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La API, un año más en el Congreso de Periodismo de Huesca

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) volverá a estar representada un año más entre los ponentes del Congreso de Periodismo de Huesca, una cita que alcanza la edición vigesimoprimera y que se desarrollará los próximos 1 y 2 de octubre.

El presidente de la API, Antonio Rubio, dirigirá un taller bajo el título de ‘El libro, soporte del periodismo’, al tiempo que hará una presentación de los nuevos proyectos periodísticos. Antonio Delgado, miembro también de la junta directiva de la asociación, impartirá un taller formativo sobre herramientas digitales en periodismo de investigación y datos.

Debido a las restricciones provocadas por la covid-19, la cita de este año se desarrollará de manera telemática y está abierta a 1.000 participantes. Más de un tercio de las inscripciones se cubrieron en las primeras horas, dado el nivel de los ponentes (Enric Juliana, Jesús Marñana, Ignacio Escolar, Eduardo Suárez…) y el prestigio que ha alcanzado ya el encuentro oscense a nivel internacional.

Invitamos a los asociados que estén interesados a formalizar rápidamente su inscripción en el siguiente enlace:

En la web https://congresoperiodismo.com/ tenéis a vuestra disposición toda la información sobre ponentes, conferencias y talleres formativos.

Los acuerdos de OHL en Melilla: 610.000 euros bajo sospecha en la reforma del muelle Ribera II

ÁLVARO BRAVO GUTIÉRREZ

Durante nueve años José Luis Almazán Palomino ocupó la dirección de la Autoridad Portuaria de Melilla (2004-2012), formó parte de la junta directiva del PP local, trajo a personas de su confianza desde Madrid y pactó su propia indemnización de más de 100.000 euros tras regresar a la capital en busca de nuevas oportunidades en el sector privado. Su salida de Melilla no está exenta de polémicas. Escándalos como el uso de dinero público para costearse un máster en Harvard, un nombramiento presuntamente irregular y más de 22.000 euros anuales en viajes y dietas figuran entre sus prácticas. Víctor Gamero, actual director, asegura que, después de la gestión de Almazán, la «inversión privada es quien debe financiar y promover buena parte de proyectos en los  puertos del Estado. Y no al revés, sumado a un mayor control de las cuentas, para evitar prácticas corruptas que se han dado en puertos de todo el país».

Una muestra de estas presuntas corruptelas es la relación de Almazán, actualmente investigado por la Audiencia Nacional, como director del puerto con las constructoras  que tenían millonarios contratos públicos con la Autoridad Portuaria. Un correo electrónico, al que ha tenido acceso El Salto, enviado por un administrativo de OHL al responsable de la supervisión económica de las obras del puerto hace un resumen de los gastos extraordinarios de la reforma del calado del muelle Ribera II bajo el nombre de “gastos comerciales”, adjuntando cuatro facturas pendientes y un documento excel con los gastos desglosados, que sumaban más de 610.000 euros netos, cifra superior a la pactada en los audios que publicó la cadena SER de la reunión de Paulino Hernández, Miguel Reyes y José Luis Almazán para las elecciones europeas del Partido Popular en mayo de 2009. 

Esta investigación cuenta con el trabajo de Álvaro Bravo, miembro de la API, y con la verificación de datos de Ter García, socia de la API y redactora en El Salto. Para leer el reportaje completo pinche aquí.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) lanza un segundo fondo de ayudas para proyectos de investigación

Pilar Velasco

El fondo IJ4EU (Periodismo de Investigación para Europa en sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva convocatoria para financiar proyectos periodísticos transfronterizos en la Unión Europea y los países candidatos a la UE.

En la segunda convocatoria del programa, los equipos pueden solicitar ayudas de 5.000 a 50.000 euros para nuevos proyectos de investigación, incluidos los que ya han comenzado recientemente, así como para nuevas fases de los proyectos existentes. El total de ayudas en esta segunda convocatoria rondará los 350.000 euros.

La fecha límite es el 18 de septiembre. Podéis consultar la información completa y las preguntas frecuentes en este enlace y presentar vuestros proyectos aquí: https://journalismgrants.awardsplatform.com

Medios y periodistas españoles podrán solicitar las ayudas y presentar sus proyectos hasta el 18 de septiembre

El proyecto IJ4EU se dedica a apoyar el periodismo de investigación de calidad en un momento desafiante para el periodismo y los medios de comunicación.

