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Charla-coloquio con Matthew Caruana, hijo de la periodista asesinada en Malta Dafne Caruana

Matthew Caruana junto a miembros de la junta directiva de la API y alumnos del máster de Investigación y Datos de la URJC tras la charla-coloquio en Madrid. / LUIS GASPAR

El periodista e ingeniero maltés Matthew Caruana ha viajado a España para presentar el informe anual de Reporteros Sin Fronteras tras cumplirse dos años del asesinato de su madre, la reportera Dafne Caruana Galizia. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) aprovechó su paso por Madrid para organizar una charla-coloquio en la que se habló de la responsabilidad del Gobierno de Malta en el asesinato de su madre, cómo investigar la corrupción transnacional, la necesidad de implementar redes entre periodistas y los próximos proyectos de la Fundación Proyecto Dafne.

Matthew Caruana trabajaba como ingeniero desarrollador en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ( durante la investigación de los Panama Papers, premio Pulitzer 2017. Al mismo tiempo, su madre, la periodista Dafne Caruana, desveló una serie de informaciones que implicaban a miembros del Gobierno de Malta, refugio offshore de grandes fortunas, corrupción y negocios opacos.

«Quienes ordenaron el atentado fueron los mismos que ella investigaba, los mismos que estaban usando la red de Mossac Fonseca en Panamá»

«Nunca imaginé que llegaría a este punto, que las investigaciones llevarían hasta el asesinato de mi madre», asegura. Mientras él se dedicaba a desarrollar las plataformas del ICIJ durante los Panama Papers, Dafne Caruana trabajaba en Malta. «En 2016 sus investigaciones conectaron con el trabajo que yo estaba haciendo en el ICIJ y ella desveló más informaciones con sus propias fuentes en Malta, a través de los Panama Papers», precisa.


¿Quién está detrás? 

El caso ha dado un vuelco cuando el primer ministro, Josep Muscat, anunció su dimisión para el próximo enero, al estar siendo investigados varios ministros y su jefe de gabinete como instigadores del atentado.

«Quienes ordenaron el atentado fueron los mismos que ella investigaba, los mismos que estaban usando la red de Mossac Fonseca en Panamá», continúa. «En 2016 yo estaba entusiasmado con mi trabajo. En 2017 todo se puso muy serio, me di cuenta de lo serio que es este tipo de periodismo e investigaciones», añade.


La corrupción, el mal mayor

Para Matthew Caruana, el despacho panameño Mossac Fonseca es sólo una pequeña parte del mapa financiero opaco. «Creo que los desastres ambientales, las dictaduras, la corrupción… se dan desde una red global dedicada al blanqueo», sostiene. Por eso, desde la Fundación Proyecto Dafne, Caruana quiere impulsar una red para que Malta -paraíso fiscal europeo por excelencia- tenga un centro de investigación.


Red informal de apoyo

Matthew Caruana fundó Proyecto Dafne junto a su familia y un grupo de unos 40 periodistas que dieron continuidad a las informaciones interrumpidas por el asesinato. Nació para reclamar justicia y ahora quiere dar un paso más: «La idea es promover investigaciones y apoyar a los periodistas que necesitan establecer conexiones en núcleos financieros como Malta, Londres o Dubai».

Matthew Caruana. / LUIS GASPAR

Lo imagina como una red informal, sin pretensión de reemplazar al ICIJ. «Queremos desarrollar soluciones diferentes al ICIJ, plataformas tecnológicas para hacer que el intercambio de información e inteligencia sea más eficiente entre periodistas de investigación», precisa. Y sortear situaciones «muy ineficientes» como que un fixer reciba todos los encargos en un punto conflictivo. Tampoco será un servicio de pago. «Tiene que ser gratis, que tengan acceso freelancers, medios pequeños, lo imagino como un servicio social», matiza.


¿Qué nos protege?

El periodista Ignacio Calle, secretario de la API y coordinador de Maldito Dato en Maldita.es, se interesó por cómo proteger a un periodista en una zona de conflicto sin eliminar su identidad. Calle puso el ejemplo del ICIJ durante los Panama Papers, cuando un colega en Venezuela podía compartir una información en el foro que sería publicada en otro país.

