo las cosas correctas. Es como si en un tratamiento médico no te hicieran ningún tipo de análisis. Te seguirían poniendo las últimas medicinas que han salido:‘‘¡Oh, mira, este laboratorio ha sacado una buena! ¡Venga, vale!’. ‘Pero, oiga, si usted no me ha hecho un diagnóstico. La anterior medicina me produjo una parálisis y casi me dejó absolutamente inútil’. Es alucinante. Yo cada vez que leo en un programa político que «voy a hacer esto, voy a hacer lo otro», pienso: ‘Si esto ya se planteó hace no sé cuánto tiempo y no dio resultado’. Tremendo, ¿no?

Os quiero recomendar un librito que es una delicia y que está en Internet, que escribe Gumersindo Azcárate, un político maravilloso del siglo XIX de la Institución Libre de Enseñanza, que se titula El régimen parlamentario en la práctica”. El análisis que hace de la práctica parlamentaria, y hablamos de 1880, es absolutamente actual.

P.-Seguiremos unos cuantos siglos así seguramente, Manuela…
R.-Espero que vayamos un poquito más rápido, oye (risas).

P.-¡Ojalá! Vamos a meterle el turbo.
R.-Muchas gracias por vuestro trabajo, es formidable, y en lo que yo pueda dar publicidad lo haré con mucho gusto.

JOAQUÍN MESEGUER / FRAN DELGADO

Bajo la apariencia lúdica y desenfadada que le otorga haber sido autora o coautora de obras como Españopoly: Cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo) o del Diccionario ilustrado español-BOE se oculta toda una felina de la transparencia. Desde 2016 cosecha prestigiosos premios por su labor periodística de investigación en la Fundación Ciudadana Civio, organización que se ha convertido en uno de los referentes del lobbismo en esta materia a nivel europeo.

Con sus garras hoy pintadas de azul, Eva Belmonte nos recibe entre pitillo y pitillo para relatarnos su visión de la transparencia en esta década.

Pregunta.-Cuéntanos acerca de Civio. ¿Cómo surge? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuándo entras tú a formar parte? ¿Estás desde el principio o te incorporaste después
Respuesta.-Civio se funda en 2012 con Jacobo Elosua y David Cabo, que son presidente y director ahora mismo, respectivamente. David comparte la dirección conmigo. Yo llegué a principios de 2013. La idea inicial era hacer algo que tuviera que ver con transparencia y datos abiertos, pero la Fundación cambió al poco porque nos dimos cuenta de que no era suficiente y le añadimos el periodismo, convirtiéndose de alguna forma en lo que es ahora. Civio es una fundación sin ánimo de lucro, un medio de comunicación que se dedica a investigar a fondo temas que tienen que ver con lo público, que está muy especializado en asuntos públicos. Utiliza la ley de transparencia para sus investigaciones y pelea para que mejore la información que podemos obtener todos para esas investigaciones, para que se arreglen los problemas que encontramos por el camino.

P.-Lográis hacer mucho ‘ruido’ con vuestros trabajos. ¿Cuántas personas integráis actualmente el equipo de Civio para haber alcanzado tanta repercusión y proyección?
R.-En realidad empezamos siendo tres. Hemos ido creciendo muy a poco a poco porque somos muy responsables. No queremos crecer a lo loco cuando llegan los proyectos y luego tener que despedir por razones económicas. Ahora somos diez: cuatro periodistas, tres para la parte técnica, desarrolladores y encargados de las visualizaciones, y el resto dedicados a la comunicación, socios y gestión.

La palabra transparencia se ha manoseado tanto para aparentar lo que luego no es que ha perdido cierto interés

P.-Civio abandera algunos de los proyectos más sugerentes, más estimulantes del panorama español de la transparencia. Algunos de sus proyectos son emblemáticos como ‘El BOE nuestro de cada día’ o ‘A dónde van mis impuestos’.  El interés social por estos temas parece ser creciente, pero me gustaría saber tu opinión sobre ello y sobre si los españoles, como sociedad, nos tomamos esto en serio o no.
R.-Yo soy de natural muy optimista en general, porque si no creyera que las cosas pueden mejorar no me dedicaría a esto. Creo que sí, que ha habido un crecimiento constante del interés por la transparencia. Hubo una especie de moda que propició que muchos políticos la incluyeran en sus programas y no parasen de hablar de transparencia todo el rato. Creo que ese boom de cuando se aprobó la ley ya lo hemos dejado atrás y ahora lo de ser realmente transparente y no sólo decirlo o ponerlo en los papeles ha quedado un poco flojo. También creo que la ciudadanía ha perdido en parte el interés y con razón. A mí a veces me cansa hablar de transparencia, estoy agotada de oírme, porque nosotros, por ejemplo, llevamos diez años peleando por que se regule el lobby y apenas se han dado pasos en ese tema. La palabra transparencia se ha manoseado y usado tanto para aparentar algo que luego no es que se ha perdido cierto interés. Hay que recuperar el interés sobre su relevancia, tal como se hizo al aprobar la ley y se diseñó la campaña institucional, porque saber el sueldo del alcalde está bien, pero yo quiero saber cómo trabaja la gente que trabaja para mí, que son los empleados públicos, los políticos y cómo toman las decisiones que es lo más importante para mí de transparencia.

P.-¿Y cómo crees tú que se puede ganar esa relevancia? ¿Qué hay que hacer?
R.-Dos cosas. Primero, que tenga una sanción social y luego que se sancione de verdad, que tenga alguna consecuencia negativa no ser transparente de verdad. Es necesario que cuando un partido no sea transparente se le penalice a la hora de votar; para eso hace falta mucha difusión y que la sociedad esté otra vez en esta ola de que piense que la transparencia es relevante. Si no tenemos mecanismos, organismos independientes que sancionen cuando haya incumplimientos o que presionen para avanzar, no lo vamos a conseguir porque sí, mágicamente. La clave está en que, si no penaliza ser opaco, lo fácil es serlo.

P.-Sobre la moda de la transparencia que has comentado recordamos cómo alrededor de 2015 la transparencia sí formaba parte del debate político. Incluso fue uno de los bloques en un debate electoral. ¿A qué crees que se debe la desaparición de la transparencia de la agenda pública?
R.-Pues es lo que os decía antes, puro cansancio. La gente está cansada, pero con razón. Si tú ves a un político diciendo ‘Somos súper transparentes’ y al día siguiente salta un caso de corrupción en el que está implicado, te preguntas: ‘¿Entonces esto para qué sirve?’. A esto le doy muchas vueltas. La transparencia per se no vale para nada si no se enseña para qué es útil. Y esto se ha dejado de hacer en los últimos tiempos. Por ejemplo, si yo me peleo para que se sepa cómo funciona la aplicación que decide quién se lleva el bono social es porque quiero ver si hay errores, porque igual hay gente que tiene derecho a esa ayuda y no la está recibiendo. Es muy importante empeñarnos en enseñar para qué sirve, y eso no se ha hecho. En aquella época de la que habláis, en ese debate se hicieron muchas promesas, y yo me decía: ‘Madre mía, ¡cómo cumplan todo esto, yo cierro porque ya está todo el trabajo hecho!’. Y no se ha cumplido nada. Al final la gente se cansa porque, ¿cuántos años llevamos diciendo que vamos a hacer determinadas cosas y no se han hecho? La transparencia pasó de moda porque la gente se cansó y porque los políticos que antes hablaban de transparencia se han dado cuenta de que ahora no les da votos.

