Madrid, 24 de julio de 2025. La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) desea manifestar su preocupación ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Si bien valoramos que esta nueva norma suponga una actualización de la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una legislación heredada del franquismo—, consideramos que algunos de sus planteamientos pueden suponer un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de «materia clasificada».
Recordamos que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como «secreta». Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica.
Nos preocupa, además, la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones. Este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada. La libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional.
Clasificación bajo control del Ejecutivo
Otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada. Según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles —alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías.
Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional. La posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente.
La API reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa. Es imprescindible que se garantice la protección del periodismo de investigación como herramienta esencial de control democrático, que no se penalice el trabajo de quienes informan con rigor y responsabilidad, y que la nueva legislación respete plenamente los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.