Labores de izado del narcosubmarino intervenido en Galicia.
Por primera vez desde su incautación el 25 de noviembre de 2019, un equipo de televisión ha tenido acceso al narcosubmarino incautado por las Fuerzas de Seguridad en Galicia. Según pudo confirmar Univision, y había publicado anteriormente el diario El País, el semi -umergible partió de la selva colombiana casi un mes antes y atravesó primero el río Amazonas y posteriormente el Atlántico.
El reportaje fue realizado por The Facto Productions -productora fundada por vicepresidente de la API, Tomás Ocaña- para el programa ‘Aquí y Ahora’ de la cadena hispana de Estados Unidos Univision. El equipo de la cadena pudo adentrarse en el aparato y acompañó a la Guardia Civil hasta la zona de la costa donde fueron apresados sus tripulantes y rescatado el semisumergible con 3.350 kilos de cocaína. Además, Ocaña y su equipo entrevistaron a Fernando Alonso, presidente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico y a una de las víctimas de la llamada generación perdida golpeada por las drogas en los 80.
El reportaje se completa con la participación del periodista Victor Méndez, del Diario de Pontevedra, periodista que informó el primero de la incautación del submarino. Méndez es autor del libro ‘Narcogallegos, tras los pasos de Sito Miñanco’, en el que ya hablaba de la llegada de semisumergibles cargados de droga hasta las inmediaciones de Galicia. Su inclusión en el trabajo de Univision es, además, un reconocimiento a la importante labor que hacen los periodistas locales y que en muchas ocasiones no recibe la notoriedad que merece, algo que la API defiende desde su fundación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando prometió su cargo tras prosperar la moción de censura.
Los ministros que integran el Gobierno de Pedro Sánchez toman posesión este lunes de sus cargos en el inicio de la legislatura en la que deben ponerse los cimientos para que la Administración y la acción política estén guiados realmente por el criterio de la transparencia. Hay mucho camino por recorrer, desde luego. Basta con recordar el número de solicitudes inadmitidas por los diferentes organismos ministeriales invocando la supuesta concurrencia de alguno de los límites previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y las resoluciones estimatorias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a reclamaciones ciudadanas. El camino se demuestra andando, no con palabras y promesas luego ignoradas.
Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) estaremos especialmente atentos al cumplimiento de uno de los puntos pactados por PSOE y Unidas Podemos en su programa de gobierno (‘Un nuevo acuerdo para España’): la aprobación de una «reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada». Es evidente que, seis años después de su promulgación, es urgente modificar la norma con el bagaje de este tiempo a fin de reforzar la transparencia en la actividad pública y que el poder político no pueda tomar atajos gratuitamente para dar la espalda a las demandas de información del ciudadano.
Es de esperar también que, en el menor plazo posible, se proceda al nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente que se encuentra sin cabeza visible desde que hace ya más de dos años falleció Esther Arizmendi. Más allá de cuotas partidistas o de otros criterios políticos, es necesario que la persona elegida sea un profesional con formación acorde al puesto y genere consenso para evitar que su labor quede dentro del perímetro de la disputa política. Por todo ello, #TransparenciaYA
Matthew Caruana junto a miembros de la junta directiva de la API y alumnos del máster de Investigación y Datos de la URJC tras la charla-coloquio en Madrid. / LUIS GASPAR
El periodista e ingeniero maltés Matthew Caruana ha viajado a España para presentar el informe anual de Reporteros Sin Fronteras tras cumplirse dos años del asesinato de su madre, la reportera Dafne Caruana Galizia. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) aprovechó su paso por Madrid para organizar una charla-coloquio en la que se habló de la responsabilidad del Gobierno de Malta en el asesinato de su madre, cómo investigar la corrupción transnacional, la necesidad de implementar redes entre periodistas y los próximos proyectos de la Fundación Proyecto Dafne.
