El Ministerio del Interior volverá a ser en 2019 el organismo gubernamental que más peticiones de información a través de su unidad de Transparencia ha denegado o ha concedido de manera parcial, siguiendo la tendencia ya registrada en los últimos años.
Con datos referidos a 30 de septiembre, los diferentes ministerios y la Casa Real han eludido dar respuesta a 160 solicitudes, de las que casi un tercio se dirigieron al departamento que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska. En concreto, este área rechazó o no satisfizo en su totalidad 54 peticiones de información invocando alguno de los 12 límites que prevé la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno en su artículo 14.
El servicio de cáterin a los encausados por el proceso independentista durante la celebración de la vista oral en el Tribunal Supremo, los gastos de seguridad generados por la disputa de la final de la Copa Libertadores en Madrid, el plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, las expulsiones a Marruecos, los gastos en seguridad de los políticos o el coste del dispositivo policial del juicio del 1-O o la orden ministerial por la que se regulan los fondos reservados han sido algunas de las solicitudes formuladas de enero a septiembre a las que Interior ha eludido responder.
Por volumen de peticiones inadmitidas, tras Interior se sitúa el Ministerio de Fomento, como ya ocurrió durante 2018. Le siguieron Hacienda y Administraciones Públicas; Economía y Empresa; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Política Territorial y Función Pública; Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ciencia y Universidades; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica; Cultura y Deportes y Agricultura, Pesca y Alimentación.
Como recuerda de forma frecuente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en resoluciones estimatorias, la Ley de Transparencia proclama que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno “deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”, compromiso que no casa con la actitud que reiteradamente muestran diversos departamentos ministeriales.
Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) vemos con preocupación el carácter restrictivo que, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Consejo de Transparencia, viene haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez para no dar respuesta a peticiones de información pese a que en muchos casos son de indudable interés público y de gran relevancia.