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La Fundación Daphne y Access Info Europe lanzan el ‘Proyecto Libertad de Información’ para jóvenes de España y Malta

La Fundación Daphne Caruana Galizia junto a Access Info Europe y el apoyo de Erasmus Plus ha lanzado un proyecto periodístico para jóvenes entre los 18 y 30 años residentes en Malta y España. 

El ‘Proyecto de Libertad de Información’ está previsto que comience en diciembre de 2020 y está dirigido a estudiantes y jóvenes periodistas que quieran aprender a hacer sus propias solicitudes de acceso a la información para acceder a documentos gubernamentales, aquellos que estén interesados en trabajar con colegas afines para destapar información y dar vida a nuevas historias.

La inscripción está abierta en este formulario https://forms.gle/Evak4gqDp4T9ATvT6. Los seleccionados tendrá la oportunidad de establecer contactos con otros colegas de Malta y España, expertos en FOI y representantes de ONG.

Apoyo de Erasmus +

Cada grupo de trabajo elegirá un tema en el que será necesario presentar una solicitud de información (FOI) y sacar a la luz información de interés público. Podrán viajar a Malta o España para llevar a cabo actividades transnacionales mientras trabajan en sus historias. Al final, presentarán sus hallazgos y recomendaciones a los encargados de supervisar los proyectos en España y Malta.

El proyecto está organizado por la Fundación Daphne Caruana Galizia y Access Info Europe y cuenta con el apoyo de Erasmus +. Está previsto que la duración del programa sea desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2021.

El proyecto gira en torno a cuatro actividades principales:

1. Dic 2020 – En Malta: 2 días – Solicitudes de FOI
2. Febrero Marzo 2021 – Madrid: 2 días – Construcción de historias / Plataforma en línea para jóvenes
3. Abril – Malta/Madrid: 1 día – Compartir plataforma en línea con otros estudiantes de la universidad.
4. Julio / agosto de 2021 – Malta / Madrid – 1 día – Presentación de los proyectos ante el equipo supervisor en Malta y España.

El programa Erasmus cubrirá todos los gastos de viaje de los participantes. El número máximo de asistentes podrá ser de 45, concretamente 22 de España y 23 de Malta. Si tienes entre 18 y 30 años es una oportunidad para tener un papel activo y positivo en la sociedad.

Los interesados en participar en el proyecto pueden registrarse en la siguiente dirección: https://forms.gle/Evak4gqDp4T9ATvT6

«El reto es hacer periodismo para contribuir a la democracia en medio de las dificultades»

Portada de 'La revista que no fue'.
Pilar Velasco

El Grupo Semana decidió suspender la publicación de la revista Arcadia tras 15 años en plena crisis de la covid-19. El cese del proyecto cultural, además del despido de sus trabajadores, provocó una reacción inmediata de protesta por parte de sus lectores. La Liga contra el Silencio, una iniciativa de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), que consiste en una alianza de medios y periodistas dedicados a la producción y difusión del periodismo de investigación de calidad y de la que revista Arcadia formaba parte, decidió acoger y difundir los contenidos del último número en su plataforma.

La periodista Ginna Morelo, coordinadora editorial de La Liga Contra el Silencio y profesora de periodismo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta a la Asociación de Periodistas de Investigación (API) cómo surgió y por qué momento pasa el periodismo de calidad en Colombia. 

Pregunta.-¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación en Colombia?
Respuesta.-Es una situación compleja. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en su último informe de 2019, da cuenta de que en los últimos cuatro años fueron despedidas 1.100 personas de medios de comunicación en Colombia. A menos periodistas, menos capacidad para informar con rigor todo lo que requiere la audiencia. Los medios se mantienen y hacen esfuerzos y siguen apostando a la reinvención, pero son tiempos duros. El ecosistema igualmente cuenta con iniciativas digitales que son potentes en su contenido y que construyen caminos sostenibles con audiencias, lo cual es excelente.

En los últimos cuatro años fueron despedidas 1.100 personas de medios de comunicación en Colombia. A menos periodistas, menos capacidad para informar con rigor»

P.-¿Qué ha ocurrido con la revista Arcadia?
R.-La revista era uno de los 16 medios aliados de La Liga Contra el Silencio, una iniciativa de la FLIP que surge para combatir la censura y el silencio en los territorios sin suficientes medios de comunicación. La información que nos dio a conocer el último director de Arcadia, Camilo Jiménez, fue que el 17 de marzo se suspendió el proyecto como venía y a él y a su equipo los despidieron. Publicaciones Semana, la casa editora de Arcadia, informó en un comunicado que la revista no se acababa, que vendría un momento nuevo. No hemos sabido nada más.

