La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha traslado al grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados diversas propuestas para mejorar la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, ante la modificación normativa que los dos partidos que sustentan el Gobierno pretenden llevar a cabo en la presente legislatura.
El pasado lunes, una representación de la API -formada por su presidente, Antonio Rubio, y el vocal de Comunicación y Transparencia, Antonio Salvador- mantuvo una reunión telemática con un grupo de diputados del Partido Socialista, después de la carta que se le envió tanto a esta formación como a Unidas Podemos. La intención es contribuir a mejorar el texto con la experiencia que atesoran los miembros de la asociación en los siete años de vigencia de la ley.
Entre otras medidas, la API planteó la conveniencia de que se reduzca el plazo de respuesta que tiene la Administración, que no se haga un uso perverso de la ampliación del mes por supuesta complejidad para terminar inadmitiendo la petición de información, que se fundamenten debidamente las invocaciones a los límites de acceso que prevé la ley, que se establezca un régimen sancionador de aplicación cuando la Administración no cumpla las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y que la norma alcance también a los miembros de la Familia Real.
Aportaciones «de gran interés»
Tras considerar que las propuestas que les había trasladado la asociación eran «de gran interés», los parlamentarios socialistas -entre ellos Odón Elorza, Josefa Andrés, José Luis Aceves y Ariagona González- reiteraron el compromiso del Ejecutivo por llevar a cabo la modificación de la ley e insistieron en que la transparencia «está en el ADN del PSOE».
Ambas partes hemos quedado emplazados en mantener un nuevo encuentro en próximas fechas, de las que ofreceremos puntual información. También se ha realizado el mismo ofrecimiento a Unidas Podemos, sin que de momento se haya tenido contestación.
El director del diario Sur, Manuel Castillo, considera que la situación generada por la pandemia del coronavirus ha sido «el gran desafío periodístico para los profesionales de nuestra generación» y que precisamente en esta situación «se ha demostrado que la prensa ejerce un control sobre la actividad de los gobiernos».
«Los lectores nos están diciendo que nos necesitan: somos necesarios para que se ejerza el control del poder en todos sus ámbitos», subrayó Castillo, que participó esta semana en uno de los coloquios del ciclo #LosJuevesDeLaAPI, centrado esta vez en analizar el papel del periodismo local en medio de una crisis sanitaria mundial. El director de uno de los periódicos más importantes de Andalucía recordó que las cifras de lectores se han disparado desde que estalló la pandemia.
En este sentido, la gran paradoja del periodismo es que «tenemos más lectores que nunca en nuestra historia y un modelo de negocio que todavía no da respuesta a las nuevas necesidades empresariales», basado todavía sobre todo en la publicidad y los eventos. Castillo se mostró preocupado por la «precarización de las redacciones, de la forma del trabajo y del ejercicio del periodismo», un peligro importante para el ejercicio de la libertad de prensa.
«Mi sueño es un periódico que dependa exclusivamente de los lectores: cuanto más cerca estemos de ese sueño más independientes seremos», señaló, recordando que durante los meses de crisis sanitaria «el prestigio de la prensa ha crecido», lo que ha dado un espaldarazo a los proyectos de pago por contenidos de muchas empresas informativas. El mismo diario Sur, según Castillo, ha superado con creces el número de suscriptores previsto para este año. «La sociedad está empezando a estar madura para asumir que la información cuesta dinero y que hay que pagar por contenidos de calidad», añadió.
«Se ha demostrado en estos meses de pandemia que la prensa es incómoda para el poder político»
Los medios que logren sacar adelante modelos de suscripción digital podrán también ejercer un periodismo más independiente. «Los periódicos que tendrán futuro serán aquellos que dirijan su foco hacia el lector», consideró. Por el contrario, pronosticó que los que no sean capaces de dar ese salto «se quedarán en la periferia, y serán cada vez más dependientes de la publicidad, y sobre todo de la publicidad institucional, lo cual es un riesgo evidente para su independencia».