La clave está en que, si no penaliza ser opaco, lo fácil es serlo

P.-Por una cuestión de falta de pedagogía y por razones de rédito electoral, básicamente…
R.-Sí, creo que sí. Hubo muchas promesas que no se han cumplido. A muchos se les llenaba la boca con la transparencia y luego se destapaban casos horrorosos de haber ocultado cosas importantes. Es normal que te desilusiones y te vuelvas un cenizo con esto.

P.-Has hablado justamente antes del tema del bono social y de los problemas con el algoritmo ‘Bosco’, una de vuestras acciones con mayor repercusión. ¿Cómo se lleva eso de tener que pleitear con el organismo que vela por la transparencia?
R.-En la mayoría de los casos, el Consejo de Transparencia está de nuestro lado, pero también es cierto que en algunos temas concretos ha cambiado de parecer y ha dado pasos hacia atrás. En este caso fue al revés: el Consejo de Transparencia estaba al comienzo al otro lado, tenía una posición contraria a la nuestra, pero luego cambió de opinión y lo celebramos, porque es mucho mejor tenerlos de nuestra parte. Pero para nosotros la lucha es la misma. Creo que con el asunto ‘Bosco’ al principio se equivocaban, dictaron una resolución demasiado rápido sobre un tema muy relevante, el de las aplicaciones y algoritmos públicos, que hasta entonces no había llegado a los tribunales. Luego corrigió, cambió de idea y al final decidió que teníamos razón. El problema es que ahora tenemos enfrente a jueces que no saben cómo funcionan esos mecanismos tan técnicos, incluso aun siendo muy sencillos, nada complicados, como es el caso de ‘Bosco’. Cuando lleguemos a los que realmente son complejos no me quiero ni imaginar lo que vamos a ver en los tribunales, porque los jueces no están preparados para juzgar sobre estas aplicaciones que deciden sobre nuestras vidas. Aceptan argumentos de los ministerios del tipo, por ejemplo, que si accedemos al código fuente vamos a poder conocer todos los datos de la Hacienda española. Si esto un juez lo cree y se lo come con patatas, es muy complicado pelear contra ello. De hecho, de todos los juicios en los que estamos o hemos estado, es el único que hemos perdido en primera instancia y que creo que va a ser muy complicado ganarlo hasta que lleguemos a una instancia superior en la que se entienda lo que realmente queremos.

P.-En estos 10 años han pasado muchas cosas. Recordamos, por ejemplo, que durante la pandemia no dabais abasto con los BOE y que hicisteis una investigación sobre los contratos de emergencia que se cerraban en aquellos momentos. ¿Cómo vivisteis aquellos meses de incertidumbre en los que incluso se llegó a suspender el derecho de acceso? ¿Cómo os apañábais para hacer vuestra labor periodística?
R.-Tuvimos que parar todo, y eso significaba dejar aparcados proyectos que tenían financiación, lo que ponía en riesgo económico a Civio. De repente decidimos que era absurdo estar haciendo otras cosas cuando estaba sucediendo esto. Como si fuera el meme de mi tacita de café mientras se prende fuego la cocina. Decidimos parar y cambiar todo. Tuvimos mucha suerte porque llegaron muchos socios nuevos por el trabajo que estábamos haciendo y eso nos permitió compensar.

Fue muy intenso, lo pasamos muy mal, en términos de salud mental. Todos estábamos muy preocupados por nuestras familias, por todo, pero hubo una cosa muy bonita: sentirse útil. Cuando eres periodista o cuando trabajas en temas de transparencia, tienes el convencimiento interior de que estás ayudando a que mejoren ciertas cosas o de que publicar determinadas informaciones van a ayudar a que la gente esté mejor informada, pero es muy difícil ver la consecuencia real, el impacto directo de todo ello. De repente, yo pensaba: ‘Se acaba el mundo, pero soy útil’. Es como si estuviéramos en mitad de un holocausto zombi y, oye, yo sé descuartizar conejos. En medio de ese momento súper complicado, yo entendía esto y lo podía explicar, y al hacerlo podía ayudar a la gente a entender todo lo que estaba sucediendo en un momento de incertidumbre. Fue una sensación muy bonita sentirse útil y ayudar a tanta gente de forma tan directa. Teníamos un consultorio y respondíamos a miles de preguntas específicas cada día.

La suspensión del derecho de acceso durante la pandemia ha sido una de las mayores burradas democráticas que han sucedido en este país. El Gobierno no dejó de conceder indultos por si hacía falta, pero sí suspendió el derecho de acceso en un momento en el que la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos era más importante que nunca. Si tú le estás pidiendo a la gente que haga cosas brutales como quedarse encerrada en su casa, tendrás que explicarle por qué, tendrás que justificar por qué, tienes que conseguir que confíe en ti. Una de las cosas que, en parte, se hicieron mal en la pandemia fue no explicar bien por qué se tomaban ciertas decisiones. Era porque sí. Y ahí surgen los negacionistas, gente que no confía, que pone todo en duda. Cuando sucedió lo de las mascarillas, ojalá alguien hubiera dicho: ‘Mira, sí, protegen un poco, pero no hay suficientes y queremos guardarlas para la gente que de verdad está enferma’. Claro que algunos habrían hecho el idiota, pero en general la gente habría sido bastante responsable. Pues no: ‘No, no sirven para nada’. Habría sido mucho más fácil decir ‘Bueno, sirven un poco, tápate, aunque sea con una bufanda’. Esa manera de tratar a la ciudadanía en un momento así, y coartar el derecho de acceso en un momento tan importante, fue en contra de la confianza que debe tener la ciudadanía en ti cuando le estás pidiendo que haga burradas como encerrarse en su casa.

La transparencia pasó de moda porque la gente se cansó y porque los políticos que antes hablaban de transparencia se han dado cuenta que ahora no les da votos

P.-¿Qué es lo más feo que has oído decir a un político en circuito cerrado, en petit comité, sobre la transparencia?
R.-Hubo un político que hablando de publicar su agenda de trabajo, sus reuniones con lobbies, con organizaciones, nos dijo: ‘Yo no puedo publicar esto, porque la gente es tonta y no lo entendería’. Muchas veces se da ese argumento para no publicar determinadas informaciones: ‘Es que lo van a malinterpretar’, ‘es que no se va a entender’. Oye, hijo, pero es que no es tuyo, somos ciudadanos adultos y tenemos capacidad para valorar la información que da o que tiene un gobierno.

P.-¿En algún momento, al implementar algún proyecto en alguna administración pública, has percibido que el interés real por la transparencia era absolutamente nulo y que tan solo había una voluntad de aparentar, de simular un compromiso por avanzar con la transparencia?
R.-Nos ha ocurrido mucho más en reuniones. Por eso somos muy maniáticos con que haya una agenda y objetivos concretos, pero nos ha pasado mucho esto de ir a reuniones del tipo: ‘Vamos a mejorar esto en transparencia’, que te prepararas a conciencia, en las que inviertes dos horas de reunión y, de repente, te das cuenta de que lo han hecho para hacer el paripé, para decir que sí, que se han reunido, pero no te han escuchado en ningún momento. Ahora bien, cuando nos hemos relacionado con administraciones, para desarrollar por ejemplo Dónde van mis impuestos, te llaman para hacerlo la mayoría de las veces alguien de dentro de la Administración motivado con estos temas. Y descubres que hay gente y que realmente se creen estos temas.