P.-¿Cuál ha sido la reacción de los lectores ante el cierre, de los colegas de profesión y otros medios?
R.-La reacción ha sido bonita al tiempo que fuerte. La audiencia de Arcadia, los periodistas y en general todo aquel que seguía su contenido, sintió que el periodismo cultural perdía un espacio. De hecho, los medios dedicados a la cultura en Colombia, con la investigación y profundidad intelectual que se requiere, son contados. Lo que ha sucedido entonces desde la suspensión de la revista es el surgimiento de un apoyo a todos sus escritores y colaboradores habituales, así como al equipo periodístico que hizo posible un proyecto de 15 años.

P.-¿Cómo surgió La Revista que no fue?
R.-Surge a partir de la palabra colaboración y lo que termina ocurriendo es una historia de solidaridad. Los autores de la última edición de Arcadia que debía circular, al ver que se suspendía la revista y que no fueron notificados de ello, se acercaron a La Liga, cedieron los artículos y propusieron una publicación bajo un nombre nuevo. Entonces llegamos a #LaRevistaQueNoFue.

La Liga Contra el Silencio nació para aportar a la construcción de un periodismo colaborativo, colectivo, solidario y responsable en Colombia»

P.-¿En qué consiste? ¿Será un proyecto permanente?
R.-Desde La Liga Contra el Silencio se comenzó a trabajar y se acordaron varios aspectos que llevan el mensaje de la solidaridad y de la colaboración: sí rotundo a abrir los espacios para todo aquel que le aporta a las audiencias contenidos responsables y éticos; y si bien La Liga tiene un home en la web, lo mejor era distribuir los artículos entre todos los medios aliados. Así que si entras en la dirección https://ligacontraelsilencio.com/la-revista-que-no-fue/ verás lo que te cuento. Bajo un diseño y un montaje hechos por dos jóvenes geniales están todos los artículos cedidos por sus autores y, al hacer clic en cada uno de ellos, te vas a los medios aliados: Mutante, Verdad Abierta, Cerosetenta, Cross MediaLab, Cuestión Pública, El Malpensante, Rutas del Conflicto, Vokaribe Radio, La Cola de la Rata, Universo Centro, Pacifista, Publimetro y Actualidad Panamericana. El proyecto salió el martes 21 de abril, es inédito y no es permanente. Pero asumimos que abre puertas, pues la gente de la cultura ya está pensando qué se debe hacer en adelante.

P.-¿Cuál ha sido la respuesta de los lectores a este nuevo proyecto?
R.-Nos han sorprendido los mensajes que van en tono de solidaridad, de respaldo, de apoyo. La alianza mediática de la Liga Contra el Silencio nació para aportar a la construcción de un periodismo colaborativo, colectivo, solidario y responsable en Colombia.

P.-¿Están los medios culturales más en peligro que el resto?
R.-Todos los medios, en este tiempo, enfrentan insondables momentos, por tanto inabarcables. Ése es el reto, el de seguir haciendo periodismo para contribuir a las libertades y a la democracia en medio de las dificultades.

Coloquio sobre la incidencia de la crisis en los medios

Los ERTE del coronavirus han generado multitud de interrogantes sobre el futuro de los empleos en los medios de comunicación, ya castigados por los sucesivos recortes derivados de la crisis de 2008, la caída de lectores de las ediciones del papel y la bajada de la inversión publicitaria.

Desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) somos conscientes de la gran inquietud suscitada entre los profesionales por la situación actual de las empresas informativas. Por ese motivo hemos considerado de utilidad para nuestros asociados y en general para todos los profesionales de los medios la organización, en colaboración con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), de un coloquio en torno al panorama actual en materia laboral de los medios de comunicación. 

El coloquio contará como invitado con Agustín Yanel, secretario general de la FeSP, y tendrá lugar este jueves 30 de abril -en vísperas de la celebración del 1 de mayo- a través de la cuenta de la API en Instagram (https://www.instagram.com/investigacionapi/). Os animamos a participar con vuestras preguntas y a difundirlo entre compañeros y conocidos.

La API, en colaboración con la Federación de Sindicatos de Periodistas, celebra este jueves a las 17 horas un coloquio sobre el panorama actual en materia laboral en los medios de comunicación

Ante la crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno español habilitó una fórmula especial de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para tratar de incentivar en las empresas la opción de la suspensión temporal en lugar del despido de los trabajadores. Muchos medios de comunicación han optado por esta vía para afrontar la caída de los ingresos publicitarios.

Para promover estos ERTE, el Gobierno exhibe dos argumentos: el primero que las empresas se ahorrarán todo o buena parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados durante lo que dure el expediente. Así, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, se ahorrará el 100% de sus cuotas a las Seguridad Social, y si tiene 50 trabajadores o más, se ahorra el 75%.

