Una investigación del miembro de la API Adolfo Moreno para la asociación civil estadounidense Avaaz y publicada en varios medios nacionales revela cómo dos personas que fueron en las listas de Vox para el Congreso el pasado 28 de abril lideraban «asociaciones tapadera» mediante las cuales se captaban a jóvenes que terminaban integrándose en la sociedad secreta de origen mexicano El Yunque. La metodología de captación, ya validada como real por la justicia española, tiene paralelismos con la utilizada por ‘Cañas por España’, autodenominada «iniciativa juvenil de Vox» y a la que el partido apoya en redes desde su nacimiento hace más de dos años.

Las dos personas implicadas, tanto Santiago Ribas como José Manuel Menéndez, niegan unos hechos que sí corroboran diversa documentación a la que ha tenido acceso el periodista. La investigación ha sido difundida por varios medios españoles, como «El Mundo», «El Confidencial» o «La Vanguardia». En «La Marea» se puede consultar de forma íntegra:

El Mundo https://www.elmundo.es/espana/2019/05/24/5ce7e81a21efa0bf108b4611.html
El Confidencial https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-05-24/yunque-canas-espana-vox-menendez-ribas_2021710/
La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/politica/20190524/462436383264/investigacion-vincula-vox-yunque.html
La Marea https://www.lamarea.com/2019/05/24/el-coordinador-de-canas-por-espana-y-una-figura-ascendente-de-vox-madrid-captaron-jovenes-en-asociaciones-tapadera-para-el-yunque/

Nefrólogos de hospitales públicos de Valencia, Almería y Barcelona, entre otros centros sanitarios, recibieron entre 2007 y 2015 millones de euros en “pagos inapropiados”, contratos de “consultoría sin control”, “regalos” y “viajes”, entre otras prebendas, de la multinacional alemana Fresenius, según ha desvelado en «El País» Oriol Güell, cuyo ingreso en la API se materializará en la próxima reunión de la Junta Directiva. El objetivo de la compañía, líder mundial en productos para diálisis, era lograr que los facultativos les adelantaran información confidencial sobre concursos públicos, “enviaran a pacientes a sus clínicas” y “utilizaran los productos más caros de la compañía”.

Así consta en un documento hecho público el pasado marzo por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El texto informaba del acuerdo alcanzado por la SEC, el Departamento de Justicia y Fresenius por el que la compañía pagará 231,7 millones de dólares (207,6 millones de euros) para evitar ser procesada por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en 17 países, entre ellos España.

Al tratarse de un acuerdo entre las partes, sin embargo, el documento omitía el nombre de los médicos. EL PAÍS, en base a la información conocida, documentos a los que ha tenido acceso y varias fuentes del sector, ha podido identificar a varios de los facultativos delatados por Fresenius. Uno de ellos es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino, hasta hace unas semanas jefa de servicio de Nefrología en el Hospital de Torrecárdenas (Almería). Miembros de los servicios de Nefrología de los hospitales Clínic y Mar de Barcelona también vendieron sus clínicas a Fresenius, proveedor de los centros para los que trabajaban.

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) rechaza las descalificaciones proferidas por el candidato de Vox Hermann Tertsch a la revista digital La Marea. El número tres de la candidatura de este partido a las elecciones europeas llamó “basura” y “gentuza” a los periodistas de este medio después de que Antonio Maestre revelara en un reportaje de investigación “el pasado falangista de Javier Ortega-Smith”, secretario general de la formación y aspirante a la Alcaldía de Madrid.

Tertsch está en su derecho de defender las ideas políticas que considere más cercanas a sus postulados ideológicos, el mismo que asiste a Antonio Maestre, como periodista, a publicar una información contrastada y documentada sobre las loas de Ortega-Smith a José Antonio Primo de Rivera en el Boletín Así (Noviembre 1986. Ciudad Lineal. FE-JONS) bajo el título “No olvidar”.

Si Tertsch considera que la investigación es injuriosa o difamatoria, el camino que debe tomar es el de los tribunales de justicia, nunca el de descalificar en público el trabajo de un redactor por muy incómodas que resulten para Vox las informaciones que ha firmado. Él, que durante años ejerció el periodismo y pidió respeto para su trabajo, debería saberlo mejor que nadie.

La API rechaza las palabras de Hermann Tertsch y muestra su apoyo a La Marea y Antonio Maestre, redactor de dicho medio y miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación (API).

El diario ABC publicó en cuatro entregas el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Acción Exterior de la Generalitat que supuso en el periodo 2011 a 2017 un desembolso de 421 millones de euros. Los consejeros del PSOE maniobraron para retrasar su aprobación después de las elecciones del 28 de abril y para que no coincidiera con el juicio del  «procés» en el Tribunal Supremo. Entre los gastos desvelados, hay 550.000 euros para «adoctrinar periodistas y personalidades extranjeras».

Las informaciones firmadas por la asociada de la API Marisa Gallero daban cuenta del despilfarro de las embajadas catalanas y de Diplocat, volcadas en crear «estructuras de Estado». Absorbieron más de 8,6 millones de euros para internacionalizar el «procés». Fraccionaban contratos, entregaban subvenciones sin concurrencia, dividían los gastos de una misma actividad para ocultar su existencia, y le daban mil vueltas para crear argumentos de cómo vender la independencia como el derecho a decidir del pueblo catalán. Su objetivo era atraer a su causa a la comunidad internacional, para que «la Unión Europea forzara a España» a entrar en razón.

El Tribunal de Cuentas, tras analizar la documentación desordenada e incompleta entregada en cajas repletas de archivadores de facturas con anotaciones a mano y tickets pegados en hojas, contabilizó el coste de los viajes de Artur Mas, Carles Puigdemont y Raül Romeva, entre otros. El informe detallado y minucioso, que ha sufrido todo tipo de presiones, fundamenta, según el fiscal jefe del Tribunal, Miguel Ángel Torres, indicios de delitos de malversación, prevaricación y contra las instituciones del Estado, además de responsabilidad contable.

Finalmente el informe detallado y minucioso se aprobó por mayoría el jueves 28 de marzo de 2019, en un Pleno que contó con el voto en contra de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro. «Como decía Orwell, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, seguimos», sostiene Marisa Gallero.

Aquí puedes leer algunas de las informaciones publicadas:

La Generalitat dilapidó 421 millones en acción exterior entre 2011 y 2017

Las «embajadas» gastaron «sin ningún control» 27 millones y Diplocat, casi 16

Manual de instrucciones del «procés»

El Tribunal de Cuentas acusa al Govern de comprometer «la seguridad nacional»

El Govern gastó 550.000 euros en adoctrinar a periodistas y personalidades extranjeras