Los ministros que integran el Gobierno de Pedro Sánchez toman posesión este lunes de sus cargos en el inicio de la legislatura en la que deben ponerse los cimientos para que la Administración y la acción política estén guiados realmente por el criterio de la transparencia. Hay mucho camino por recorrer, desde luego. Basta con recordar el número de solicitudes inadmitidas por los diferentes organismos ministeriales invocando la supuesta concurrencia de alguno de los límites previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y las resoluciones estimatorias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a reclamaciones ciudadanas. El camino se demuestra andando, no con palabras y promesas luego ignoradas.

Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) estaremos especialmente atentos al cumplimiento de uno de los puntos pactados por PSOE y Unidas Podemos en su programa de gobierno (‘Un nuevo acuerdo para España’): la aprobación de una «reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada». Es evidente que, seis años después de su promulgación, es urgente modificar la norma con el bagaje de este tiempo a fin de reforzar la transparencia en la actividad pública y que el poder político no pueda tomar atajos gratuitamente para dar la espalda a las demandas de información del ciudadano.

Es de esperar también que, en el menor plazo posible, se proceda al nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente que se encuentra sin cabeza visible desde que hace ya más de dos años falleció Esther Arizmendi. Más allá de cuotas partidistas o de otros criterios políticos, es necesario que la persona elegida sea un profesional con formación acorde al puesto y genere consenso para evitar que su labor quede dentro del perímetro de la disputa política. Por todo ello, #TransparenciaYA