El segundo argumento es que, si las empresas finalmente optan por despedir a sus trabajadores, lo van a tener que hacer mediante despidos improcedentes, lo que les impedirá beneficiarse de las ventajas del despido más barato -de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades- teniendo que abonar 33 días por año trabajado y máximo 24 mensualidades. Es decir, en principio esto supone que la empresa no puede acogerse a las condiciones de despido ni extinción de contrato alegando fuerza mayor ni las denominadas causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) que le permitían abonar 20 días por año trabajado.

En el caso del trabajador, el cobro de la prestación durante lo que dure el ERTE está asegurado aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo requerido para una prestación contributiva. El cálculo de la base reguladora se hace o bien con el promedio de los últimos 180 días cotizados o, si el periodo trabajado es inferior, con el promedio de los días trabajados.

Además, esta prestación no computa como paro consumido de cara al futuro, y no se interrumpe el periodo cotizado, es decir, a efectos de la Seguridad Social se sigue cotizando como si se siguiera en activo.

La charla se podrá seguir desde la cuenta de la API en Instagram (www.instagram.com/investigacionapi); os animamos a participar con vuestras preguntas

En principio, el ERTE se ideó para durar como máximo lo que durase el estado de alarma, incluidas la sucesivas prórrogas. Sin embargo, este martes, tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se estudia prolongar estos ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma, algo que se está abordando en el marco del diálogo social con los agentes sociales.

¿Qué pasará después con los empleos suspendidos? El Gobierno empezó siendo muy tajante, con una disposición adicional en el real decreto que aprobó los ERTE en la que se decía que las normas aprobadas estaban «sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad». La avalancha de dudas y alertas desde el ámbito empresarial le hizo suavizar sustancialmente ese compromiso dejándolo en que se entendía “como la voluntad de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos”. Ahora queda sujeto a “las características y circunstancias de la empresa o sector correspondiente” y la normativa laboral aplicable en cada caso.

La API se adhiere al manifiesto de Coalición ProAcceso: el derecho de acceso a la información pública es una «prioridad»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia informativa en La Moncloa.

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) se adhiere a la petición que la Coalición Pro Acceso ha dirigido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la que le insta a garantizar el derecho de acceso a la información pública levantando la suspensión de los plazos que afecta a las peticiones y asegure la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas.

Así se lo ha hecho saber la Coalición Pro Acceso -plataforma fundada en 2006 y dedicada a la promoción del derecho de acceso a la información pública- en una carta enviada este lunes a la ministra Carolina Darias en la que muestra su preocupación por los efectos que la crisis derivada del coronavirus está teniendo en la transparencia y el acceso a la información pública.

«Es precisamente en tiempos de crisis cuando el derecho de acceso a la información y la transparencia deben ser una prioridad, pues favorecen que los ciudadanos conozcan las actuaciones gubernamentales y aseguran la adecuada rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, condiciones indispensables para afianzar la confianza de la sociedad en los gobiernos», razona la misiva.

Desde la API venimos denunciando en las últimas semanas la suspensión del Portal de Transparencia que ha supuesto de facto la interrupción de los plazos de contestación, una de las medidas adoptadas con la declaración del estado de alarma.

Para leer la carta completa de la Coalición Pro Acceso, pincha en el siguiente enlace: https://assets.documentcloud.org/documents/6877537/Carta-Al-Gobierno-CoalicionProAcceso.pdf

Nuevo criterio interpretativo

Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Esperanza Zambrano

Pocos días antes de que esta situación de emergencia sanitaria afectara rotundamente la vida personal y profesional de los españoles, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) -conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)- aprobó un nuevo criterio interpretativo, el primero de este año 2020. Con el ánimo de dar un poco de normalidad a esta difícil situación, me decido a escribir una nueva edición de esta columna sobre transparencia.

Desde el primer año de actividad del Consejo, su presidenta, la siempre recordada Ester Arizmendi, tuvo clara la importancia de aprobar lo que denominamos ‘criterios interpretativos’ con los que, haciendo uso de las facultades que nos otorga la Ley de Transparencia, facilitáramos una respuesta a las solicitudes de información lo más acorde posible a la norma, así como la resolución de reclamaciones por parte de los órganos de control. Aunque los criterios los aprobamos en el CTBG, me consta que son de uso frecuente por órganos autonómicos, cuyas resoluciones en no pocas ocasiones se basan o inspiran en esas directrices o guías que recogen los criterios.

El primero de los criterios interpretativos fue aprobado a mediados de 2015 y tuvo su origen en varias preguntas que nos hicieron llegar desde la Unidad Central de Información de Transparencia, competente para la coordinación de las unidades de información creadas en todos los departamentos ministeriales, originadas por la gran cantidad de solicitudes recibidas para conocer el salario de los funcionarios.