Su objetivo es fomentar un ecosistema en el que los periodistas puedan trabajar de forma independiente en un entorno de apoyo, con acceso a formación, expertos, oportunidades de trabajo en red y asistencia práctica, así como financiación.

Desde el Instituto de Prensa Internacional (IPI) se invita a los equipos a presentar propuestas de investigaciones transfronterizas sobre cualquier tema de interés público, incluidos, entre otros, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y los delitos financieros; seguridad, democracia y derechos humanos; el medio ambiente y el cambio climático; y salud (incluido la covid-19).

Los equipos pueden solicitar en esta segunda convocatoria ayudas de hasta 50.000 euros para nuevos proyectos de investigación

Los equipos que soliciten financiación deben tener su base en al menos dos estados miembros de la UE o al menos un estado miembro de la UE y un país candidato oficial. Los periodistas del Reino Unido seguirán siendo plenamente elegibles para las subvenciones IJ4EU de 2020. Los equipos pueden estar formados por freelancers, periodistas de plantilla y organizaciones de medios, o cualquier combinación de estos.

Todos los tipos de medios son elegibles, incluidos los impresos, radio, en línea, para la realización de documentales y la narración multiplataforma. Un requisito clave es que las historias deben ser publicadas por medios de comunicación de al menos dos países diferentes.

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) colabora con el IPI y anima a los periodistas y miembros que necesiten financiación para proyectos de investigación presenten sus solicitudes. 

‘Maldita’ consigue el registro de los viajes en avión oficial de todos los presidentes del Gobierno

Nacho Calle

Maldita.es ha conseguido y publicado por primera vez el registro de los viajes de los presidentes del Gobierno en avión presidencial (desde Felipe González hasta Pedro Sánchez). El análisis que han realizado del registro del Falcon, conseguido a través de la Ley de Transparencia, demuestra que Zapatero y Sánchez son los presidentes que más han utilizado el avión oficial y que Aznar era el que más visitaba el extranjero.

El registro, además, muestra multitud de datos: las ciudades más visitadas por los presidentes son Bruselas, París y Barcelona, mientras que lols países extranjeros favoritos para viajar son Bélgica, Francia y Alemania. El continente con más países a los que nunca ha viajado un presidente español es África.

Y eso sólo por destacar alguno de los datos. En los próximos días, además, publicarán la segunda y tercera entrega del #RegistroFalcon con más información sobre los viajes de González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez.

La primera información completa de esta serie se puede leer en el siguiente enlace:

Haciendo justicia a la transparencia

Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Esperanza Zambrano

De nuevo aprovecho el espacio ofrecido por la API para reflexionar acerca de varios e importantes pronunciamientos judiciales sobre transparencia. Nuevas sentencias que destacan no solo por lo elaborado de sus razonamientos sino también porque tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional retoman con fuerza ‒tras la suspensión de plazos procesales‒ su apoyo al criterio expresado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las resoluciones recurridas.

En primer lugar, quiero destacar el pronunciamiento del Tribunal Supremo que por cuarta vez falla sobre una resolución del CTBG y, también por cuarta vez, apoya los argumentos en ella contenidos. Como en ocasiones anteriores, el alto tribunal vuelve a mostrarse contundente con la transparencia en la gestión de los fondos públicos ‒esta vez sobre el reparto de productividades en la Agencia Tributaria‒ y pone un firme coto a la aplicación de los límites al acceso sobre los que ya se pronunció en octubre de 2017 en el sentido de que “no eran una potestad arbitraria de la Administración».

En esta nueva sentencia, el Supremo también aborda una cuestión planteada de forma recurrente ante el CTBG y sobre la que, ya en nuestras primeras resoluciones, nos posicionamos claramente: los sindicatos pueden ejercer su derecho de acceso a la información al amparo de la Ley de Transparencia y las regulaciones contenidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto Básico del Empleado Público o el Estatuto de los Trabajadores no constituyen una normativa específica que desplace la aplicación de la Ley de Transparencia.

