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El periodista ecuatoguineano Delfín Mocache, amenazado tras destapar un desvío millonario de la familia de Obiang

El periodista ecuatoguineano Delfín Mocache.

Asociación de Periodistas de Investigación / Reporteros Sin Fronteras

El periodista español Antonio Baquero y el equipo de la Organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project por sus siglas en inglés) denuncian las presiones que el informador ecuatoguineano Delfín Mocache Massoko está sufriendo tras la publicación del reportaje bajo el título ‘El ministro de Petróleo de Guinea Ecuatorial desvió presuntamente millones de la construcción de un proyecto público’ (consulta la publicación).

La investigación revela cómo el ministro de Petróleo de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del presidente del país, Teodor Obiang, concedió un contrato destinado a la construcción de un Instituto Tecnológico a una constructora portuguesa. Tras la adjudicación, dicha empresa comenzó a pagar facturas millonarias a sociedades relacionadas con el ministro.

El reportaje revela los desvíos millonarios y la red de colaboradores y testaferros utilizados para los desvíos. Uno de los presuntos colaboradores del ministro es un lobbista camerunés llamado Nj Ayuk, enlace obligatorio por el que -según oenegés ecuatoguineanas de denuncia de la corrupción- hay que pasar para llevar a cabo cualquier negocio vinculado al petróleo en Guinea.

Según denuncia el periodista Antonio Baquero, «tras la publicación de la investigación han lanzado una campaña de difamación e intimidación contra Delfin Mocache Massocko, el periodista guineano y director del blog Diario Rombe que ha participado en el proyecto» señala.

La investigación de Delfin Mocache revela los desvíos millonarios y la red de colaboradores y testaferros utilizados por el régimen de Obiang

Primero, le acusó de estar vinculado con el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por varias causas de corrupción. «También le acusó de hacer este reportaje como método de extorsión. Todo es absolutamente falso» y el único fin es amedrentar al periodista guineano y a la credibilidad de la información, argumenta Baquero en conversación con la Asociación de Periodistas de Investigación (API).

Las amenazas de Ayuk contra Massoko han llegado incluso a ser directas y contra la integridad física del periodista guineano. «Está asustado porque lo vamos a pillar, a él y a los que lo han instigado, a los responsables de sus mentiras lucrativas. Estoy deseando hacer un interrogatorio a estos charlatanes hambrientos de dinero. Te divertirás mucho. Lo encarcelaremos. #EquatorialGuinea», llegó a recibir vía Twitter.

La API, junto a Reporteros sin Fronteras España (RsF), muestra todo su apoyo y colaboración con OCCRP, con Delfin Mocache Massocko y los periodistas autores de la investigación, entre ellos, Antonio Baquero.

La API traslada al PSOE propuestas de mejora de la Ley de Transparencia con vistas a su modificación

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha traslado al grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados diversas propuestas para mejorar la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, ante la modificación normativa que los dos partidos que sustentan el Gobierno pretenden llevar a cabo en la presente legislatura.

El pasado lunes, una representación de la API -formada por su presidente, Antonio Rubio, y el vocal de Comunicación y Transparencia, Antonio Salvador- mantuvo una reunión telemática con un grupo de diputados del Partido Socialista, después de la carta que se le envió tanto a esta formación como a Unidas Podemos. La intención es contribuir a mejorar el texto con la experiencia que atesoran los miembros de la asociación en los siete años de vigencia de la ley.

Entre otras medidas, la API planteó la conveniencia de que se reduzca el plazo de respuesta que tiene la Administración, que no se haga un uso perverso de la ampliación del mes por supuesta complejidad para terminar inadmitiendo la petición de información, que se fundamenten debidamente las invocaciones a los límites de acceso que prevé la ley, que se establezca un régimen sancionador de aplicación cuando la Administración no cumpla las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y que la norma alcance también a los miembros de la Familia Real.

Aportaciones «de gran interés»

Tras considerar que las propuestas que les había trasladado la asociación eran «de gran interés», los parlamentarios socialistas -entre ellos Odón Elorza, Josefa Andrés, José Luis Aceves y Ariagona González- reiteraron el compromiso del Ejecutivo por llevar a cabo la modificación de la ley e insistieron en que la transparencia «está en el ADN del PSOE».

