A Clara Jiménez Cruz, la transparencia la sorprendió aún en la Facultad de Comunicación Audiovisual, dándose codazos con sus compañeros para poder ver las notas en los tablones de anuncios de la universidad. Su juventud contrasta con su madurez profesional tras su paso por La Sexta y su aterrizaje en Maldita, organización de la que es CEO y cofundadora «a gananciales» con Julio Montes, de quien confiesa aprendió entonces buena parte de lo que sabe de transparencia.
Luchadora infatigable contra la desinformación y amazona del fact checking nos atiende hoy camino del aeropuerto en su infatigable gira como cabeza visible de la European Fact-Checking Standards Network.
Pregunta.-¿Dónde estabas tú cuando se empezaba a hablar de la primera ley de transparencia en nuestro país, allá por 2011, 2012? ¿Y quién fue la primera persona a la que le oíste hablar de transparencia, del fact cheking, de la verificación de datos y de la lucha contra los bulos?
Respuesta.-En 2011 estaba, nada más y nada menos que acabando la carrera. Era mi último año, aunque es cierto que ya estaba por aquel entonces currando en la tele. Tengo que confesar que en realidad tenía cero experiencia periodística. Me atrevería a decir que la primera persona a la que oí hablar de peticiones de transparencia fue a Nacho Calle, que fue luego subdirector de Maldita y que llevó buena parte de los asuntos de transparencia en el medio hasta que se fue a Público. Para Maldita, la transparencia era un nicho muy interesante y una manera única de conseguir datos para verificar, sobre todo, afirmaciones políticas. Porque es verdad que los políticos tienen acceso a un montón de datos de gestión pública que deberían ser públicos per se, pero que finalmente no lo son, y la única herramienta de la que podemos tirar los verificadores es de la ley de transparencia.
Todavía hay administraciones que no saben cómo gestionar peticiones de transparencia
P.-A pesar de tu evidente juventud, imaginamos que habrás sido espectadora de muchas situaciones en las que hayas sido consciente de un uso pervertido o mal intencionado de la transparencia. ¿Nos puedes contar alguna situación que tú creas que ha sido escandalosa?
R.-Pues no necesito ni pensarlo un minuto. En Maldita recuerdo dos casos muy evidentes. En uno de ellos, y esto nos ha pasado varias veces, presentamos una solicitud de transparencia meses antes de que el asunto por el que preguntábamos se convirtiera en un tema noticiable y, de repente, la respuesta a nuestra petición le llega al periódico de más tirada de este país cuando, según la ley, nos debería haber llegado a nosotros primero por haber sido los que la pedimos antes. Esto, como os decía antes, lo hemos vivido en más de una ocasión y en el equipo no sabéis cómo sienta. Tú tienes la visión de hasta dónde puede llegar un tema por su interés y luego pasa esto. Y la otra. Siempre recordaré cuando le preguntamos a Moncloa cuánto dinero se había gastado Sánchez en la reforma de la residencia oficial cuando entró a vivir en ella, porque había informaciones que aseguraban que se había gastado ciento y pico mil euros. Moncloa se niega a dárnoslo, recurrimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Consejo dice que nos tienen que dar la información y, entonces, Moncloa contesta negándose a proporcionarla, pero nos facilitan los tickets del sofá y de la cama que habían comprado por importe de 1.300 euros. Ridículo, ¿verdad? Al menos admite que estás aplicando la ley, ¿no? Un absurdo inexplicable.
P.-A colación de lo que estás comentando, ¿cuáles son los principales obstáculos que habéis tenido cuando habéis solicitado información en vuestro trabajo? ¿Con qué os habéis encontrado? ¿Existe algún caso más paradigmático en el que digas que se dieron todos los elementos para que no os dieran ningún tipo de información?