Para Matthew Caruana, cada caso es diferente. «En el caso de mi madre era difícil asesinarla porque era muy conocida en Malta. Tal vez esconder el nombre del periodista lo protege, pero al mismo tiempo, cuanto más conocido eres, más protección tienes», comenta.

Los alumnos del Máster de Periodismo e Investigación y Datos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), procedentes de distintos países de Latinoamérica y la Unión Europea, preguntaron por cómo salvaguardar la exclusividad de la información, el breaking news, frente a la cultura de lo compartido.

«Ellos, los corruptos, siempre están colaborando entre ellos; nosotros tenemos que hacer lo mismo», reivindica Caruana

«Cuando uno rastrea dinero, criminales, empresarios o políticos corruptos, es casi imposible trabajar solo, uno necesita el intercambio y trabajar con otros periodistas. A veces es necesario guardar la información y otras es imprescindible colaborar. Creo que en la mayoría de los casos compartir mejora una investigación», razona. Y concluye: «Ellos, los corruptos, siempre están colaborando entre ellos; nosotros tenemos que hacer lo mismo».

Otro de los alumnos del máster preguntó sobre si hay que fomentar la relación periodista-hacker para que haya más leaks. «No necesariamente, uno debe mantener distancia. Y las filtraciones son buenas pero no podemos depender de ellas. En la fundación estamos haciendo mucho uso de los mecanismos y leyes que nos abre el derecho a la información», explica.

Caruana, en un momento de la charla-coloquio organizada por la API en Madrid. / T. OCAÑA

La conversación fue moderada por la periodista Pilar Velasco, vocal del área de Internacional de la API, junto al presidente, Antonio Rubio; el vicepresidente, Tomás Ocaña; el secretario, Ignacio Calle, y socios y amigos de la asociación.

Desde la API colaboraremos en la difusión del Proyecto Dafne y celebramos la creación de una red que facilitará el trabajo de los periodistas de investigación y el esclarecimiento del asesinato de Dafne Caruana.

Interior, el ministerio que más peticiones de información deniega en 2019

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones.

El Ministerio del Interior volverá a ser en 2019 el organismo gubernamental que más peticiones de información a través de su unidad de Transparencia ha denegado o ha concedido de manera parcial, siguiendo la tendencia ya registrada en los últimos años.

Con datos referidos a 30 de septiembre, los diferentes ministerios y la Casa Real han eludido dar respuesta a 160 solicitudes, de las que casi un tercio se dirigieron al departamento que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska. En concreto, este área rechazó o no satisfizo en su totalidad 54 peticiones de información invocando alguno de los 12 límites que prevé la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno en su artículo 14.

El servicio de cáterin a los encausados por el proceso independentista durante la celebración de la vista oral en el Tribunal Supremo, los gastos de seguridad generados por la disputa de la final de la Copa Libertadores en Madrid, el plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, las expulsiones a Marruecos, los gastos en seguridad de los políticos o el coste del dispositivo policial del juicio del 1-O o la orden ministerial por la que se regulan los fondos reservados han sido algunas de las solicitudes formuladas de enero a septiembre a las que Interior ha eludido responder.

Por volumen de peticiones inadmitidas, tras Interior se sitúa el Ministerio de Fomento, como ya ocurrió durante 2018. Le siguieron Hacienda y Administraciones Públicas; Economía y Empresa; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Política Territorial y Función Pública; Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ciencia y Universidades; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica; Cultura y Deportes y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como recuerda de forma frecuente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en resoluciones estimatorias, la Ley de Transparencia proclama que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno “deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”, compromiso que no casa con la actitud que reiteradamente muestran diversos departamentos ministeriales.

Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) vemos con preocupación el carácter restrictivo que, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Consejo de Transparencia, viene haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para no dar respuesta a peticiones de información pese a que en muchos casos son de indudable interés público y de gran relevancia.