Para Castillo, el momento actual entraña un importante riesgo para la libertad de prensa. «Las presiones han existido siempre y seguirán existiendo, porque publicamos cosas que no le gustan a todo el mundo, y no se puede bajar la guardia», instó Castillo, recordando cómo el Gobierno trató durante la pandemia de controlar las preguntas en las ruedas de prensa. «Se ha demostrado en estos meses que la prensa es incómoda para el poder político, porque tenemos la mala costumbre de preguntar cuando se nos dice que hay un comité de expertos o que se han aprobado determinados contratos de compra de materiales», dijo.
«Situación de riesgo»
En este sentido, Castillo recordó que en muchas comunidades autónomas, incluida Andalucía, las mayores redacciones de periodistas están en las instituciones gobernadas por los políticos. «Esto sí es una situación de riesgo: la prensa cada vez está más acorralada; cada vez se genera más información no periodística que trata de ocupar esferas de los medios de comunicación», agregó.
El periodista malagueño lamentó que la sociedad se está acostumbrando a las mentiras de los gobernantes, de igual forma que se acostumbra al goteo diario de cientos de muertos por el coronavirus. «Cuando un político da una información sesgada o falseada debería ser un escándalo. Ocurre tan a menudo que nos hemos acostumbrado, pero no da igual», dijo. Por ello reivindicó el papel de la prensa para controlar al poder político o al poder económico, y consideró que, pese a sus deficiencias, han sido los medios los que han ido denunciando los diferentes casos de corrupción política en España.
¿Pretende el Gobierno crear un Ministerio de la
Verdad? ¿Existe el riesgo de que el poder político se erija en juez sobre lo
que es verdad y es mentira? La reciente orden ministerial elaborada por el
Consejo de Seguridad Nacional para actuar con la desinformación fue analizada
en profundidad este viernes en dos mesas redondas organizadas por la Asociación
de Periodistas de Investigación (API), Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita
y la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información (PDLI).
El encuentro contó con un panel de ponentes de primer nivel, como el ex diputado del PSOE Eduardo Madina; el catedrático José Manuel Pérez Tornero; el general Miguel Ángel Ballesteros, director general de Seguridad; el jurista Joan Barata (PDLI); el periodista Carlos Hernández-Echevarría (Maldita); la ex presidenta de la FAPE Elsa González; el ex militar y académico José María Blanco y el profesor de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, moderados por los presidentes de Reporteros sin Fronteras, Alfonso Armada, y de la API, Antonio Rubio.
El general Ballesteros incidió en que la orden es un mero instrumento para que los servicios de Inteligencia puedan coordinarse con los ministerios, la Secretaría de Estado y la Unión Europea ante la aparición de campañas de desinformación organizadas desde otros países, gracias a una comisión formada por funcionarios y de tipo exclusivamente técnico.
El riesgo de que esta comisión -cuyas atribuciones y composición no están claras- decida qué es y qué no es desinformación es lo que ha hecho saltar las alarmas de los colectivos profesionales, y de muchas personas preocupadas por el respeto a la libertad de información. «No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. En una democracia son los ciudadanos y los medios de comunicación quienes controlan al Gobierno y no al revés», consideró el ex diputado del PSOE Eduardo Madina.
» No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. Son los ciudadanos y los medios quienes controlan al Gobierno, no al revés»
Eduardo Madina, ex diputado del PSOE
Por su parte, el jurista Joan Barata, de la PDLI, señaló que es cierto que los gobiernos tienen obligación de cooperar entre sí para atajar la desinformación, pero recordó que la desinformación no es una práctica ilegal, y que el Derecho no da respuesta a esta problemática. «La Unión Europea ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión por ser genérica y dar al Estado el poder discrecional de discernir entre verdad y mentira», señaló.
Por ese motivo abogó por que el Ejecutivo lleve a cabo una labor de “pedagogía”, empleando criterios claros, garantizando la participación de la sociedad civil y la Universidad en el trabajo de análisis de la comisión, y garantizando que los juicios que ésta lleve a cabo se efectúen por personas con capacidad técnica.
El periodista Carlos Hernández-Echevarría, de
Maldita, instó también al Gobierno a abrir un “diálogo conjunto” del que formen
parte medios de comunicación, verificadores y plataformas. “Se trata de que el
Gobierno no legisle por su cuenta”, dijo, recordando la importancia de la
transparencia en los procesos de lucha contra la desinformación, y poniendo
como ejemplo la trazabilidad de las prácticas de verificación de la propia
Maldita.
Los participantes pidieron por tanto al Gobierno diálogo, participación de todos los agentes implicados, y pedagogía. Y en este terreno hicieron especial hincapié los representantes del ámbito universitario, como el presidente de la API, Antonio Rubio, el catedrático Pérez Tornero, el profesor Ramón Salaverría, el académico José María Blanco y la ex presidenta de FAPE Elsa González.
» La UE ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión»
Joan Barata (PDLI)
“La principal vacuna contra la desinformación
es el pensamiento crítico”, subrayó Blanco, recordando que “tenemos medios
obsoletos frente a dinámicas nuevas e interdependientes” que forman parte de la
desinformación, por lo que para combatirla son necesarias muchas visiones.
Salaverría destacó la obligación ética de todos los periodistas de combatir las
falsedades y ser más transparentes con su propio trabajo.
En cuanto a la transparencia del Gobierno, varios ponentes recordaron que es escasa, lo que genera mayor recelo ante la nueva orden de lucha contra la desinformación. El Gobierno “no ha avanzado en transparencia y está trabajando en desinformación”, censuró González.
Pérez Tornero, por su parte, apostó por implementar un plan de educación digital para formar ciudadanos críticos, y por apoyar un periodismo de calidad que lleve, según dijo parafraseando a la filósofa Hanna Arendt, a “resistir a la mentira con pasión y con razón”.
En el siguiente enlace puedes ver el desarrollo del acto:
La Asociación de Periodistas de Investigación (API), conjuntamente con Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita.es y la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI), ha organizado un coloquio en el que se debatirá acerca del procedimiento de actuación contra la desinformación que el Gobierno aprobó el pasado 30 de octubre y que desde sectores de la profesión periodística se ve como una amenaza para informar con plena libertad.
Bajo el título de ‘Guerra a la desinformación. ¿Quién decide lo que es falso?’, el acto se llevará a cabo de forma virtual este viernes (27 de noviembre) a partir de las 11.30 y contará con las intervenciones del director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros; el ex diputado socialista Eduardo Madina, y los periodistas Virginia P. Alonso, José María Blanco Navarro, Elsa González, Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero y Carlos Hernández-Echevarría.
Serán dos mesas redondas consecutivas de una hora de duración cada una, una
centrada en los asuntos políticos y de libertad de prensa y otra en educación,
aunque la orden ministerial y sus derivaciones estarán presentes en ambas.
Primera mesa: Eduardo Madina, Virginia P. Alonso, Miguel Ángel Ballesteros y Carlos Hernández-Echevarría. Moderador: Alfonso Armada.
Segunda mesa: Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero, Elsa González y José María Blanco Navarro. Moderador: Antonio Rubio
Echamos de menos que, en una iniciativa de lucha contra la desinformación, no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil
La orden ministerial del pasado 30 de octubre, ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, ha suscitado un gran revuelo político y periodístico. En el texto se dice que “en la lucha contra la desinformación, los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”.
Hasta ahí podemos estar bastante de acuerdo. La norma
prevé la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar
maniobras de desinformación, pero deja en manos de una comisión formada por
miembros del Gobierno -cuyas atribuciones tampoco están claras- la decisión
sobre qué es y qué no es desinformación; una prerrogativa que nos parece como
poco, perturbadora.
Las organizaciones que convocan esta mesa redonda
consideran que las acciones contra las injerencias de países terceros deberían
circunscribirse al ámbito de la Seguridad Nacional y en una primera instancia
no involucrar a la Secretaría de Estado de Comunicación hasta que no sea
necesario contactar con los medios de comunicación.
También echamos de menos que en una iniciativa de lucha contra la desinformación no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil antes de su redacción y consideramos que la participación del Ministerio de Educación -no prevista en la norma- es clave, pues solo una sociedad formada en el discernimiento de lo que es información fiable y veraz (lo que es mentira de lo que es cierto) es capaz de combatir un fenómeno tan complejo y sutil. Con internet pensamos y nos hacemos una idea del mundo, y el ruido infernal en la red no ayuda a discernir.