P.-A menudo se opina que existe un mayor compromiso o vinculación de las tendencias políticas ‘de izquierdas‘ con la puesta en marcha y el impulso de proyectos de transparencia que las ‘de la derecha’, que se situaría en una zona mucho más fría y menos comprometida o amigable. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que hay algo de cierto en ello o es un topicazo? Es decir, ¿la transparencia es patrimonio de alguna ideología política o no?
R.-Yo creo que es y debería ser transversal. Es cierto que hay muchos avances importantes que se han dado con gobiernos de la izquierda, pero para mí la llegada de Ciudadanos y de Podemos, uno a la derecha y otro a la izquierda, fue decisiva para levantar un poco el avispero. Hasta entonces, tanto PSOE como PP estaban muy cómodos en no avanzar en esto. El lema de la regeneración que trajeron los dos nuevos partidos ayudó a empujar determinadas cosas. Sí que creo que ha habido muchos avances con la izquierda, pero luego hay cosas que a mí me llaman enormemente la atención. Puedes dar por hecho que un gobierno progresista como el actual te va a dar más información que cuando estaba Rajoy en el poder y en muchos casos esto no es lo que está pasando. Ahora hemos tenido que ir a juicio por cosas que antes nos daban. El Ministerio de Sanidad nos lleva a juicio una y otra vez casi por defecto. Esperemos que esta situación cese con el cambio de ministra, porque esto consume nuestros recursos mientras ellos disparan con el dinero de todos. Creo que es bastante transversal y que tiene más que ver con lo que hablábamos antes de que el momento sea propicio y les dé votos y que haya movimientos dentro de los propios partidos, que a veces hay, o fenómenos externos, como pasó con Ciudadanos y con Podemos, que empujen y remuevan un poco todo.

Fue una sensación muy bonita sentirse útil durante la pandemia y ayudar a tanta gente de forma tan directa

P.-Desde tu perspectiva de periodista, de ciudadana y, evidentemente, de activista en este ámbito, ¿crees que la ley de transparencia estatal ofrece las suficientes posibilidades para poder desarrollar tu trabajo como periodista, para satisfacer tus demandas de información pública como ciudadana o para lograr esos estándares de transparencia que siempre se reclaman desde la sociedad civil? O, por el contrario ¿crees que existe todavía un margen importante para poder ensancharla?
R.-Existen muchísimas barreras. A veces me preguntan: ‘¿Pero no hay nada bueno en tener ley de transparencia?’. Y contesto: ‘Que al menos existe algo’. Cuando antes de aprobarse la ley solicitaba alguna información, no existía ni procedimiento para reclamar ni para llegar a juicio como sucede ahora. Necesitábamos tener una base legal, pero la que hemos conseguido es muy mala. El mayor problema, lo hablábamos antes, es que no hay sanciones en esta materia, pero sí para la protección de datos, por revelación de secretos, para cualquier cosa… no hay ningún incentivo para cumplir la ley. La norma es muy mala porque no existe un organismo independiente que pueda sancionar determinadas conductas, porque la lista de obligaciones de publicidad activa ya estaba anticuada cuando se aprobó la ley, porque no se regula el lobby y porque los límites al derecho de acceso a la información nunca se desarrollaron y son demasiado amplios. No puede ser que un límite sean los intereses económicos y comerciales. ¿De quién? ¿De la Administración? ¿De cualquier empresa que contrate con ella? Está claro que para concretarlo podemos tirar de jurisprudencia, pero hemos tenido que pelear mucho hasta que esa jurisprudencia se ha generado.

La ley es útil para un periodista si trabajas en temas como Civio o tiene temas de fondo, pero un periodista no puede esperar un mes y que no le respondan, y que le amplíen el plazo otro mes para luego acabar yendo al Consejo, y después a juicio y… Ahora mismo acababa de revisar la solicitud en la que pedimos saber quiénes viajaban en los aviones oficiales que presentamos en 2015 y ¡conseguimos la información en 2021! O sea, estamos hablando de seis años. Esto para un periodista no tiene ningún sentido.

P.-Si el acceso a la información no es inmediato, deja de ser útil. ‘Periodismo y acción para vigilar lo público’, ‘Gobiernos transparentes y personas informadas’… son eslóganes de Civio que marcan o marcaban un horizonte, un anhelo. Tras 10 años de ley, ¿cómo de lejos estamos de ese objetivo? ¿Cuál sería tu balance de esta década teniendo en cuenta de dónde partíamos y el momento en el que estamos actualmente?
R.-Soy optimista en que esto tenga arreglo. Tal vez no se habla mucho de ello en los grandes foros, pero hay mucha gente trabajando en que mejore y creo que lo vamos a conseguir. Sabíamos que a la ley le faltaban cosas, pero por lo menos teníamos ley. Su aplicación durante estos diez años demuestra que es mucho peor de lo que imaginábamos. No esperaba, de verdad, que hubiera administraciones públicas que alegaran la seguridad o la protección de datos cuando solicitas el nombre de un asesor. No esperaba que se llegara a ese nivel, que no argumentaran ni siquiera las resoluciones o que hubiera un incumplimiento masivo de las resoluciones del Consejo de Transparencia. Yo pensaba: ‘Bueno, no hay sanciones, ya, pero si has creado un organismo, al menos le harás caso’. Creo que la ejecución ha sido peor de lo que esperábamos y que eso también ha hecho que todos nos desilusionemos un poco con esto, también la ciudadanía. Pienso que es necesario reformar la ley ya, lo antes posible, y no dejarla como la última norma en cada legislatura. Todos los años decimos que lo vamos a hacer y luego, nada.

La ley es muy mala porque no existe un organismo independiente que pueda sancionar determinadas conductas

P.-Has hablado de que había cosas que ni tú misma te esperabas que pensaras que pudieran denegarte. Recordamos haber coincidido con vosotros en reuniones, por ejemplo, para el debate sobre los planes de Gobierno Abierto y ver cómo tratabais de explicarle a los representantes de la Administración la diferencia entre Administración electrónica y Gobierno Abierto. ¿Hasta qué punto no dar información puede deberse en muchas ocasiones, simplemente, a una cuestión de falta de formación o de mero desconocimiento?
R.-Creo que tiene mucho que ver, pero es cierto que cuando alguien tiene actitud y ganas de darte la información, ya se busca la vida para hacerlo. Hay veces, por ejemplo, cuando pedimos datos muy concretos, que te das cuenta de que las aplicaciones o bases de datos no se han diseñado para que la información pueda ser compartida. Eso es un problema importante. Si no se diseñan pensando que cualquiera pueda ver la información que contienen, y solo se tiene en cuenta el criterio del ‘señor’ que la maneja, en un formato que nadie utiliza, pues… Muchas veces te deniegan solicitudes con razón porque tienen lo que pides en 200 papeles repartidos en 20 ministerios. Hay un problema importante de base: cómo se guardan los datos. Nos pasamos la vida peleándonos con datos sobre contratos públicos que deberían ser abiertos y accesibles, pero, si el formulario en el que el funcionario de turno mete los datos es un campo de texto libre, da igual que pongas siete, que dos millones, que 2.000 millones. La plantilla de contratos no está diseñada para que los ciudadanos y los periodistas los vigilen. Está diseñada para las empresas licitadoras. Es un problema de diseño de base.