Matthew Caruana trabajaba como ingeniero desarrollador en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ( durante la investigación de los Panama Papers, premio Pulitzer 2017. Al mismo tiempo, su madre, la periodista Dafne Caruana, desveló una serie de informaciones que implicaban a miembros del Gobierno de Malta, refugio offshore de grandes fortunas, corrupción y negocios opacos.
«Quienes ordenaron el atentado fueron los mismos que ella investigaba, los mismos que estaban usando la red de Mossac Fonseca en Panamá»
«Nunca imaginé que llegaría a este punto, que las investigaciones llevarían hasta el asesinato de mi madre», asegura. Mientras él se dedicaba a desarrollar las plataformas del ICIJ durante los Panama Papers, Dafne Caruana trabajaba en Malta. «En 2016 sus investigaciones conectaron con el trabajo que yo estaba haciendo en el ICIJ y ella desveló más informaciones con sus propias fuentes en Malta, a través de los Panama Papers», precisa.
¿Quién está detrás?
El caso ha dado un vuelco cuando el primer ministro, Josep Muscat, anunció su dimisión para el próximo enero, al estar siendo investigados varios ministros y su jefe de gabinete como instigadores del atentado.
«Quienes ordenaron el atentado fueron los mismos que ella investigaba, los mismos que estaban usando la red de Mossac Fonseca en Panamá», continúa. «En 2016 yo estaba entusiasmado con mi trabajo. En 2017 todo se puso muy serio, me di cuenta de lo serio que es este tipo de periodismo e investigaciones», añade.
La corrupción, el mal mayor
Para Matthew Caruana, el despacho panameño Mossac Fonseca es sólo una pequeña parte del mapa financiero opaco. «Creo que los desastres ambientales, las dictaduras, la corrupción… se dan desde una red global dedicada al blanqueo», sostiene. Por eso, desde la Fundación Proyecto Dafne, Caruana quiere impulsar una red para que Malta -paraíso fiscal europeo por excelencia- tenga un centro de investigación.
Red informal de apoyo
Matthew Caruana fundó Proyecto Dafne junto a su familia y un grupo de unos 40 periodistas que dieron continuidad a las informaciones interrumpidas por el asesinato. Nació para reclamar justicia y ahora quiere dar un paso más: «La idea es promover investigaciones y apoyar a los periodistas que necesitan establecer conexiones en núcleos financieros como Malta, Londres o Dubai».
Matthew Caruana. / LUIS GASPAR
Lo imagina como una red informal, sin pretensión de reemplazar al ICIJ. «Queremos desarrollar soluciones diferentes al ICIJ, plataformas tecnológicas para hacer que el intercambio de información e inteligencia sea más eficiente entre periodistas de investigación», precisa. Y sortear situaciones «muy ineficientes» como que un fixer reciba todos los encargos en un punto conflictivo. Tampoco será un servicio de pago. «Tiene que ser gratis, que tengan acceso freelancers, medios pequeños, lo imagino como un servicio social», matiza.
¿Qué nos protege?
El periodista Ignacio Calle, secretario de la API y coordinador de Maldito Dato en Maldita.es, se interesó por cómo proteger a un periodista en una zona de conflicto sin eliminar su identidad. Calle puso el ejemplo del ICIJ durante los Panama Papers, cuando un colega en Venezuela podía compartir una información en el foro que sería publicada en otro país.
Para Matthew Caruana, cada caso es diferente. «En el caso de mi madre era difícil asesinarla porque era muy conocida en Malta. Tal vez esconder el nombre del periodista lo protege, pero al mismo tiempo, cuanto más conocido eres, más protección tienes», comenta.
Los alumnos del Máster de Periodismo e Investigación y Datos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), procedentes de distintos países de Latinoamérica y la Unión Europea, preguntaron por cómo salvaguardar la exclusividad de la información, el breaking news, frente a la cultura de lo compartido.