Ambas partes hemos quedado emplazados en mantener un nuevo encuentro en próximas fechas, de las que ofreceremos puntual información. También se ha realizado el mismo ofrecimiento a Unidas Podemos, sin que de momento se haya tenido contestación.

«La pandemia ha demostrado que la prensa ejerce un control sobre la actividad de los gobiernos»

Manuel Castillo, director del diario 'Sur'.

Marta Sánchez Esparza

El director del diario Sur, Manuel Castillo, considera que la situación generada por la pandemia del coronavirus ha sido «el gran desafío periodístico para los profesionales de nuestra generación» y que precisamente en esta situación «se ha demostrado que la prensa ejerce un control sobre la actividad de los gobiernos».

«Los lectores nos están diciendo que nos necesitan: somos necesarios para que se ejerza el control del poder en todos sus ámbitos», subrayó Castillo, que participó esta semana en uno de los coloquios del ciclo #LosJuevesDeLaAPI, centrado esta vez en analizar el papel del periodismo local en medio de una crisis sanitaria mundial. El director de uno de los periódicos más importantes de Andalucía recordó que las cifras de lectores se han disparado desde que estalló la pandemia.

En este sentido, la gran paradoja del periodismo es que «tenemos más lectores que nunca en nuestra historia y un modelo de negocio que todavía no da respuesta a las nuevas necesidades empresariales», basado todavía sobre todo en la publicidad y los eventos. Castillo se mostró preocupado por la «precarización de las redacciones, de la forma del trabajo y del ejercicio del periodismo», un peligro importante para el ejercicio de la libertad de prensa.

«Mi sueño es un periódico que dependa exclusivamente de los lectores: cuanto más cerca estemos de ese sueño más independientes seremos», señaló, recordando que durante los meses de crisis sanitaria «el prestigio de la prensa ha crecido», lo que ha dado un espaldarazo a los proyectos de pago por contenidos de muchas empresas informativas. El mismo diario Sur, según Castillo, ha superado con creces el número de suscriptores previsto para este año. «La sociedad está empezando a estar madura para asumir que la información cuesta dinero y que hay que pagar por contenidos de calidad», añadió.

«Se ha demostrado en estos meses de pandemia que la prensa es incómoda para el poder político»

Los medios que logren sacar adelante modelos de suscripción digital podrán también ejercer un periodismo más independiente. «Los periódicos que tendrán futuro serán aquellos que dirijan su foco hacia el lector», consideró. Por el contrario, pronosticó que los que no sean capaces de dar ese salto «se quedarán en la periferia, y serán cada vez más dependientes de la publicidad, y sobre todo de la publicidad institucional, lo cual es un riesgo evidente para su independencia».

Para Castillo, el momento actual entraña un importante riesgo para la libertad de prensa. «Las presiones han existido siempre y seguirán existiendo, porque publicamos cosas que no le gustan a todo el mundo, y no se puede bajar la guardia», instó Castillo, recordando cómo el Gobierno trató durante la pandemia de controlar las preguntas en las ruedas de prensa. «Se ha demostrado en estos meses que la prensa es incómoda para el poder político, porque tenemos la mala costumbre de preguntar cuando se nos dice que hay un comité de expertos o que se han aprobado determinados contratos de compra de materiales», dijo.

«Situación de riesgo»

En este sentido, Castillo recordó que en muchas comunidades autónomas, incluida Andalucía, las mayores redacciones de periodistas están en las instituciones gobernadas por los políticos. «Esto sí es una situación de riesgo: la prensa cada vez está más acorralada; cada vez se genera más información no periodística que trata de ocupar esferas de los medios de comunicación», agregó.

El periodista malagueño lamentó que la sociedad se está acostumbrando a las mentiras de los gobernantes, de igual forma que se acostumbra al goteo diario de cientos de muertos por el coronavirus. «Cuando un político da una información sesgada o falseada debería ser un escándalo. Ocurre tan a menudo que nos hemos acostumbrado, pero no da igual», dijo. Por ello reivindicó el papel de la prensa para controlar al poder político o al poder económico, y consideró que, pese a sus deficiencias, han sido los medios los que han ido denunciando los diferentes casos de corrupción política en España.

