Durante nueve años José Luis Almazán Palomino ocupó la dirección de la Autoridad Portuaria de Melilla (2004-2012), formó parte de la junta directiva del PP local, trajo a personas de su confianza desde Madrid y pactó su propia indemnización de más de 100.000 euros tras regresar a la capital en busca de nuevas oportunidades en el sector privado. Su salida de Melilla no está exenta de polémicas. Escándalos como el uso de dinero público para costearse un máster en Harvard, un nombramiento presuntamente irregular y más de 22.000 euros anuales en viajes y dietas figuran entre sus prácticas. Víctor Gamero, actual director, asegura que, después de la gestión de Almazán, la «inversión privada es quien debe financiar y promover buena parte de proyectos en los  puertos del Estado. Y no al revés, sumado a un mayor control de las cuentas, para evitar prácticas corruptas que se han dado en puertos de todo el país».

Una muestra de estas presuntas corruptelas es la relación de Almazán, actualmente investigado por la Audiencia Nacional, como director del puerto con las constructoras  que tenían millonarios contratos públicos con la Autoridad Portuaria. Un correo electrónico, al que ha tenido acceso El Salto, enviado por un administrativo de OHL al responsable de la supervisión económica de las obras del puerto hace un resumen de los gastos extraordinarios de la reforma del calado del muelle Ribera II bajo el nombre de “gastos comerciales”, adjuntando cuatro facturas pendientes y un documento excel con los gastos desglosados, que sumaban más de 610.000 euros netos, cifra superior a la pactada en los audios que publicó la cadena SER de la reunión de Paulino Hernández, Miguel Reyes y José Luis Almazán para las elecciones europeas del Partido Popular en mayo de 2009. 

Esta investigación cuenta con el trabajo de Álvaro Bravo, miembro de la API, y con la verificación de datos de Ter García, socia de la API y redactora en El Salto. Para leer el reportaje completo pinche aquí.