En estos días en que millones de españoles nos encontramos confinados en nuestras casas como consecuencia del estado de alarma declarado por la crisis sanitaria de la covid-19, no podemos dejar de pensar en la importancia de estar debidamente informados del desarrollo y evolución de esta pandemia. La transparencia, más que nunca, es un factor clave no solo para ayudar a los ciudadanos a protegerse del virus —y de ahí la insistencia de las campañas informativas institucionales que emiten todos los medios de comunicación— sino también para que nuestros responsables públicos nos generen confianza en sus acciones y en que la superación de la crisis es posible y está cerca.
La información a los ciudadanos es esencial para evitar la proliferación de bulos que con tanta frecuencia se difunden estos días por redes sociales y Whatsapp, pero entiendo que también es importante el envío de mensajes claros, coordinados entre los departamentos responsables y expresados en un lenguaje entendible para todos los destinatarios. No hay nada más potente contra los bulos o fake news que la veracidad y claridad en el mensaje. Si sabemos que existe información pública clara y veraz y dónde es posible obtenerla, podremos combatir la desinformación que se propaga por las redes y que solo nos confunde y desorienta.
También vemos estos días cómo proliferan las comparecencias de diferentes responsables públicos de distinto nivel que aportan datos y cifras e informan de las medidas que están siendo adoptadas por sus Departamentos. En mi opinión, la necesaria transparencia en la evolución de la situación y en las actuaciones que se están llevando a cabo no debería conllevar un exceso de datos e información que, inevitablemente, contribuya a la confusión y a posibles contradicciones. Como apuntaba en esta misma web hace unas semanas, transparencia no siempre se traduce en proporcionar mucha información, sino en hacerlo de forma clara, estructurada, entendible y, teniendo en cuenta la situación que ahora acontece en nuestro país, yo diría que adaptada a las circunstancias a las que la información va referida.
Esta crisis pasará y, aunque sus consecuencias perdurarán, esperemos que una de ellas no sea que se resienta la necesaria rendición de cuentas por la actuación pública»
La claridad en la información que se aporta es esencial para que sea comprensible por sus destinatarios. Comprobamos estos días cómo organizaciones vinculadas a la transparencia y al acceso a la información han puesto en marcha iniciativas para traducir a un lenguaje claro las medidas adoptadas por el Gobierno. La Fundación CIVIO es un ejemplo de ello y resultan muy interesante las fichas que publica en su página web sobre las medidas que se han aprobado relativas al coronavirus. Este ejercicio, aparentemente sencillo, no ha sido realizado por nuestras autoridades sino por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia en las decisiones públicas, fundamental más aún en estos momentos para aportar confianza y seguridad jurídica.
Pero transparencia es también proporcionar información de interés a la ciudadanía y no solo aquella que desde el poder público —según criterios que no tienen que coincidir, y en muchas ocasiones no lo hace, con los de los ciudadanos— se considera relevante. Buenos ejemplos proliferan estos días pero me parece especialmente destacable el trabajo que está realizando la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto, al aportar en formato de datos abiertos información sobre la evolución de la epidemia en su territorio (incidencia por tramo de edad, por tramo de edad y sexo, en los servicios de atención primaria, etc.) así como otros datos relacionados o vinculados a la pandemia, como son los relativos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se han presentado motivados por la covid-19.
El estado de alarma decretado tiene también otras repercusiones, quizás a las que la ciudadanía en general es más ajena pero no por ello son menos importantes. Así, desde el 14 de marzo, los plazos administrativos y procesales —salvo los vinculados con la adopción de medidas derivadas del estado de alarma o los procedimientos judiciales relacionados, básicamente, con la protección de derechos y libertades fundamentales— se encuentran suspendidos. Esta suspensión, en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido en la Ley de Transparencia, tiene una implicación fundamental: el plazo para resolver una solicitud de acceso queda interrumpido desde el 14 de marzo hasta el 11 de abril, fecha —al menos de momento— hasta la que se prolongará el estado de alarma. Con ello, cualquier solicitud de acceso a la información que se plantee estos días sobre decisiones públicas relacionadas con la crisis de la covid-19 tendrá una respuesta, como pronto, en el mes de mayo. Una fecha que, claramente, no se corresponde con la necesidad inmediata de transparencia que necesita esta situación y que se ve agravada por la ausencia de un ejercicio generalizado de transparencia proactiva de información de interés.
Aunque el confinamiento hace imposible el normal desarrollo del trabajo, sería deseable una identificación de las solicitudes vinculadas a esta crisis y darles prioridad en la respuesta»
Por ello, y aunque el confinamiento que se deriva del estado de alarma hace incompatible el normal desarrollo del trabajo vinculado a dar respuesta a una solicitud de información, sí entiendo que sería deseable una identificación de las solicitudes vinculadas a esta crisis y darles prioridad en la respuesta. Y esperemos que esta respuesta haga real la máxima expresada en el Preámbulo de la Ley de Transparencia: «La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política (…). Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico».
Esta crisis pasará y, aunque sus consecuencias aún perdurarán, esperemos que una de ellas no sea que se resienta la necesaria rendición de cuentas por la actuación pública, más aún cuando están vinculadas a una cuestión de interés general como es la salud pública.
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Esperanza Zambrano Gómez es subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