R.-Evidentemente, algún caso hemos llevado, incluso, a tribunales. En términos generales, lo que me molesta más es ver cómo, una vez tras otra, la Administración del Estado, que debería ser la primera en cumplir la ley de transparencia, es siempre la más reticente porque cree que vas a utilizar la información contra ella. Y, en el caso de los verificadores, es verdad que, por ejemplo, gracias a la ley, nosotros pudimos decir que el Gobierno hablaba de un consejo de expertos para evaluar la situación de la pandemia en las comunidades autónomas que realmente no existía. En varias ocasiones hemos pedido muchos contenidos con el fin de ayudarles, desmintiendo informaciones que no les hacían ningún favor, que les perjudicaba. Y casi nunca acaban dándotela por esa idea errónea que tienen de que hacen mal si nos la dan. Sin embargo, recuerdo casos de administraciones más chiquitas, de algunas comunidades autónomas o, incluso, de municipios pequeños que te facilitan la información con una celeridad pasmosa. Una vez pedimos, creo que fue a la Junta de Castilla-La Mancha, la lista de ayudas al alquiler porque se estaba diciendo que solamente se habían concedido a población árabe. La información mostraba sólo la primera página en la que, lógicamente, todos los nombres que aparecían empezaban por ‘Al’ al estar ordenados alfabéticamente. Oye, tardaron literalmente cinco minutos en mandárnosla. ¡Pura magia! También en nuestros inicios hacíamos grandes proyectos que alcanzaban a un número importante de municipios y nos llamaban los propios ayuntamientos para decirnos: ‘Oye, que he recibido esto y es que no sé cómo contestar’. Y teníamos que ayudarles y explicarles cómo gestionar las peticiones. Todavía hay administraciones que no saben cómo gestionar solicitudes de acceso a la información. Porque otra cosa que ocurre es que hay lugares en los que no saben gestionar peticiones de transparencia.
El objetivo de la ley era el de facilitar el acceso a la información, pero la realidad es que hay hasta masters para aprender a redactar peticiones de transparencia
P.-Vista esta situación en la que os encontráis Administraciones ciertamente reticentes, muchas veces porque, simplemente, desconocen incluso cómo poder dar respuesta como bien has señalado, y teniendo en cuenta que cuando se aprobó la ley había una serie de expectativas respecto a lo que se podía cumplir, ¿crees que, pasados diez años de la aprobación de la ley, el nivel de cumplimiento está a la altura de esas expectativas?
R.-A mí lo que más rabia me da es que la ley se vendió, y se vende a día de hoy, como una ley que permite el acceso a toda la ciudadanía a información a la que tiene derecho en su condición de ciudadanos que pagan sus impuestos y demás, y la realidad es que esto no es lo que sucede. La ley de transparencia tiene un uso mínimo y somos los periodistas los que, en la mayor parte de los casos, la empleamos. Y eso que, en muchas ocasiones, al presentar solicitudes de acceso, nos llaman, por ejemplo, de los ministerios, para decirnos: ‘Oye, vosotros sois periodistas y éste no es vuestro canal’. El caso es que la pedimos a los gabinetes de comunicación o de prensa y no nos la dan. Pero vamos a ver, ¡que además de periodistas somos ciudadanos! El objetivo de la ley era el de facilitar el acceso a la información, y si no me equivoco, esto es lo que dice su preámbulo, pero la realidad es que hay hasta masters para aprender a redactar peticiones de transparencia. Porque no es algo fácil, porque no es accesible. Ésta es una de las reivindicaciones de la sociedad civil: la transparencia debería permitir que la información estuviera accesible a un golpe de clic sin que fuera necesario que los ciudadanos la pidieran.
P.-Más allá de la labor periodística, ¿qué se podría hacer para generalizar el uso del derecho de acceso y que no quede como algo especializado y de nicho?
R.-Voy a decir dos cosas. Una de ellas seguramente será muy poco popular para la Asociación de Periodistas de Investigación, pero uno de los grandes problemas que creo que tiene la transparencia es que los relatos que hacen los periodistas de datos son para un público minoritario. Y esto es algo que deberíamos hacernos mirar dentro de la profesión y reflexionar sobre la necesidad de traducirnos a nosotros mismos. Nos encanta hacer una tablita con todos los datos que nos han dado vía transparencia, pero quizá no es esto lo ideal. Debemos centrar nuestro esfuerzo en ayudar a la gente a entender los datos, no porque creamos que la gente es ignorante y no va a saber leer una tabla, sino porque no tienen tiempo para ponerse a analizar ese volumen de datos. Y lo segundo que quería decir y que, igual suena peor todavía, pero para mí es una filosofía también de cómo intentamos hacer las cosas en Maldita, es que tenemos que ser conscientes de que competimos con Netflix. También la Administración, cuando publica datos para que la ciudadanía esté más informada sobre la toma de decisiones. Tenemos que ser capaces de crear otros formatos o de entregar la información de una manera lo suficientemente ‘sexy’ como para que la gente se pare a mirar lo que ofrecemos, antes que enchufar Netflix o HBO, y esto no es algo tan sencillo. Sé que da mucha rabia, pero creo que es absurdo decir que los ciudadanos se deberían de preocupar y prestar más atención y dedicarle más tiempo a la información que ofrecemos. Vale, perfecto, pero el día tiene veinticuatro horas, y de veinticuatro horas, trabajamos diez y luego tenemos hijos y vida y hay que ir a hacer la compra. A la gente hay que intentar facilitarle el acceso a la información, pero también hay que enseñarles a consumir esa información. A lo mejor tenemos que tirar más de Tik Tok y colgar menos .pdf en una web.
