La Asociación de Periodistas de Investigación (API) quiere hacer público su rechazo a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de citar como imputados a 12 periodistas de ocho medios de comunicación (ABC, El País, El Mundo, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena SER y RTVE) por informar acerca de una investigación que dirige la Audiencia Nacional. Resulta sorprendente la decisión del magistrado teniendo en cuenta que ha decidido incoar las diligencias previas sin haber solicitado informe previo a la Fiscalía, que ya se ha posicionado claramente en contra. La denuncia la interpusieron las defensas de los detenidos en la operación Judas, que investiga el ala más violenta de los CDR (Comités de Defensa de la República).

Los periodistas fueron citados a declarar como investigados, acompañados por abogado, el 29 de noviembre a las 09.30, pero la Fiscalía recurrió la decisión del juez y esta fue anulada. El 28 de noviembre fueron desimputados, aunque la investigación, que está declarada secreta, sigue abierta.

La libertad de información es un derecho fundamental que ampara a los periodistas y cuyo único límite es la falta de veracidad, presupuesto que no concurre en el presente caso dado que las noticias difundidas no han sido en ningún caso desmentidas y son de relevancia e indudable interés público.
No está de más recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la publicación de datos con interés público, como los relativos a investigaciones sobre hechos delictivos proporcionados por una fuente oficial, está salvaguardada por dicho derecho fundamental y no debe por tanto merecer el menor reproche. De ahí nuestra sorpresa y preocupación por la decisión adoptada por el magistrado Peinado.
Consideramos que imputar a periodistas por hacer diligentemente su trabajo es un camino peligroso que no estamos dispuestos a consentir a estas alturas, por lo que invitamos a nuestros socios y a todos los ciudadanos que quieran sumarse a concentrarnos a las puertas del edificio de los Juzgados de Madrid el próximo 29 de noviembre para mostrar nuestra solidaridad con los periodistas que ese día están citados a declarar.
Si ofrecer a la sociedad información relevante y contrastada sobre unos determinados hechos es motivo para investigar a periodistas, en la API estamos dispuestos a autoimputarnos no en un gesto meramente corporativista sino en defensa de un derecho fundamental que entendemos gravemente comprometido con esta actuación judicial. Una sociedad libre necesita periodistas que puedan ejercer libremente su oficio sin temor a ser investigados por difundir información relevante y de interés para el ciudadano.

Junta directiva de la API