Y luego hay quien te manda resoluciones denegando información alegando excusas de la ley de transparencia un poco a voleo. Dices: ‘Ostras, ésta no se la va a aceptar el Consejo’, y esto ocurre en casos en los que puede haber razones de peso para que no te concedan lo que pides. Pero no, lo hacen por otras totalmente distintas y al final pierden contra el Consejo porque han argumentado mal. Sí que creo que hay una falta de formación y de diseño de base para que la Administración sea transparente, pero lo que hay, sobre todo, es falta de interés. Si no hay recursos, si no se contrata gente motivada…

R.-Es verdad que la transparencia siempre llega al final y caemos en la cuenta cuando todo ya ha terminado, cuando en realidad hay que prestarle atención desde el principio para que las cosas efectivamente sean útiles y lo sean para vosotros, para la sociedad civil, los medios de comunicación… que sois los usuarios, esencialmente, de la ley de transparencia. Bueno, hemos llegado al final, Eva. Aprovecha para explicar por qué alguien debería hacerse socio de Civio.
R.-No voy a intentar convencer nadie de que piense como yo lo hago, ni que esto es así o asá o que tiene que ponerse de mi lado. Esto es una trinchera y estás aquí porque peleamos contra los malos. Es importante hacerse socio de Civio porque, si de verdad te molesta el ruido mediático, el hecho de que lo más importante del día sea un insulto en el Congreso, el cómo nos tratan a veces desde las administraciones, como si fuéramos párvulos, hay que apoyar a gente que está intentando salirse de eso. Aunque no consigamos tantas lecturas como el grito del día, necesitamos el apoyo de todos para poder seguir trabajando y haciendo investigaciones a fondo, peleando. Porque cuando lo hacemos en un juicio, o en una reunión para conseguir que algo sea transparente, no lo hacemos para nosotros, es para todos. Es muy fácil decir que el ámbito mediático, el político… está todo hecho un asco y todo el mundo se grita, pero luego hay que arrimar el hombro y apoyar a quienes estamos intentando pasar de eso, alejarse del griterío y hacer cosas a fondo que de verdad importan. Ésa es la única manera de proteger este pequeño oasis, que es lo que es para mí Civio.

FRAN DELGADO / JOAQUÍN MESEGUER

Jaime Gómez-Obregón quiere ser definido como ingeniero, pero detrás de esa nomenclatura profesional formal existe una inquietud personal por intentar mejorar las cosas. Tras experiencias frustrantes con la Administración decidió poner toda su inteligencia y saber hacer al servicio del análisis de datos público y a la transparencia. Así, este Robin Hood de las redes, como esos personajes de las películas de Frank Capra que se enfrentan al sistema con el convencimiento de que la razón está de su lado, ha protagonizado sonoras luchas que han puesto el acento en las carencias tecnológicas actuales de la Administración y en decisiones políticas que apuntan un despilfarro de recursos públicos en proyectos fallidos o posibles espacios de opacidad en la contratación pública. Y, además, lo hace con un punto gamberro y con gran sentido del humor.

Jaime se cita con nosotros en una cafetería en Santander en una tarde fría y ventosa. Mientras entra en calor con el café, hablamos de datos, de contratos públicos, de paradigmas tecnológicos y, por supuesto, de transparencia y de muchas otras cosas. La generosidad que refleja en esta entrevista pone de manifiesto que, además de un excelente profesional, es un gran conversador y que detrás de ese perfil empresarial existe una pulsión por un hacktivismo social que no puede ocultar.

P.-Jaime, vamos a empezar preguntándote, así para abrir fuego. ¿Cómo te gusta a ti que te definan? ¿Ingeniero, hacker, activista, todo junto en un cóctel…?
R.-Bueno, no sé. Lo que vosotros consideréis. A veces digo ‘el pito del sereno’ (risas) y ya está, porque no sé muy bien cómo describirme… No sé, yo soy ingeniero porque es con lo que más identificado me siento. Es lo que he estudiado, es mi profesión y, cuando me siento y programo, creo que es eso lo que hago. Activista y lo demás, bueno, también puede ser, aunque me gusta más lo de ingeniero. Utilizo mi profesión para intentar publicar datos que están por ahí escondidos, o a los que es difícil acceder.

P.-Definido entonces, ¿cómo un ingeniero llega a interesarse por la transparencia como una herramienta de vigilancia de lo público?
R.-Yo creo que concurren dos cosas. Por una parte, en lo que se refiere a software, siempre he tenido mucha querencia por las bases de datos y es donde me he especializado y he hecho mi profesión, trabajando con grandes volúmenes de datos. Cuando tienes este interés, aparece la pregunta: ¿quién es el que más y mejores datos tiene? Pues la Administración, que es una fábrica de datos maravillosa. Así que, rápidamente, miras hacia ella. Son datos públicos que tienen mucho interés y que tienen un gran impacto en la vida cotidiana.

Pero luego, además, hay otro elemento que coincide y es el hastío, el hartazgo, el cansancio de que las cosas estén como parece que están. Todos escuchamos que si las tramas de corrupción, que si los contratos públicos están amañados, que si tal… y se dice, se dice, se dice, pero parece que nadie hace nada o todos esperamos que lo hagan los jueces, los policías, que hacen lo que pueden.

No se puede estar en 2023 intentando evangelizar sobre si esto tiene que estar abierto o no. Es la Administración pública, es dinero público y, si el dinero es público, el software, el código, deben ser públicos

Creo que es un cóctel de ambas ideas. Por una parte, el hastío y, por otra, intentar aportar algo. Y cuando te quieres dar cuenta, estás ahí destripando contratos y haciendo un poco el gamberro. También me lo paso muy bien, que podría ser la tercera pieza del puzle: disfrutar y pasárselo bien.

P.-Tus trabajos más conocidos tienen que ver con el análisis de la información contractual de las administraciones. Cuéntanos, por favor, algunos de tus hallazgos más sorprendentes navegando por los datos de contratación de las administraciones y, también, si tienes conocimiento de que alguno de ellos haya provocado alguna actuación de la Fiscalía o de alguna oficina/agencia antifraude, Jaime.
R.-Yo no diría que haya aparecido ningún gran escándalo, ni tampoco lo busco ni lo he intentado encontrar, pero sí surgen muchas pequeñas cosas que, de alguna manera, demuestran una forma de ser de la Administración, de sus órganos de contratación. Parece que las cosas están montadas de una manera intencionada para obstaculizar la transparencia que, por otra parte, tanto se predica, y eso me produce mucha frustración. Es ese doble discurso de ‘sí, por supuesto, transparencia, ¡cómo no!, si somos un gobierno muy transparente’, y luego es imposible acceder a los datos y contratos.

