La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) quiere expresar su incredulidad profesional y su preocupación en términos democráticos en relación a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva número 96/2023, fechada el 6 de junio de 2023.

En ella se condena a una periodista de investigación, como autora de un delito de revelación de secretos, a la pena de dos años de prisión, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de periodista durante el tiempo de la condena.

Nos encontramos con una sentencia en la que se condena la difusión de información veraz, obtenida por la periodista del sumario judicial del mediático caso del asesinato de Laura Luelmo. Otros medios de comunicación publicaron informaciones similares, pero esta compañera ha sido la única sentenciada judicialmente. Los periodistas de investigación tenemos en los sumarios judiciales una de las herramientas más sólidas a nuestra disposición para transmitir información veraz a la ciudadanía. Sin la publicidad de las actuaciones judiciales, los ciudadanos no tienen posibilidad de validar las actuaciones del poder judicial. La condena impuesta a nuestra compañera es un peligroso precedente hacia la clandestinidad de los actos de los jueces y la policía investigadora.

Sin la publicidad de las actuaciones judiciales, los ciudadanos no tienen posibilidad de validar las actuaciones del poder judicial

La API quiere mostrar su absoluta solidaridad y apoyo a la periodista de investigación sentenciada a dos años de cárcel, quien, hasta este momento, ha preferido mantener el anonimato. Acudiremos a la concentración convocada en su apoyo este viernes, 15 de septiembre, a las 11:00 horas, delante de las sedes de las respectivas audiencias provinciales y, en Madrid, frente al Tribunal Superior de Justicia. E invitamos a que se sumen todos los periodistas, dado que nos jugamos mucho.

Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la revisión del caso, valore el artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce y protege el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».

Desde la API, recordamos que esta alarmante noticia llega en el contexto del debate parlamentario sobre el anteproyecto para reformar la Ley de secretos oficiales, en cuyos documentos de trabajo previos, elaborados por el Gobierno de España, encontramos preocupantes aspectos que podrían ir en contra del citado artículo 20 de la Constitución y la difusión de información veraz, con multas y sanciones a los periodistas, especialmente a los  de investigación. También son perturbadoras las noticias que llegan desde Bruselas, donde el Parlamento Europeo trabaja en una futura Ley europea de libertad de medios de comunicación que permitirá a los estados miembro vigilar a los periodistas y sus seres cercanos, incluidas las redacciones, cuando se nieguen a revelar sus fuentes, si se entiende que «una razón imperiosa de interés general» lo justifica.