El trámite de audiencia es un derecho del posible afectado, pero no se traduce en un deber de éste de contestar necesariamente»

Como nos marca la Ley de Transparencia, elaboramos este primer criterio conjuntamente con la AEPD, por cuanto la información sobre el puesto que ocupamos o las retribuciones que percibimos los funcionarios públicos es información de carácter personal. Y las conclusiones que alcanzamos fueron las siguientes: a mayor discrecionalidad en el nombramiento —siempre teniendo en cuenta que hablamos de empleados públicos de carrera o de carácter eventual— y más responsabilidad en la toma de las decisiones de la organización, más transparencia en cuanto a sus retribuciones.

Por el contrario, entendimos que el derecho a la protección de datos personales debe prevalecer cuando se solicita el salario de funcionarios que ocupan sus puestos mediante formas de provisión carentes de discrecionalidad y realizan funciones o tareas no vinculadas directamente con las decisiones adoptadas por la organización.

El nuevo criterio interpretativo del que me gustaría hablar hoy atiende a dos cuestiones importantes. En primer lugar, la audiencia a interesados que pudieran verse afectados con el conocimiento de  la información solicitada; y, en segundo lugar, la eventual publicación —y no, por lo tanto, acceso a través de una solicitud previa- de los salarios de funcionarios eventuales—.

La audiencia a posibles afectados, además de ser un principio básico en la tramitación de los procedimientos administrativos, está prevista expresamente en el artículo 19.3 de la Ley de Transparencia con varios condicionantes para su aplicación: el primero, si se concediera la información que se solicita, se podría producir un perjuicio a derechos e intereses legítimos de terceros. El segundo, estos terceros deben estar identificados y deben poder ser contactados  (qué fácil sería si no, presuponer que la solicitud afecta a terceros pero, al mismo tiempo, plantear que el trámite de audiencia no puede llevarse a cabo porque se desconoce la identidad de todos o parte de los ‘presuntamente’ afectados o que no se tiene una dirección donde contactarlos). El tercer condicionante es que la ley habla de un trámite de audiencia, no de una petición de consentimiento, que solo es necesario cuando la información que se solicita se encuadre en alguna de las ‘categorías especiales de datos’ que prevé la normativa de protección de datos: información de salud, orientación sexual… El cuarto y último se refiere a que, si bien el trámite de audiencia suspende el plazo para resolver la solicitud, no puede prolongarse en el tiempo hasta que se produzca una respuesta; la audiencia es un derecho del posible afectado, pero no se traduce en un deber de este de contestar al trámite.

El CTBG no puede sustituir al legislador, pero puede apoyar iniciativas para ampliar la información que se publica en atención a su interés público»

El criterio también se refiere al acceso a información retributiva de los funcionarios eventuales. Aquí me gustaría señalar que los funcionarios eventuales son nombrados por un alto cargo, en un número restringido, y, si bien no han de tener la condición de funcionarios de carrera, sí puede darse el supuesto de que un funcionario de carrera ocupe un puesto de personal eventual, por ejemplo, en el Gabinete de un ministro. Esa total discrecionalidad en el nombramiento obedece a que ocupan puestos de confianza y realizan labores de asesoramiento y también es la que motivó que buena parte de las solicitudes de información presentadas al entrar en vigor la Ley de Transparencia se dirigieran a conocer cuánto cobraban.

El CTBG no puede sustituir al legislador y, en ese sentido, no puede fijar nuevas obligaciones de publicidad activa más allá de las que contempla la ley. Pero sí podemos apoyar iniciativas para ampliar la información que se publica en atención a su interés público. Y, en este sentido, entendemos que el hecho de que haya un gran número de solicitudes pidiendo determinada información es un indicativo de dicho interés. Es ese mismo interés público el que preserva la Ley de Transparencia y que, creemos, también ampararía la publicación de información que es solicitada reiteradamente como en este caso. 

Con ese ánimo, el nuevo criterio interpretativo es tajante al afirmar que «la respuesta a la posibilidad de proceder a la publicación proactiva de la información sobre retribuciones de personal que ocupa o ha ocupado un puesto de carácter eventual en la AGE ha de ser positiva».  Y ello por cuanto la discrecionalidad en el nombramiento no debe traducirse en total opacidad o ausencia de control. Un control, en este caso en el uso de fondos públicos, que se encuentra en el corazón de la norma y que debemos asumir en toda su extensión para alcanzar el objetivo que apunta la Ley en las primeras frases de su preámbulo: «Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico». 


Esperanza Zambrano Gómez es subdirectora general de Reclamaciones Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

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