Periodistas, juristas y docentes analizan la orden del Gobierno para luchar contra la desinformación

Marta Sánchez Esparza

¿Pretende el Gobierno crear un Ministerio de la Verdad? ¿Existe el riesgo de que el poder político se erija en juez sobre lo que es verdad y es mentira? La reciente orden ministerial elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional para actuar con la desinformación fue analizada en profundidad este viernes en dos mesas redondas organizadas por la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita y la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información (PDLI).

El encuentro contó con un panel de ponentes de primer nivel, como el ex diputado del PSOE Eduardo Madina; el catedrático José Manuel Pérez Tornero; el general Miguel Ángel Ballesteros, director general de Seguridad; el jurista Joan Barata (PDLI); el periodista Carlos Hernández-Echevarría (Maldita); la ex presidenta de la FAPE Elsa González; el ex militar y académico José María Blanco y el profesor de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, moderados por los presidentes de Reporteros sin Fronteras, Alfonso Armada, y de la API, Antonio Rubio.

El general Ballesteros incidió en que la orden es un mero instrumento para que los servicios de Inteligencia puedan coordinarse con los ministerios, la Secretaría de Estado y la Unión Europea ante la aparición de campañas de desinformación organizadas desde otros países, gracias a una comisión formada por funcionarios y de tipo exclusivamente técnico.

El riesgo de que esta comisión -cuyas atribuciones y composición no están claras- decida qué es y qué no es desinformación es lo que ha hecho saltar las alarmas de los colectivos profesionales, y de muchas personas preocupadas por el respeto a la libertad de información. «No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. En una democracia son los ciudadanos y los medios de comunicación quienes controlan al Gobierno y no al revés», consideró el ex diputado del PSOE Eduardo Madina.

» No puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira. Son los ciudadanos y los medios quienes controlan al Gobierno, no al revés»
Eduardo Madina, ex diputado del PSOE

Por su parte, el jurista Joan Barata, de la PDLI, señaló que es cierto que los gobiernos tienen obligación de cooperar entre sí para atajar la desinformación, pero recordó que la desinformación no es una práctica ilegal, y que el Derecho no da respuesta a esta problemática. «La Unión Europea ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión por ser genérica y dar al Estado el poder discrecional de discernir entre verdad y mentira», señaló.

Por ese motivo abogó por que el Ejecutivo lleve a cabo una labor de “pedagogía”, empleando criterios claros, garantizando la participación de la sociedad civil y la Universidad en el trabajo de análisis de la comisión, y garantizando que los juicios que ésta lleve a cabo se efectúen por personas con capacidad técnica.

El periodista Carlos Hernández-Echevarría, de Maldita, instó también al Gobierno a abrir un “diálogo conjunto” del que formen parte medios de comunicación, verificadores y plataformas. “Se trata de que el Gobierno no legisle por su cuenta”, dijo, recordando la importancia de la transparencia en los procesos de lucha contra la desinformación, y poniendo como ejemplo la trazabilidad de las prácticas de verificación de la propia Maldita.

Los participantes pidieron por tanto al Gobierno diálogo, participación de todos los agentes implicados, y pedagogía. Y en este terreno hicieron especial hincapié los representantes del ámbito universitario, como el presidente de la API, Antonio Rubio, el catedrático Pérez Tornero, el profesor Ramón Salaverría, el académico José María Blanco y la ex presidenta de FAPE Elsa González.

» La UE ha dicho claramente que cualquier legislación que penalice la difusión de información es contraria a la libertad de expresión»
Joan Barata (PDLI)

“La principal vacuna contra la desinformación es el pensamiento crítico”, subrayó Blanco, recordando que “tenemos medios obsoletos frente a dinámicas nuevas e interdependientes” que forman parte de la desinformación, por lo que para combatirla son necesarias muchas visiones. Salaverría destacó la obligación ética de todos los periodistas de combatir las falsedades y ser más transparentes con su propio trabajo.

En cuanto a la transparencia del Gobierno, varios ponentes recordaron que es escasa, lo que genera mayor recelo ante la nueva orden de lucha contra la desinformación. El Gobierno “no ha avanzado en transparencia y está trabajando en desinformación”, censuró González.

Pérez Tornero, por su parte, apostó por implementar un plan de educación digital para formar ciudadanos críticos, y por apoyar un periodismo de calidad que lleve, según dijo parafraseando a la filósofa Hanna Arendt, a “resistir a la mentira con pasión y con razón”.