Antonio Rubio, reelegido como presidente de la API

El presidente de la API, Antonio Rubio. Imagen: RTVE.
Los miembros de la API han reelegido el sábado 30 de noviembre a Antonio Rubio y su equipo para seguir al frente de la asociación. El censo electoral estaba establecido en 64 socios y han ejercido el derecho a voto un total de 22 personas, que han votado a favor de la única candidatura.

La nueva Junta Directiva de la API queda de la siguiente manera:

Presidencia y relaciones con Latinoamérica: Antonio Rubio
Vicepresidencia: Tomás Ocaña
Secretaría General: Ignacio Calle

Vocalías:
Formación: Ana Tudela
Universidades: Marta Sánchez
Autonomías: Oriol Güell
Transparencia y Comunicación: Antonio Salvador
Internacional: Pilar Velasco
Tesorería: Antonio Delgado

La API rechaza que un juez impute a periodistas por hacer su trabajo

Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) - ÁNGEL NAVARRETE

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) quiere hacer público su rechazo a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de citar como imputados a 12 periodistas de ocho medios de comunicación (ABC, El País, El Mundo, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena SER y RTVE) por informar acerca de una investigación que dirige la Audiencia Nacional. Resulta sorprendente la decisión del magistrado teniendo en cuenta que ha decidido incoar las diligencias previas sin haber solicitado informe previo a la Fiscalía, que ya se ha posicionado claramente en contra. La denuncia la interpusieron las defensas de los detenidos en la operación Judas, que investiga el ala más violenta de los CDR (Comités de Defensa de la República).

Los periodistas fueron citados a declarar como investigados, acompañados por abogado, el 29 de noviembre a las 09.30, pero la Fiscalía recurrió la decisión del juez y esta fue anulada. El 28 de noviembre fueron desimputados, aunque la investigación, que está declarada secreta, sigue abierta.

La libertad de información es un derecho fundamental que ampara a los periodistas y cuyo único límite es la falta de veracidad, presupuesto que no concurre en el presente caso dado que las noticias difundidas no han sido en ningún caso desmentidas y son de relevancia e indudable interés público.
No está de más recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la publicación de datos con interés público, como los relativos a investigaciones sobre hechos delictivos proporcionados por una fuente oficial, está salvaguardada por dicho derecho fundamental y no debe por tanto merecer el menor reproche. De ahí nuestra sorpresa y preocupación por la decisión adoptada por el magistrado Peinado.
Consideramos que imputar a periodistas por hacer diligentemente su trabajo es un camino peligroso que no estamos dispuestos a consentir a estas alturas, por lo que invitamos a nuestros socios y a todos los ciudadanos que quieran sumarse a concentrarnos a las puertas del edificio de los Juzgados de Madrid el próximo 29 de noviembre para mostrar nuestra solidaridad con los periodistas que ese día están citados a declarar.
Si ofrecer a la sociedad información relevante y contrastada sobre unos determinados hechos es motivo para investigar a periodistas, en la API estamos dispuestos a autoimputarnos no en un gesto meramente corporativista sino en defensa de un derecho fundamental que entendemos gravemente comprometido con esta actuación judicial. Una sociedad libre necesita periodistas que puedan ejercer libremente su oficio sin temor a ser investigados por difundir información relevante y de interés para el ciudadano.

Junta directiva de la API

«Cómo destapar otro Panama Papers. Nuevos retos para el periodismo de investigación»

Ilustración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

«Cómo destapar otro Panama Papers. Nuevos retos para el periodismo de investigación», es una síntesis divulgativa y práctica del estado actual del periodismo de investigación en la escena nacional e internacional. Con especial atención a los cambios que ha vivido la actividad periodística como consecuencia de la aparición de la tecnología blockchain, las fuentes colaborativas o las narrativas transmedia, las autoras, Lorena R. Romero-Domínguez y María José García-Orta, no pierden de vista la necesidad de entender esta disciplina desde sus orígenes para ratificar su valor en una sociedad democrática, con el fin de promover una ciudadanía bien informada, formada y crítica gracias a una información de calidad.

La obra, que se pone a la venta en septiembre, cuenta con el prólogo de Tomás Ocaña como vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Investigación.

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