No es que haya encontrado ninguna historia de interés periodístico que haya abierto portadas ni nada de eso, aunque alguna sí que ha tenido impacto en los medios y en algún parlamento autonómico.

Tengo muy reciente el caso de Cantabria, porque es el lugar en el que vivo y donde empecé a hacer estas historias. Aquí accedí a la base de datos de contratos que no se podía descargar y encontré la forma de hacerlo. Con esto hice una serie de trabajos que dieron pie a algunas informaciones que luego aparecieron. Alguna de ellas tuvo un impacto importante en la política, ya que salieron en el parlamento un par de veces, incluso en un Debate sobre el Estado de la Región, aquí en Cantabria.

Luego todo es muy curioso. Yo también he ido aprendiendo. Muchos medios se hacen eco de algunas cosas de las que hago, otros lo hacen de otras distintas, pero lo que he observado es que muchas veces ponen más la atención en ‘Ah, mira, qué interesante, un hacker que está haciendo cosas, ¿cuéntanos de ti? ¿cómo hackeas las webs…?’. Y esto no es lo importante. Lo relevante es que los contratos están borrándose al cabo de cinco años, que hay unas adjudicaciones que son sospechosas y no habéis preguntado a los políticos. Sin embargo, me preguntáis a mí que qué opino. No, no, tienes que preguntar al gestor, al órgano de contratación, al interventor. Tienes que preguntarles a ellos, no a mí. Porque hay medios que, cuando señalas la luna, se quedan mirándote el dedo. Eso a mí me molesta porque no sabes hasta qué punto estás haciendo el tonto, pero, bueno, esto ya es una derivada mía personal.

Este mismo año en Cantabria ha entrado la Policía Nacional en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno. Han sacado a todo el mundo a la calle, han incautado ordenadores, documentación… y ahí comienza una trama de corrupción, que ya tiene una persona en la cárcel y varias imputadas. Básicamente, el típico caso de amañamiento de contratos, en este caso, de obras públicas, de carreteras, donde había, al menos y que se sepa, un alto funcionario del Gobierno que estaba recibiendo mordidas por parte de los constructores y promotores de obra pública para que se les adjudicaran esos contratos. Fue muy decepcionante escuchar aquellos días y semanas posteriores, en pleno periodo preelectoral, a los políticos de la región, desde el presidente de la comunidad autónoma hasta el vicepresidente y, por supuesto, al consejero que creo que dimitió, ese alarde de que ellos son muy transparentes, que la transparencia es clave en su Gobierno, que no hay nada de opacidad y que a ellos que les registren. Si llevo dos años diciendo, yo y mucha gente, que estos contratos públicos que estáis adjudicando no los estáis publicando, que faltan datos, documentos, anexos, expedientes… Faltaba muchísima información para que pudiéramos fiscalizar esto. Llega un momento en el que ese discurso hipócrita se convierte en un insulto. Y yo me he sentido insultado, pero, bueno, sigo haciendo mi trabajo.

Nunca he atacado a nadie. He criticado actitudes que me encuentro en las administraciones, en las instituciones, praxis que son opacas, que son difíciles de justificar

P.-También recordamos ‘La donación’ o tus investigaciones sobre las plataformas de comercio local y los metaversos, lo que te llevó incluso a mantener un coloquio público con Guzmán Garmendia, que trabajó en el Gobierno de Navarra, o reclamar la gratuidad de los datos del Registro Mercantil. ¿No son muchas batallas para un solo Robin Hood?
R.-Pues seguro que sí, como Don Quijote con los molinos, pero me da igual. Estoy cansado de los asuntos de características identitarias, de las idiosincrasias del sistema. Hoy he tenido que hacer una factura electrónica y casi me he vuelto loco. He tenido que descargarme un programa de factura electrónica de una Administración pública diferente a otro que he tenido que utilizar para emitir otra factura a otro Gobierno. Creo que ni yo ni nadie lo entiende. ¿Cómo es posible que la Diputación de Guipúzcoa desarrolle su propia solución de factura electrónica y la Generalitat de Cataluña desarrolle otra totalmente distinta para hacer exactamente lo mismo? Y estoy hablando de cosas muy pequeñas como una factura de 200 y pico euros por un artículo que escribí.

Esto me genera mucha frustración porque yo he sido empresario en el sector tecnológico y siempre he trabajado con el mundo privado. Mis clientes siempre eran empresas, nunca he podido trabajar con la Administración pública. Algo así como un 0,5 % de mi facturación lo fue para el sector público, a pesar de que la Administración pública representa un tercio o más del producto interior bruto. Hay un elenco de contratistas que son los de confianza de la Administración, y en ese círculo tú no entras, salvo que llegues y te pongas a invitar a gin tonics al consejero y al director general, pero yo no quiero entrar en ese juego y, claro, entonces quedas excluido y muchas empresas también. Esto, por supuesto, es muy negativo para una empresa que quiere trabajar, porque está renunciando a una parte muy importante del mercado, pero es especialmente dañino también para la propia Administración, ya que al seguir estas prácticas, no necesariamente corruptas, dejan fuera de la contratación a muchas empresas o, incluso, éstas se autoexcluyen a causa de estos procedimientos kafkianos. No todas las empresas están dispuestas a pasar por estas pruebas de ‘humor amarillo’ de la burocracia, de una Administración en la que, para presentar una factura o formalizar un contrato, te pide un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Es mucho más fácil trabajar con una multinacional que hacer un pequeño proyecto para tu ayuntamiento.

Y luego hay otro elemento. Desde mi experiencia empresarial, he participado en muchas organizaciones y colectivos empresariales como la Confederación de Empresarios de Cantabria y la Asociación de Empresas Tecnológicas de Cantabria. En ellas escuchas en conversaciones de pasillo o en un café historias truculentas de contratos amañados, de corrupción, de corruptelas, a veces pergeñados por la política, otras veces con las empresas y muchas veces en consorcio. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Y tienes que asumir que el país está perdido, por lo menos una parte. Empecé a hacer lo que hago para desquitarme de todo eso.

Volviendo a la pregunta, sí, son muchas cosas que cambiar, pero mientras pueda dar visibilidad a un puñado de ellas como lo del Registro Mercantil, las absolutas estupideces que están haciendo con los fondos europeos o los marketplaces, que tengo inventariados un centenar y de los que la mitad no funcionan y son un fracaso, pero siguen haciéndolos, es completamente estúpido. Lo del metaverso lo hice un poco a título de broma. Creo que hay que echarle humor a las cosas. Si alguien hace algo ridículo, vamos a reírnos, ¿no? Pero, claro, viene Guzmán y me dice: ‘Vale, ¿te vienes a decirme esto a la cara en un debate en la Confederación de Empresarios de Navarra?’. Y dije: ‘Por supuesto’, con mucha educación, pero sí (risas).

Cuando veo que lo que hago tiene impacto, un impacto muchas veces muy silencioso, me hace ilusión y justifica y le da sentido al trabajo

P.-Además de esa función de vigilancia o de detección de posibles corruptelas, estamos hablando de cuestiones muy diversas, pero todas tienen como fondo la apertura y el uso de datos para estar informado y tomar decisiones eficientes. Según tu criterio, ¿cómo ayudaría la transparencia a tomar mejores decisiones públicas?
R.-Estoy observando como una tendencia que el sector tecnológico, incluso grandes multinacionales como Adobe, Oracle o Microsoft, que siempre han estado en los antípodas de la cultura de software libre, está publicando cada vez más datos de su software, documentación… y esto simplifica las cosas. Esto tiene un efecto y es que, cuando se publican datos, información, la calidad mejora. No es algo instantáneo, sino un proceso iterativo. Las calidades mejoran siempre y cuando se establezca un mecanismo de feedback que permita al consumidor de la información interactuar y no ser meramente un consumidor pasivo.

Voy a poner un ejemplo. Como programador accedo y consulto constantemente mucha documentación técnica sobre herramientas que van cambiando con nuevas versiones. En alguna ocasión he detectado algún error en la documentación, es natural, pero esto solo es posible si la información está publicada en abierto, de forma transparente. Solo si está publicada, el lector se puede implicar, detectar los errores e, incluso, enviar las correcciones. Yo lo he hecho varias veces no solo para advertir de un error, sino para ayudar a su corrección. Contribuyes a la comunidad. En dos días lo chequean, lo revisan y lo integran. Se incorpora el cambio y el error queda corregido y resuelto.

Así es como se está trabajando en el sector tecnológico. A mí es un sector que me gusta, porque yo creo que está muy desarrollado en cuanto a procedimientos. Se tiende a automatizar, a sacar factor común y a desburocratizar. Evidentemente, hay de todo, pero quiero pensar que la Administración tiene que funcionar como lo hace ese sector o una parte de él. Me gustaría interactuar con la Administración de la misma forma y no es así. Con la Administración siempre me frustro y a final acabo vomitando bilis en Twitter. Lo intento con educación y con respeto, pero al final es la única vía que te queda.

Otra cosa que me he encontrado mil veces. Cuando intento descargar los contratos del Gobierno de Cantabria, puedo poner este ejemplo que quizás se hizo popular, no lo consigo. Les escribo, no me responden, les vuelvo a escribir, siguen sin contestar, les mando una instancia y tampoco. Pues vale. Yo no voy a escribir una instancia a una consejera del Gobierno de Cantabria como si estuviéramos en la Edad Media. Quiero plantear cosas eficazmente y me gustaría obtener algún tipo de respuesta. Que, ojo, también me vale, como a cualquier ciudadano, una respuesta negativa, que me digan: ‘Jaime, no vamos a aplicar estos datos, punto’. Me callaré la boca y diré: ‘No los van a publicar, pero al menos tengo una respuesta’, pero ese silencio administrativo lo llevo muy mal. Esto es como un ‘dejarte en visto’ en whatsapp, como dicen ahora los jóvenes que te hacen ghosting (risas). Si estuviéramos hablando del alcalde de Nueva York, pero es que se trata de un concejal del Ayuntamiento de Santander o de un consejero del Gobierno de Cantabria, que es una comunidad autónoma muy pequeña, de medio millón de habitantes y, que se entienda la broma, pero 250.000 personas, la mitad, están en el campo con el ganado y los que intentamos interactuar con la Administración somos relativamente pocos. No hay una cultura tampoco de contestar.

Hay medios que cuando señalas la luna, se quedan mirándote el dedo

P.-Hilando con lo que estás hablando, Jaime, ¿no tienes la sensación de asustar a las administraciones a las que pones en tu punto de mira? ¿Por qué crees que las administraciones ‘temen’ la transparencia? Creemos que algunas veces, a lo mejor, pueden llegar a pensar: ‘Por Dios, que no se fije en nosotros’, ¿no?
R.-A ver… (risas). Eso lo he pensado y puede tener un punto de sentido. Llegas como un elefante en una cacharrería, con un montón de seguidores, te pones a destripar cualquier cosa, y luego lo sacas… Yo nunca he atacado a nadie. He criticado actitudes que me encuentro en las administraciones, en las instituciones, praxis que son opacas, difíciles de justificar. Pero, bueno, también participo en las redes sociales, como digo, con bastante humor y de una forma un poco gamberra, pero siempre intentando proponer alternativas o puntos de vista diferentes con la intención de decir: ‘Mira, en el mundo de la tecnología lo hacemos así, esto igual a la Administración le puede ser útil’.

Luego hay dos tipos de actitudes, y me he encontrado con ambas. Una es la persona, el gestor, el funcionario, lo que sea, que se mimetiza con la Administración y con su organización y, entonces, percibe como un ataque personal cualquier cuestionamiento que se haga de esa entidad. Y luego hay otros que reconocen que les estás dando un palo, pero con la intención de hacer aportaciones. La reacción de los primeros es muy humana, pero tenemos que estar abiertos a críticas, máxime en la Administración pública, porque es la forma de mejorar. Muchas veces me han contactado en privado y siempre he tenido una exquisita interlocución con todo el mundo. A veces, incluso, cuando he escrito algo en redes sociales y se ha hecho viral o ha aparecido en algún diario digital, luego me han escrito en privado y me han dicho: ‘Oye, ¿podemos hablar de esto por teléfono?’. Y lo hemos hecho y me han dicho: ‘Tiene sentido lo que estás diciendo, y lo estamos intentando mejorar. Hacemos lo que podemos’. Por eso creo que hay que ser también indulgentes y no se puede exigir la excelencia absoluta, sino intentar sugerir posibilidades de mejora.

P.-Para implementar políticas de transparencia, la tecnología es una herramienta fundamental. Es cierto que en las administraciones públicas existe un déficit tecnológico importante que dificulta su desarrollo. ¿A qué crees que es debida esta situación? ¿Se trata de una cuestión económica o es simplemente falta de voluntad política?
R.-Es una pregunta buenísima. Tengo una visión desde diferentes ángulos. Como empresario que he trabajado en el sector tecnológico, y también como desarrollador, he estado en diferentes posiciones de esta ecuación. Mi sensación es que la Administración tiene un modelo roto de desarrollo de servicios digitales. Es un modelo que está roto y lo he visto desde diferentes ángulos, insisto.

El año pasado por estas fechas, o un poquito antes, estuve trabajando con el Boletín Oficial del Estado e hice un experimento para desarrollar alguna herramienta que permitiera visibilizar, mejor dicho, explorar el Boletín de otra forma. Me contactaron desde una Administración autonómica y me dicen: ‘¡Oye, esto es interesante! ¿Te gustaría que habláramos un poco para aplicar esto en nuestro territorio?’. Y yo les dije que sí, claro, que por supuesto lo habláramos. Y tras varios cruces de correos, el resumen de la conversación fue absolutamente descorazonador. Por una parte, no se iba a hacer nada en los próximos meses, había que llevar a cabo unos trámites internos… y ya se iban al año el siguiente. Y, claro, yo me decía: ‘Bueno, dentro de cuatro meses yo no quiero estar con este tema, y andaré con otra cosa‘. No es de recibo presentar una propuesta y luego tirarse cuatro meses parados. Son plazos que no encajan, a mí no me encajan y creo que a muchas empresas y pymes tampoco.

