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A principios de junio de 2018 la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado se hizo eco de la investigación publicada en el diario ABC sobre el caso Acuamed cuando dependía del ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por real decreto de 2004 con carácter “extraordinario y urgente” la adjudicación de una serie de desaladoras por la costa Mediterránea. Después de 14 años, la mitad de esas plantas no están operativas, seis de ellas tuvieron 215 millones de euros de sobrecostes, además de gastar otros 9 millones en proyectos fallidos.
Si las desaladoras fantasmas de Moncofa, Oropesa del Mar y Sagunto no están en marcha en marzo de 2019, el Estado tendrá que devolver 35 millones de euros de fondos europeos. Los municipios no pueden afrontar el coste de amortizar la inversión -un millón de euros durante 25 años- por los contratos leoninos de la época, aunque “nadie les puso una pistola para que firmaran” según declaró Narbona en una entrevista en ABC.
Esto sin contar las campañas publicitarias millonarias aprobadas en el Consejo de Ministros de septiembre de 2007 por Narbona. En menos de seis meses, la empresa pública recibió 7,2 millones de euros de las constructoras de las plantas. Esas “donaciones voluntarias” se reflejaban en una hoja Excel titulada “el club de las desaladoras”.
Además, Acuamed se gastó otros 11,2 millones de euros en “propaganda, publicidad y relaciones públicas” entre 2007 y 2008, años que hubo elecciones municipales, autonómicas y generales. Entre los contratos firmados por el director de Relaciones Institucionales Joan Navarro con el visto bueno de la dirección de Acuamed se encuentran dos adjudicaciones investigadas por supuesta financiación ilegal del PSV…
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