¿Pretende el Gobierno crear un Ministerio de la Verdad? ¿Existe el riesgo de que el poder político se erija en juez sobre lo que es verdad y es mentira? La reciente orden ministerial elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional para actuar con la desinformación fue analizada en profundidad este viernes en dos mesas redondas organizadas por la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita y la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información (PDLI).
El encuentro contó con un panel de ponentes de primer nivel, como el ex diputado del PSOE Eduardo Madina; el catedrático José Manuel Pérez Tornero; el general Miguel Ángel Ballesteros, director general de Seguridad; el jurista Joan Barata (PDLI); el periodista Carlos Hernández-Echevarría (Maldita); la ex presidenta de la FAPE Elsa González; el ex militar y académico José María Blanco y el profesor de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, moderados por los presidentes de Reporteros sin Fronteras, Alfonso Armada, y de la API, Antonio Rubio.
El general Ballesteros incidió en que la orden es un mero instrumento para que los servicios de Inteligencia puedan coordinarse con los ministerios, la Secretaría de Estado y la Unión Europea ante la aparición de campañas de desinformación organizadas desde otros países, gracias a una comisión formada por funcionarios y de tipo exclusivamente técnico.
El riesgo de que esta comisión -cuyas atribuciones y composición no están claras- decida qué es y qué no es desinformación es lo que ha hecho saltar las alarmas de los colectivos profesionales, y de muchas personas preocupadas por el respeto a la libertad de información. «No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. En una democracia son los ciudadanos y los medios de comunicación quienes controlan al Gobierno y no al revés», consideró el ex diputado del PSOE Eduardo Madina.
» No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. Son los ciudadanos y los medios quienes controlan al Gobierno, no al revés»
Eduardo Madina, ex diputado del PSOE
Por su parte, el jurista Joan Barata, de la PDLI, señaló que es cierto que los gobiernos tienen obligación de cooperar entre sí para atajar la desinformación, pero recordó que la desinformación no es una práctica ilegal, y que el Derecho no da respuesta a esta problemática. «La Unión Europea ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión por ser genérica y dar al Estado el poder discrecional de discernir entre verdad y mentira», señaló.
Por ese motivo abogó por que el Ejecutivo lleve a cabo una labor de “pedagogía”, empleando criterios claros, garantizando la participación de la sociedad civil y la Universidad en el trabajo de análisis de la comisión, y garantizando que los juicios que ésta lleve a cabo se efectúen por personas con capacidad técnica.
El periodista Carlos Hernández-Echevarría, de Maldita, instó también al Gobierno a abrir un “diálogo conjunto” del que formen parte medios de comunicación, verificadores y plataformas. “Se trata de que el Gobierno no legisle por su cuenta”, dijo, recordando la importancia de la transparencia en los procesos de lucha contra la desinformación, y poniendo como ejemplo la trazabilidad de las prácticas de verificación de la propia Maldita.
Los participantes pidieron por tanto al Gobierno diálogo, participación de todos los agentes implicados, y pedagogía. Y en este terreno hicieron especial hincapié los representantes del ámbito universitario, como el presidente de la API, Antonio Rubio, el catedrático Pérez Tornero, el profesor Ramón Salaverría, el académico José María Blanco y la ex presidenta de FAPE Elsa González.
» La UE ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión»
Joan Barata (PDLI)
“La principal vacuna contra la desinformación es el pensamiento crítico”, subrayó Blanco, recordando que “tenemos medios obsoletos frente a dinámicas nuevas e interdependientes” que forman parte de la desinformación, por lo que para combatirla son necesarias muchas visiones. Salaverría destacó la obligación ética de todos los periodistas de combatir las falsedades y ser más transparentes con su propio trabajo.
En cuanto a la transparencia del Gobierno, varios ponentes recordaron que es escasa, lo que genera mayor recelo ante la nueva orden de lucha contra la desinformación. El Gobierno “no ha avanzado en transparencia y está trabajando en desinformación”, censuró González.
Pérez Tornero, por su parte, apostó por implementar un plan de educación digital para formar ciudadanos críticos, y por apoyar un periodismo de calidad que lleve, según dijo parafraseando a la filósofa Hanna Arendt, a “resistir a la mentira con pasión y con razón”.
En el siguiente enlace puedes ver el desarrollo del acto: