Comienzo hoy esta columna de análisis y opinión agradeciendo en primer lugar la oportunidad que me brinda la Asociación de Periodistas de Investigación (API) de poder compartir mi experiencia profesional y, en ocasiones, vital, de hacer de nuestras Administraciones Públicas un poco más transparentes cada día. Se trata de un proyecto en el que comencé a involucrarme en 2009 y, desde entonces, solo he podido reafirmarme en mi opinión de que al hablar de favorecer la transparencia de los organismos públicos como mecanismo de rendición de cuentas frente a los ciudadanos y, en definitiva, como medio de mejora en la prestación de servicios públicos, nos referimos a un elemento clave en la reforma de las Administraciones Públicas. Una reforma que, más allá de colores y programas políticos, brindaría a la ciudadanía una participación directa, informada y, en consecuencia, de calidad en los servicios públicos. Una vía para que los ciudadanos puedan aprender no solo cómo actúan las instituciones públicas, conocer de dónde provienen y qué motivan sus decisiones sino también garantizar otros derechos, en eso que se ha dado en llamar, sobre todo en países de América Latina, la ‘transparencia como derecho llave para garantizar otros derechos’.
Siempre he tenido la impresión de que ‘transparencia’ es una palabra de fácil uso pero de más complicada aplicación. De hecho, vemos a diario cómo el debate político nos proporciona ejemplos de lo sencillo que es pedir transparencia al prójimo pero lo difícil que es aplicársela a uno mismo cuando se tiene la ocasión. Y más complicado aún es poner en marcha una nueva política pública, con tintes de ‘cultura’, partiendo de una base de desconocimiento acerca de en qué consiste, de escasez de recursos y, en consecuencia, de un inicial rechazo.
Una verdadera política de transparencia es la que permite conocer de forma ágil y sin requisitos innecesarios la información pública que nos interesa»
Transparencia puede serlo todo o nada. Cuando hablamos de transparencia o de a qué tienen derecho a conocer los ciudadanos, por más que queramos partir de una concepción amplia, siempre hay matices, siempre hay grises, en cuya determinación intentamos aportar nuestro granito de arena desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Una interpretación que, por supuesto, no está excluida de críticas y, sobre todo, de opiniones contrarias plasmadas en recursos judiciales, tema sobre que tendremos ocasión de tratar largo y tendido. Pero lo que está claro, a mi juicio, es que transparencia es un concepto en construcción y que puede ser todo lo amplio que queramos o todo lo restrictivo que nos propongamos. Podemos hacer de ella la línea central de nuestra actuación pública y forma de trabajar o convertirla en papel mojado, de los que no escasean ejemplos.
En primer lugar, y como expresión que ya se ha extendido, cuando hablamos de transparencia hablamos de ‘derecho a saber’ pero también de ‘derecho a entender’. Con ello no digo que los organismos públicos tengamos que ‘traducir’ documentos que por su naturaleza —jurídica o técnica, por ejemplo— deban necesariamente utilizar un determinado lenguaje pero sí entiendo que debemos explicar a los ciudadanos cómo nos organizamos, cómo actuamos y el resultado del ejercicio de nuestras funciones. El hecho de que publiquemos información, o mucha información, como a veces recalcan los responsables públicos, no significa, o no necesariamente, que seamos transparentes. La información que publicamos ¿se corresponde con lo que interesa a los ciudadanos?, ¿es fácil de encontrar?, ¿se entiende?, ¿utilizamos formatos que permitan el análisis y la comparación?, ¿la actualizamos?
En primer lugar, los organismos públicos han de analizar si la información que publican —por más que sea a la que nos obliga la Ley— se corresponde con lo que interesa a la ciudadanía. Una política de transparencia pública nunca puede completarse o alcanzar su máximo con la publicación de un determinado catálogo de documentos o datos. A mi juicio, debe realizarse un análisis continuo y, lo que es más importante, apartado de la pura gestión administrativa y más próximo a la rendición de cuentas, de la información que publicamos en nuestros portales. Un examen de las solicitudes de acceso a la información que recibimos —referidas esencialmente a información que no es accesible directamente a través de nuestros Portales de Transparencia— nos puede dar un indicio de qué echan en falta los ciudadanos y nos puede permitir identificar las lagunas o carencias de la información que publicamos.
¿Cuántas veces hemos abandonado la búsqueda de información al ser remitidos a apartados donde no terminamos de encontrar el dato que necesitamos?
Una verdadera política de transparencia es aquella que nos permite conocer de una forma ágil y sin requisitos innecesarios la información pública que nos interesa. Unos Portales de Transparencia bien estructurados, explicados con un lenguaje claro y comprensibles son imprescindibles para no producir el efecto contrario. ¿Cuántas veces hemos abandonado la búsqueda de información al ser remitidos continuamente a apartados donde no terminamos de encontrar el documento o dato que necesitamos? ¿Cuántas veces hemos recurrido a buscadores que nos redirigen a la información que buscamos ante la imposibilidad de encontrarla en la web del organismo público que la tiene y publica?
Finalmente, entiendo que debemos siempre hablar de información actualizada pero que nos permita el análisis y comparación con datos históricos. Y únicamente podremos conseguirlo si la información histórica es accesible, incorporamos su fecha de actualización y, sobre todo, si utilizamos formatos que permitan el análisis y la comparativa. El recelo al uso de la información o, más bien, a los resultados que arroje el análisis de nuestros datos es incompatible con unas Administraciones Públicas que hagan de la transparencia y la rendición de cuentas el eje de su funcionamiento.
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Esperanza Zambrano es subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).