Por otro lado, hay otro asunto que puse encima de la mesa desde el primer momento. Y les dije: ‘Oye, si yo hago una aportación aquí, tanto de ideas, de algún prototipo, o incluso llego a programar algún desarrollo, esto va a ser software libre, va a ser código abierto’. Es decir, que luego pueda llegar otra comunidad autónoma que pueda, si quiere, reutilizarlo, replicarlo, mejorarlo, para que no tengan que partir de un folio en blanco como lo he hecho yo. Tengo la sensación de que, muy frecuentemente, cada Administración hace eso, arranca de cero. Y, bueno, finalmente me dijeron que no, que la política de no sé qué departamento no era la del software libre y que eso iba a haber que pelearlo duramente porque había gente muy reticente. Hay mucha ignorancia porque no se puede estar en 2023 intentando evangelizar sobre si esto tiene que estar abierto o no. Es la Administración pública, es dinero público y, si el dinero es público, el software, el código, deben ser públicos. Por supuesto hay excepciones, hay asuntos que pueden ser muy sensibles como el tratamiento de datos personales y puede que. a veces, sea mejor ser un poquito prudente en algunos aspectos, yo lo comprendo. Bueno, el asunto se resume en que yo tenía que hacer una propuesta con todas las ideas, escribir un montón de folios, y luego ellos lo iban a canalizar internamente, y si mi propuesta resultaba ganadora de un concurso que iban a convocar, pues entonces se desarrollaría. Y dije: ‘Mira, yo no voy a estar aquí tres meses y escribir una propuesta para esto’. Ellos me decían que estas eran las normas, y es así, y yo lo entiendo, pero no es como estoy acostumbrado a trabajar con el sector privado. Yo iba a empresas aquí en la región, incluso empresas grandes, y me sentaba con un jefe de área, un responsable o un gerente, y le decía: ‘Mira, esto es lo que hacemos. Esto, esto y esto. ¿Te encaja o no?’. Y si veíamos que encajaba, en dos o tres días se tomaba una decisión, positiva o negativa. En la empresa se cuida mucho esto y en la Administración pública parece que todo lo contrario.

Esta idea de que el modelo de desarrollo de servicios digitales está roto la tengo clara, por no hablar de las plataformas tecnológicas, de los frameworks, que te obligan a utilizar. Me he pasado 15 años viendo licitaciones del Gobierno de Cantabria en las que, para desarrollar un software, te obligaban a utilizar el framework propio del Gobierno que, casualmente, lo desarrolló una empresa que también es contratista del propio Gobierno de Cantabria. Al final, es una tecnología que sólo hay cuatro empresas en la región que sepan literalmente desarrollarla, porque solo sirve para el Gobierno de Cantabria.

Puse un hilo en Twitter comparando esta situación con la de Asturias. Resulta que en Asturias tienen otro framework completamente diferente que, por supuesto era incompatible con la tecnología del Gobierno de Cantabria de aquel momento. El que se certificaba en la tecnología del Gobierno de Cantabria de aquel momento no valía para Asturias. Para Cantabria sí, pero en Asturias no. Absolutamente estúpido. He visto pliegos en los que te dicen con qué versión de Java tienes que hacer las cosas. Si fuera cualquier otro tema me quedaría callado, pero si es un asunto del que controlo porque es mi profesión y sé de eso, digo: ‘Mira, me estás diciendo que lo haga con una herramienta que es subóptima. Esto está obsoleto, hay que hacerlo con otra tecnología’. Esto no es solamente mi opinión, esto se puede demostrar, y, sin embargo, erre que erre. ¿Al final qué es lo que pasa? Los servicios digitales están obsoletos, salvo excepciones como, por ejemplo, el caso de Aragón que lo está haciendo muy bien. Yo veo lo que hay en Cantabria y es para echarse a llorar. Lo veo desde fuera, observando los servicios digitales y las interfaces, pero es que luego, cuando hablas con gente que está dentro de la Administración, te dice: ‘Lo nuestro es peor. Porque tú lo ves desde la óptica del ciudadano, pero es que nosotros lo vemos desde dentro y es para llorar’. No tiene una solución fácil. No.

No todas las empresas están dispuestas a pasar por estas pruebas de ‘humor amarillo’ de la burocracia

P.-Si echas la vista atrás, en estos diez años, ¿cuánto crees que hemos avanzado en transparencia en nuestro país? Y, sobre todo, ¿qué es lo más importante que nos queda por conquistar, en lo que avanzar? Lo más importante que hemos hecho y lo más importante que nos queda por hacer.
R.-Sí, ¡claro que se ha avanzado! Aunque no todo ha sido siempre positivo. Recuerdo que, en 2008, en una mesa redonda sobre datos abiertos en el marco del proyecto Aporta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -yo tendría 25 o 27 años-, varios ponentes citaban al CENDOJ, el Centro de Documentación de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, y hablaban de un escándalo, que había algunas corruptelas y chanchullos del Centro con las editoriales jurídicas, que si pagaban para no sé qué… Esto fue hace 15 años y sigue siendo exactamente igual hoy en día, no se ha avanzado nada. El asunto del Registro Mercantil está también exactamente igual que estaba. Los registradores te dirán que no, que todo es una maravilla. Y los notarios, otro tanto, también encantados con sus sistemas. Pero lo cierto es que luego te toca hacer cosas profundamente estúpidas a las que te obligan, como tener que comprar las cuentas que tú mismo has depositado en el Registro Mercantil. Eso sí, luego parecen estar haciendo cosas sin parar, todo el día sacando noticias y hablando de transparencia, pero nada ha cambiado. Si quiero cruzar las adjudicaciones de contratos a empresas con sus cuentas anuales no puedo porque a los registradores no les da la gana, y punto. El Ministerio de Justicia ha abdicado de su responsabilidad de que esas cuentas sean públicas porque no está por la labor de que lo sean. Ellos dicen que sí. Incluso llaman al Registro Mercantil, un órgano de publicidad. Eso sí, cómpralas de una en una, no se te ocurra descargártelas. Es el modelo de los años 70. Me imagino a una persona ahí con su Olivetti en el mostrador, exactamente igual que lo hacía mi padre, que en paz descanse. Entonces, ¿hemos avanzado? Pues sí, se ha avanzado, pero el CENDOJ está igual, el Registro Mercantil está igual y hay mil cosas, como los contratos de Cantabria, que también. Creo que tengo que insistir en el camino que queda por recorrer, aunque sea a costa de ser injusto con aquello que sí se ha hecho bien, que también puedo hablar de ello.