«Ellos, los corruptos, siempre están colaborando entre ellos; nosotros tenemos que hacer lo mismo», reivindica Caruana
«Cuando uno rastrea dinero, criminales, empresarios o políticos corruptos, es casi imposible trabajar solo, uno necesita el intercambio y trabajar con otros periodistas. A veces es necesario guardar la información y otras es imprescindible colaborar. Creo que en la mayoría de los casos compartir mejora una investigación», razona. Y concluye: «Ellos, los corruptos, siempre están colaborando entre ellos; nosotros tenemos que hacer lo mismo».
Otro de los alumnos del máster preguntó sobre si hay que fomentar la relación periodista-hacker para que haya más leaks. «No necesariamente, uno debe mantener distancia. Y las filtraciones son buenas pero no podemos depender de ellas. En la fundación estamos haciendo mucho uso de los mecanismos y leyes que nos abre el derecho a la información», explica.
Caruana, en un momento de la charla-coloquio organizada por la API en Madrid. / T. OCAÑA
La conversación fue moderada por la periodista Pilar Velasco, vocal del área de Internacional de la API, junto al presidente, Antonio Rubio; el vicepresidente, Tomás Ocaña; el secretario, Ignacio Calle, y socios y amigos de la asociación.
Desde la API colaboraremos en la difusión del Proyecto Dafne y celebramos la creación de una red que facilitará el trabajo de los periodistas de investigación y el esclarecimiento del asesinato de Dafne Caruana.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones.
El Ministerio del Interior volverá a ser en 2019 el organismo gubernamental que más peticiones de información a través de su unidad de Transparencia ha denegado o ha concedido de manera parcial, siguiendo la tendencia ya registrada en los últimos años.
Con datos referidos a 30 de septiembre, los diferentes ministerios y la Casa Real han eludido dar respuesta a 160 solicitudes, de las que casi un tercio se dirigieron al departamento que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska. En concreto, este área rechazó o no satisfizo en su totalidad 54 peticiones de información invocando alguno de los 12 límites que prevé la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno en su artículo 14.
El servicio de cáterin a los encausados por el proceso independentista durante la celebración de la vista oral en el Tribunal Supremo, los gastos de seguridad generados por la disputa de la final de la Copa Libertadores en Madrid, el plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, las expulsiones a Marruecos, los gastos en seguridad de los políticos o el coste del dispositivo policial del juicio del 1-O o la orden ministerial por la que se regulan los fondos reservados han sido algunas de las solicitudes formuladas de enero a septiembre a las que Interior ha eludido responder.
Por volumen de peticiones inadmitidas, tras Interior se sitúa el Ministerio de Fomento, como ya ocurrió durante 2018. Le siguieron Hacienda y Administraciones Públicas; Economía y Empresa; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Política Territorial y Función Pública; Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ciencia y Universidades; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica; Cultura y Deportes y Agricultura, Pesca y Alimentación.
Como recuerda de forma frecuente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en resoluciones estimatorias, la Ley de Transparencia proclama que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno “deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”, compromiso que no casa con la actitud que reiteradamente muestran diversos departamentos ministeriales.
Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) vemos con preocupación el carácter restrictivo que, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Consejo de Transparencia, viene haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para no dar respuesta a peticiones de información pese a que en muchos casos son de indudable interés público y de gran relevancia.
El presidente de la API, Antonio Rubio. Imagen: RTVE.
Los miembros de la API han reelegido el sábado 30 de noviembre a Antonio Rubio y su equipo para seguir al frente de la asociación. El censo electoral estaba establecido en 64 socios y han ejercido el derecho a voto un total de 22 personas, que han votado a favor de la única candidatura.
La nueva Junta Directiva de la API queda de la siguiente manera:
Presidencia y relaciones con Latinoamérica: Antonio Rubio
Vocalías:
Formación: Ana Tudela
Universidades: Marta Sánchez
Autonomías: Oriol Güell
Transparencia y Comunicación: Antonio Salvador
Internacional: Pilar Velasco
Tesorería: Antonio Delgado
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