Queremos debatir en qué medida la libertad de prensa puede estar gravemente amenazada por injerencias externas y el mal uso de internet
Desde algunos sectores se ha dicho que el Gobierno
pretende crear un Ministerio de la Verdad. Queremos debatir los aspectos
políticos y legales y de seguridad, y en qué medida la libertad de prensa puede
estar gravemente amenazada por injerencias externas, el mal uso de internet,
los propios periodistas y medios que no aplican códigos deontológicos
impecables, o gobiernos siempre preocupados por el relato. El poder tiende por
su propia naturaleza o bien a mentir o a no decir toda la verdad. Y el español
no ha sido un modelo de transparencia. En la medida que los convocantes estamos
persuadidos de que sin una potente libertad de prensa la democracia se ve
comprometida, un debate de esta índole es justo, urgente y necesario.
La polémica que ha generado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la citada orden ministerial bien merece la pena analizar lo que trata de regular y las consecuencias que para el ejercicio periodístico tendrá desde diversos puntos de vista. Ése es el ánimo que nos mueve a organizar el acto, que ayudará sin duda a enriquecer el debate y a arrojar certezas.
La retransmisión del debate se podrá seguir en el siguiente enlace:
Albert Sáez, director de 'El Periódico de Catalunya'.
Marta Sánchez Esparza
El director de El Periódico de Catalunya, Albert Sáez, repasó este jueves en un coloquio organizado por la Asociación de Periodistas de Investigación (API) las principales crisis económicas y territoriales de los últimos años y su influencia en el trabajo y recorrido de los medios de comunicación.
El periodismo ha sufrido mucho a raíz de las crisis económicas registradas desde 2008, que tuvieron un coste para los medios a nivel de independencia, haciendo evidente su vulnerabilidad, según Sáez. En cuanto a las crisis políticas, el periodista reconoció que en los últimos años de crisis territorial en España y Cataluña para el periodismo fue “muy difícil no acabar en una trinchera”, y advirtió de que “la trinchera es una mala posición para el periodismo”.
En este sentido, Albert Sáez admitió que en ocasiones la prensa no ha sido autoexigente a la hora de centrarse en su función de explicar hechos. “Nos hemos metido en debates complejos y los hemos simplificado. La verdad es un asunto complicado. Los hechos son menos complicados que la verdad. En el caso de la crisis territorial nos dimos cuenta de que cuando los periodistas nos alejamos de los hechos vamos mal”, asumió.
La crisis sanitaria de los últimos meses, sin embargo, ha servido para que el periodismo recuperase su papel, según Sáez. “Hemos entendido cuál es nuestro lugar en el mundo. El lugar del periodismo es fundamentalmente dar noticias verificadas y ayudar a la gente a entender lo que está pasando”, señaló. La crisis de la covid-19 ha servido para que los medios ejercieran de nuevo de forma clara esta función social.
«Que en un futuro más o menos inmediato ya no sea necesario hablar de periodismo de investigación, porque no concibamos ningún periodismo que no sea de investigación”
Sáez apostó porque “en un futuro más o menos inmediato ya no sea
necesario hablar de periodismo de investigación, porque no concibamos ningún
periodismo que no sea de investigación”. La aparición del mismo concepto de
periodismo de investigación es, según Sáez, “síntoma de relajamiento de muchas
prácticas profesionales de los medios”, y la aparición de este tipo de
periodismo, según opinó, ha supuesto un toque de atención para todos.
El nuevo director de El Periódico participó en uno de los encuentros en directo ‘Los Jueves de la API’, organizados en Instagram desde la primavera pasada, y en los que han participado ya otros directores de medios como el máximo responsable de El Confidencial, Nacho Cardero. El objetivo de estos encuentros es el diálogo en torno al presente y al futuro de la profesión periodística y la industria de los medios.
Sáez fue designado nuevo director de El Periódico de Catalunya hace menos de seis meses, después de trabajar durante tres años como responsable de Transformación Digital de este diario. Antes ejerció la docencia en la Universidad Ramón Llull, donde además de doctorarse, llegó a ser vicedecano de la Facultad de Comunicación. También ha ocupado diversos cargos a nivel político, como el de secretario de Medios de Comunicación del departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el de presidente del consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ente que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio. Entre 1998 y 2006 fue director adjunto del diario Avui.
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