P.-¿Por dónde deberían de transitar las Administraciones públicas para mejorar esas deficiencias en transparencia que has constatado?
R.-Bueno, de mil formas. Vengo de hacer una herramienta para estructurar los datos de las campañas de publicidad que el Gobierno vasco contrataba con los medios de comunicación. Son unas 1.300 y no hay posibilidad de analizarlas. Porque lo que hace el Gobierno vasco es cumplir con una ley de mínimos que obliga a que «con todo lo que te gastes en medios de comunicación tienes que hacer una memoria y mandarlo al Parlamento para que lo publique». Bueno, lo que hacen son unas tablas en Word y Excel, lo exportan a fichero .pdf, elaboran unas memorias de unas 200 páginas y lo entregan a los parlamentarios. Yo he hablado con dos diputados y con un asesor de un grupo parlamentario, y les he preguntado: ‘Oye, ¿esto lo estáis mirando?’ y me dicen: ‘No, lo miramos por encima, pero no podemos hacer ningún análisis’. ¿Cómo van a hacer un análisis? Es que no puedes. Tienes que ser Rambo o MacGyver para hacer eso, porque no puedes coger los 200 folios de .pdf llenos de datos e ir sumándolos pieza a pieza. Hablé con un medio de comunicación que lo hizo hace cinco años y me dijeron que casi se quedaron ciegos. Bueno, al final he conseguido estructurar todo eso y ha salido publicado en un medio del País Vasco la semana pasada. ¿Por qué digo esto? La solución es tan sencilla como que el Gobierno vasco publique esa información en un formato abierto. No hablo de tecnología, ni es cuestión de si el formato es .json o .xml. El que les dé la gana. Mientras sea un formato estructurado y abierto, basta. Ya lo cogeremos los demás para trabajar con esa información. Esto me recuerda a cuando el Gobierno de España, ante una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia, facilitó a un medio la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia, un documento .pdf de 2.000 páginas. Eso no es una ineficiencia, es un insulto. Está hecho deliberadamente para provocar opacidad.

¿Qué es lo que hace falta? Pues, incluso, hacer algo que puede ser muy controvertido: pongo el caso del Gobierno de Cantabria y la trama de corrupción en la adjudicación de carreteras. Lo que tendrían que hacer el nuevo director general de Carreteras , o el consejero de Obras Públicas de ahora, sería publicar todos esos contratos ya, porque son públicos. Y, además, publicar todos los estudios e informes, toda la documentación que acompaña a las memorias. Y a los contratistas habrá que decirles que toda la documentación que presenten, el estudio técnico y demás, se va a hacer pública si resultan adjudicatarios. Eso es lo que pienso que habría que hacer. Pero es un largo camino que recorrer y eso no va a suceder hasta que llegue alguien que le dé igual todo, porque mientras existan equilibrios políticos, ideológicos y miedos, que existen también dentro de la Administración, no ocurrirá y lo entiendo. Tienen miedo porque es más fácil no publicar que hacerlo. Si publican se pueden meter en líos. Y si no publican, lo que puede pasar es que el tonto de Jaime te saque en un tuit y prefieren lo segundo, evidentemente. ¡Es frustrante!

Hay que ser también indulgentes y no se puede exigir la excelencia absoluta, sino intentar sugerir posibilidades de mejora

P.-Jaime, no queremos abusar de tu confianza, pero, aprovechando que te tenemos aquí hoy, queríamos comentarte que, como sabrás, recientemente se ha aprobado la regulación de la IA en Europa. No sé si has podido conocer el texto o por dónde va la regulación y qué opinión te merece.
R.-Me he obligado a no mirarlo por una razón y es que estas tecnologías son demasiado incipientes y están en ciernes todavía. Cualquier esfuerzo que uno invierta en aprender estas tecnologías y su marco regulatorio en detalle puede ser un esfuerzo que luego no tenga un retorno. Esto pasa mucho con la tecnología. Yo siempre he sido un late adopter, porque a muchas personas les gusta ser los primeros en llegar. La Administración se ha contagiado también de esta tendencia y le gusta ser la primera en el metaverso, en llegar a la inteligencia artificial… Yo pienso que no hay que ser los primeros. La tecnología es muy cambiante y hay un montón de desarrollos que al final no tienen recorrido. El que se compró un vídeo de Betamax estaba feliz en su día porque era un formato muy superior, pero probablemente acabó arrepintiéndose. ¿Os acordáis cuando en el año 2000 los diarios empezaron a apostar por la tecnología Wap, que era la alternativa a la tecnología web, para enviar sus noticias a través de los dispositivos? Pues no cuajó y todas esas inversiones quedaron en nada. Es la técnica de la prueba y error. Si un diario nacional quiere hacer esa inversión y arriesgar, adelante, pero la Administración debe ser conservadora.

Con la inteligencia artificial pasa otro tanto. Es como si coges una flor y la miras de cerca. No llegarás nunca a apreciar su belleza, solamente ciertos detalles. Te tienes que alejar para ver la foto de conjunto, el cuadro, el paisaje. Creo que pasa lo mismo con muchas tecnologías, y con la inteligencia artificial sucede todavía más rápido. Antes cada dos o tres años cambiaban las herramientas, los paradigmas, las formas de trabajo. Ahora ya no es cada dos o tres años, es cada dos meses. Luego están la sociedad, la política, los órganos deliberatorios, la normativa… que tampoco tienen, pienso yo, la capacidad de absorber todo lo que se está generando ahora, el mundo está cambiando muy rápido. Mi consejo es calma. Mientras otros se han polarizado a favor o en contra de la regulación, yo no tengo las ideas tan claras. Prefiero ser un observador hasta que la tecnología termine de cuajar y de asentarse.

P.-Ya para terminar ¿nos podrías adelantar en primicia los proyectos en los que estás trabajando actualmente o vas a iniciar en breve? Lo que se pueda contar y no desvele tus estrategias, Jaime… (risas).
R.-Bueno, intento ver dónde puedo hacer algo para inspirar. Me hace ilusión cuando me escriben desde organismos. Me han llamado, incluso, de alguno para decirme: ‘Es que hoy un compañero ha cogido un tuit tuyo, lo ha imprimido y lo ha llevado a una reunión con los jefes’. Y eso me da muchas alas para seguir, porque a veces pienso que lo único para lo que sirve lo que hago es para hacer memes y echarnos unas risas y tal, pero cuando veo que lo que hago tiene impacto, un impacto muchas veces muy silencioso, me hace ilusión y justifica y le da sentido al trabajo.

¿En qué ando ahora? El año pasado empecé a pegarme con los archivos fotográficos públicos y estoy ahora en un proyecto aplicando visión artificial y algoritmos a una colección fotográfica de 150.000 fotografías, una colección de una diputación. Y eso me gusta porque es algo que pienso que puede servir también para que en otros territorios se tome esta idea y, sobre todo, se valore la importancia de la apertura de los archivos fotográficos, históricos, culturales. No todo van a ser contratos públicos.

¿Qué más? Tengo mil ideas. Las pongo en marcha y luego las voy sacando poquito a poco como voy pudiendo. Estoy en un proyecto bastante grande que hice con la Plataforma de Contratación del Sector Público, procesando todos esos datos y cruzándolos con otras fuentes de datos. Eso lo quiero acabar, pero lo tengo en un cajón y tengo que retomarlo. Me agobio mucho con esto: a veces quiero acabar muy rápido y luego todo lleva su tiempo. ¿Qué más? El otro día me descargué unos 2.000 informes que la Policía ha enviado a un gobierno local sobre sus actuaciones policiales. Igual son 15.000 o 20.000 actuaciones policiales de los últimos años. No he hecho nada todavía con ello, y no sé si haré algo, no sé, pero creo que puede ser interesante, ¿no? Luego pasarlo todo por ChatGPT y ¡yo qué sé! Controles de alcoholemia, si van subiendo o bajando… no sé, hay mil cosas que se pueden hacer.