Asimismo, la sentencia desmonta firmemente que las labores de inspección de la AEAT se puedan ver perjudicadas por el conocimiento de los criterios de reparto de productividades y reitera el argumento de que el derecho de acceso se configura con amplio alcance y escasos límites y, en caso de que se apreciaran, las restricciones deben aplicarse en tiempo ‒al responder la solicitud‒ y en forma ‒argumentando y justificando no solo la existencia del perjuicio, sino que el mismo no pueda ser desplazado por un interés superior‒. Un interés público superior que, clara y rotundamente, el Tribunal Supremo afirma que tiene el conocimiento de las productividades pagadas en la AEAT derivadas del cumplimiento de objetivos.

Las otras dos sentencias que también destaco hoy son de la Audiencia Nacional y en ellas se analizan cuestiones, a mi juicio, de extraordinario interés cuando hablamos de transparencia.

La Audiencia Nacional consagra que una información remitida al Congreso de los Diputados ha de ser también conocida por los ciudadanos

La primera de ellas es relativa al conocimiento de información sobre procedimientos sancionadores iniciados por el  incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de alto cargo. Contextualizando el caso, se trataba de saber la identidad de los altos cargos que habían incumplido alguna de las obligaciones derivadas de la Ley del alto cargo y contra los que se había iniciado, en consecuencia, un procedimiento sancionador.

Es relevante señalar que dicha información se recoge en un informe que se envía semestralmente al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley del alto cargo. Igual de relevante es que, tal y como se recoge en la resolución del CTBG y se hace eco la Audiencia Nacional, el informe completo pero relativo a otros años fue anteriormente proporcionado en respuesta a una solicitud de información e incluso publicado en la página web de la Oficina de Conflictos de Intereses. En esta ocasión, no obstante y con un claro cambio de criterio, la Administración decidió denegar el acceso con una argumentación que ha sido contundentemente rebatida por la Audiencia con afirmaciones como la siguiente: «Nos encontramos que el alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que respeten al marco jurídico que regula el desarrollo de su actividad y con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. En estas condiciones, el acceso a la información pública, consistente en la identidad del alto cargo que no ha cumplido con las obligaciones relativas a las declaraciones de actividades económicas y declaración de bienes y derechos de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, debe ceder ante su derecho a la protección de datos».

Pero lo que desde mi punto de vista hace especialmente relevante a esta sentencia es que reconoce que una información remitida al Congreso de los Diputados ha de ser también conocida por los ciudadanos. Por lo tanto, no tiene ningún fundamento ni se corresponde con la función representativa que tienen los miembros de las Cortes Generales que se vete del conocimiento de los ciudadanos una información con el simple argumento de que su remisión se prevé únicamente al Congreso.

Únicamente gracias a una sociedad informada y crítica hablaremos de Administraciones transparentes

Sobre la relevancia de la Ley de Transparencia en el control de la actuación de los responsables públicos también se pronuncia la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2020 sobre acceso a la documentación remitida por la Autoridad Portuaria de A Coruña al Tribunal de Cuentas, en la que, por primera vez, se aborda de forma clara la plasmación práctica del principio de rendición de cuentas en el que se basa la norma. En su resolución, la Audiencia dispone que «es precisamente el objetivo de la ley de Transparencia exponer a los responsables del manejo de los fondos públicos a un público escrutinio, de manera que se permita el debate sobre si sus decisiones han sido acertadas. Quien se haya desempeñado con responsabilidad no tiene por qué temer esa exposición pública, por más que a veces los derechos de información y opinión no se ejerzan con respeto a la presunción de inocencia que también ampara a los gobernantes.(…) en ningún caso la protección de la libertad en la toma de decisiones puede justificar que se oculten informes elaborados por los servicios de asesoramiento de la Autoridad Portuaria ni la reclamación de información efectuada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función de fiscalización contable. Esta pretensión es totalmente contraria a los principios elementales de la Ley de Transparencia, que no pretende sino reforzar el principio democrático de control de los gobernantes a través de mantener informados a todos los agentes sociales sobre su actividad.

Una manera clara y contundente de afirmar que la transparencia no solo sirve para conocer sino también para cuestionar, para debatir y para participar. Que únicamente gracias a una sociedad informada y crítica hablaremos de Administraciones transparentes y, en consecuencia, de mejores y más legítimas instituciones públicas.

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Esperanza Zambrano es subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

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