Tiene que haber un cambio de mentalidad en la Administración para que entienda que dar información a la ciudadanía no supone una amenaza
P.-Y en vuestra labor contra los bulos, en ese trabajo de fact cheking que hacéis, ¿competís entre los verificadores o, por el contrario, hay alguna iniciativa que fomente las alianzas y el trabajo colectivo en este ámbito?
R.-Hay momentos delicados en los que sí colaboramos. Por ejemplo, en los periodos electorales montamos una iniciativa que se llama ‘Comprobado’. Todos los verificadores compartimos la información de lo que vemos que está circulando y lo que estamos desmintiendo cada uno de nosotros. Republicamos contenidos unos de otros y, además, habilitamos todos nuestros contenidos de manera gratuita para que cualquier medio de comunicación los pueda volver a publicar. Entendemos que en esos periodos críticos lo más importante es que la información llegue lo más lejos posible, y si eso significa darle contenido gratis a la Cadena Ser, pues se lo das, no pasa nada.
P.-¿Y Maldita participa en The Trust Proyect? ¿Qué opinión te merece?
R.-No. En general los verificadores estamos en el entorno de dos entidades internacionales. Una es la International Fact Checking Network y otra es la European Fact Checking Network que, de hecho, preside Maldita ahora mismo. Son organizaciones que verifican que nuestro trabajo está elaborado según una metodología correcta y ética, que somos transparentes en nuestra financiación, en las relaciones que entablamos… Para mí, estos requerimientos son mucho más exigentes que los de The Trust Proyect y, por ello, no le veo mucho sentido seguirlos. Aquellos otros proyectos son muy exigentes porque cuentas con auditores independientes y se examinan nuestras aplicaciones para garantizar que, efectivamente, cumplimos con los estándares.
P.-Desde el punto de vista periodístico y de la investigación que realizáis en Maldita, ¿qué aspectos serían mejorables de la ley para facilitar vuestra labor?
R.-Lo que hace falta es un cambio radical de pensamiento en muchas de las administraciones. Deben entender que cuando yo llamo para pedirles un dato sobre una información que está circulando no se trata de un contenido que están compartiendo tres personas en un grupo de WhatsApp, sino que puede tratarse de un bulo que está impactando en la gente, se está viralizando de forma masiva y puede acabar afectando a su percepción de la realidad. Si el efecto que se pudiera producir no fuera tan grave, yo no emplearía tiempo en dirigirme a ellas.
La transparencia debería permitir que la información estuviera accesible a un golpe de clic sin que fuera necesario que los ciudadanos la pidieran
P.-Nos gustaría saber según tu opinión, dada tu experiencia, sobre los verdaderos retos que crees tiene por delante la transparencia en nuestro país.
R.-Yo me esforzaría por desterrar de la Administración esa oposición natural que tienen a facilitar la información. ¡Que no! Que pedimos acceso a la información porque es importante para que las personas puedan gestionar su día a día, puedan tomar mejores decisiones como, por ejemplo, cómo y a quién votar, sí, pero también a qué colegio llevar a sus hijos o dónde hacer la compra, en qué supermercado. Tiene que haber un cambio de mentalidad en la Administración para que entienda que dar información a la ciudadanía no supone una amenaza. Al contrario, si añades más transparencia a tu gestión conseguirás que la gente tenga otra consideración sobre ti.
P.-Realmente a lo que estás haciendo alusión es a la necesidad de un cambio de cultura de la transparencia dentro de la Administración…
R.-Sí, totalmente. Lo estamos empezando a ver en otros ámbitos de la sociedad. En Estados Unidos, si consultas la web de un medio comunicación puedes descargarte el organigrama del medio, del primero al último puesto de trabajo. En España eso no existe. Y, sin embargo, creo que las cosas están empezando a cambiar. En el mundo del fact checking, cuando redactamos ese código de estándares, una de las cosas que he intentado hacer ver es que la transparencia es protección. Cuando te acusan de hacer un trabajo interesado a favor o en contra de alguien, tú puedes salir a decir: mira mis cuentas, mis alianzas, la gente con la que trabajo y mi órgano de gobernanza. Y ya está, se acabaron los problemas. Creo que tenemos que empezar a entender la transparencia como eso, como un escudo protector, y no como un arma de ataque, una amenaza.