En el siguiente enlace puedes ver el desarrollo del acto:

‘Guerra a la desinformación’: coloquio sobre la orden del Gobierno que decidirá qué es verdad

La Asociación de Periodistas de Investigación (API), conjuntamente con Reporteros sin Fronteras (RSF), Maldita.es y la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI), ha organizado un coloquio en el que se debatirá acerca del procedimiento de actuación contra la desinformación que el Gobierno aprobó el pasado 30 de octubre y que desde sectores de la profesión periodística se ve como una amenaza para informar con plena libertad.

Bajo el título de ‘Guerra a la desinformación. ¿Quién decide lo que es falso?’, el acto se llevará a cabo de forma virtual este viernes (27 de noviembre) a partir de las 11.30 y contará con las intervenciones del director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros; el ex diputado socialista Eduardo Madina, y los periodistas Virginia P. Alonso, José María Blanco Navarro, Elsa González, Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero y Carlos Hernández-Echevarría.

Serán dos mesas redondas consecutivas de una hora de duración cada una, una centrada en los asuntos políticos y de libertad de prensa y otra en educación, aunque la orden ministerial y sus derivaciones estarán presentes en ambas.

Primera mesa: Eduardo Madina, Virginia P. Alonso, Miguel Ángel Ballesteros y Carlos Hernández-Echevarría. Moderador: Alfonso Armada.

Segunda mesa: Ramón Salaverría, José Manuel Pérez Tornero, Elsa González y José María Blanco Navarro. Moderador: Antonio Rubio

Echamos de menos que, en una iniciativa de lucha contra la desinformación, no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil

La orden ministerial del pasado 30 de octubre, ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, ha suscitado un gran revuelo político y periodístico. En el texto se dice que “en la lucha contra la desinformación, los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”.

Hasta ahí podemos estar bastante de acuerdo. La norma prevé la puesta en marcha de campañas de comunicación para contrarrestar maniobras de desinformación, pero deja en manos de una comisión formada por miembros del Gobierno -cuyas atribuciones tampoco están claras- la decisión sobre qué es y qué no es desinformación; una prerrogativa que nos parece como poco, perturbadora.

Las organizaciones que convocan esta mesa redonda consideran que las acciones contra las injerencias de países terceros deberían circunscribirse al ámbito de la Seguridad Nacional y en una primera instancia no involucrar a la Secretaría de Estado de Comunicación hasta que no sea necesario contactar con los medios de comunicación.

También echamos de menos que en una iniciativa de lucha contra la desinformación no hayan sido consultados los actores de la sociedad civil antes de su redacción y consideramos que la participación del Ministerio de Educación -no prevista en la norma- es clave, pues solo una sociedad formada en el discernimiento de lo que es información fiable y veraz (lo que es mentira de lo que es cierto) es capaz de combatir un fenómeno tan complejo y sutil. Con internet pensamos y nos hacemos una idea del mundo, y el ruido infernal en la red no ayuda a discernir.

Queremos debatir en qué medida la libertad de prensa puede estar gravemente amenazada por injerencias externas y el mal uso de internet

Desde algunos sectores se ha dicho que el Gobierno pretende crear un Ministerio de la Verdad. Queremos debatir los aspectos políticos y legales y de seguridad, y en qué medida la libertad de prensa puede estar gravemente amenazada por injerencias externas, el mal uso de internet, los propios periodistas y medios que no aplican códigos deontológicos impecables, o gobiernos siempre preocupados por el relato. El poder tiende por su propia naturaleza o bien a mentir o a no decir toda la verdad. Y el español no ha sido un modelo de transparencia. En la medida que los convocantes estamos persuadidos de que sin una potente libertad de prensa la democracia se ve comprometida, un debate de esta índole es justo, urgente y necesario.

La polémica que ha generado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la citada orden ministerial bien merece la pena analizar lo que trata de regular y las consecuencias que para el ejercicio periodístico tendrá desde diversos puntos de vista. Ése es el ánimo que nos mueve a organizar el acto, que ayudará sin duda a enriquecer el debate y a arrojar certezas.

La retransmisión del debate se podrá seguir en el siguiente enlace:

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Aportaciones «de gran interés»

«Situación de riesgo»