La Asociación de Periodistas de Investigación (API), conjuntamente con Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita.es y la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI), ha organizado un coloquio en el que se debatirá acerca del procedimiento de actuación contra la desinformación que el Gobierno aprobó el pasado 30 de octubre y que desde sectores de la profesión periodística se ve como una amenaza para informar con plena libertad.

Bajo el título de ‘Guerra a la desinformación. ¿Quién decide lo que es falso?’, el acto se llevará a cabo de forma virtual este viernes (27 de noviembre) a partir de las 11.30 y contará con las intervenciones del director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros; el ex diputado socialista Eduardo Madina, y los periodistas Virginia P. Alonso, José María Blanco Navarro, Elsa González, Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero y Carlos Hernández-Echevarría.

Serán dos mesas redondas consecutivas de una hora de duración cada una, una centrada en los asuntos políticos y de libertad de prensa y otra en educación, aunque la orden ministerial y sus derivaciones estarán presentes en ambas.

Primera mesa: Eduardo Madina, Virginia P. Alonso, Miguel Ángel Ballesteros y Carlos Hernández-Echevarría. Moderador: Alfonso Armada.

Segunda mesa: Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero, Elsa González y José María Blanco Navarro. Moderador: Antonio Rubio

Echamos de menos que, en una iniciativa de lucha contra la desinformación, no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil

La orden ministerial del pasado 30 de octubre, ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, ha suscitado un gran revuelo político y periodístico. En el texto se dice que “en la lucha contra la desinformación, los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”. 

Hasta ahí podemos estar bastante de acuerdo. La norma prevé la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar maniobras de desinformación, pero deja en manos de una comisión formada por miembros del Gobierno -cuyas atribuciones tampoco están claras- la decisión sobre qué es y qué no es desinformación; una prerrogativa que nos parece como poco, perturbadora.

Las organizaciones que convocan esta mesa redonda consideran que las acciones contra las injerencias de países terceros deberían circunscribirse al ámbito de la Seguridad Nacional y en una primera instancia no involucrar a la Secretaría de Estado de Comunicación hasta que no sea necesario contactar con los medios de comunicación.

También echamos de menos que en una iniciativa de lucha contra la desinformación no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil antes de su redacción y consideramos que la participación del Ministerio de Educación -no prevista en la norma- es clave, pues solo una sociedad formada en el discernimiento de lo que es información fiable y veraz (lo que es mentira de lo que es cierto) es capaz de combatir un fenómeno tan complejo y sutil. Con internet pensamos y nos hacemos una idea del mundo, y el ruido infernal en la red no ayuda a discernir. 

Queremos debatir en qué medida la libertad de prensa puede estar gravemente amenazada por injerencias externas y el mal uso de internet

Desde algunos sectores se ha dicho que el Gobierno pretende crear un Ministerio de la Verdad. Queremos debatir los aspectos políticos y legales y de seguridad, y en qué medida la libertad de prensa puede estar gravemente amenazada por injerencias externas, el mal uso de internet, los propios periodistas y medios que no aplican códigos deontológicos impecables, o gobiernos siempre preocupados por el relato. El poder tiende por su propia naturaleza o bien a mentir o a no decir toda la verdad. Y el español no ha sido un modelo de transparencia. En la medida que los convocantes estamos persuadidos de que sin una potente libertad de prensa la democracia se ve comprometida, un debate de esta índole es justo, urgente y necesario.

La polémica que ha generado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la citada orden ministerial bien merece la pena analizar lo que trata de regular y las consecuencias que para el ejercicio periodístico tendrá desde diversos puntos de vista. Ése es el ánimo que nos mueve a organizar el acto, que ayudará sin duda a enriquecer el debate y a arrojar certezas.

La retransmisión del debate se podrá seguir en el siguiente enlace: